Chile, a lo largo de su historia, ha debido enfrentar en muchas ocasiones crisis políticas y económicas que han afectado la paz social de sus ciudadanos.

Sus Fuerzas Armadas (FF.AA.), en cada una de las circunstancias han asumido las responsabilidades asignadas por las más altas autoridades del país encaminadas a dar resguardo a la población frente a las crisis sociales, como también en situaciones de catástrofe que se han desatado en el transcurso de la vida republicana de nuestra patria.

Desde la paz de Westfalia en el año 1648, con el origen del Estado moderno, cada nación ha establecido un marco normativo destinado a brindar distintos niveles de seguridad que permiten el respeto y la sana convivencia entre sus habitantes.

Tanto en Chile, como en gran parte de los países de la región, las respectivas leyes regulan los procesos de participación de sus FF.AA. en tares de control de seguridad interior, ante catástrofes, como también frente a crisis y estallidos sociales que ameriten su presencia para recuperar el orden institucional. Esto ha permitido que en reiteradas situaciones de caos interno, durante el presente siglo, haya sido necesario el despliegue de las FF.AA. en distintas naciones del continente latinoamericano para restablecer el orden interno en sus respectivos territorios.

Los hechos ocurridos recientemente en Chile, particularmente en las regiones de Valparaíso y Concepción, localidades en las cuales fueron establecidas zonas de emergencia a cargo de la máxima autoridad naval de esas zonas, representó un esfuerzo particular a la Armada de Chile. La institución, puso sus capacidades operativas y logísticas en apoyo al despliegue de las tropas subordinadas a ambos almirantes como jefe de la defensa en las comunas y localidades jurisdiccionales que les correspondió hacer cumplir el imperio de la ley. Interacción, que ha hecho posible reunir valiosa experiencia en la relación político-militar, de mando conjunto en el plano netamente militar y en el contexto militar-policial, junto a las lecciones aprendidas obtenidas.

El origen del Estado actual y su responsabilidad en la seguridad de sus ciudadanos

El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI cuando los reinados de la época aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder. Emergieron los ejércitos y las monarquías absolutas se convirtieron en Estados garantes de la paz, justicia y seguridad apoyada por parte de las masas populares y de la aristocracia reinante.

De esta manera, los Estados modernos comenzaron a apoyarse en sus instituciones para lograr que la maquinaria administrativa pudiera funcionar, creando una estructura de cuerpos representativos (Parlamento), de orden legal, y de la burocracia asociada al control de las distintas funciones estatales (Ministerios).

También en el ámbito financiero, teorías como la del economista y filósofo escocés, Adam Smith en el siglo XVIII, configuraron la aparición y el nacimiento de un nuevo orden económico, que dio lugar al nacimiento de la Economía Política.

Los impuestos y la recaudación para el Estado hicieron aparecer las primeras presiones de los súbditos o ciudadanos hacia sus gobernantes, como también el endeudamiento público generó el comienzo de los conflictos sociales que perduran hasta nuestros días.

La recaudación estatal, orientada principalmente a dotar al Estado de una viga maestra que sustentara el funcionamiento del país, junto al resguardo de sus ciudadanos a través de la formación de ejércitos que paulatinamente fueron mutando de fuerzas mercenarias a cuerpos militares profesionales dependientes y leales al Estado que los organizaba y pagaba sus sueldos.

Emergió la creación de academias militares, la formación de oficiales, la generación de pirámides de mando, el ascenso por mérito, experiencia y capacidades y el desarrollo de la disciplina y la definición de su participación en la estabilidad interior del Estado y su hegemonía en el exterior de cada nación.

En este sentido, es destacable señalar como surge el rol del Estado en cuanto al monopolio de la fuerza y a su tarea prioritaria en relación a la mantención del orden público y de los procedimientos democráticos en la soberanía territorial.

La convivencia social es fundamental para el buen funcionamiento de las distintas capas sociales del aparato estatal; por ende, es primordial la capacidad del Estado para ejercer el poder sobre la sociedad a la cual gobierna. Aquí resalta el concepto de cómo el Estado resguarda la seguridad personal de todos los ciudadanos, asegurando sus bienes e impidiendo que sientan temor por la amenaza que representa los intereses de otros individuos del mismo territorio.

El monopolio de la fuerza es inmanente y exclusivo a los Estados, los cuales a través de cuerpos armados estatales (FF.AA., de seguridad y de orden público) son los únicos llamados a restablecer el orden ante su quebrantamiento. Bajo esa perspectiva, cabe destacar al filósofo-político inglés Thomas Hobbes, que en su novela El Leviatan, escrita el año 1651,conocida también como la materia y forma de poder de una república, hacía referencia a la necesidad de las sociedades humanas de darse un gobierno fuerte que pudiera mantener el orden y sacar al individuo de su salvajismo y maldad, cuando correspondiera, por lo que siempre esta institución superior debe gobernar, proteger y controlar a sus ciudadanos asegurando el bienestar y la paz social entre los habitantes de las sociedades que dirigen.

El marco legal para la participación de las FF.AA. de Chile ante estado de excepción constitucional

La ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción N° 18.415 de 1985, en su artículo N° 4 Estado de Emergencia, declara que el presidente de la República podrá delegar, total o parcialmente, al jefe de la defensa que él designe en las zonas afectadas las siguientes facultades:

• Asumir el mando de las FF.AA. y de Orden.
• Autorizar la celebración de reuniones en lugares públicos.
• Controlar la entrada, salida y tránsito en la zona de emergencia establecida.
• Impartir órdenes para el resguardo del orden público.
• Dictar normas para la protección de servicios de utilidad pública y centros industriales, como también a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar.
• Las demás que le otorguen leyes en su calidad de tal.

El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional.

En el mismo cuerpo legal en su artículo N° 6 se menciona el estado de catástrofe, en el cual el presidente de la República le traspasa al jefe de la defensa nacional facultades adicionales a las enunciadas anteriormente, tales como ordenar el acopio y almacenamiento de alimentos, determinar la distribución para el mantenimiento y subsistencia de la población y dar instrucciones para subsanar la calamidad entre otras.

En este caso, el presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días desde ésta, si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta.

Las principales crisis y calamidades que han motivado la participación de las FF.AA. en tareas de seguridad interior y ayuda humanitaria en el país.

Además de los antecedentes expuestos en la tabla precedente, diferentes episodios políticos y de efervescencia y estallidos sociales han derivado en la participación de las FF.AA. durante nuestra historia, por lo que los cuerpos armados también han debido tomar parte en las graves crisis políticas y sociales ocurridas entre los años 1925-1932 y de 1973-1990 respectivamente, entre otros.

Asimismo, se visualiza que en el último decenio en múltiples oportunidades las FF.AA. han participado en forma activa y masiva a nivel nacional tanto para el caso de catástrofe como en zonas de emergencia, lo que ha significado volcar fuerzas militares a sectores urbanos y rurales para contribuir al resguardo de la seguridad pública y el bienestar de nuestros compatriotas en cada una de las localidades que residen.

La participación de las FF.AA. de otros países ante crisis o eventos que afectan la seguridad interna de sus Estados

En el ámbito regional, también podemos apreciar como varios países de América Latina cuentan en sus respectivas legislaciones con herramientas jurídicas para solicitar el apoyo de las FF. AA. en tares humanitarias y de seguridad interior. En la tabla que se presenta a continuación, se puede visualizar los últimos eventos en el ámbito latinoamericano que han requerido el apoyo de sus FF.AA. para el resguardo de sus habitantes.

Los recientes problemas políticos ocurridos tanto en Ecuador y Perú generaron la promulgación de decretos presidenciales que permitieron el despliegue territorial de las FF.AA. de ambas naciones, lo que a su vez contribuyó al restablecimiento de la paz social en los dos países.

Similar caso sucedió con el contundente aporte de las FF.AA. de Brasil en el combate a los incendios forestales que afectaron a algunas zonas de la Amazonia, zona geográfica que se encuentra afectada por  prolongadas sequías provocadas por el impacto del cambio climático en unos de los principales pulmones del planeta. En términos generales en la región latinoamericana, gran parte de los países cuentan en sus constituciones políticas la facultad presidencial destinada a designar a una autoridad de la Defensa para asumir tareas de control interno frente a crisis sociales, políticas o ante catástrofes y calamidades públicas, además de reuniones de líderes internacionales o de eventos deportivos de primera magnitud en sus respectivos territorios, lo que obliga a contar con FF.AA. polivalentes con variados roles asignados a su misión permanente.

Las experiencias y lecciones aprendidas del Estado de Emergencia del 18/10

Así como el terremoto del 27/F del año 2010 permitió obtener valiosas lecciones y experiencias, principalmente en el plano organizacional y en el ámbito de las capacidades logísticas y especialmente de las falencias en los enlaces telefónicos y de las redes institucionales de comunicaciones de las FF.AA. con las otras autoridades políticas del país; lo sucedido recientemente a contar del 18 de octubre, también amerita el análisis de cuáles fueron los factores de fuerza y de debilidad junto a las vulnerabilidades que se vislumbraron durante la reacción de nuestras fuerzas militares para el efectivo control del estallido social.

• La Inteligencia del Estado y de la Defensa Nacional

Lo acaecido en Ecuador hace menos de un mes producto de un paquetazo, con la eliminación de la subvención al combustible, produjo un alza de tarifas y una gran eclosión política y social en ese país, crisis en la cual se evidenció participación de agitadores externos que ayudaron a confabular la conformación de grupos exaltados que hicieron estallar el conflicto social. Indicador social externo que debe ser considerado para apoyar la toma de decisiones de las autoridades pertinentes, ya que la experiencia acumulada, indica que la influencia de países vecinos conlleva algún grado de repercusión en la política interna de los países de la región de los cuales son parte. A su vez, la simultaneidad de ataques a parte de las estaciones de la red del metro en la capital, evidenció el nivel de coordinación con los que fueron perpetrados estos atentados.

También otro factor relevante a considerar ha sido el impacto que han causado las redes sociales con la guerra de desinformación y noticias falsas (fake news), que en muchos casos, ha dificultado y sin duda atrasado las resoluciones superiores sobre la manera más adecuada para controlar las situaciones en las que el orden público se ha visto quebrantado. Con el propósito de mitigar lo descrito anteriormente, se hace necesario el uso de drones y aeronaves para contar con medios autónomos de observación en apoyo al control y manejo de los sucesos críticos que ocurren en el Estado de Emergencia.

• Las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas se refiere al derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas.

En el plano nacional, y teniendo como marco universal el artículo señalado anteriormente, se han establecido las RUF para este tipo de contingencias.

Producto de las interacciones entre personal militar y manifestantes en la que estos resultaron lesionados y en algunos casos fallecidos, próximamente se iniciarán las causas judiciales contra los uniformados vinculados a los hechos mencionados. Dado lo anterior, será necesario darles una segunda lectura a los procedimientos de uso de la fuerza definidos en las RUF; en orden a poder establecer si éstas efectivamente le otorgan el adecuado marco legal a los miembros de las FF.AA. que las aplican en el cumplimiento de su deber en Estados de excepción constitucional.

• RUF aplicadas durante el ataque a la Gobernación Marítima de Arica

El ataque con bombas molotov y piedras a las instalaciones del histórico edificio de la Comandancia Naval de esa fronteriza ciudad del norte del país,  por parte de manifestantes que se encontraban participando en una masiva protesta en el centro urbano del puerto, tuvo como reacción, una gradual y acertada respuesta de su dotación con el despeje de las dependencias contiguas a la vía pública sin exponer la seguridad del personal institucional frente a los peligros existentes. El oportuno establecimiento de una zona de sacrificio del inmueble con el retiro de todo el mobiliario y de material computacional sumado al despliegue de miembros de la policía marítima junto al zafarrancho de incendio dispuesto, atenuaron de manera significativa la posible ocurrencia de daños personales y de deterioro del material e infraestructura fiscal. Zafarrancho de defensa del cuartel, realizado en ausencia de estado de emergencia en esa región, que fue efectuado sin ocasionar heridos entre los atacantes, por lo que siempre la prudencia en el cabal cumplimiento de la consigna asignada es la llave maestra para alcanzar los objetivos trazados ante este tipo de situaciones.

• El factor Infantería de Marina en las regiones de Valparaíso y el Bío-Bío

Nuestro personal de Infantería de Marina, con la vasta experiencia adquirida por su permanencia de 13 años en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), aplicó todo el caudal de conocimiento acumulado en el control de población civil ante situaciones de efervescencia social. Conocimiento que logró superar episodios de saqueos y vandalismo sin el uso de armamento letal. También, mencionar los altos grados de empatía que tanto personal IM como naval lograron con pobladores a los cuales les correspondía proteger. Imágenes de nuestros marinos compartiendo y jugando con la población se viralizaron en redes sociales y medios de prensa, evidenciando una muestra de la gran comprensión por parte de la ciudadanía a la tarea realizada por la Armada y el resto de las FF.AA., de Carabineros y PDI para cooperar al restablecer el orden y la paz social en todo el país.

La correcta determinación de EFL (Elementos Funcionales Logísticos)

• Transporte Estratégico

El apoyo de transporte estratégico proporcionado por la Fuerza Aérea de Chile (FACH) para el traslado de un importante contingente militar de las ramas de la defensa desde distintos puntos del país hacia la capital, fue crucial para reforzar las demandas de exigencias de mayor dotación militar en Santiago. Ciudad que inicialmente fue sobrepasada por la gran cantidad de saqueos y vandalismo que se esparció en forma exponencial por muchas comunas de la región Metropolitana.

Además de lo anterior, el despliegue de buques de superficie con sus dotaciones a pequeñas localidades costeras orientado a apoyar a las autoridades marítimas y fuerzas policiales de esas comunidades para controlar el orden interno, permitió proporcionar mayores niveles de seguridad a los habitantes del borde mar en la zona central del país.

• • Material, munición letal, no letal y gases lacrimógenos

Las FF.AA., durante los días iniciales de la crisis vivida recientemente, actuaron con armamento de guerra y se trasladaron en carros de infantería mecanizada con sus ametralladoras de alto calibre armadas en las cúpulas de mando de los vehículos militares. Con el transcurso de los días, según trascendió en algunos medios de prensa, el sector de la defensa destinó una fuerte suma de dinero para la compra de gas lacrimógeno y de munición antidisturbios para contener a las manifestaciones con elementos más proporcionales a la amenaza existente. Dado lo expuesto, siempre al exponer a los militares en la vía pública frente a airados manifestantes, será de vital importancia dotarlos con disuasivos lacrimógenos, armamento no letal y letal de manera que puedan reaccionar en forma efectiva y con el respaldo legal en torno a las turbas humanas y personas que les corresponde llamar al orden.

• • Binomio de trabajo entre fuerzas militares – fuerzas policiales

La estrategia de dejar participar, como primera fuerza de choque, a las fuerzas policiales en horario diurno ante manifestaciones y alteraciones al orden público con alto número de asistentes fue acertado dada su gran experiencia frente a este tipo de situaciones, siendo solo reforzados por fuerzas militares cuando fueron sobrepasadas sus capacidades para imponer el orden en esos lugares de concentración.

Por otra parte, el despliegue militar de primera línea durante el horario del toque de queda fue ejercido por fuerzas militares, que resguardaron al país en horario nocturno en forma general y durante el día en forma puntual al dar resguardo específico a núcleos neurálgicos que permitieron en forma gradual recuperar la normalidad de las actividades cotidianas de cada ciudad en todo en el país.

• Personal

El primer día de estado de emergencia en la capital se informó que 500 miembros de las FF.AA. se encontraban desplegados para reforzar la seguridad en sus calles y espacios públicos. Transcurrido un tiempo ya se contaba con la información que había más de 9.500 uniformados respaldando la seguridad interior en nuestra capital para contener los desmanes, que con el correr del tiempo fueron bajando en intensidad, en parte, gracias a la presencia de este mayor contingente militar, en especial, para el control del toque de queda junto a la protección de los supermercados capitalinos, como también el brindar protección a las estaciones de trasporte urbano (metro, tren y redes de buses).

La situación expuesta, junto a la no participación de personal conscripto del servicio militar en la mitigación de las protestas, además del llamado a personal reservista de las tres ramas de la defensa por un lapso de 13 día para cumplir tareas logísticas y de apoyo administrativo, reafirma la importancia de cuantificar la cantidad de personal que  las FF.AA. requieren con algún grado de precisión para cada región del país orientado a otorgar protección a los centros de generación de consumos básicos (agua y electricidad), a los núcleos de transporte (metro, tren y red urbana de buses) como a los supermercados que aseguran la cadena alimentaria de la población. Lo indicado, en orden a que los futuros planes de contingencia para este tipo de eventualidades asuman la real determinación de necesidades de personal acorde a la exigencia que las demandas de seguridad territorial le imponen al Estado de Emergencia.

Conclusiones y Reflexiones Finales

El Estado de Emergencia que decretó el presidente de la República, producto de las 49 estaciones de metro vandalizadas, de 26 buses urbanos incendiados y de más 325 supermercados saqueados y 6 de ellos quemados y destruidos totalmente tanto en la capital como el resto del país, correspondió a la obligación constitucional que le corresponde al Estado para restablecer el imperio de la ley y del orden público en las zonas afectadas.

El movimiento y reposicionamiento de contingente militar entre las distintas regiones del país tendiente a cubrir las demandas de seguridad que la situación del país le exigía a las FF.AA. le impuso a sus instituciones una gran capacidad de respuesta logística y organizacional para restituir la acción del Estado en torno a la paz social y el bienestar de sus ciudadanos.

La inteligencia nacional y la del sector de la defensa deben maximizar la integración y el compartimentaje de la información que disponen, dirigido a poder vislumbrar con mayor precisión las amenazas que pueden afectar el normal desenvolvimiento del país y que a su vez pudieran poner en jaque a la seguridad de parte de su población, como los hechos ocurridos en el país.

El accionar de las FF.AA. de Chile en tareas de apoyo a la ciudadanía ante catástrofes naturales ocurridos con alguna frecuencia durante el último decenio, sumado a las tareas de control de seguridad interior que se vieron involucradas las instituciones de la defensa la semana recién pasada frente a los actos de vandalismo, saqueos y daños al bien público, han reforzado el concepto de la multi dimensionalidad y polivalencia del ámbito de acción de las FF.AA. en operaciones distintas a la guerra y en contribución al desarrollo del país y a la paz social del mismo.

La correcta aplicación de las RUF y su validación frente a las acciones legales, en las cuales se encuentran involucrados algunos miembros de las FF.AA. acusados de actuar con excesivo uso de la fuerza frente a manifestantes, hará reflexionar sobre su validez jurídica, como también sobre el contenido de las acciones definidas para cada una de las hipótesis de uso de armamento letal y no letal en contra de los ciudadanos para el mantenimiento del orden.

Finalmente, el acercamiento exhibido por gran parte de los miembros de las FF.AA. y en particular por el personal naval e IM durante el cumplimiento de las tareas de restablecimiento del orden en la vía pública, contribuyeron a establecer relaciones de respeto y amistad con muchas de las personas y grupos humanos a los cuales les correspondió proteger y velar por su seguridad, lo que facilitó la debida comprensión por parte de la ciudadanía a la labor desplegada.