La educación superior en Chile, bajo el concepto de universidad integral, se concretó en el año 1738, cuando el Rey Felipe V de España, autorizó la creación de la Real Universidad de San Felipe, fundada en 1747, pero formalmente inició sus actividades docentes en 1758 y funcionó hasta el año 1813, en un solar aledaño al actual teatro Municipal de Santiago. Tras la independencia, esta universidad pasó a ser parte del Instituto Nacional, pero se mantuvo otorgando grados académicos hasta 1832. Posteriormente, el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Don Mariano Egaña, dictó un Decreto Supremo que declaró extinguida a la Universidad de San Felipe, y en su lugar creó la universidad de Chile, en 1842.
En esta nueva universidad, el comandante Prat estudio Leyes entre 1872-1876, carrera que finalizó con éxito, pero se rehusó a dejar la Marina aduciendo a su esposa Carmela: “No poseo ambiciones de lucro, ni los honores ni la gloria me atraen, pues creo que puedo servir a mi patria de algún otro modo”, según constata Sater (1973).
Volviendo a los albores de la educación en Chile, el Director General Don Bernardo O’Higgins, el 4 de agosto de 1818 ya había creado la Academia de Jóvenes Guardias Marinas, que al pasar de los años se constituiría en la institución de educación superior fundamental y alma mater de la Armada de Chile.
Con la formalización de la educación superior en Chile, se acuñó el concepto de estado docente, que impulsarían sucesivos gobiernos en materia educacional y se constituyó en el espacio principal del desarrollo científico, tecnológico e intelectual del país. Sin embargo, la demanda académica cambió con el crecimiento demográfico y las necesidades de la población, con lo cual el obispo de Santiago Don Mariano Casanova, con el apoyo del Vaticano, en el año 1888 crea la Universidad Católica de Chile, que en 1930 pasó a tener la denominación de pontificia. Luego, la comunidad masónica crearía la universidad de Concepción en 1919. Posteriormente, nace la universidad Católica de Valparaíso en 1928, cuyo primer rector fue el presbítero Rubén Castro Rojas, y en 1931 se funda la universidad técnica Federico Santa María, bajo el legado de los filántropos John Brown y Federico Santa María Carrera, respectivamente.
En general, la calidad educacional de los establecimientos mencionados fue incuestionable, por cuanto se preocuparon de contratar docentes de excelencia a nivel nacional e internacional; sin embargo, de acuerdo a MINEDUC (2009) se mantuvo un esquema cerrado y virtualmente monopólico centrado entre ocho universidades estatales y fundaciones, que en rigor eran privadas, bajo la tutela del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), creado en 1954, y que son reconocidas como las universidades tradicionales.
Pero el mundo siguió creciendo económica y socialmente, así como los países mejoraron su PIB per cápita, en Chile las matrículas en educación superior pasaron de 20 mil alumnos en 1957, a 55 mil en 1967, y a 146 mil alumnos en 1973. A pesar del auge económico, en 1980 el presupuesto del Estado no era capaz de absorber la gran demanda educacional, y tampoco era sensato detener el desarrollo y la movilidad social, por lo que, en el año 1981 se autorizó la creación de universidades privadas y de nuevas instituciones no universitarias de educación superior, como los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT).
Era evidente que la sociedad chilena había sufrido una transformación desde un PIB per cápita de USD 547 en 1960, a USD 939 en 1970, USD 2.568 en 1980, USD 5.064 el 2000, USD 12.864 el 2010, y en 2018 se estima que será de USD 18.592, pero USD 25.667 como PIB a paridad de poder adquisitivo. El año 2017, la matrícula de pregrado en Chile alcanzó el récord de 343.703 estudiantes, según consta en el CNED (2017).
La expansión de las instituciones de educación significó un desafío para privilegiar la calidad por sobre la cantidad. Es así como aparece el concepto de acreditación, lo cual es una derivación del aseguramiento de la calidad, que se venían promoviendo en las organizaciones con la implementación de sistemas de gestión reconocidos, como los de la familia ISO 9000, basado en procesos y no en funciones. Hay que tener presente que estas herramientas fueron una consecuencia de los métodos estadísticos de control de calidad, de bienes y servicios, desarrollados a partir de los años 20 del siglo XX y ampliamente difundidos en la década de 1950 a través del plan Marshall por reconocidos especialistas como Deming, Juran, Ishikawa, entre otros.
En la práctica, el inicio de la tramitación de la norma legal para asegurar la calidad de la educación se inició el gobierno de Don Ricardo Lagos, cuyo Mensaje Presidencial (2003) establecía, entre otros objetivos, que la nueva ley:
…se enmarca en la consideración de la educación superior como el eslabón fundamental para el desarrollo social, no sólo por la centralidad del conocimiento en el paradigma productivo actual y en el conjunto de la vida cotidiana, sino por su capacidad para actuar de manera simultánea sobre los tres ejes que conforman un proceso de desarrollo social sostenible: competitividad, equidad y moderna ciudadanía.
De esta forma, en el año 2006, se promulga la Ley N° 20.129, la cual crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINAC-ES), asignándole cuatro funciones básicas: de información; de licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior; de acreditación institucional y; de acreditación de carreras o programas. Para ello, crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), reconfigura el actual Consejo Nacional de Educación (CNED) en materias de licenciamiento, y establece, formalmente, un comité coordinador conformado por la presidencia de CNED, la presidencia de CNA y la jefatura de la división de educación superior del ministerio de Educación. Lo anterior, está acreditado por la publicación CNA (2018).
Los tipos de acreditación a los cuales se puede optar son los siguientes, los que no son excluyentes entre ellos y, en función de su nivel de cumplimiento, el periodo otorgado puede tener una vigencia de dos a siete años,* y de hasta 10 años para postgrado:
Para las carreras de Medicina y Pedagogías, la acreditación es obligatoria, y hasta el 2018 una institución no acreditada podía tener carreras y postgrados acreditados, pues eran procesos independientes. En la actualidad, en Chile de 145 Instituciones de Educación Superior (IES), 87 tienen la acreditación institucional, las que se dividen como sigue:
a) Universidades | 46 |
b) Institutos Profesionales | 18 |
c) Centros de Formación Técnica | 15 |
d) Establecimientos de las FF.AA. | 08 |
En el último grupo, existen 19 escuelas o academias del sector defensa, pero solo ocho están acreditadas, incluida la Escuela Naval, la Academia Politécnica Naval y la Escuela de Grumetes. En este caso, las áreas evaluadas que abarca la acreditación institucional son las siguientes:
El proceso de evaluación dura entre 7 a 12 meses, y se ejecuta en etapas secuenciales: autoevaluación interna, evaluación externa y decisión de acreditación.
La acreditación institucional tiene por principal orientación la evaluación de los mecanismos de autorregulación de la calidad de las instituciones y sus resultados. Se trata de una orientación
particular, puesto que enfatiza que la calidad es esencialmente responsabilidad de las propias instituciones, sin perjuicio de que la garantía pública de calidad sea entregada a través de un ente externo mediante procesos sistemáticos de evaluación.
El proceso de acreditación institucional, definido en la guía CNA (2017), parte del supuesto de que las instituciones de educación superior que buscan ser acreditadas cuentan con políticas y mecanismos eficaces de autorregulación, es decir, que tienen propósitos explícitos, que verdaderamente aspiran a lograr; que estos propósitos satisfacen los requerimientos básicos propios de una institución de educación superior; que organizan sus actividades de manera de avanzar eficaz y eficientemente hacia el logro de sus propósitos y que verifican periódicamente sus resultados y grado de avance sobre este; por último, que ajustan sus acciones de acuerdo a los resultados de esa verificación. Por consiguiente, el principal objetivo es la evaluación, promoción y garantía pública de los procesos de autorregulación de las instituciones de educación superior en áreas determinadas, para lo cual se requiere evaluar la existencia formal, la aplicación sistemática y los resultados de las políticas y mecanismos que apuntan al cumplimiento de los fines de una institución, garantizando así su calidad.
Cuando una institución, programa o carrera está acreditada, cuenta con la certificación otorgada por la CNA respecto de la implementación de sus mecanismos de aseguramiento de la calidad y sus resultados. Además, los alumnos nuevos que se incorporen a instituciones acreditadas podrán acceder a financiamiento estatal o recursos que cuenten con garantía fiscal para el financiamiento de sus estudios como por ejemplo el Crédito con Aval del Estado (CAE). En el caso de los postgrados acreditados, sus alumnos podrán optar a fondos concursables de becas con financiamiento estatal.
El año 2007, el Director General del Personal de la Armada, vicealmirante Gudelio Mondaca Oyarzún, dispuso que la Escuela Naval se debía incorporar a este proceso, ya que traería como consecuencia: a) reconocer, por un ente externo y frente a la comunidad, que la calidad educativa del oficial naval era valorada y estaba certificada, y b) permitiría el acceso de los cadetes a becas estatales y al CAE.
Para el entonces director, capitán de navío Osvaldo Schwarzenberg Ashton, la tarea fue doble, ya que, prácticamente, coincidió con el ingreso de la primera promoción mixta integrada por 44 mujeres.
El tipo de acreditación al cual se optó fue institucional, considerando que para efectos de los IES, la Escuela Naval sigue las pautas de un IP, ya que legalmente otorga el título profesional de Oficial de Marina, lo que conceptualmente es distinto al grado académico de Licenciado, el cual se otorga por haber aprobado un programa de estudios que comprende todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada,* y que es la base para proseguir estudios de postgrado.
Para enfrentar este proceso, en la Escuela Naval se creó la oficina de acreditación, a través de la cual, con fecha 19 de noviembre de 2008, se logró certificar a la escuela por cinco años en las áreas obligatorias de gestión institucional y docencia de pregrado.
Lo anterior, se volvió a replicar en el proceso de reacreditación del año 2013, en donde la Escuela volvió a ser certificada por cinco años, y cuya vigencia expira en diciembre del presente año.
En el siguiente gráfico se visualiza la evolución que han tenido los tipos de acreditación en las escuelas matrices de oficiales en Chile y su proyección, considerando que la Escuela Militar es la única que tiene dos tipos de acreditaciones.
A la fecha, se pueden destacar los siguientes logros derivados de las exigencias propias de la acreditación:
En mayo de 2018, se presentaron los antecedentes a la CNA para renovar la certificación por el siguiente periodo 2019- 2023, si es que fuesen cinco años los que se otorguen. Sin embargo, la Escuela Naval ya está en una etapa de mayor madurez y lo novedoso es que también se presentó para lograr la acreditación en el área optativa de Vinculación Con el Medio (VCM).*
A la fecha, según Rodríguez (2017), sólo 37 de las 46 universidades acreditadas institucionalmente se encuentran acreditadas en el área de VCM, lo que indica que gran parte de las universidades consideran relevante esta área del quehacer institucional, dado que se trata de una acreditación voluntaria. Sin embargo, los datos también muestran que ningún instituto profesional o centro de formación técnica se ha acreditado en esta área. Luego, la Escuela Naval sería el primer instituto profesional en alcanzar este logro.
La VCM es uno de los cuatro procesos claves del plan estratégico de la Escuela Naval, lo cual está fundamentado a través de una política, publicada en la web institucional. La función principal es contribuir a la interacción permanente y de mutuo beneficio con el entorno, bajo el marco de los modelos de formación. Luego, la VCM corresponde a la generación de vínculos a través de actividades adicionales y complementarias a las propias del proceso educacional reflejado en los seis modelos de formación, como actividades de extensión sociocultural, de resguardo del patrimonio, de relaciones internacionales, del contacto con los ex-alumnos que se desempeñan en las unidades y reparticiones de la Armada y en la vida civil, así como de preservación y divulgación de los valores doctrinarios y culturales propios del quehacer naval, entre otras.
Lo anterior, corresponde a la acreditación del tipo institucional; sin embargo, en el mediano plazo, un desafío sería lograr la acreditación del tipo pregrado, es decir, por la carrera de oficial, en sus diferentes menciones o escalafones.
De acuerdo con la ley de educación, para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior, existirá un proceso de acreditación voluntaria de las carreras y programas de pregrado al que podrán acceder las instituciones que cuenten, al menos, con acreditación institucional de nivel avanzado. Así, el mejoramiento continuo (kaizen, para los japoneses) es una condición permanente y un reto sobre el sistema de educacional naval para fortalecer el modelo de educación orientado a competencias.
La Armada de Chile y la Armada del Ecuador han mantenido históricamente una estrecha relación que se ha visto materializ...
En este artículo se propone la investigación de pregrado como una de muchas posibles soluciones a los sabidos problemas de motivación de los alumnos hacia su propio aprendizaje y al cumplimiento de los criterios de acreditación. Se revisan los beneficios de programas similares aplicados en universidades y centros de formación de oficiales de las fuerzas armadas – de nivel universitario – de países referentes, así como la forma de enfrentar el problema por parte de otras instituciones de la defensa nacional. Finalmente se muestra que no solo es posible realizar investigación de pregrado en la Academia Politécnica Naval, sino que ya hay algún camino recorrido, faltando su ordenamiento y formalización, prácticamente sin costos directos para la institución.
La Ley de Educación Superior (2018), propone una nueva visión para desarrollar los procesos de aseguramiento de la calidad a nivel país. La Academia Politécnica Naval, es una institución de educación superior que ha desarrollado tres procesos de acreditación, sin embargo, ante el nuevo escenario, deberá reorientar sus acciones y estrategias para continuar en el camino de la certificación de calidad en educación. Por ello, es necesario analizar los componentes de la nueva ley e identificar los desafíos que deberá enfrentar en un próximo proceso de acreditación.
La Escuela Naval en sus 200 años de existencia ha formado a más de 13.500 cadetes o aspirantes a oficiales. Muchos de los cuales no sólo han contribuido al servicio de nuestra Marina, sino que han destacado en campos como la industria, la religión, la política, la educación, la ciencia o el deporte.
La misión de la Escuela Naval tiene como propósito brindar a la Marina hombres y mujeres líderes de excelencia, por lo que el proceso de enseñanza/aprendizaje del mando con liderazgo en este plantel, es la tarea principal que ilumina todas las actividades diarias del cadete. Es por esto que la estrategia que se desarrolla en este sentido es un modelo integral, tanto del ser, saber y saber hacer, que busca como principio rector entregar a la Armada de Chile oficiales con valores, carácter, identidad y conocimientos.
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Año CXXXIX, Volumen 142, Número 1002
Septiembre - Octubre 2024
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