Introducción

La Cuarta Revolución Industrial (4RI) está redefiniendo todos los aspectos de la sociedad, desde la vida cotidiana hasta las dinámicas laborales y las relaciones sociales. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, destaca que la 4RI se distingue por su velocidad, amplitud y complejidad, diferenciándola de las revoluciones anteriores (Schwab, 2016). Esta revolución, impulsada por la convergencia de tecnologías biológicas, digitales y físicas, está transformando los sistemas productivos, económicos y sociales globalmente.

Innovaciones como la inteligencia artificial (IA), la robótica, el internet de las cosas (IoT), la impresión 3D y la biotecnología están generando cambios significativos en los modelos de negocio y la estructura económica mundial. Aunque estas tecnologías prometen eficiencia y nuevos productos y servicios, también presentan desafíos considerables en el ámbito laboral, la privacidad de los datos y la necesidad de nuevas regulaciones que gestionen sus impactos.

En Chile, la estrategia de transformación digital del Estado enfrenta el reto de integrar estas tecnologías emergentes promoviendo la inclusión social, equidad y sostenibilidad. Iniciativas como la Ley de Transformación Digital del Estado y la Agenda de Modernización del Estado buscan no solo adoptar estas tecnologías, sino también mitigar sus efectos adversos y maximizar sus beneficios. Esta transformación exige un cambio cultural y organizacional en el sector público y privado, requiriendo nuevas competencias y la promoción de una cultura de aprendizaje continuo.

La colaboración entre el sector público, privado y académico es clave para impulsar el desarrollo tecnológico y una transición justa y sostenible. La Ley de Transformación Digital del Estado y la Agenda de Modernización abordan los desafíos de la 4RI, evaluando logros y áreas de mejora. Estas iniciativas equilibran el avance tecnológico con inclusión, equidad y sostenibilidad, buscando una transformación digital integral y beneficiosa para Chile.

La Cuarta Revolución Industrial: Definición y Alcance

La 4RI es una transformación significativa que surge de la integración de tecnologías avanzadas en los ámbitos digital, físico y biológico (Schwab, 2016). A diferencia de revoluciones industriales previas, centradas en innovaciones como la máquina de vapor, la electricidad o la electrónica, la 4RI se distingue por fusionar tecnologías emergentes y generar un impacto amplio en todas las áreas de la vida humana (Schwab, 2016).

En esta etapa, el avance tecnológico se refleja en la integración de tecnologías digitales como la IA, el IoT y la robótica con biotecnología y nanotecnología (Martínez y otros, 2020). Esta convergencia está transformando los modelos de producción, los sistemas económicos y las estructuras sociales. Por ejemplo, la automatización inteligente, impulsada por sistemas ciberfísicos y el IoT, está revolucionando la manufactura con mayor precisión, eficiencia y personalización.

El impacto de la 4RI es amplio y diverso. En economía, está reformando los modelos de negocio y generando nuevas oportunidades de innovación. Las empresas adoptan tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, ofrecer productos personalizados y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. En el ámbito laboral, la automatización y digitalización están modificando las habilidades necesarias, lo que plantea retos en capacitación y reconversión profesional (CCOO de Industria, 2019).

Además, la 4RI está transformando la estructura social y las interacciones entre personas. La tecnología cambia nuestra comunicación, el acceso a la información y la participación en la economía digital. Además, plantea importantes cuestiones sobre privacidad, seguridad de datos y equidad en el acceso a nuevas tecnologías.

El ámbito gubernamental debe adaptarse a los avances tecnológicos mediante políticas y marcos regulatorios que promuevan la innovación y gestionen los riesgos de la digitalización. Una gobernanza efectiva es vital para garantizar que los beneficios de la 4RI sean accesibles para todos y para minimizar los impactos negativos.

Gobernanza Digital en Chile: Avances y Estrategias

En la última década, Chile ha avanzado en gobernanza digital, destacando la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado, promulgada en 2019. Esta ley establece un marco regulatorio para el Gobierno Digital, fomentando la digitalización de servicios públicos y la interoperabilidad de sistemas. Su objetivo es hacer los servicios más accesibles, eficientes y transparentes, reduciendo la burocracia y mejorando la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La Ley N° 21.180 establece roles y responsabilidades para la adopción de tecnologías digitales en el gobierno, fijando estándares tecnológicos y protegiendo los datos personales. Facilita la digitalización de procedimientos administrativos para simplificar el acceso a servicios y agilizar trámites, y es clave para modernizar el Estado y adaptarse a la 4RI.

La Agenda de Modernización del Estado (2022-2026) (Gobierno de Chile, 2022) complementa la ley, buscando mejorar los servicios públicos mediante tecnologías digitales. Incluye la creación de plataformas integradas, el desarrollo de habilidades digitales en funcionarios y la promoción de la participación ciudadana digital. También se enfoca en construir una infraestructura digital robusta para la interoperabilidad entre instituciones y la gestión eficiente de recursos y procesos.

El Comité de Transformación Digital, establecido por ley, coordina y alinea los esfuerzos con los objetivos del gobierno. Compuesto por representantes de ministerios y agencias, ofrece una visión integral y gestiona proyectos piloto para ajustar soluciones digitales antes de su implementación masiva, detectando y resolviendo problemas tempranamente.

A pesar de los avances, Chile enfrenta desafíos en gobernanza digital. La brecha digital persiste entre regiones y grupos socioeconómicos, restringiendo el acceso equitativo a tecnologías y servicios digitales (Hernández-Fuentes, 2022). A pesar de los esfuerzos por mejorar la conectividad, hay áreas con infraestructura limitada y ciudadanos que aún enfrentan dificultades para participar en la era digital.

La ciberseguridad es un desafío creciente; proteger sistemas y datos es esencial para mantener la confianza en los servicios digitales. Las medidas de seguridad deben ser robustas y adaptativas para enfrentar amenazas cibernéticas en constante evolución.

Además, las políticas deben abordar los dilemas éticos y sociales de nuevas tecnologías como la automatización y la IA, centrándose en la privacidad, la equidad y la toma de decisiones algorítmica para evitar consecuencias negativas.

Marco Legal e Institucionalidad Vigente.

El marco legal de Chile para la transformación digital se basa en la Ley N° 21.180 de 2019, que regula la digitalización de los procedimientos administrativos y fomenta la interoperabilidad de los sistemas estatales. La ley busca reducir la burocracia, mejorar la eficiencia administrativa y aumentar la transparencia en los servicios públicos, además de proteger los datos personales, promover la firma electrónica avanzada y facilitar el acceso digital a los servicios públicos (Gobierno de Chile, 2019).

Además de la Ley N° 21.180, el Decreto Supremo N° 8 y otras normativas regulan las notificaciones administrativas por medios electrónicos. Estas reglas son prioritarias para asegurar una digitalización segura y proteger la integridad de los datos y la infraestructura tecnológica del Estado.

La Secretaría de Modernización del Estado y la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia coordinan y supervisan la digitalización en el sector público. Estos organismos implementan políticas y proyectos para impulsar la transformación digital y asegurar el cumplimiento de las normativas gubernamentales (Gobierno de Chile, 2022).

La Agencia de Ciberseguridad, contemplada en la Agenda de Modernización del Estado (2022-2026), reforzará la seguridad digital en Chile al desarrollar estrategias, coordinar respuestas a incidentes cibernéticos y fomentar buenas prácticas en el sector público (Gobierno de Chile, 2022).

La modernización de la Ley de Protección de Datos Personales, en línea con el GDPR¹ europeo, refuerza los derechos de privacidad en el entorno digital. La nueva ley impondrá obligaciones claras a quienes procesen datos personales y creará una autoridad independiente de protección de datos.

El Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) coordina políticas de innovación y digitalización, integrando al sector público, privado y académico para diseñar estrategias que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la colaboración entre actores clave.

La Estrategia de Transformación Digital de Chile incorpora plataformas digitales interoperables, como "ClaveÚnica", que facilita el acceso a diversos servicios públicos con una sola credencial, optimizando la experiencia del usuario y simplificando los trámites.

Estrategia Chile Digital 2035: Visión a Largo Plazo

La Estrategia de transformación digital: Chile Digital 2035 (CEPAL, 2023) busca convertir a Chile en líder en la adopción de tecnologías para la 4RI. Elaborada por la CEPAL y el gobierno chileno, esta estrategia pretende integrar la tecnología en todos los ámbitos de la vida social, económica y gubernamental, promoviendo una transformación profunda más allá de la mera digitalización.

Uno de los pilares de la estrategia es la inclusión digital. Chile busca cerrar la brecha digital en áreas rurales y poblaciones vulnerables mediante iniciativas para garantizar acceso universal a internet de alta calidad y programas de capacitación en habilidades digitales, especialmente para adultos mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta inclusión es crucial para la participación de todos en la economía digital.

La ciberseguridad es esencial en la estrategia, especialmente con el crecimiento de los servicios digitales y procesos críticos en línea. La Estrategia Chile Digital 2035 sugiere establecer marcos normativos sólidos y adoptar tecnologías avanzadas para protegerse contra ciberataques. También promueve una cultura de seguridad en los sectores público y privado.

La estrategia destaca la necesidad de impulsar la innovación y nuevas industrias en tecnologías emergentes como IA, biotecnología y sistemas ciberfísicos. Se propone una colaboración cercana entre los sectores público y privado, con incentivos para la investigación y desarrollo, y la creación de ecosistemas de innovación para facilitar el emprendimiento tecnológico.

La modernización del sector público se enfoca en digitalizar los servicios gubernamentales para aumentar la eficiencia, reducir la burocracia y mejorar la transparencia. La interoperabilidad entre plataformas estatales es clave para una gestión integrada de los recursos. Además, la estrategia fomenta el uso de datos abiertos para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

La sostenibilidad es clave en la Estrategia Chile Digital 2035. Se busca alinear la transformación digital con los objetivos de desarrollo sostenible, mediante tecnologías que gestionen mejor los recursos naturales y reduzcan la huella de carbono, garantizando así un crecimiento económico tecnológico que no dañe el medio ambiente.

También promueve una gobernanza adaptativa para enfrentar cambios tecnológicos y sus efectos sociales. Subraya la necesidad de actualizar las políticas públicas constantemente para reflejar los avances tecnológicos y proteger los derechos ciudadanos en un entorno digital en evolución.

Desafíos y Obstáculos Persistentes

A pesar de los avances, la estrategia de transformación digital de Chile enfrenta desafíos significativos, como la brecha digital. Esta brecha limita el acceso a internet y dispositivos en áreas rurales y entre poblaciones vulnerables, impidiendo que todos los ciudadanos aprovechen los avances tecnológicos y participen en la economía digital. La desigualdad en el acceso a la tecnología sigue siendo un obstáculo considerable.

La ciberseguridad es un desafío clave a medida que se digitalizan el Estado y los servicios públicos, aumentando el riesgo de ciberataques y brechas de seguridad. Es crucial proteger los datos personales y garantizar la privacidad de los ciudadanos para mantener la confianza en las plataformas digitales gubernamentales (Álvarez, 2017). Aunque la Ley N° 21.180 y la Agenda de Modernización del Estado abordan la ciberseguridad, las amenazas cibernéticas cambian rápidamente, lo que exige un enfoque adaptativo y una capacitación continua para los empleados públicos.

Además, la implementación de tecnologías avanzadas, como la IA y los sistemas ciberfísicos, plantea dilemas éticos y sociales. La automatización puede aumentar la eficiencia y reducir costos, pero también puede causar pérdida de empleos, especialmente en trabajos rutinarios. Esto podría aumentar la desigualdad si no se manejan bien las transiciones laborales. Las políticas públicas deben enfocarse en mitigar estos impactos mediante la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades para los trabajadores afectados.

Un desafío adicional es la interoperabilidad de los sistemas de información en el sector público. Aunque la Ley N° 21.180 establece estándares para ello, la integración entre sistemas de distintas entidades sigue siendo complicada. La fragmentación de los sistemas y la falta de una infraestructura digital unificada afectan la eficiencia y transparencia de los servicios públicos, reduciendo su calidad.

Finalmente, la sostenibilidad financiera de estas iniciativas es crucial. Implementar y mantener infraestructuras digitales para la transformación del Estado demanda inversiones considerables. Es esencial garantizar recursos suficientes y una planificación adecuada para sostener estas inversiones a largo plazo.

Evaluación de la Estrategia Chilena Frente a la 4RI

Para evaluar la eficacia de la estrategia de transformación digital de Chile en la 4RI, es fundamental examinar cómo estas iniciativas han abordado los desafíos de esta nueva era. La Ley N° 21.180 y la Agenda de Modernización del Estado (2022-2026) ofrecen un marco sólido, aunque su implementación presenta varios retos.

La interoperabilidad de los sistemas de información sigue siendo un reto importante. A pesar de los estándares legales, la integración entre sistemas de diferentes entidades aún no se ha logrado debido a la falta de coordinación y a una infraestructura digital fragmentada. Esto limita la eficiencia y transparencia en los servicios públicos (Roberts, 2022). La desconexión entre las intenciones legislativas y la realidad operativa resalta la necesidad de una infraestructura tecnológica sólida y mayor cooperación entre instituciones públicas.

En segundo lugar, la ciberseguridad es esencial debido a la digitalización de servicios públicos. La Agenda de Modernización del Estado incluye medidas para fortalecer la protección contra ciberataques, pero las amenazas evolucionan rápidamente, exigiendo actualizaciones constantes y capacitación continua para los empleados. Sin un enfoque adaptativo, las vulnerabilidades podrían afectar la confianza del público en los servicios digitales del gobierno.

Además, la inclusión digital aún necesita más esfuerzo. Aunque se han hecho avances, muchas comunidades rurales y vulnerables siguen sin acceso adecuado a internet y dispositivos (CEPAL, 2023). La estrategia Chile Digital 2035 reconoce esta necesidad y propone iniciativas para mejorar, pero requerirá inversiones en infraestructura y capacitación. Sin un acceso equitativo a las tecnologías digitales, se corre el riesgo de ampliar las desigualdades sociales y económicas.

Impacto de la 4RI en el Mercado Laboral Chileno

La 4RI está cambiando drásticamente el mercado laboral mundial, afectando también a Chile. La automatización, la IA y otras tecnologías emergentes están redefiniendo las habilidades requeridas en la economía moderna (CCOO de Industria, 2019), con implicaciones profundas para los trabajadores chilenos.

La 4RI está polarizando el mercado laboral chileno al automatizar trabajos rutinarios y de baja cualificación, lo que reduce su demanda. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que sectores como manufactura, comercio minorista y algunas áreas de la agricultura están en riesgo de perder empleos por la automatización (OIT, 2019). Esto podría aumentar el desempleo y agravar la desigualdad económica si no se implementan medidas adecuadas.

La 4RI crea empleos en tecnología, robótica y servicios digitales, que requieren habilidades avanzadas como manejo de datos, programación y gestión de sistemas ciberfísicos. La transición presenta desafíos para la fuerza laboral chilena, haciendo crucial la educación y formación continua para que los trabajadores prosperen en la economía digital.

El gobierno chileno ha abordado los desafíos de la 4RI con iniciativas como la Agenda de Modernización del Estado (2022-2026), que enfoca en la capacitación digital para preparar a los trabajadores para el futuro (Gobierno de Chile, 2022) Además, el documento Chile Digital 2035 promueve la inclusión digital para que todos los ciudadanos aprovechen las oportunidades tecnológicas (CEPAL, 2023).

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos. La brecha digital sigue siendo un gran obstáculo, especialmente en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables. Esta brecha limita el acceso a educación y capacitación para nuevos empleos, excluyendo a estos grupos de las oportunidades en la economía digital.

Conclusiones

La 4RI está transformando la economía, el trabajo, la sociedad y la gobernanza mediante tecnologías emergentes. Este cambio exige adaptaciones para maximizar beneficios y mitigar riesgos, garantizando una transición equitativa y sostenible. Chile avanza con la Ley N° 21.180 y la Agenda de Modernización del Estado hacia una administración pública digital. Sin embargo, es crucial cerrar la brecha digital, mejorar la ciberseguridad y establecer regulaciones éticas. La colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil será esencial para lograr una transformación digital justa y sostenible.

El país ha establecido un marco legal robusto para la transformación digital del Estado con la Ley N° 21.180, respaldado por normas técnicas y agencias especializadas. Estos esfuerzos buscan una digitalización segura y eficiente, protegiendo datos personales y garantizando la ciberseguridad, mientras fomentan la innovación y adaptación a la 4RI.

La Estrategia Chile Digital 2035 guía la transformación digital en áreas clave como inclusión, ciberseguridad, innovación, modernización pública, sostenibilidad y gobernanza adaptativa. Chile busca liderar en adopción tecnológica con un desarrollo inclusivo, seguro, innovador y sostenible.

Sin embargo, el país enfrenta desafíos como la brecha digital, la ciberseguridad, la automatización y la interoperabilidad, así como asegurar la sostenibilidad financiera. Superar estos obstáculos es vital para que los beneficios de la 4RI se distribuyan equitativa y seguramente.

Finalmente, la 4RI está transformando el mercado laboral en Chile, automatizando empleos rutinarios y generando nuevas oportunidades tecnológicas. A pesar de las medidas adoptadas, la brecha digital limita el acceso a la capacitación. Para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos, Chile debe fortalecer sus políticas de formación y fomentar una transición inclusiva hacia la economía digital.

¿Qué viene de cara al futuro?

La 4RI promete redefinir el panorama económico y social en Chile con una magnitud sin precedentes. El país enfrenta una encrucijada crucial: aprovechar las oportunidades tecnológicas emergentes mientras enfrenta los desafíos de esta transformación. Aunque la Ley N° 21.180 y la Estrategia Chile Digital 2035 son avances hacia una digitalización segura y eficiente, aún queda trabajo por hacer.

Para que Chile no solo navegue con éxito esta era digital, sino que también se posicione como líder global en la 4RI, es esencial abordar proactivamente desafíos persistentes. La brecha digital, ciberseguridad, automatización e interoperabilidad requieren estrategias innovadoras y colaborativas que involucren a todos los sectores. Las políticas de formación e inclusión digital deben fortalecerse para garantizar que todos los ciudadanos accedan a las oportunidades de la economía digital.

Mirando hacia adelante, la capacidad de Chile para adaptarse y evolucionar será clave para su éxito en la 4RI. Con un compromiso continuo hacia la innovación, sostenibilidad y equidad, el país tiene el potencial de liderar con un modelo de transformación digital inclusivo y resiliente, estableciendo un estándar global en integración tecnológica y desarrollo económico.

Referencias

• Álvarez, D. (2017). Los desafios de la ciberseguridad en Chile. Revista chilena de derecho y tecnología, 6(2), 1-2. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2017.48027
• CCOO de Industria. (2019). Los Principales Retos para la Industria ante la Digitalización y el Desarrollo de la Industria 4.0. CCOO de Industria.
• CEPAL. (2023). Estrategia de transformación digital: Chile Digital 2035. CEPAL.
• Gobierno de Chile. (2019). Ley N° 21.180 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO. Gobierno de Chile.
• Gobierno de Chile. (2022). Agenda de Modernización del Estado (2022-2026). Gobierno de Chile.
• Hernández-Fuentes, A. (2022). Cooperación digital y soberanía tecnológica para cerrar la brecha digital en la cuarta revolución industrial. Oasis(36), 77-94. https://doi.org/https://doi.org/10.18601/16577558.n36.06
• Martínez, R., Palma, A., & Velásquez, A. (2020). Revolución tecnológica e inclusión social: reflexiones sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina. CEPAL.
• OIT. (2019). El futuro del trabajo que queremos: Un dialogo global. Organización Internacional del Trabajo.
• Roberts, R. (2022). Interoperabilidad: resultados a consulta a expertos. Asesoría Técnica Parlamentaria - Senado de Chile.
• Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf