Para Hans Morgenthau (1948), “la principal señal que ayuda al realismo político a encontrar su lugar a través de la política internacional es el concepto del interés, definido en términos de poder,”  por lo tanto, el interés nacional debe ser la brújula que guía a un Estado para alcanzar el bienestar y la seguridad. Para Chile, los intereses nacionales son “derechos, valores o bienes que se pretende mantener o se aspira conseguir, constituyen los propósitos que motivan y mueven al país, y el foco de atención principal de las políticas públicas” (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, 2012). En la denominada zona Indo-Pacífico ^*los intereses nacionales son principalmente económicos, pero abarcan las tres dimensiones propuestas por la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 (ENSyD), documento no oficial que descansa en el congreso, pero el más actualizado en establecer los intereses nacionales de Chile. El Libro de la Defensa Nacional 2017 (LDN), establece las áreas de misión del instrumento militar del poder nacional, siendo el área de misión defensa, la única esencial, distintiva y excluyente de las fuerzas armadas. Utilizar recursos en operaciones con alianzas en el Indo-Pacífico, se realiza en beneficio de los intereses nacionales existentes en dicha área, y contribuye, significativamente, a las tareas de la Armada derivadas del área de misión defensa, situación que debe asumirse como una inversión y no como un gasto.

Los intereses nacionales en el Indo-Pacífico son variados y, como se indicó, son principalmente de carácter económico, el sustento para la primera parte de esta afirmación se basa en la ENSyD, documento que establece los intereses nacionales agrupándolos en tres dimensiones, que son: la soberanía, la prosperidad y la seguridad, de las cuales, las que ameritan que la Armada opere en la zona Indo-Pacífico son: relacionadas con la dimensión soberanía, la ENSyD amplía el concepto de integridad territorial a la integridad de los bienes de Chile en cualquier parte del mundo, la independencia política de la que debe gozar el país en el plano internacional y la preservación de la identidad nacional; con respecto a la prosperidad, el flujo libre y seguro de bienes y servicios, por lo tanto el comercio internacional, y la satisfacción de las necesidades energéticas; y ligados a la dimensión seguridad, la protección de las personas frente a amenazas transnacionales y de los recursos del país en áreas geoestratégicas, (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, 2012). En consecuencia, un solo concepto que agrupa lo señalado, es “el buen orden del mar” tal y como lo define Geoffrey Till (2017) en su libro Sea Power, aspiración que vendría a satisfacer los intereses de Chile con respecto al área en comento.

Con respecto a la relevancia de la zona Indo-Pacífico, conforme al Indo-Pacific Strategy Report del departamento de defensa de los Estados Unidos del año 2019, el área contiene más de la mitad de la población de la tierra; siete de los diez ejércitos más grandes del mundo y seis de los nueve países que poseen armas nucleares; contiene los diez puertos marítimos más concurridos del mundo y, el 60% del tráfico global del comercio marítimo pasa por la zona (Department of Defense U.S.A., 2019). Para Chile, la zona Indo-Pacífico representa más del 50% del comercio exterior nacional (Informe anual Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 2019), y de éste, el 94% es vía marítima (Portal Portuario, 2020), factor relevante para la Armada, expresión del Estado de Chile en el mar. Chile, dada su política de libre mercado, depende integralmente de su capacidad de interactuar con el mundo globalizado y el Indo-Pacífico es hoy el mayor hub comercial del orbe, motivo por el cual, es de simple deducción que el interés principal de Chile, dice relación con el factor económico y comercial.

Formar parte de alianzas comerciales conlleva vínculos más allá de lo puramente económico, implica, entre otros aspectos, desafíos en las áreas de seguridad y defensa, prueba de ello es la “Estrategia de seguridad consolidada APEC,” que apunta a la seguridad de las cadenas de suministros y de la infraestructura, (Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, 2019) y la membresía como socio permanente en el Western Pacific Naval Symposium, foro relacionado con la seguridad marítima del Asia-Pacífico, en el que participan la mayoría de las marinas ribereñas, al que además se sumó India, antes de que se hiciera popular el concepto Indo-Pacífico. Sumado a lo anterior, el LDN indica que los esfuerzos de cooperación en materias de seguridad y defensa en el Pacífico, se deben orientar hacia una cooperación balanceada y sostenible con los países e instituciones de seguridad cooperativa de la región, cumplir los acuerdos regionales destinados a reaccionar ante desastres naturales y proveer seguridad al comercio internacional, enmarcado en el derecho internacional (Libro de la Defensa Nacional, 2017). Los aspectos señalados, validan y sustentan la presencia del instrumento militar del poder nacional de Chile, representado por la Armada, en la forma de operaciones navales junto a alianzas de seguridad cooperativa en el área Indo-Pacífico.

La importancia de la seguridad cooperativa en el área dice relación con las amenazas y riesgos existentes, tales como, la permanente tensión en la península coreana, Estados con institucionalidad política débil, la piratería en áreas de confluencia, el cambio climático, el incremento del nivel del mar (que arriesga la desaparición de pequeños Estados-isla), la pesca ilegal, el narcotráfico, el terrorismo internacional y los desastres naturales. Pero la preocupación de hoy, son los problemas derivados de reclamaciones marítimo-territoriales (Burgos, 2014). La República Popular China, con una interpretación propia de la Convención del Mar (Reglamento sobre plataforma continental ampliada), y aduciendo derechos históricos, se adueñó de islas e islotes en el mar del sur de China y mar de la China Oriental, que la mantienen en disputa con prácticamente la totalidad de los Estados ribereños de la región (Guzmán, 2020), sumado a la preocupación de todos aquellos países del mundo que podrían ver afectadas sus comunicaciones marítimas por el derecho a la libre navegación. Hechos como éste, de no cumplimiento del derecho internacional, dan relevancia a las alianzas de seguridad cooperativa. Para Estados Unidos, Indo-Pacífico es el teatro prioritario de su Departamento de Defensa (Department of Defense U.S.A., 2019), y su interés es mantener un Indo-Pacífico libre y abierto, condición que no solo requiere y comparte Chile, sino también, lo llama a participar de su cumplimiento, para ser consistente con respecto a las normas internacionales aceptadas y validadas por el derecho internacional. Visión similar tienen Japón y Australia, países que actualizaron recientemente sus respectivas políticas de defensa, orientadas al Indo-Pacifico libre y abierto. El LDN, basado en los intereses nacionales y las áreas de misión, define las áreas de interés de la defensa nacional,^*porque ellas inciden en el análisis del entorno sobre el que se funda la planificación de la defensa. Es así como la promoción de la paz global y la participación en regímenes internacionales de seguridad, son áreas de interés para el instrumento militar del poder nacional (Libro de la Defensa Nacional, 2017).

Sin necesariamente incluir a Chile en el concepto Indo-Pacífico, el Estado debe ser consciente de que sus intereses como país si lo están, ergo, la realidad política que viven los vecinos ribereños y las alianzas que están en marcha, deben ser parte de sus preocupaciones, lo que validaría la participación de la Armada en operaciones con las alianzas que tengan como finalidad la protección o seguridad cooperativa de los intereses nacionales comunes entre Estados en la zona (Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, 2019). Prueba de lo anterior, es que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en junio de 2019, concedió a Chile el estatus de socio de desarrollo, siendo el segundo país en el mundo, después de Alemania, en obtener esta relación con el bloque, ante lo cual el país debió firmar su compromiso de contribuir a la mantención de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, y a la promoción de una mayor integración internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, 2019).

El Estado, debe articular bien sus instrumentos del poder nacional para lograr cumplir con sus intereses nacionales y, en este sentido, a la Armada, como parte del instrumento militar del poder nacional, le concierne participar en operaciones navales con alianzas en el Indo-Pacífico, actividad que sin duda es fácil encasillarla en el área de misión cooperación internacional, ya que esta área abarca todas las misiones ejecutadas en el ámbito internacional, en virtud de compromisos de seguridad internacional asumidos por el país, conforme a sus intereses nacionales, (Libro de la Defensa Nacional, 2017); al área de misión seguridad de los intereses marítimos, como una forma de protección a las comunicaciones marítimas; al área de misión contribución al desarrollo nacional, por el hecho de contribuir a proteger el comercio nacional; y al área de misión protección civil, por lo que implicaría proteger las dotaciones de buques mercantes ante un eventual ataque pirata. Pero todo lo anterior en ningún caso es en desmedro del área de misión defensa.

El área de misión defensa, razón de ser de las fuerzas armadas, conforme con lo que establece el LDN y, en lo relacionado a los intereses nacionales en el Indo-Pacífico, agrupa las misiones destinadas a prevenir y disuadir el uso de la fuerza militar contra el país o a rechazar agresiones y actos hostiles sobre los recursos y bienes y la protección de los intereses nacionales, considera también la protección de nacionales que enfrenten situaciones de peligro en el extranjero (Libro de la Defensa Nacional, 2017). Otro factor relevante para el área de misión defensa, es la capacidad que debe tener la Armada de asegurar el uso del mar en beneficio del país, lo que implica proteger las comunicaciones marítimas en caso de conflicto, tarea que no necesariamente se ejecutará en cercanías del territorio nacional, sino en cualquier parte donde se requiera, situación que no responde a una planificación trivial y que requiere algún grado de experiencia lograda en la paz. Lo fundamental del área de misión defensa es lograr una disuasión creíble, y el hecho de contar con una marina con la capacidad de interoperar con alianzas internacionales donde los intereses de la nación lo demanden, es, en sí mismo, un acto disuasivo por todo lo que lleva consigo una operación naval combinada en ultramar. Esto no necesariamente implica que sea económicamente conveniente, dado que, tal como lo señala Geoffrey Till (2007), “Nunca habrá una marina suficientemente grande para lidiar con las tareas que le toca cumplir.” palabras que cobran especial relevancia en un escenario como el actual. Otro aspecto relevante es que para una marina mediana, como la Armada de Chile, le resultaría prácticamente imposible llevar a cabo una operación de este tipo de forma independiente, al carecer de una posición estratégica en el área y, a nivel táctico, resultaría complejo el disponibilizar, además, una fragata y un buque petrolero para una operación de esta índole, por lo que la participación en alianzas tanto bilaterales como multilaterales, cobra una relevancia fundamental y un ahorro en términos de recursos, al dividirse el trabajo entre varios Estados, principio de las alianzas de seguridad cooperativas.

El gastar en defensa se relaciona con la necesidad de garantizar una paz sostenible y los beneficios de los gastos asociados a la defensa, se traducen en mayor estabilidad política y social, por ende, crecimiento económico y mayor bienestar, lo que incentiva, por ejemplo, la inversión privada a largo plazo. En economía se denomina externalidades a los efectos de las acciones que emprenden los agentes económicos, y que no son captados por quienes emprenden la acción, sino por otros o por la sociedad en su conjunto. El argumento de externalidades aplicado a la defensa es una razón más para financiarla. La relación paz-crecimiento-bienestar, constituye una externalidad positiva que debe ser considerada en conexión con los costos de mantener fuerzas armadas. Es por esto que la defensa debe asumirse como una inversión en seguridad, es decir, como un seguro para garantizar los intereses de la nación frente a amenazas externas, de este modo, se posibilita, de mejor forma, el desarrollo de actividades productivas y de inversión en condiciones de relativa certidumbre, permitiendo a los ciudadanos su desarrollo personal, social y político en un contexto de amenazas externas controladas (Red de seguridad y defensa de América Latina, Análisis del Libro de la Defensa Nacional de Chile. Recursos para la defensa, 2012).

A pesar de los argumentos anteriormente señalados, se podría suponer que la Armada debiera focalizar su esfuerzo operativo y colaborativo en el ámbito vecinal, dado que el énfasis de los objetivos nacionales de la Cancillería, dicen relación con la seguridad colaborativa e integración con los países vecinos y el ámbito regional, (Ministerio de Relaciones Exteriores: Misión, objetivos y valores, 2020). Además, es un hecho que la denominada operación Centauro, de la FF Blanco el año recién pasado, que sufrió variaciones por el escenario de la pandemia, no se gestó como una iniciativa propia, dados los intereses nacionales, sino que fue la respuesta a una invitación cursada por la Armada de Estados Unidos, entre otros motivos, por la  estatura estratégica^* lograda con el desempeño acumulativo desde que la Armada participa en el ejercicio RIMPAC y, especialmente, por lo realizado en la conducción del componente marítimo durante su versión 2018. Sin embargo, se deben considerar los siguientes aspectos relevantes: La sola invitación es indicativo de implicancia, y que la respuesta haya sido positiva, fue porque Chile si tiene intereses nacionales en el Indo-Pacífico; el aporte del sector defensa a la política exterior del Estado es parte de la misión de la Armada y la participación en el sistema global multilateral, en base a la cooperación en el ámbito de la seguridad, conforme al derecho internacional, también es un objetivo de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores: Misión, objetivos y valores, 2020); dada la condición geográfica esencial insular de Chile, sumado a los compromisos SAR adquiridos, se debe entender como vecinos no sólo a los países con los que se tiene frontera terrestre, sino también marítima, es decir Chile limita al Oeste con Australia, Nueva Zelandia y Francia, países insertos en el Indo-Pacífico; tal como se expuso precedentemente, para una operación de esta naturaleza las alianzas son fundamentales, en especial para un país como Chile, por lo que operar como partner de la Armada de Estados Unidos es la forma más conveniente de poder hacerlo; pero el aspecto más trascendental, a juicio del autor, dice relación con la capacidad y la voluntad de ejecutar una operación de este tipo, dado que estos factores inciden directamente en la disuasión creíble que debe realizar la Armada en tiempo de paz, como contribución esencial a la dimensión soberanía del área de misión defensa y, con esto, a los intereses nacionales.

Analizados los intereses nacionales de Chile propuestos por la ENSyD 2012, es que se puede afirmar que estos sí están presentes en la denominada zona Indo-Pacífico, y los hay en las tres dimensiones en los que dicho documento los agrupa, y que, además, son consecuentes con el concepto “buen orden del mar” propuesto por G. Till en su obra Sea Power. Lo relevante de la zona Indo-Pacífico para Chile, dice relación principalmente con la dependencia económica que tiene el país del mayor centro comercial mundial y, en particular para la Armada, con la dependencia de este comercio del transporte marítimo, es decir, de las comunicaciones marítimas. La ENSyD 2012, El LDN 2017 y el Ministerio de Relaciones Exteriores señalan la prioridad que debe tener para el país el participar de la seguridad cooperativa en distintas áreas de interés para hacer cumplir el derecho internacional y mitigar los riesgos. Asimismo, esta situación es concordante y subyace a los compromisos que se adquieren al firmar tratados comerciales. Lo anterior, es el fundamento que sustenta una operación naval en el Indo-Pacífico, aportando con el instrumento militar del poder nacional, en aras de los intereses nacionales. Una operación naval en ultramar es intrínsecamente disuasiva e indicador de intención y capacidades, por lo que contribuye directamente al área de misión defensa, aportando además significativamente a las áreas de misión de cooperación internacional, contribución al desarrollo y protección de los intereses marítimos. Los gastos en defensa y seguridad deben ser asumidos como un seguro, es decir, como una inversión y no como un gasto, dado que el tener un país seguro, con fuerzas armadas capaces de mantener su integridad y soberanía, contribuye al desarrollo de las personas como individuos, a la sociedad y al país, cadena de hechos relevantes, que a modo de círculo virtuoso, lleva a la idea con la que se inició el presente trabajo: “la principal señal que ayuda al realismo político a encontrar su lugar a través de la política internacional es el concepto del interés, definido en términos de poder” (Morgenthau, 1948).

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BIBLIOGRAFÍA

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