No es fácil imaginarse los motivos que llevaron al Perú a suscribir con Bolivia el Tratado Secreto de 1873, que fue el causante de la guerra del Pacífico.
A pesar que Chile nació limitando con Perú en el despoblado de Atacama como rezaban los decretos reales, el tratado con Bolivia del 16 de agosto de 1866 fijó el paralelo 24º como nuestro límite septentrional y determinó que la zona situada entre los paralelos 23º y 25º quedaría sujeta a la jurisdicción común de ambos gobiernos para la explotación de los depósitos de guano y otros minerales y los ingresos recaudados por concepto de la exportación de ellos serían repartidos por partes iguales.(1)
La pasividad demostrada por nuestro gobierno desde que Bolivia extendió su territorio hasta el litoral y principalmente después de la guerra contra España, es complicado de entenderla, pero de acuerdo con el tratado celebrado en 1866, Chile ya no limitaba con el Perú, por lo que es difícil comprender los motivos que lo llevaron a proponer y firmar el tratado secreto de 1873.
Entre 1872 y 1876 gobernó Perú Manuel Justo Pardo, y la política económica se le hizo sumamente complicada debido a las cuantiosas obligaciones contraídas durante el período presidencial anterior y a la fuerte baja que había sufrido el precio del guano, el cual empezaba a ser reemplazado, como abono, por el salitre.
Desde hacía algunos años, el gobierno peruano había decretado el estanco del guano, con lo cual había hecho pingües negocios, pero ahora veía terminar esa bonanza, por lo que concibió la idea de repetir la fórmula con el salitre, para lo cual necesitaba, la expropiación de las propiedades salitreras que estaban en manos de particulares y luego una acción conjunta con Bolivia, con el fin de asegurar precios anormalmente altos. No tuvo grandes dificultades para hacerse de las salitreras de Tarapacá, pues podía asumir su control pagándoles a los industriales una indemnización, política que recibió la aprobación inmediata de ambas ramas del parlamento, pero otra cosa eran las salitreras ubicadas en territorio boliviano y, peor aún, por el descubrimiento de nuevos establecimientos en Antofagasta, en pleno territorio chileno, al sur del paralelo 25º S. Existiendo salitre en Atacama, en territorios de Bolivia y Chile, de nada serviría restringir la producción en Tarapacá. El único resultado de tal acción habría sido el de dar un enorme impulso a la producción que estaba libre del estanco.
La Compañía de Salitres de Antofagasta, propiedad de chilenos, podía exportar sus productos sin gravamen alguno, como lo establecía el artículo IV del tratado con Bolivia. Todos los restantes yacimientos de salitre existentes en el territorio boliviano habían sido cedidos al contratista de ferrocarriles del Perú Henry Meiggs, por la suma de $ 10.000 anuales, quien, a su vez, los había transferido al Perú, quedando, en consecuencia, todos los minerales de salitre conocidos, con excepción de los de Antofagasta, en poder del gobierno monopolizador del Perú.
Pero contra el estanco complotaban, no solamente los muchos años de trabajo incesante y la fuerte inversión de capitales chilenos, que alcanzaban los cinco millones de pesos, en el establecimiento de Antofagasta, sino el descubrimiento de salitre en territorio chileno en Taltal y Aguas Blancas.(2)
En vista de lo anterior, el gobierno peruano trató de inducir a Bolivia que adoptara, respecto a la industria salitrera, una política similar, pero ello implicaba una violación a las obligaciones contractuales con Chile, por lo que concibió en contar con la protección de una alianza secreta entre ambos países para el momento en que fuera posible abrogar el tratado existente con nuestro país. Este acuerdo, llamado “Tratado de Alianza Defensiva”, “Pacto Secreto Perú-Bolivia” o “Tratado Riva Agüero – Benavente,” fue suscrito por José de la Riva Agüero y Juan de la Cruz Benavente en Lima, el 6 de febrero de 1873. Según los signatarios, el pacto tenía el propósito de formar una alianza defensiva y definir el proceso a seguir antes de declarar el casus foederis * y, durante la guerra, asignar los costos a pagar frente a cualquier agresión de Chile, aunque nuestro país no era mencionado. El historiador chileno Gonzalo Bulnes y los peruanos Jorge Basadre, Pedro Yrigoyen Diez Canseco y Edgardo Mercado Jarrín, consideran que el verdadero objetivo del tratado era imponer a Chile las fronteras convenientes a Perú, Bolivia y Argentina, por medio de un arbitraje obligado de la alianza mientras Chile fuese militarmente débil, es decir, antes de la llegada de los blindados Cochrane y Blanco Encalada que se habían mandado a construir a Gran Bretaña.(3)
Como se vio, el tratado fue firmado en Lima en febrero de 1873, y el 20 de mayo, el ministro de relaciones exteriores del Perú, que era el firmante del documento, José de la Riva, se dirigió al ministro plenipotenciario en Brasil y las repúblicas del Plata, Manuel Yrigoyen, haciéndole presente que desde hacía algún tiempo que se suscitaban graves situaciones entre Chile, por una parte y la Confederación Argentina y Bolivia por la otra, con motivo de la demarcación de sus respectivos límites y le agregaba que este último país, aislado, no tendría fuerza suficiente para resistir la presión que sobre ella pretendía ejercer Chile, a lo cual el gobierno del Perú no podía permanecer indiferente, por lo que había firmado un tratado de alianza defensiva, el cual ya había sido aprobado por el Congreso peruano y muy pronto sería sometido a la aquiescencia de la Asamblea de Bolivia. Enseguida hacía presente que el documento estaba calculado para prevenir la guerra y que consagraba el arbitraje como único medio que debía adoptarse en la decisión de las cuestiones de límites. A continuación le ordenaba tratar de obtener la adhesión de Argentina, lo que no le parecía difícil debido a las dificultades con que había tropezado para llegar a tener una demarcación de límites con Chile, especialmente en ese momento en que la situación de la Patagonia amenazaba con llegar a las vías de hecho.(4)
Yrigoyen se entrevistó con el ministro de relaciones exteriores argentino, Carlos Tejedor, quien le hizo presente que se había formado la impresión que se trataba de una alianza más ofensiva que defensiva y le consultó:
El canciller peruano respondió haciéndole presente que el carácter defensivo del pacto lo daba el hecho que su fin era impedir la guerra, pues las pretensiones exageradas, de cualquiera de las restantes repúblicas americanas, se estrellarían ante un poder suficientemente fuerte para desalentarlas a emprender, por la fuerza, la consecución de sus planes y que en virtud de la alianza se exigiría que todas las cuestiones se sometieren al arbitraje de ella.
En esta respuesta, el canciller peruano aclaraba la razón anti chilena del pacto cuando, refiriéndose a la consulta acerca si podrían hacerse modificaciones a algunos puntos, respondió que ello no era posible, pues se requeriría la anuencia de Bolivia y que estipular un pacto separado, exigiría ponerse primero de acuerdo con ese país y aguardar, por lo menos un año, para solicitar la aprobación de los respectivos Congresos y seis meses para el canje de las ratificaciones y para entonces ya el tratado no sería útil para Argentina, pues su situación de límites con Chile habría tomado proporciones desfavorables, “porque para entonces las fuerzas marítimas de Chile no permitirían a los aliados hacer escuchar su voz e impedir la guerra.”*
Con referencia a la consulta acerca de que si el gobierno de Chile tenía conocimiento del tratado, le indicaba que con ello, lo único que se conseguiría sería prolongar las negociaciones y añadía también:
Sería un poderoso motivo para que ayudase con más eficacia todo movimiento revolucionario entre nosotros, y prestase constante apoyo material a todo lo que tendiese a debilitarnos y anarquizarnos. Si éstas han sido siempre sus tendencias, solo por temor de que a la sombra de la paz adquiriera el Perú la posición que está llamado a ocupar en el Pacífico, esa sería su política franca ya, y el objetivo de todos los partidos y del país entero.*
Con referencia a la posibilidad de que Chile propusiese una alianza con Brasil, el Canciller le respondía en forma negativa, haciéndole presente que ese país no tenía interés alguno en ayudar a Chile y sí lo tenía en estrechar lazos con el Perú, tanto debido al comercio por el Amazonas, como por los problemas limítrofes que se le podrían presentar con Ecuador, Colombia e incluso con Bolivia.
Terminaba su respuesta el canciller peruano haciendo presente que la cuestión de Chile con Bolivia parecía tomar un nuevo giro, pues se había propuesto el reemplazo del Tratado de 1866 por otro que, suprimidas las medianerías, liberaba de derechos de exportación los productos explotados por chilenos y agregaba que estas negociaciones tendrían por objeto adormecer a Bolivia y prolongar las discusiones:
…hasta que salgan los blindados de Inglaterra, los que, sea dicho de paso, están muy lejos de hallarse tan adelantados como lo dice el ministro de Guerra en la memoria que ha presentado al Congreso. Uno de ellos estará concluido a fines de año y el otro apenas ha principiado su construcción.*
Entretanto, con la caída del presidente boliviano Mariano Melgarejo, el gobierno y el Congreso declararon nulos todos los actos del dictador, entre los cuales se encontraba el Tratado de 1866, pero Chile continuó considerándolo válido. Después de múltiples situaciones en las que no existía acuerdo entre Chile y Bolivia por la situación del tratado abrogado, el 6 de agosto de 1874 se firmó el acuerdo Linsay-Corral, por medio del cual la frontera quedaba fijada en el paralelo 24º, se suprimía la medianería para los minerales, reservándose solamente para el guano en explotación, Chile abandonó los beneficios tributarios que se le adeudaban desde 1866 y Bolivia se comprometió a no aumentar las contribuciones existentes sobre capitales e industrias chilenas durante 25 años.(7)
Para la aprobación parlamentaria, en Chile no hubo problemas, pero en Bolivia fue el caos, pues para el presidente del Perú Manuel Pardo, significaba la ruina de todas sus esperanzas y el derrumbe del monopolio del salitre. El pacto secreto se convertiría en un papel muerto. Lima movilizó todas sus fuerzas y el congreso boliviano fue escenario de violentos pugilatos, pero el presidente de Bolivia, Tomás Frías, desde el balcón del Palacio Quemado dijo que si no se aceptaba el tratado con Chile, presentaba su renuncia, con lo que logró su aprobación.
El presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que en sus años de destierro había vivido en Chile, donde había recibido toda clase de consideraciones, honores y puestos de trabajo, no solamente aprobó la adhesión al pacto secreto, sino que recomendó hacerlo al parlamento.
El canciller Tejedor se jugó por entero en la Cámara de Diputados, haciendo presente que Chile no aceptaba medios pacíficos y que un arbitraje pondría en grave riesgo todo el territorio que se extendía al sur de Río Negro y falseaba la verdad cuando afirmaba que nuestro país no aceptaba ningún camino de solución que no fuera una mediación.
La Cámara de Diputados argentina aprobó la adhesión al pacto por 48 votos contra 18 y votó la concesión de un fondo extraordinario de seis millones de nacionales para sostener la guerra contra nuestro país.
En el Senado existía el ambiente y los votos para hacer lo mismo, pero sus miembros pidieron algunas precisiones, entre las cuales estaba la de exigir a Bolivia la aceptación del uti possidetis* de 1810, pero se encontró el canciller en la curiosa disyuntiva que presionaban a Bolivia para que reconociera ese principio que ellos se negaban a hacerlo con Chile, lo cual además era resistido por el diplomático boliviano Mariano Baptista.
A pesar del deseo de Sarmiento de pactar la alianza, el tiempo perdido fue crucial, pues salió del astillero Earle Shipbuilding de la localidad de Hull en Yorkshire, Gran Bretaña, hacia Chile el blindado Cochrane, antes de lo que calculaban los enemigos de nuestro país y constituyó un argumento suficiente para que la conjura fracasara.
Después de un cambio del ministro de relaciones exteriores del Perú, el nuevo secretario de Estado, Aníbal Víctor de la Torre insistió, con fecha 22 de abril de 1875, al ministro plenipotenciario en Argentina la adhesión que consideraba pendiente de ese país al tratado secreto, al haberse allanado Bolivia a algunas precisiones y que debía tener presente la conveniencia de soslayar complicaciones con Brasil y evitar una alianza entre el imperio y Chile. En el caso de obtener la adhesión argentina, debía comunicarla reservadamente al canciller carioca, vizconde de Caravellas, pero en caso contrario, silenciarlas.(9)
Ante el temor de una alianza entre Brasil y Chile, el ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en el Perú, sir Spencer Saint John, mediante correspondencia secreta, informó a su ministro de relaciones exteriores conde de Derby, con fecha 26 de agosto de 1875, que había tenido conocimiento que se estaría negociando entre ambos países, un tratado secreto del cual no podía asegurar su veracidad, pero que Brasil tomaría posesión de Montevideo para convertirlo en una provincia del imperio y a Chile se le garantizaba la Patagonia y la provincia marítima de Bolivia, mientras que a este último se le entregaría, en compensación, la provincia de Moquegua para que tuviera su codiciada salida al mar.(10)
Cuando en Bolivia gobernó Tomás Frías, persona de espíritu honesto y legalista que, como hemos visto, se impuso al Congreso de su país para que se aprobara el tratado de 1874, hubo cierta tranquilidad, pues teóricamente se daba cumplimiento al acuerdo y las empresas de capitales chilenos podían seguir produciendo conforme a sus términos.
Por otra parte, el problema limítrofe de nuestro país con Argentina se consideraba terminado de acuerdo a lo previsto por el tratado Tejedor-Blest Gana y solamente faltaba designar al árbitro, situación que fue aprovechada para mandar al blindado Blanco Encalada a Gran Bretaña, regresando completamente modernizado a Valparaíso a principios de 1876, ocasión en que zarpó el Cochrane para lo mismo, pues se había recibido apresuradamente sin terminar, retornando definitivamente a Chile un año más tarde.(11)
Entretanto, una sublevación en Bolivia en contra del Presidente, terminó con el palacio de gobierno destruido e incendiado, por lo que desde entonces se conoce como “Palacio Quemado”. Frías logró controlar la insurrección y, en 1876, decidió convocar a elecciones, pero fue derrocado por el recién ascendido general Hilarión Daza.
El 4 de mayo de 1875, la municipalidad de Antofagasta había solicitado que se impusiera una contribución municipal de tres centavos por quintal de salitre exportado, lo que fue rechazado por el Concejo Departamental de Cobija por cuanto,
…de acuerdo a la transacción celebrada entre el Supremo Gobierno y la Compañía el 27 de noviembre de 1873, en la que se estipula que el salitre que exporte queda libre de todo derecho de exportación y de cualquiera otro gravamen, fiscal o municipal, y además porque existe también el Tratado de Límites con Chile, vigente, por el que no pueden cobrarse en el Litoral nuevas contribuciones.*
A pesar de ello, el 14 de febrero de 1878, la Asamblea Nacional Constituyente decretó un impuesto de diez centavos, como mínimo, por quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta y el gobierno ordenó, el 23 del mismo mes la publicación por bando y ejecución del decreto.
Ante el reclamo chileno, el gobierno boliviano esgrimió la teoría que la transacción celebrada con la compañía chilena era un contrato de carácter privado que dependía de la voluntad de las partes y que no tenía relación con el Derecho Internacional.(14)
Al tenor de las discusiones, el ministro de relaciones exteriores del Perú, Manuel Yrigoyen, se dirigió a los representantes del Perú en Chile y Bolivia, haciendo presente que si existiese alguna amenaza a la paz, se ofreciera en el acto la mediación de su país.(15)
El Canciller chileno, Alejandro Fierro, buscando alguna solución al conflicto, solicitó al representante de Chile en La Paz, Pedro Nolasco Videla, que hiciera ver que nuestro país se encontraba dispuesto a continuar la discusión y a constituir un arbitraje, como lo especificaba el artículo 2º del protocolo anexo al tratado de 1874, en el entendido que mientras tanto se suspendería la ejecución del nuevo impuesto y, en caso contrario, debía solicitar sus pasaportes. (16)
A principios de febrero de 1879 se llevó a efecto una importante reunión secreta entre el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Martín Lanza y el ministro plenipotenciario peruano en La Paz en la cual el primero le comunicó que el gobierno había decidido rescindir, con fecha 1º de ese mes, el contrato existente con la Compañía de Salitres de Antofagasta, con lo cual dejaban sin efecto el impuesto decretado de diez centavos por quintal de salitre exportado, pues ello alejaría toda intervención diplomática por quedar la situación reducida a una cuestión privada o particular. Enseguida, con el tratado secreto en la mano, le manifestó que debían concordar lo necesario para el caso de surgir mayores complicaciones con el gobierno de Chile y, finalmente, le manifestó “el deseo del gobierno boliviano de preferir en la explotación de sus salitreras del litoral a su hermana y aliada la República del Perú con el objeto de evitarle la competencia en la explotación que tiene.”*
Los términos de esta reunión muestran, más que cualquiera otra cosa, que el problema creado por el gobierno de Daza estaba encaminado a proteger el monopolio salitrero peruano y que su respaldo era el tratado secreto que había sido propiciado por Perú.
Al día siguiente, el Canciller boliviano comunicó, oficialmente, al encargado de negocios de Chile, el hecho de haberse visto obligado a rescindir el contrato con la compañía y hacía presente, que si esta situación suscitara algún inconveniente, su gobierno estaba dispuesto a recurrir al Artículo 2º del Tratado de 1875 que propiciaba un recurso arbitral.(18)
El hecho de haber propuesto el arbitraje, y “por no haberse mostrado con la energía que el patriotismo y los intereses exigen en el conflicto que surge con Chile”* hizo que el gobierno boliviano le pidiera la renuncia a su ministro de relaciones exteriores Martín Lanza y nombró, en su reemplazo a Serapio Reyes Ortiz y en la cartera de Justicia a Julio Méndez, declarado enemigo de Chile, quien partió de inmediato a Lima para entrevistarse con el presidente del Perú, general Prado, y exigir el cumplimiento del tratado secreto del 6 de febrero de 1873 y luego continuar a Antofagasta para recuperar las salitreras.(19)
El blindado Blanco Encalada fue enviado a Antofagasta, fondeando el 7 de febrero de 1879, y una semana más tarde se le unía el Cochrane y la O’Higgins, el mismo día que se rematarían las salitreras.
Perú nombró, el 22 de febrero, a José de Lavalle como ministro en misión especial en Chile para obtener la mediación del Perú, poniendo como condiciones la desocupación del territorio boliviano y la suspensión del decreto que imponía el impuesto al salitre.(20)
Dos semanas después de este nombramiento que mostraba una cara pacificadora, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Manuel Yrigoyen; se dirigió reservadamente a su ministro plenipotenciario en Argentina, Aníbal de la Torre, para que resucitara las gestiones que se habían hecho anteriormente para obtener la adhesión de Argentina al pacto secreto. Le hacía presente que Chile había llegado a un avenimiento con Argentina solo para desembarazarse de ella y atacar a Bolivia y que la unión de los tres países serviría para evitar la guerra y lograr un arreglo ventajoso para Bolivia y Argentina en sus cuestiones de límites con Chile. Agregaba que de no poder obtener la adhesión al tratado secreto, debía conseguir que se estableciera un pacto en el que Argentina y Perú se comprometieran a proporcionarse buques de guerra para cualquier situación internacional en que se vieran comprometidos. Finalmente, si ninguna de las propuestas anteriores fuese aceptadas, debía proponer la compra de uno o dos blindados, que lo serían por tercera mano, consultando siempre las reservas correspondientes y la más completa reciprocidad por parte del Perú, de manera que si más tarde Argentina se viera en la necesidad de hacer uso de su escuadra, el Perú estaría obligado a venderle sus mismos buques y a poner, además, a su disposición, uno o dos de sus blindados.(21)
El 10 de marzo Hilarión Daza declaró la guerra a Chile.
Joaquín Godoy, ministro plenipotenciario de Chile en Lima se dirigió al canciller peruano haciéndole presente los preparativos bélicos que se observaban en ese país y le pedía declarar su neutralidad en los acontecimientos que habían tenido y que tendrían lugar.(22)
En Chile, el canciller Alejandro Fierro había consultado al ministro en misión especial José de Lavalle, acerca de la existencia el tratado secreto, a lo cual éste respondió, cínicamente, que creía que no existía, por cuanto en el año 1873 no había funcionado el Congreso Nacional Peruano y que desde 1874 él había presidido la comisión diplomática de aquella legislatura, en la cual debía discutirse una negociación de esa especie, por lo que podía asegurar que jamás se había tratado un pacto de esa especie.(23)
Entretanto, Joaquín Godoy obtuvo que el presidente Prado lo recibiera en la noche del 20 de marzo, en su residencia de descanso en Chorrillos, donde le planteó directamente que Chile necesitaba que el Perú declarara su neutralidad, a lo cual el mandatario le informó que su antecesor, Manuel Pardo, lo había dejado ligado de antemano a Bolivia por un tratado secreto de alianza y que a menos que el Congreso autorizase su no cumplimiento, no tenía otro camino.(24)
El mismo 26 de marzo en que el canciller peruano se vio obligado a reconocer la existencia del tratado secreto a causa de la confidencia que el presidente Prado había hecho a Joaquín Godoy, se dirigió a su ministro plenipotenciario en Argentina haciéndole presente que como Chile no aceptaba la mediación del Perú, este último tomaría parte en la lucha, pero si Argentina se unía a ella, el gobierno de Bolivia le cedería el territorio comprendido entre el grado 24º hasta sus verdaderos límites con Chile, que alcanzaban hasta el paralelo 27º a cambio de los servicios que le prestara a dicho país para recuperar el territorio reivindicado el 14 de febrero por las fuerzas chilenas. Terminaba la nota diciendo que “el Perú verá con placer que la Argentina venga a tomar asiento entre los Estados del Pacífico.”*
Con fecha 29 de marzo y, vista la negativa peruana a declararse neutral, el ministro plenipotenciario chileno pidió sus pasaportes y se trasladó a Ecuador.(26)
El tratado secreto fue propuesto por el Perú antes que llegaran los blindados que nuestro país había mandado a construir, para obtener que Bolivia le consolidara el monopolio del salitre.
Debido a la instigación del Perú, Bolivia denunció ilegalmente el tratado de 1866, pero el nuevo mandatario, Tomás Frías se jugó el cargo para la aprobación de un nuevo acuerdo en 1874.
Este Tratado vino a calmar las aguas, coincidió con la firma del tratado Fierro-Sarratea, por lo que se pudo enviar los blindados a Inglaterra para terminarlos.
Ante el fracaso peruano de consolidar el monopolio antes que Chile pudiera contar con ellos, cambió la presión sobre Argentina para que le financiara buques adquiridos por palos blancos.
Los blindados Blanco Encalada y Cochrane fueron determinantes en la victoria chilena en la Guerra del Pacífico.
Al final los blindados fueron decisivos para el triunfo de Chile en la guerra.
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Año CXXXIX, Volumen 142, Número 1002
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