El año recién pasado, nuestro país celebró un nuevo aniversario patrio, enterando 213 años de vida independiente. No es casualidad que los orígenes del Ejército y de la Armada se remonten a los albores de nuestra nación, pues el General don José Miguel Carrera y el General don Bernardo O´Higgins, los padres de la patria, temprano comprendieron la importancia de contar con fuerzas terrestres y navales que les permitiesen asegurar la emancipación del monarca español y la independencia política del naciente país. El tiempo les daría la razón, pues esas incipientes fuerzas militares permitirían vencer al poderío español y así conquistar nuestra independencia, contribuyendo además a la liberación de países vecinos, lo cual ha quedado consignado en los anales de la historia sudamericana.

Por ello, no fue casualidad que la historia patria en el siglo XIX estuviese marcada por conflictos que sirvieron para comprender la importancia de mantener un adecuado nivel de alistamiento y disponibilidad de nuestras fuerzas militares. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España y la guerra del Pacífico, marcaron nuestra identidad nacional. Basta recordar la victoria de Yungay, el 20 de enero de 1839 (que aseguró el triunfo chileno sobre las fuerzas de la Confederación), y el orgullo plasmado en las líneas del himno que surgió después de esa batalla, considerado por décadas un segundo himno nacional. Tampoco fue casualidad que, por no contar con una fuerza naval en condiciones de enfrentar a la flota adversaria, sufriésemos el bombardeo del puerto de Valparaíso en 1866, en el marco de la guerra contra España. “Dolorosa fue la enseñanza: considerablemente superiores fueron las pérdidas fiscales sufridas en el bombardeo, que lo que habría costado su defensa i (sic) un poder naval capaz de hacer respetar al país” (Langlois, 1914).

Esa preocupación por la disponibilidad y alistamiento de las FF.AA. siguió vigente en el siglo XX, cuando estuvimos ad-portas de dos conflictos con nuestros vecinos: los años 1975 (Perú) y 1978 (Argentina). En el primer caso, el afán de recuperación de Arica y la provincia de Tarapacá antes del centenario de la guerra del Pacífico, junto con influencias soviéticas en plena Guerra Fría, llevaron al presidente peruano Velasco Alvarado a prepararse para una invasión en el norte chileno, la cual no se realizó única y exclusivamente porque el gobernante sufrió un golpe de estado que lo sacó del poder meses antes de materializar sus planes de conquista en 1975.

Tan solo unos años después, y luego de varios más de diferendo limítrofe con Argentina por la zona general del canal Beagle y el mar Austral, la corona británica había entregado en mayo de 1977 el laudo arbitral a favor de Chile, indicando que se reconocía el derecho del país en el canal Beagle y su soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox, provocando el malestar argentino. En diciembre de 1978, las fuerzas militares de ambos países se encontraban en una situación crítica de guerra inminente, tras infructuosos esfuerzos chilenos por distender la crisis con Argentina, lo cual solo pudo ser evitado gracias a la intervención de su santidad el papa Juan Pablo II, quien, a través de su enviado especial, el cardenal Antonio Samoré, propició negociaciones de paz que concluyeron con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA). Si bien la firme postura de Chile fue siempre buscar una solución pacífica al diferendo, empleando todos los medios políticos, jurídicos y diplomáticos para defender su justa posición, el desarrollo de la crisis nunca es unilateral, sino que depende de todos los afectados, siendo Argentina en esa ocasión la que escaló la crisis hasta el límite, por lo cual hoy se recuerda ese período como “la guerra que no fue”.

En resumen, en la bicentenaria historia de Chile, ha estado presente un factor común muy relevante para el devenir del país conocido como “disuasión”. Como lo indica la Política de Defensa Nacional: “En las últimas décadas, se ha logrado el efecto de disuasión respecto al empleo o la amenaza del uso de la fuerza como método para resolver conflictos interestatales, permitiendo optar por mecanismos de solución pacífica de controversias con los países vecinos, lo que viene a confirmar el valor de la inversión en Defensa que realiza Chile y su contribución a la paz y el desarrollo” (MDN, 2020).

La disuasión, básicamente, es definida como el efecto psicológico producido en la mente de un adversario que lo obliga a renunciar a sus propósitos mediante la amenaza de represalias, más perjudiciales que los beneficios que lograría como fruto de una agresión en contra de los propios intereses. Es esta disuasión la que, a veces de manera inconsciente y otras muchas con plena consciencia de su profundo valor, ha contribuido a que nuestro país haya gozado de una paz prolongada y no exenta de controversias con otros países desde la guerra del Pacífico hasta nuestros días. Para generar el efecto psicológico buscado, requiere de tres elementos que la conviertan en realidad incuestionable: voluntad política de empleo de la fuerza, capacidades militares creíbles y una comunicación estratégica efectiva, a los que llamaremos el “triángulo de la disuasión militar”:

Para alcanzar un efecto disuasivo, si no existe la voluntad política para su empleo, el contar con fuerzas militares profesionales, con un alto grado de alistamiento y con capacidades estratégicas comprobadas, no bastaría para generar la sensación de amenaza en un potencial adversario. Junto a lo anterior, una vez lograda la condición deseada de la fuerza militar, el efecto disuasivo en la mente del adversario se produce, si y solo si, esa condición es internalizada en la mente del receptor. De manera permanente, la comunicación estratégica con un fuerte alcance internacional es fundamental para un país y forma parte de las operaciones que se realizan en el dominio de la información, una de las dimensiones en las que se libra un conflicto.

En cuanto al desarrollo de las capacidades militares de las FF.AA., si bien la Política de Defensa establece cinco áreas de misión (MDN, 2020), el área de “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial” históricamente es la principal para la seguridad exterior del país. Por eso sorprende que, desde hace algunos años, en un sector de la comunidad nacional de defensa, se ha ido incubando la idea de que las FF.AA. debiesen incluir en los proyectos de desarrollo de las capacidades estratégicas los conceptos de “polivalencia” de los medios y “polifuncionalidad” del personal militar, para satisfacer las necesidades de las otras áreas de misión, lo cual representa un factor secundario para las definiciones, que tienen como eje principal el alcanzar la mejor condición posible para enfrentar un eventual empleo del potencial bélico en defensa de los intereses nacionales, correspondiendo esto al máximo nivel de esfuerzo esperado. En todo caso, el estar preparadas para su máxima exigencia (conflicto bélico de alta intensidad) permite a las fuerzas militares apoyar la labor del Estado en las otras cuatro áreas de misión definidas en la Política de Defensa Nacional, siguiendo el viejo adagio de que “quien puede lo más, puede lo menos”.

Dada la relevancia de mantener una disuasión creíble dentro del contexto regional, junto con un alto grado de comprensión de la situación político-estratégica vecinal, el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto y las FF.AA., desarrollan en forma continua y conjunta una serie de procesos de planificación que, sumados a los esfuerzos de cada institución en forma individual, aseguran la actualización y disponibilidad de las capacidades estratégicas de las fuerzas militares, en las dimensiones terrestre, marítima, aeroespacial, cibernética y de la información.

Por otra parte, además del permanente apoyo al Estado por parte de las capacidades de las FF.AA. durante emergencias y catástrofes, se han agregado en forma excepcional tareas de apoyo al control del orden y seguridad pública, protección de infraestructura crítica y resguardo de zonas fronterizas, en el marco de las áreas de misión de “Seguridad e Intereses territoriales”, “Emergencia Nacional y Protección Civil” y “Contribución al Desarrollo y a la Acción del Estado”, por prolongados períodos de tiempo, que superan actualmente los 480 días en la Macrozona Sur (Decreto N°189 del 16 de mayo de 2022, de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en provincias de Biobío y Arauco y Región de la Araucanía) y los 200 días en la Macrozona Norte (Decreto N°78 de 21 de febrero de 2023, de resguardo de Zonas Fronterizas en regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta). Otro largo período de participación de las FF.AA. en este tipo de situaciones fueron los más de 20 meses de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, a raíz de la pandemia de COVID-19, el cual exigió la máxima disponibilidad de las capacidades militares, en el área de la sanidad con el apoyo permanente de los sistemas de salud institucionales y sus hospitales, y en tareas de fiscalización de cumplimiento de las medidas de orden y seguridad pública establecidas por la norma sanitaria de emergencia.

Considerando los antecedentes expuestos, el creciente aumento en los últimos años de la demanda de empleo de las FF.AA. en áreas diferentes a la “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial” (misión principal), ha afectado el alistamiento y preparación de las fuerzas militares, disminuyendo el valor de este factor en la ecuación final de la disuasión nacional. 

Es por ello que, como una forma de mitigar este efecto no deseado, y sabiendo que existen circunstancias en las que las capacidades militares son las únicas herramientas del Estado que pueden contribuir a resguardar el bienestar de nuestros compatriotas (Chaitén en 2008, por ejemplo), es preciso reforzar la relevancia del concepto original de defensa nacional, como un objetivo que se expresa mediante la adecuada disponibilidad y alistamiento de las capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, para cumplir las misiones que les son asignadas en la Planificación Estratégica o de conflicto (crisis internacional y empleo del potencial bélico).

En algunos casos, potenciar estructuralmente los servicios estatales que lideran la respuesta del país ante una determinada circunstancia, contribuiría a racionalizar la demanda actual sobre las FF.AA. en tareas distintas a la defensa. Instituciones como Carabineros, Policía de Investigaciones, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que tiene como visión “al 2030, poseer una institucionalidad y servicio robusto, que permita establecer la Reducción del Riesgo de Desastres como prioridad nacional, fomentando una cultura preventiva para contribuir al desarrollo sostenible"¹, podrían contar con capacidades muy superiores a las actuales que les permitieran hacer frente en mejor forma a este tipo de emergencias, que seguirán ocurriendo en el futuro.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, existe un sector de la comunidad nacional de defensa que se contrapone al planteamiento aquí presentado sobre la preeminencia real del área de misión “Defensa”. Su discurso establece que la guerra ya no es un tema de preocupación en un mundo globalizado como en el que vivimos, con amenazas muy diferentes de las convencionales, tales como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el terrorismo, las migraciones sin control ni regulación, entre las más peligrosas, para las que debiesen crearse “zonas de paz” entre los países vecinos, los cuales podrían así enfrentarlas en unión de esfuerzo, considerando a las FF.AA. como un instrumento poco eficaz para tales efectos, lo que les hace desechar cualquier posibilidad de conflicto entre “estados hermanos”. Una posición en este sentido es más bien peligrosa, pues expone al país al riesgo intrínseco de dejar a sus FF.AA. en condición de irrelevantes en el área de misión “Defensa”, pues recuperar capacidades militares degradadas por falta de presupuesto o por carencia de previsión en su empleo en operaciones militares distintas de la guerra (como las incluidas en asistencia humanitaria y alivio ante catástrofes, HA-DR ), tomaría años o décadas, afectando también las otras áreas en las cuales ellas se desempeñan. Esto hace poco aconsejable que, una vez logradas, estas capacidades se degraden, como ha quedado de manifiesto especialmente en años recientes y a lo largo de toda la historia nacional, considerando además que las FF.AA. seguirán siendo la columna vertebral de la acción del Estado frente a contingencias excepcionales (mayormente catástrofes naturales), dadas sus cualidades de despliegue territorial, flexibilidad, movilidad y mando y control.

Sin embargo, en contraposición a quienes de forma idealista se oponen a la existencia de la guerra convencional, en los hechos ésta sigue existiendo. Un ejemplo patente de ello es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, o también conocido por los rusos con el eufemismo de “operación militar especial”, que en esta ocasión ha estado acompañada por un sinnúmero de nuevos elementos (nuevas formas de ciberataques, diferentes tipos de drones aéreos y navales, munición del tipo merodeadora, misiles termobáricos, entre otros), que han hecho de este conflicto entre países hermanos, un verdadero laboratorio de ensayo para nuevas armas.

Por esta razón, dada nuestra realidad regional, debemos siempre recordar que la principal misión de nuestras Fuerzas Armadas, su razón de ser y su rol esencial, es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de Chile, la cual se materializa generando y manteniendo capacidades estratégicas creíbles, cuyo producto más importante es contribuir a la disuasión de potenciales adversarios y permitir el resguardo de los objetivos políticos del país en forma permanente, generando las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de Chile y su población, objetivo invaluable para las generaciones que nos han de suceder.

Bibliografía

1. Langlois, L. (1914). La influencia del Poder Naval en la historia de Chile, desde 1810 a 1910. Valparaíso: Imprenta de la Armada.
2. Nacional, M. d. (2020). Política de Defensa Nacional de Chile. Santiago: Ministerio de Defensa Nacional.