El año 1961 entró en vigor el Tratado Antártico al que Chile adhirió libre y soberanamente, consintiendo, así, en limitar el ejercicio de sus derechos en un territorio sobre el que tiene claros y firmes títulos. Los actuales escenarios de la humanidad hacen urgente preocuparnos por ese territorio. Pero para comprender la problemática antártica, lo primero es derribar algunos mitos: El tratado no tiene vigencia definida. No vence a los 30 años ni en 2048. El tratado puede revisarse o incluso derogarse en cualquier momento, pero para eso requiere el voto unánime de sus miembros consultivos. A partir de los 30 años de su entrada en vigor, es decir, desde 1991, cualquier miembro consultivo puede citar a una conferencia especial de revisión, cuyas propuestas se aprobarían por simple mayoría. Ningún Estado miembro ha solicitado esa conferencia hasta ahora. En cuanto al protocolo de protección medioambiental, sigue una lógica parecida, aunque algo más estricta, con una moratoria de 50 años a partir de su entrada en vigor en 1998. Esto significa que el año 2048 podrá efectuarse una conferencia de revisión, con aprobación por mayoría relativa. En todo caso, nada impide que cualquier miembro, en uso de su voluntad soberana, se retire del tratado cuando sus intereses así lo aconsejen. 
El segundo mito dice relación con la soberanía: Chile y el resto de los países reclamantes, no han conculcado, extinguido o anulado sus derechos soberanos. Ni siquiera los han congelado como suele referirse. El Tratado Antártico impone un statu quo que, bajo la fórmula escudero, fue diseñado como una moratoria y no como una extinción. De hecho, nada en el tratado antártico impide el ejercicio de soberanía. Lo que si hace es limitar dicho ejercicio a tal punto que lo minimiza frente a otros Estados. Esto, que parece un contrasentido, no lo es en absoluto, y todos los Estados reclamantes realizan constantemente estos ejercicios de soberanía. De esta manera, los actos administrativos del Estado de Chile respecto de la Antártica son expresiones de derechos soberanos; entre muchos otros, incluir el territorio chileno antártico en mapas oficiales y en la en la división territorial administrativa de la República y, por supuesto, la presencia permanente, desde 1947, del Estado de Chile en esa región a través de las bases de las FF.AA. y del INACH. En su libro Crisis, Como reaccionan los países en momentos decisivos(2019), Jared Diamond identifica cuatro problemáticas que tienen el potencial de causar daño a nivel global. De ellas, dos se relacionan directamente con la Antártica: El cambio climático y el agotamiento de los recursos. Los efectos del crecimiento socioeconómico del planeta, que genera un aumento en el consumo, sumado al calentamiento global que abre rutas en los polos que eran inviables, generarán inevitablemente las condiciones que pueden llegar a fracturar el, hasta ahora, sólido statu quo antártico. No prever los efectos de estos cambios y descansar sobre la estructura de un tratado diseñado bajo premisas geopolíticas del siglo pasado, puede dejar a la Antártica expuesta a ser el botín del más fuerte. La velocidad con que se modifican los actuales escenarios genera la urgencia por diseñar y adoptar estrategias que resguarden los intereses nacionales y validen los indiscutibles derechos de Chile en esa región. En este sentido, es imprescindible reforzar la conciencia de pertenencia, no sólo en nuestra población, donde ese sentimiento parece estar bien arraigado, sino especialmente en funcionarios responsables, donde la acción coordinada y eficazmente guiada, potencia la presencia del Estado y la capacidad de influir y liderar en el sistema antártico. Para esto es importante contar con un estatuto antártico, el que espera ser aprobado en el Congreso Nacional. Este creciente interés internacional por la Antártica genera una competencia que no podemos perder. Es urgente abordar los proyectos de largo plazo, tales como la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Magallanes para brindar el servicio logístico a los operadores antárticos, en cantidad y calidad, acorde con nuestra intención de ser el país puente a esa región. Asimismo, concretar la infraestructura de apoyo a la labor científica en Punta Arenas y Puerto Williams; promover el turismo antártico y subantártico desde la región de magallanes, y completar la conectividad austral hasta la ciudad de Puerto Williams y Bahía Nassau; pero, sobre todo, potenciar los instrumentos de poder que permitan defender nuestra herencia frente a las ambiciones de potencias mayores y medianas que amenazan la Pax Antártica y con ello nuestros intereses. Proteger el territorio antártico chileno como parte integral de la República es un asunto de poder y oportunidad. Para identificar la oportunidad se requiere conocimiento y convicción. En cuanto al poder, este tiene distintas fuentes. Para una potencia de tamaño medio como la nuestra, es fundamental que estas fuentes actúen coordinadamente, para lo cual también se requiere una guía y una meta claramente identificadas. Es importante tener en cuenta que nada en el Tratado Antártico impide que las partes con reclamaciones litigiosas puedan continuar negociando sus respectivas jurisdicciones superpuestas, cual es el caso de Chile, Argentina y Reino Unido, lo que permitiría un mutuo reconocimiento de sus respectivas jurisdicciones, favoreciendo una postura común entre los siete Estados reclamantes, que permita una mejor defensa de sus intereses frente a otros actores internacionales que, en mayor o menor medida, buscan cambiar el actual modus vivendi, en perjuicio de nuestra soberanía. La Antártica chilena es de todos los chilenos. Es nuestro deber saber y reconocer la Antártica como parte de nuestra herencia, la que nos fue legada por sólidos instrumentos del derecho internacional. Esto debe estar grabado en la conciencia de todos nosotros, pero, especialmente, entre quienes deben tomar decisiones: el Tratado Antártico o ningún otro instrumento jurídico, anula la soberanía y los derechos que asisten a Chile sobre su territorio antártico.