Las tasas de violencia en América, con Sudamérica como la región donde se encuentran los principales centros de cultivo de droga del planeta y con Estados Unidos que abarca el 44% del consumo^* a nivel mundial, ha aumentado en forma sostenida en los últimos años, en forma particular por disputas sobre el control territorial y de rutas de tráfico terrestre y marítimas, a través de las cuales se accede a los principales mercados de consumo del planeta.

El límite norte de Chile lo componen su extensa frontera marítima, pero además, largas, porosas y muy vulnerables franjas de territorio con muchos pasos habilitados y otros no habilitados y con diminutas rutas secundarias que colindan con dos de los principales países productores de cocaína^* en el mundo. Esta cercanía con los principales puertos de exportación aumenta el riesgo del impacto del narcotráfico.

Como es natural, un país tiene que saber defender la seguridad de sus fronteras, aunque estas permanezcan abiertas a todo aquello que les brinda progreso y bienestar a los ciudadanos, como el comercio, el turismo y el intercambio cultural y económico.

En el mismo contexto limítrofe, también se requiere que esas fronteras se encuentren resguardadas respecto de todo aquello que puede afectar al normal desarrollo de las actividades cotidianas del país, como lo son la amenaza del narcotráfico, del crimen organizado, la inmigración ilegal, los ciberataques contra medios de seguridad locales y muchas otras situaciones que ponen en riesgo a la seguridad nacional y la vida de las personas.

Enmarcado en el nuevo escenario de seguridad que están experimentando varios países latinoamericanos, sus Fuerzas Armadas (FF.AA.) están siendo empleadas para apoyar la lucha contra el crimen organizado, pese a que su naturaleza, marco jurídico y capacidades se vinculan prioritariamente con una fuerza para la defensa exterior.

Chile, por su parte, también ha resuelto volcar algún margen de las capacidades militares logísticas y tecnológicas disponibles en apoyo a las fuerzas policiales, como una respuesta estratégica del Estado proyectada a un combate más eficiente contra el flagelo de la droga y sus negativas consecuencias en la sociedad. Crucial resulta evitar que, en esas zonas fronterizas grises, las amenazas a la seguridad pública terminen convirtiéndose en amenazas a la seguridad nacional.

Las redes del narcotráfico y crimen organizado en la región

En Latinoamérica solo vive el 8% de la población mundial y en su extensión territorial se comete el 33% de los homicidios^* del planeta. Diecisiete de los 20 países con más asesinatos en el mundo están ubicados en esta región. La tasa de homicidios en El Salvador, Venezuela y Honduras bordea entre 50 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes^*, siendo que el promedio mundial es de 6 por cada 100.000 habitantes, es decir, algunos países mencionados casi cuadriplican este indicador mundial, evidenciando los niveles de violencia a los cuales se encuentran expuestos sus habitantes.

Actualmente, una de las principales vulnerabilidades contra la corrupción internacional y el narcotráfico en gran parte de las naciones de nuestra región, es la debilidad de algunas instituciones del Estado. Según la organización Financial Integrity, casi US$ 2,2 billones^* es la cantidad de dinero que mueve el crimen organizado a nivel global cada año, correspondiéndole US$ 650.000 millones al narcotráfico.

Con esos volúmenes de capital, bajo determinadas circunstancias de carencias estatales junto a altos índices de pobreza, se perfilan condiciones más favorables para corromper en forma sistémica y sin escrúpulos los obstáculos que se interpongan para facilitar y permitir el transporte terrestre, marítimo y aéreo de la droga desde sus centros de producción en Sudamérica a los centros de consumo mundial en América del Norte y en Europa principalmente.

Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés), sólo 11% de las cargas de drogas se transportan por vía marítima, pero cada carga incautada ha sido 30 veces más grande que las cargas incautadas de avión, y cuatro veces más que las incautadas por vía terrestre.^*

Muchas de estas redes del crimen organizado están superando con creces a la efectividad de los Estados en el combate a este flagelo social y humano que aqueja a mucha gente joven en los cinco continentes.

En la misma óptica delictual, cabe destacar que, a nivel nacional, las migraciones clandestinas provenientes de otros países sudamericanos y del Caribe han aumentado un 500 % entre los años 2010 y 2018, de éstas el 46%^* corresponde a la zona norte del país que también concentra un 64% del total de incautaciones de drogas realizadas en Chile en el mismo lapso. Sólo este 2019 se han desarticulado 35 bandas criminales y se han incautado 859 kg de droga.

La polivalencia de las FF.AA. en la región y en Chile ante las nuevas amenazas y riesgos

La polivalencia de las múltiples funciones que se está justificando en la región para la participación de las FF.AA. en diversas tareas ajenas a la preparación de las fuerzas para la seguridad exterior de sus respectivos países, se sustenta en alguna medida por la fragilidad estatal en algunos países de Sudamérica. Carencia que ha hecho posible la generación de condiciones para el robustecimiento de las redes criminales gracias a la aplicación de poco rigurosas políticas de seguridad, las cuales han facilitado el auge de nuevas vías de tráfico de droga hacia aquellos países donde la demanda se ha incrementado en forma significativa durante los últimos años.

Bajo ese prisma y en la perspectiva de utilizar todos los elementos que tiene disponible el Estado para combatir con mayores posibilidades de éxito el continuo aumento del crimen organizado, es que también se ha optado por la adaptación del quehacer y equipamiento militar en apoyo a las fuerzas policiales para enfrentar al crimen organizado y en el caso particular de Chile en su zona fronteriza marítima y terrestre del norte del país. Lo señalado, para que el Estado fortalezca su presencia para hacer cumplir el imperio de la ley en todo el territorio nacional, incluido esas alejadas localidades fronterizas de la macrozona norte de nuestra patria. Política pública de seguridad impulsada por las máximas autoridades del país, orientada a evitar que sus organizaciones se rindan frente a la corrupción y por lo mismo, dirigidas a disminuir la intensidad de los flagelos descritos, en orden a poder enfrentar en forma consistente estos grandes retos en términos de seguridad que las circunstancias sociales y humanas le están exigiendo al Estado.

Por esto, es importante la correcta y oportuna determinación de necesidades de transformación interna para adaptar a las organizaciones militares, de la mejor manera posible, para la colaboración en el traspaso de información que ayude a contrarrestar estas amenazas y riesgos. Ello conlleva no solo en la asignación de misiones compuestas, sino además dotar a las FF.AA. de tecnología y equipamiento adecuado de uso polivalente, además de los recursos financieros suficientes para implementar sus doctrinas y entrenamiento ante el nuevo desafío impuesto.

En el ámbito marítimo, en la costa sudamericana del océano Pacífico Occidental, señalar a modo de ejemplo, que las autoridades marítimas de Colombia, Ecuador y Perú, al igual que la de nuestra nación, son organizaciones dependientes de las Armadas y de los Ministerios de Defensa de sus respectivos países, que tienen por mandato legal velar por el cumplimiento del marco normativo jurídico y reglamentario y ejercer la policía marítima, entre otras tareas y funciones, en las aguas de jurisdicción nacional que les corresponde custodiar, por lo que a nivel regional y en el ámbito marítimo existe una fluida colaboración sobre la materia.

Colaboración regional que, tal como se encuentra sentenciado en la Política Oceánica Nacional de Chile publicada el año 2018, es un compromiso del país para asumir obligaciones y responsabilidades ante la comunidad internacional frente a lo que se ha denominado la Responsabilidad Marítima Global (GMR).^* Esfuerzo que implica fomentar la adopción de estrategias regionales para afrontar los retos y oportunidades comunes que se derivan de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado en materias de protección y fiscalización de áreas marinas donde el comercio internacional y la seguridad marítima sean vulnerables y el interés nacional así lo requiera.

Para reforzar el compromiso regional señalado, es importante destacar el anuncio efectuado por las autoridades de gobierno durante la celebración del 75° aniversario de Interpol Chile, el día 26 de septiembre de 2019, en relación a la suscripción de un convenio que permitirá Policía de Investigaciones (PDI) compartir^* el acceso a la plataforma de datos delictuales con instituciones vinculadas al combate del crimen organizado, como Carabineros, Aduanas y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). Esto permitirá facilitar el intercambio de información entre las instituciones mencionadas, mejorando la coordinación para enfrentar de manera decisiva el combate a las expresiones más complejas del delito como lo es el crimen organizado y el narcotráfico.

En el gráfico a continuación, se visualizan las rutas del tráfico marítimo que fluyen desde Sudamérica, como región productora de gran parte de la droga mundial, hacia los centros de consumo en el planeta, principalmente en América del Norte y Europa.

Los Decretos 265 y 639

Con relación a la situación descrita, varios gobiernos en el concierto sudamericano han adoptado cada mas vez más soluciones relacionadas con el empleo de las FF.AA. en el combate contra el crimen organizado, considerado responsable de gran parte de la violencia en la región, escenario de inseguridad que en alguna medida desdibuja la diferencia entre seguridad exterior e interior, como también incorpora actores no estatales en la lista de los objetivos estratégicos a desmantelar y neutralizar.

Por su parte, nuestro país también se ha sumado a esta tendencia regional al promulgar el día 13 de agosto el DESUP 265, en el cual se autoriza la colaboración de las FF.AA. con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación con las actividades que se vinculen al combate al narcotráfico y crimen organizado internacional en la frontera norte. Apoyo sólo circunscrito a los ámbitos logísticos, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas. Lo anterior, dejando claramente establecido que este apoyo no puede conllevar su intervención en procedimientos operativos.

También, señalar que para materializar la referida colaboración se delega al ministro de Defensa Nacional la facultad de suscribir los decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las FF.AA. que tengan por objeto el despliegue de unidades marítimas, navales, aéreas y terrestres para prestar el apoyo referido exclusivamente en las zonas fronterizas del territorio nacional, lo que a su vez deberá dar cumplimiento a las normativas que el Ministerio de Relaciones Exteriores le confiere a la Dirección de Fronteras y Límites en los sectores limítrofes del Estado. Esta colaboración obligadamente se encontrará supeditada a la evaluación y decisión política del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MININT) como entidad civil encargada del tema.

Como complemento a lo anterior, con fecha 24 de agosto del 2019, fue promulgado el DESUP 639 del Ministerio de Defensa Nacional, el cual dispone la organización y distribución de medios de las FF.AA. para la colaboración, en el cual nombra el mando militar que asume el control operacional para dicho efecto.

Tal responsabilidad recae en el Estado Mayor Conjunto (EMCO), entidad que delega estas facultades en el Comando Conjunto Norte (CONJUNOR) quien, a su vez, asumirá el mando táctico de los medios que se asignen para tal efecto. Para el cumplimiento de estas tareas, el CONJUNOR, actuará con los elementos de la Primera y Sexta División de Ejército, de la Cuarta Zona Naval y de la Primera y Quinta Brigada Aérea presentes en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, respectivamente, quienes mantendrán el control táctico de los medios empleados, conforme a la doctrina para la acción conjunta de las FF.AA.

También, en el mismo DESUP enunciado en el párrafo anterior, se describe que el actuar del CONJUNOR sólo se circunscribirá en conformidad a la emanación de solicitudes de colaboración originadas por las autoridades civiles y policiales competentes, a través de la unidad de coordinación estratégica dependiente del MININT.

La entrada en vigor de este DESUP tiene algún grado de incidencia en el actuar de la Armada de Chile en la zona, pese las tareas permanentes que desarrolla la institución, a través de la DIRECTEMAR, en el control y fiscalización en el mar territorial junto a los espacios oceánicos de responsabilidad jurisdiccional del país. Función que considera la presencia de la policía marítima en el control transversal de hechos delictivos en aguas territoriales, incluida la frontera marítima norte del país; por lo que, a contar de estos momentos, la Cuarta Zona Naval además de los roles que cumple habitualmente, además podrá recibir, a través del CONJUNOR, solicitudes de entrega y análisis de información para las autoridades del MININT que lo requieran. Intercambio de antecedentes orientado a obtener el mayor éxito posible en la planificación y ejecución de los operativos policiales destinados a la eliminación de delitos transnacionales y de narcotráfico en la frontera. Aviones de Exploración Aeromarítima (EAM), aeronaves de vigilancia costera y helicópteros, además de radares, drones y sensores de unidades navales y marítimas sumado a la información de cámara de vigilancia y de visores nocturnos existentes en los puestos de observación y faros del litoral, serán puestos a disposición de otras instituciones del Estado para hacer frente al campo de acción delictual en la macrozona norte de Chile.

Plan Frontera Norte

El principal objetivo del Plan Frontera Norte (PFN) es evitar que amenazas reales pongan en riesgo la institucionalidad y la estabilidad de la nación en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Su propósito principal es reducir al mínimo el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de puertos, sectores costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados. El plan incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y terrestres en la línea fronteriza, integrando medios humanos y tecnológicos que permitan la observación, alerta y oportuna acción policial con una gestión de coordinación inter agencial de todos los actores que participan. Ello, fortalecido con la colaboración de la disponibilidad de las capacidades logísticas y tecnológicas de las FF.AA. para contribuir en la seguridad y control de los extensos y muchas veces frágiles espacios fronterizos de las regiones del norte del país.

Los ^*947 km^* de frontera terrestre con Perú, Bolivia y Argentina, sumado a los 140 pasos no habilitados que hay en esa zona y los casi más de 500 km de borde mar existentes en el extremo norte del país, han derivado a que el año 2011 se creara el PFN con la participación de Carabineros, la PDI, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros; además de la participación de las FF.AA. en lo referido a la entrega de información para el trabajo de control operativo policial en esas regiones.

Con el desarrollo y la aplicación de este primer plan a comienzos de esta década, emerge un incipiente atisbo de la generación de instancias de coordinación e integración interinstitucional, consideradas esenciales para garantizar el oportuno traspaso de información tendiente a dar respuesta eficaz al combate ante las nuevas amenazas, especialmente frente al flagelo del narcotráfico y del crimen organizado que tanto daño le hacen a las distintas capas de la sociedad de Chile y particularmente a su juventud en forma transversal.

El Plan Frontera Norte Segura en la macrozona norte

Como un eslabón de continuidad al PFN del año 2011, durante los años 2018 como en el transcurso del presente año, el Ministro de Interior y el de Defensa Nacional junto al presidente de la República, en varias ocasiones se han desplazado al norte del país para participar en las sesiones del consejo de seguridad de la macrozona norte, que busca fortalecer los mecanismos colaborativos entre los distintos entes del Estado en el combate contra focos delictivos del crimen organizado transnacional, como también extender su ámbito de acción a las regiones de Atacama y Coquimbo. Iniciativa, al interior del Estado, que ha dispuesto el refuerzo de los patrullajes y medidas preventivas para el control de los espacios marítimos y terrestres de nuestra frontera norte y de los sectores costeros.

La idea es entrelazar información relevante recopilada por distintas instituciones y servicios, para hacer más efectivo el trabajo investigativo que contribuya a mejorar los niveles de seguridad en el norte del país y en los espacios fronterizos. Esto, principalmente dirigido a imponer el máximo de dificultades a las organizaciones criminales que pretendan utilizar nuestras fronteras para cometer hechos delictivos.

El objetivo de la aplicación del plan es poner en ejecución todos los medios de inteligencia, ciberdefensa, unidades navales, terrestres, elementos de reconocimiento aéreo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y de vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y drones correspondientes al sector defensa, en la región a disposición del accionar del Estado en el combate al crimen organizado y contra el narcotráfico proveniente de los países limítrofes, además del control de la migración ilícita, que ha tenido un aumento exponencial en el último lustro. Para ello, ante las accidentadas condiciones geográficas de la zona fronteriza, que propician este tipo de ilícitos, resulta fundamental contar con el apoyo de traslado terrestre del Ejército o aéreo por parte de la FACH junto al despliegue de sus capacidades logísticas para el emplazamiento de campamentos base en zonas alejadas del territorio norte. Instancia que permitirá dotar a las fuerzas policiales de una mayor coherencia para enfrentar la naturaleza de los riesgos bajo estas desfavorables e inhóspitas condiciones de terreno predominantes.

En este sentido, las autoridades de gobierno, durante las visitas efectuadas a la zona norte del país durante el presente año, han conocido en detalle las capacidades navales, aeronavales y marítimas, del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) y de elementos caninos de la policía marítima de la autoridad marítima para detectar y neutralizar cualquier embarcación que traspase las fronteras marítimas con la intención de cometer algún ilícito relacionado con el contrabando de mercancías o el tráfico de drogas rumbo a los puertos o costas del norte de Chile. Labor que cumple en forma rutinaria la autoridad marítima, tanto en el norte como en todo el territorio, dirigido a la cautela de la seguridad marítima y a la detección y desarticulación de bandas delictuales que operan en los escenarios marítimos de las distintas zonas navales a lo largo del país.

Lancha misilera, patrullera y medios aeronavales en ejercicio contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera marítima norte.

Asimismo, hay que indicar que la coordinación prevista en el PFN y en especial bajo las disposiciones expuestas en el DESUP 265 ya ha dado sus frutos con una serie de incautaciones de drogas en operativos conjuntos entre Aduanas, Carabineros, PDI y la Armada, sumado a informaciones de inteligencia proporcionadas por el Ejército y FACH que han culminado en exitosos operativos policiales. Esfuerzo mancomunado del Estado que ha evidenciado que la persecución delictual está funcionando y que por lo mismo ha permitido desbaratar importantes redes criminales dedicadas al narcotráfico en la zona.

Conclusiones y reflexiones finales

La tendencia general en los países de Sudamérica es atacar el problema del crimen transnacional sin una visión fragmentada, es decir, en un solo ministerio u organización estatal, ya que se trata de un problema global y generalizado, configurando FF.AA. polivalentes, en la cual los respectivos Estados han asumido las estrategias de maximizar el uso de los organismos de seguridad y defensa que se disponen, no creando otros nuevos, adaptándolos a las circunstancias que la impronta del narcotráfico y de los escenarios de seguridad lo exigen.

La implementación de los DESUP 265 y 639, con la contribución del ámbito militar al interés superior de la nación, en nada altera la tarea constitucional de las FF.AA. en resguardo de la soberanía nacional y de la protección de la integridad territorial ante amenazas externas, como tampoco implica desatención de las funciones que emanan en sus leyes orgánicas. Para la coyuntura de la Armada en el rol militar y de defensa, su participación sólo se relaciona con colaborar junto a las otras ramas de la defensa en poner a disposición de las autoridades policiales y del MININT las informaciones obtenidas, ya sea por medio de puestos de observación o de dispositivos electrónicos, digitales, cibernéticos o satelitales, para su análisis en busca de adoptar el mejor procedimiento policial para dejar fuera de circulación a las bandas criminales, todo ello  bajo el estricto marco de la ley. En el caso de la DIRECTEMAR, que en su rol policial marítimo cuenta con las facultades legales para actuar como órgano y bajo mandato del Ministerio Público a fin de ejecutar órdenes de investigar y realizar operaciones policiales marítimas en su área jurisdiccional, dirigidas a combatir y/o prevenir la ejecución de delito; este DESUP no tiene ninguna implicancia sobre las labores rutinarias que realiza la autoridad marítima con sus unidades y medios, tanto en la macro zona norte como a lo largo de todo el litoral del país.

La medida adoptada debe ser entendida como el primer paso de una solución no sólo de carácter militar, sino multidimensional proyectada a construir un panorama de fronteras y de vigilancia común, basados en la cooperación efectiva entre las FF.AA. y las fuerzas de seguridad, destinado a disminuir los índices delictuales en esas zonas, por lo que la coordinación en los niveles de dirección y ejecución será un factor determinante para el logro del objetivo trazado en beneficio de la tranquilidad y seguridad de los compatriotas que residen en esas alejadas localidades de nuestra extensión territorial en el norte del país.

Como una visión de futuro, se deberán diseñar y establecer análisis de vulnerabilidades a ciberataques sobre los sistemas informáticos de seguridad marítima, aérea y terrestre, periféricos a la frontera norte, dado que las redes criminales transnacionales son extraordinariamente flexibles y se adaptan a gran velocidad para superar las medidas de seguridad y de apoyo tecnológico que obstaculizan sus operaciones por acceder a los principales mercados de consumo de droga en el mundo.

Como corolario final, nuevamente ha emergido como tema la teoría sobre la discusión si las FF.AA. deben restringir su actuación en el ámbito exterior y no intervenir en el ámbito interno. La tendencia actual en la región ha derivado en la asignación de una multiplicidad de funciones a las FF.AA. en tareas humanitarias, de apoyo y rescate ante catástrofes e incendios forestales y de seguridad interior, por lo cada vez se hace más restrictivo pensar en la asignación de una función única principal a las ramas de la defensa. Los hechos consumados y las experiencias obtenidas han restado validez a dicho debate.