El autor realiza un acabado análisis de los planteamientos del libro de José Rodríguez acerca las relaciones entre los militares y la sociedad civil -en especial el estamento político- en Chile durante los últimos 53 años. El trabajo sintetiza en forma muy clara los enfoques de los distintos gobiernos para enfrentar la realidad cívico-militar, y despliega los argumentos con que Rodríguez Elizondo determina los momentos claves y puntos de inflexión de la citada relación. Al final, expone su propia perspectiva, avalado por su experiencia de haber ejercido hacia el final del período el mando superior de la Armada.
Don José Rodríguez Elizondo, es un personaje multifacético. Además de abogado y periodista, ha sido embajador, académico y prolífero escritor; es una de las personas que más conoce nuestras relaciones con el Perú, país donde residió por varios años. Es un hombre de izquierda, que estuvo exiliado durante el gobierno militar y, sin embargo, ha sido capaz de escribir este libro que no hace concesiones a la izquierda ni al gobierno militar. Es un grito en el desierto, que clama por un buen entendimiento entre los militares y la civilidad, o más bien, entre las FF. AA y ciertos grupos políticos de la izquierda no renovada.
El libro que comentamos está organizado en siete capítulos, que el autor prefiere llamar partes, quizás para evitar tener que someterse a una rígida secuencialidad. Daré un rápido vistazo a cada una de las partes, deteniéndome en aquellos aspectos que, a mi juicio, son más relevantes.
En la primera parte, titulada: “La Ruptura”, se analiza la relación civil-militar (RCM) en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende.
Eduardo Frei Montalva marca el fin de una etapa. En ese período estuvo vigente la política de “los militares en sus cuarteles”. Este eufemismo legalista se rompió brusca y sorpresivamente con la subversión del general Roberto Viaux, conocida como el ‘tacnazo’, ocurrida el 09 de octubre de 1969. Sin embargo, pese al susto, se siguió privilegiando la ficción jurídica de la no deliberación de los militares.
Otro problema que enfrentó Frei fue el potente atractivo que generó la revolución cubana dentro de su propio partido, del que terminó escindiéndose el MAPU y la Izquierda Cristiana. En esa época se iniciaron las acciones violentas y antisistémicas para crear las condiciones que permitieran pasar a la lucha armada. La reacción secreta del mandatario fue ordenar a las FF. AA que se prepararan para enfrentar los nuevos métodos de subversión del orden público, lo que obviamente incidió en sus programas de formación profesional.
Salvador Allende optó por incorporar a las FF. AA. en tareas políticas y de desarrollo, respetando su verticalidad de mando. Sin embargo, esa apertura contrastaba con su participación en la internacional castrista Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), y con su tácito apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que no ocultaba sus esfuerzos por promover la revolución y por infiltrar a las FF. AA. Muchos de sus guardias personales (GAP) integraban el MIR. El resultado fue que la relación de Allende con los militares fue compleja.
Durante su gobierno el escenario político se radicalizó; desde ya, su propio partido claramente optó por la revolución. Respecto de las FF. AA., la izquierda marxista manejaba tres grandes líneas: 1) deshacerse de los oficiales superiores, por ser instrumentos de represión de la burguesía; 2) ganarse a la tropa y parte de la oficialidad joven, para inducir un enfrentamiento victorioso; y 3) una vez dividido el ejército clasista, construir el ejército del pueblo. En este ambiente revolucionario solo el partido Comunista intentaba imponer una cuota de sensatez, aunque sin éxito.
Fidel Castro jugó un papel decisivo en el ambiente revolucionario chileno. Hoy se sabe casi todo sobre la intervención de los EE. UU., pero sabemos muy poco sobre la intervención de Cuba, antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular. Se ignora que, para Fidel Castro, Chile era “la prostituta del imperialismo” y Frei Montalva era un cobarde, mentiroso y pobre burgués. Castro también intentó socavar por dentro el proyecto allendista de la “revolución en libertad”. Su visita a Chile que se prolongó por 24 días fue catastrófica. Solo exacerbó las diferencias internas, alentó a las izquierdas extrasistémicas e impulsó la deliberación entre los militares.
A mediados de 1973, en un clima imposible de gobernabilidad, el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, manifestaba su resignación ante un eventual golpe de Estado; y con mayor convicción lo hacía el expresidente Frei Montalva, presidente del senado. Ambos confiaban en que los militares repondrían el Estado en forma en un período de tres años y luego retornarían a sus cuarteles .
En la segunda parte, titulada: “Dictadura” el autor no ahorra calificativos para mostrar su rechazo al general Augusto Pinochet, al que califica como un simulador experto y altamente ideologizado. Además de la defenestración del general Gustavo Leigh Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el libro relata cómo Pinochet, el 16 de mayo de 1978, de modo temerario, considerando las amenazas vecinales de Perú y Argentina, (Pinochet) dejó de ser primus inter pares, consolidándose como primus absoluto. Sus colegas de la Junta pasaron a desempeñar el rol de legisladores. Pinochet impuso la política de no deliberación de los militares; solo podían hacerlo los comandantes en jefe.
Exceptuando la guerra del Pacífico, dice Rodríguez Elizondo, el balance de la política vecinal de Pinochet, en la década de 1970, muestra a Chile en el período más peligroso de su historia republicana: globalmente aislado y con dificultades para acceder a los mercados de armas. Estuvimos cerca de la temida hipótesis V-3, es decir, un conflicto simultáneo con nuestros tres vecinos.
Fue entonces que Pinochet comenzó a negociar los Acuerdos de Charaña con el mandatario boliviano, Hugo Banzer, intentando descomprimir la frontera Norte. Por el Sur estuvimos a punto de una guerra total con Argentina, por el diferendo del Beagle.
El autor se pregunta cómo pudo Chile evitar un conflicto armado en tan difícil escenario. Si bien reconoce el manejo de la crisis por parte de Pinochet, no le otorga mayor crédito, pues la paz vecinal se habría logrado por la convergencia irrepetible de varias circunstancias; entre ellas, 1) la enfermedad y remoción del general Velasco Alvarado, en el Perú, y su reemplazo por el general Morales Bermúdez; 2) la intervención mediadora del papa Juan Pablo II; y 3) la capacidad disuasiva de nuestras FF. AA. Esto último habría sido lo más importante y decisivo.
La tercera parte, titulada “Izquierdas”, muestra la renovación socialista y el dilema de los comunistas que, de la mano de Fidel Castro, terminaron desechando la vía pacífica.
Después del golpe militar, muchos intelectuales de izquierda en el exilio, comprendieron que había que abrirse al diálogo con los oficiales que quisieran hacerlo. Si bien se rechazaba la impunidad de los violadores de los derechos humanos, no se buscaba la venganza sino un debido proceso. Lideró esta apertura a dialogar y coexistir con los militares chilenos, nada menos que Carlos Altamirano, el mismo que durante el gobierno de Allende convocaba al “enfrentamiento armado inevitable.”
Parte del material elaborado desde esta visión fue acogido por los militares, aunque también hubo réplicas y posiciones negativas. Lo más notable es que algunos de los conceptos que entonces manejaba la izquierda renovada calaron en el subconsciente de los uniformados, y hoy son parte de la Ordenanza General del Ejército.
Por su parte, el partido Comunista se alineó con Moscú. Respaldaron sin vacilaciones la intervención soviética en Afganistán, que el jerarca ruso, Brezhnev, justificó invocando la tragedia de Chile; tampoco levantaron la voz cuando se recurrió a la misma coartada para atacar al polaco Lech Walesa, líder del movimiento Solidaridad. Con todo, el PC nunca consideró un choque frontal con las FF. AA.; siempre buscó aproximarse a los soldados y clases, incluso a los oficiales no comprometidos con el fascismo. Por tanto, se oponía al antimilitarismo congénito del MIR.
Sin embargo, Fidel Castro, siempre atento a los avatares de Chile, no compartía esta política absolutamente tibia de los comunistas. Decidió tentarlos con una oferta estratégica. En vez de guerrilleros con precaria formación militar, él los ayudaría a construir un ejército de verdad, con revolucionarios con formación militar. La lucha armada era inevitable, pero debía hacerse con soldados debidamente entrenados. Fidel Castro, maestro de la manipulación, logró que el PC chileno diera un paso extrañísimo: “Permitir que otros dirigentes, con otros objetivos y en otros países, le formara los cuadros militares ’propios.”
El PC chileno creyó posible iniciar una política militar con base en un contingente de jóvenes comunistas formados en Cuba, que se estima en unos 200 a 500 efectivos. Todos egresaron como soldados profesionales, algunos capacitados como oficiales de Estado Mayor, y muchos con experiencia de combate, habiendo luchado en Nicaragua, contra Anastasio Somoza. Completado su retorno clandestino a Chile, en 1983, se estructuraron como Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), bajo la dirección política del PC.
No obstante, muy pronto entraron en pugna con los viejos cuadros comunistas. Los jóvenes combatientes formados en Cuba, traían la mentalidad rupturista del castrismo y su lealtad no era con Chile sino con la revolución socialista. No aceptaban comprometerse en un proceso electoral destinado, según ellos, a dar continuidad al sistema. Al igual que el Altamirano de 1973, los combatientes chileno-cubanos estimaban que el enfrentamiento era inevitable. El resultado fue que los jóvenes rodriguistas se separaron del PC, fueron diezmados por los organismos de seguridad, y el PC quedó fuera del gobierno de Aylwin.
La cuarta parte se titula “Recomposición”. Es la más extensa y se aboca a analizar los hitos que marcaron las relaciones cívico-militares desde Patricio Aylwin hasta el primer mandato de Michell Bachelet, pasando por Sebastián Piñera.
La transición a la democracia se inició en 1991 con Patricio Aylwin como presidente de la República. El programa de este primer gobierno de la Concertación, contemplaba varios temas relativos a las FF. AA., entre ellos: 1) una justicia con verdad, impartida por los tribunales ordinarios; y 2) la responsabilidad personal y no institucional por las violaciones a los derechos humanos.
Descontando el boinazo y el ejercicio de enlace, otro hito importante en las relaciones cívico militares fue la Comisión Verdad y Reconciliación, bajo la conducción del jurista Raúl Rettig, cuya misión era emitir un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Fue una opción de realismo político y jurídico. En primer lugar, se buscaría la verdad, pero no se admitiría la revancha. En segundo lugar, se reconocería la diferencia militar entre la responsabilidad del que manda y del que obedece.
Por su parte, el presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle logró instalar el segundo gran hito en las relaciones civiles-militares: la elaboración del primer Libro de la Defensa, producto de un trabajo conjunto entre parlamentarios, académicos y militares. También le correspondió manejar el complejo proceso de la detención del general Manuel Contreras, inicialmente en rebeldía. Y aún más difícil sería la liberación del general Pinochet, detenido en Londres. Fue una del recientemente asumido comandante en jefe, Ricardo Izurieta Caffarena, quien además dio los primeros pasos en mejorar la relación civil-militar.
Lagos, supo capitalizar y potenciar el legado se sus predecesores. Promulgó el segundo Libro de la Defensa y creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el sacerdote Sergio Valech. Su objetivo era esclarecer la verdad sobre los horrores experimentados por las personas que habían sufrido privación de libertad y torturas por razones políticas. Hubo un compromiso de guardar la identidad de los afectados, pues muchos no querían hacer públicos los vejámenes que habían sufrido.
De esta manera, Lagos despejó el camino para lo que sería uno de los más importantes hitos en las relaciones civiles-militares, el “nunca más” del nuevo comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, sucesor de Ricardo Izurieta. En Calama, el 13 de julio de 2003, en un acto nstitucional con asistencia de autoridades civiles, el general Cheyre pronunció su discurso del nunca más. Con un sinceramiento hasta entonces impensable, reconocía que la dictadura produjo violencia, crímenes terrorismo. De ahí en adelante, el protagonismo visible en los temas de las relaciones civiles militares pasaría a este jefe militar.
Rodríguez Elizondo se toma un par de páginas para explicar cuáles habrían sido los motivos que llevaron a Cheyre a dar el decisivo paso del nunca más. En resumen, habría estimado que no tendría oposición interna, y que el tiempo contribuiría a que el resentimiento y malestar de los oficiales retirados iría mermando. Pero, este cuadro varió radicalmente cuando se destapó la Operación Retiro de Televisores, que dejó en evidencia que muchos de los detenidos desaparecidos habían sido exhumados y lanzados al mar.
A eso se suma que Cheyre en su nunca más, actuó solo como jefe del Ejército en una materia que también afectaba a la Armada, a la Fuerza Aérea y a Carabineros. Más notable aún, decidió instalar una nueva relación civil-militar, sin el apoyo explícito o formal del poder político. Puede que al conocer la reacción de los otros actores involucrados haya reapreciado sus circunstancias. Entre estas: 1) la mayor responsabilidad del Ejército por la asociación que tenía con el general Pinochet; 2) el poder de las redes sociales usadas por sus críticos; y 3) la dificultad para consensuar cada paso táctico con las autoridades de gobierno.
Naturalmente, la denominada Operación Retiro de Televisores fue un durísimo golpe para las FF. AA., en particular para el Ejército. Ya no era posible el negacionismo ni el escapismo del silencio; los muertos civiles no sólo habían sido producto de enfrentamientos. En esta coyuntura, Cheyre hizo un viraje táctico, iniciando un proceso que podría llamarse transición a la relación civil-militar renovada. Primero, el Ejército debía internalizar realistamente los hechos; para eso acudió a los nueve tenientes generales que se habían desempeñado como ministros de Estado y vicecomandantes en jefe del Ejército. Tales jefes debían reconocer su responsabilidad de mando y no dejar que el peso de la responsabilidad recayera en quienes eran tenientes en 1973. Sorprendentemente, todos acataron la petición de Cheyre, excepto el general Julio Canessa, quien se retractó después de una aceptación inicial.
El presidente Lagos apoyó a Cheyre, declarando que las transformaciones que había implementado en el Ejército, eran “la culminación de un proceso de cambios graduales que se relacionaban con la modernización institucional”. Sin embargo, la prioridad político-militar de Lagos, antes que los DD. HH., era derogar de la Constitución todo aquello que significara la intervención castrense en política; lo que finalmente logró.
Cheyre, por su parte, concluyó su período promulgando la Ordenanza General del Ejército, el 22 de febrero del 2006. Entre otras cosas, allí impone la obediencia reflexiva a contrapelo de la tradición, que sólo admite la obediencia a secas.
Como resumen de esta parte, el autor del libro, estima que “puede decirse que desde el gobierno de Aylwin al de Lagos se llegó a un satisfactorio nivel de confianza civil-militar y que ese nivel se mantuvo, aunque con tendencia a la baja en el primer gobierno de Bachelet”.
La elección de Bachelet como presidente de la República, en el año 2006, colocó al país y al sector castrense ante un punto de inflexión. En lo personal, ella llegaba con una mochila ideológica complicada para los militares, puesto que no era una socialista renovada, sino una socialista de talante bolchevique. Su relación con las FF. AA. fue de dulce y agraz, porque confiaba en algunos jefes, pero no en las instituciones armadas. Su criterio era que los militares debían limitar sus funciones al ámbito castrense.
Durante su gobierno falleció el general Pinochet, el 12 de diciembre de 2006. El Ejército lo despidió con todo el ritual castrense, que corresponde a un excomandante en jefe, con la presencia de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. Una vez cremado, sus cenizas fueron depositadas en una cripta en Los Boldos. Es difícil que hoy pueda dimensionarse lo estrecho de la cornisa por la cual debió desplazarse Izurieta Ferrer en su discurso fúnebre que, en definitiva, tan importante fue lo que dijo como lo que omitió.
A Bachelet también le tocó enfrentar el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, sólo dos días después que había firmado el paradigmático decreto supremo N° 760 que, en los hechos, disponía subordinar las FF. AA. a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio de Interior, en caso de catástrofe. Su presencia en ese centro de control fue patética. Pero el error mayor, dentro del caos, fue el retardo estratégico de 36 horas para disponer el envío de tropas que protegieran a la ciudadanía de los pillajes; la idea de tener a los militares en la calle era una decisión compleja para el gobierno de la Nueva Mayoría.
Otro aspecto que destaca el libro es el fiasco de la visita a Cuba de la presidenta Bachelet. Estando en la Habana, a medio día del 12 de febrero del 2009, mientras la presidente participaba en un acto público, fue informada que Castro se dignaba a recibirla. Su lenguaje corporal mostró una genuina emoción, y hay registros audiovisuales del apresuramiento gozoso con que abandonó el acto, para acudir a la convocatoria, sin que ningún miembro de su comitiva la acompañara. Fidel correspondió a este afecto con una verdadera encerrona, puesto que expuso ante Bachelet un fuerte alegato en favor de la demanda boliviana, que apenas lo camufló como una crítica a la oligarquía chilena. En resumen, la soñada visita de Bachelet a Cuba no reportó ningún beneficio a nuestro país. Sebastián Piñera resumió bien el sentir mayoritario del país al expresar que “se confundieron los gustos personales con los intereses permanentes del país.”
En la quinta del libro, intenta mostrar cómo, cuándo, dónde y por qué empezó a desmoronarse la relación cívico-militar, que hasta entonces tan trabajosamente se había construido.
Después de la detención del general Pinochet, muchos dirigentes de la Concertación dieron por terminada la problemática civil-militar. Este relajamiento se tradujo en rencillas internas entre los autocomplacientes, que se congratulaban por el crecimiento económico y la disminución de la pobreza; y los autoflagelantes que sentían estar administrando el legado de la dictadura y lamentaban no haber impuesto sus términos a los militares al inicio de la transición. Este liberarse de las responsabilidades del Estado real, abriría las puertas al clientelismo con corrupción, y a la aparición de actores de reemplazo; entre estos, los comunistas.
Las voces de alerta que surgieron a fines del gobierno de Lagos no fueron escuchadas. Las contradicciones y las divisiones al interior de la Concertación se profundizaron. Contribuyó a este proceso de desintegración el hecho de que no se percibía a la oposición política como una amenaza electoral seria, en tanto se mantuviera aferrada al legado de Pinochet. La posición de Aylwin de una justicia “en la medida de lo posible” se convirtió en un chiste; ahora se buscaba la justicia absoluta expandiendo el universo de los culpables a todo el mundo militar. Era un volver a fojas cero.
En medio de este limbo conceptual ocurrió lo que se pensaba imposible: llegó la alternancia en el poder. La derecha comenzó a gobernar con el pragmático Sebastián Piñera, quien de inmediato hizo un guiño a la centroizquierda designando a Jaime Ravinet como ministro de Defensa, y calificando como “cómplices pasivos” de la dictadura a muchos civiles que habían votado por él.
En el plano militar designó como subsecretario de Defensa al excomandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta Ferrer; además, ordenó cerrar el Penal Cordillera, tras una provocadora entrevista del general Manuel Contreras. Esta medida tuvo como consecuencia el suicidio del general Odlanier Mena, que no se resignó a ser trasladado a Punta Peuco. Sin embargo, curiosamente, para Rodríguez Elizondo “la de Piñera fue una alternancia sin secuela.”
Hubo varios factores que, sumados al estilo de la personalidad de Piñera, incidieron en que no pudiera proyectar un legado funcional. El resultado fue el retorno de Bachelet, aunque no el retorno de la Concertación.
El segundo gobierno de Bachelet, apoyado por la Nueva Mayoría, políticamente presenta dos características importantes: 1) la irrelevancia de los partidos de la Concertación; y 2) el ingreso de los comunistas a la coalición gobernante. Pero ya no era el comunismo de corte nerudiano y cercano a una superpotencia con intereses y responsabilidades globales, sino un comunismo apegado a los hermanos Castro, a Hugo Chávez, Daniel Ortega y Kim Jong-un.
En el plano de la relación cívico-militar, el nuevo espíritu ignoró o desvalorizó la gradual reconversión del Ejército, llevada a cabo por los tres sucesores de Pinochet. En el fondo, se imponía la cultura sesentista, con el sueño de una fuerza militar autóctona. Pero como esto era una utopía absurda, debieron conformarse con limitar al máximo las prerrogativas castrenses y terminar con la presunción de inocencia de los oficiales de 1973 aún no procesados.
En el año 2017, a fines del gobierno de Bachelet, el pacto inicial de la transición había muerto. El libro analiza cuatro etapas para la regresión de la relación cívico-militar. De éstas, la más decisiva ha sido la judialización de las situaciones de DD. HH.; y relacionado con lo mismo, el procesamiento del general Juan Emilio Cheyre.
» Judicialización sin plazos
Después de la Comisión Rettig, Aylwin endosó a la justicia el tema de los DD. HH. Pensó que, uniendo la virtud de la prudencia con la virtud de la justicia, los jueces privilegiarían la responsabilidad de los mandos superiores, ponderarían debidamente la de los subalternos y reconocerían la inimputabilidad de quienes no habían delinquido de manera activa. Sin embargo, dado que los jueces habían sido criticados por su pasividad durante la dictadura, ahora querían demostrar que, en democracia, no estaban condicionados por los tiempos políticos. Consecuentemente, los juicios se prolongaron, las heridas no cicatrizaron y los fallos, que antes frustraron a las víctimas, ahora frustraban a los victimarios.
Las víctimas, bajo el lema: “ni perdón ni olvido” rechazaban cualquier cristiana reconciliación. Para ellos la responsabilidad castrense era institucional e imprescriptible, y los abarcaba a todos: los que mandaban, los que obedecieron, los encubridores y los que callaron. Sólo eran inocentes los que desertaron o se suicidaron. Su objetivo era la justicia absoluta.
En resumen, la judicialización ha sido el más importante factor de regresión de la relación cívico-militar. ¿En qué terminará todo esto? En parte importante, dependerá de cómo finalice el proceso contra Cheyre.
» Matando al mensajero
Rodríguez Elizondo trata con cierto detalle el juicio a Cheyre, bajo el título: “Matando el mensajero”. Veremos algunos aspectos de este caso.
Una vez retirado, Cheyre continuó haciendo críticas declaraciones sobre la política vigente. En eso estaba cuando sorpresivamente, llegó desde Argentina Ernesto Lejderman, de 40 años. Sus padres habían sido fusilados en la estela de la Caravana de la Muerte, en La Serena, en 1973, cuando él tenía dos años. La información oficial indicaba que se habían suicidado y el niño había sido entregado a las monjas de un convento cercano. Ahora vivía con sus abuelos paternos quienes, hasta entonces, por motivos de seguridad, le habían ocultado la historia.
El caso sensibilizó a la ciudadanía y pronto saltó a la vista que en ese tiempo Cheyre servía en el regimiento Arica de La Serena. A partir de esa circunstancia, se tejieron las más increíbles especulaciones, generosamente difundidas por los medios de comunicación social. Pero curiosamente, se ocultaba la existencia de la cosa juzgada, ya que hubo un proceso que se cerró el 2009, en el cual hubo militares condenados y se eximió de toda responsabilidad al teniente Cheyre. El fallo fue emitido por la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y ratificado por la Corte Suprema.
En ese ambiente, Cheyre aceptó concurrir al programa “El Informante” de TVN, para comparecer ante las cámaras junto a Lejderman. Quizás olvidó que la TV suele romper el delicado equilibrio que existe entre la pasión y la racionalidad. El resultado le fue desfavorable. La audiencia se quedó con la imagen de una víctima y un presunto cómplice. Lo que retuvo fue la dolorosa historia de Lejderman, el conocimiento de Cheyre de un hecho abominable y su desconocimiento del informe Rettig.
Los autoflagelantes ahora estimaban que se habían encubierto todos los crímenes de las FF. AA., y clamaban por justicia. Se rechazaba como impunidad cualquier justicia en la medida de lo posible. Para los justicieros, todo uniformado en servicio en 1973 era responsable por las atrocidades cometidas, salvo constancia expresa de haber desobedecido, aun cuando con esa actitud se expusiera al fusilamiento. Por motivos tácticos, los condenados de Punta Peuco y la vieja guardia pinochetista se alinearon con la condena de la izquierda a Cheyre, quien a su juicio era tan culpable o tan inocente como ellos mismos.
Los políticos se lavaron las manos ante el abierto intento de demolición del principal protagonista de las despinochetización del Ejército, como si se tratara de un tema estrictamente jurídico, sin ninguna trascendencia militar, política ni histórica.
» Del asesinato de imagen al linchamiento
Dado el éxito mediático logrado, se siguió con una segunda fase. Los enemigos conjuntos de Cheyre pasaron del asesinato de imagen al linchamiento, recurriendo a dudosos testigos. El primer paso era insertarlo en la Caravana de la Muerte, pero ya no como testigo, sino como inculpado. Para tal objetivo contaron con el apoyo de la Oficina del Programa del DD. HH. del Ministerio del Interior. Hay toda una trama, que por razones tiempo no puedo explicar, que finaliza con la solicitud de esa oficina, al juez Mario Carroza, para que procese al general Cheyre en calidad de encubridor de homicidios y secuestro calificados.
El efecto judicial esperado se produjo el 26 de abril del 2017, cuando el juez Carroza acusó a 16 militares en retiro, por su responsabilidad en 15 homicidios calificados ocurridos el 16 de octubre de 1973, en el contexto de la Caravana de la Muerte. Uno de los acusados era el general Cheyre, ya no como encubridor, sino como cómplice. La clase política siguió mirando para el lado, ajena a la advertencia del historiador Joaquín Fernadois: “La ofensiva contra su figura [de Cheyre] incluye a toda la transición a la democracia y a sus actores hasta el día de hoy.”
En la sexta parte, titulada “El legado”, se presenta el panorama más bien negro que se vivía en Chile a mediados de 2017. En efecto, muchos analistas estimaban que estábamos viviendo una crisis terminal de la democracia representativa, similar a lo que ocurrió en 1973. Como entonces, los partidos políticos estaban ensimismados en los juegos de poder, despreocupándose del interés nacional.
En este contexto, sería extrañísimo que los militares no hayan analizado la decadencia y muerte de la Concertación, la crisis terminal de la Nueva Mayoría, el descrédito de los partidos políticos, la emergencia de los outsiders y, por añadidura, la regresión en la relación cívico militar. Más bien, es seguro que, a partir de sus propios análisis internos, hoy manejen la siguiente hipótesis: si el sistema político sigue descomponiéndose, Chile puede volver a un estado de triste memoria.
No obstante, dice Rodríguez Elizondo, es improbable un golpe de Estado al estilo tradicional. Por una parte, los militares tras 17 años en el poder internalizaron un triple escarmiento: 1) que su politización fue disfuncional para la seguridad nacional, como lo probó la crítica situación con que Chile enfrentó las amenazas de conflicto con Perú y Argentina, en los años 1975 y 1978; 2) la imposibilidad de mantenerse en el poder ad eternum; y 3) lo impredecible que puede ser el retorno a un sistema democrático. Esto último es quizás lo más aleccionador, porque se demostró que ni el dictador más poderoso de nuestra historia fue capaz de asumir la responsabilidad de mando por la violación a los DD. HH.; y los gobiernos democráticos no aseguraron la inmunidad ni siquiera a los oficiales que reencuadraron a sus instituciones en la profesionalidad.
De modo que, si se conjuga el escarmiento castrense y la ausencia de políticos creíbles capaces de liderar una conspiración, pareciera difícil un golpe de Estado. Pero lo que no se puede asegurar es que surjan golpes o intervenciones militares de nuevo tipo, que se realizarían en base a trascendidos de opiniones militares. Es lo que habría ocurrido con el proyectado cierre del penal Punta Peuco.
Tras el cierre del penal militar Cordillera por Piñera, Punta Peuco se transformó en el empate necesario de la Nueva Mayoría. Pero, intuyendo los riesgos que esta medida podía significar, Bachelet prefirió manejar el tema de manera reservada con su entorno íntimo, más los ministros de Justicia que la acompañaron. La situación se complicó cuando Carmen Gloria Quintana, víctima emblemática de la dictadura, en el 2015, hizo público que la presidenta le había prometido cerrar Punta Peuco. Más tarde, el 7 de julio de 2017, Bachelet en una entrevista en CNN dijo que cumpliría todas las promesas que había hecho. Esto no solo alertó a los militares condenados y procesados, sino también despertó el entusiasmo de las organizaciones de DD. HH. y desconcertó a los militares en servicio activo.
En este entorno, los altos mandos en retiro, con el obvio conocimiento de sus camaradas en servicio activo, decidieron expresar su opinión de manera planificada y progresiva. El libro detalla la cronología de las declaraciones de altos oficiales de las FF. AA. en servicio y en retiro, que culminó el 8 de septiembre de 2017, cuando apareció en El Mercurio un texto firmado por prácticamente todos los excomandantes en jefe, más los exdirectores generales de Carabineros. Los firmantes no finalizaban con la solicitud de mantener Punta Peuco, sino con una reflexión “a las autoridades de hoy y de mañana, para buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro.”
Esto último lleva a Rodríguez Elizondo a pensar que el citado penal es la punta del iceberg. Su masa sumergida acumula recuerdos olvidados, sentimientos reprimidos, reconocimientos que no se hicieron, procesamientos que continuaron y políticas públicas que nunca se intentaron. Allí asoma un peligro mayor: el que la deriva de esa masa de hielo hundida, deje un espacio estratégico a los proyectos antisistémicos de ciertas minorías coherentes.
La conclusión de este apartado es que la catarsis política de las FF. AA acerca de Punta Peuco, fue un importante téngase presente. Como tal, no debe olvidarse y, más bien, debiera ser un tema prioritario en la agenda de defensa del próximo jefe de Estado.
La séptima parte y final se titula “Prospectiva”. El autor estima que, hasta el gobierno de Frei Montalva inclusive, la hegemonía social y política de los civiles era incontrastable. Los militares eran más bien marginales. Los bromistas los llamaban las fuerzas decorativas de la nación o los ociosos madrugadores. No obstante, los militares reconocían a los civiles como los encargados naturales del gobierno y administración del Estado, por lo cual sus intervenciones políticas eran breves y de tipo arbitral.
Este panorama cambió drásticamente después del gobierno militar. Si antes los militares creían en la competencia de los civiles para manejar las palancas del estado, hoy piensan que, de ser necesario, pueden hacerlo mucho mejor que ellos. Esto puede ser discutible, pero en lo fundamental en cualquier escenario futuro los militares estarán mejor posicionados, para ser escuchados o para hacerse escuchar. Este cambio de eje conceptual no fue advertido por los políticos. Hoy solo los desinformados hablarían de milicos cabeza cuadrada, mientras que, entre los oficiales, circula un nuevo sarcasmo: “Esto es tan sencillo que lo entiende hasta un diputado.”
La plataforma visible de tan importante cambio de eje está en los distintos sistemas educacionales. El de los militares se ha potenciado desde la dictadura con su red de colegios, academias e institutos; y hoy está produciendo jefes y líderes bajo la presión del perfeccionamiento continuo. Esto implica un segundo idioma, estudios homologables con los de la enseñanza superior, postgrados universitarios, intercambios con academias civiles y, en todo momento, calificaciones que permiten mantener la forma de la pirámide sin autoengaño visible.
Los civiles, en cambio, han sido víctimas de un sistema educacional en crisis progresiva, en todos sus niveles. El personal de la administración del Estado no cuenta con los incentivos de una carrera con pautas objetivas de ingreso y promoción; no se considera el aprendizaje de idiomas, y los estudios de perfeccionamiento son una excepción; los altos cargos de confianza son muchos y se distribuyen mediante cuoteo. En el ámbito académico la situación no es mejor; hay facultades universitarias convertidas en feudos populistas, donde campea el ideologismo político.
En el contexto descrito, el realismo obliga a reconocer que el nunca más no garantiza el fin absoluto de la intervención militar en la política contingente. En rigor, sólo significa que ese tipo de intervención brutal, que lideró Pinochet, no puede ni debe repetirse. No cabe resignarse a la mala calidad de la política, de los políticos y de la democracia.
La tarea urgente de los gobiernos que vengan, debiera ser recuperar el nivel superior de la relación civil-militar. A este efecto, Rodríguez Elizondo llama a un diálogo político, mediante dos mesas de diálogo simultáneas o sucesivas. Una con líderes de la civilidad, no necesariamentepolíticos, para elaborar un consenso de nuevo tipo sobre cultura ciudadana y educación integral. La otra, con líderes políticos y altos mandos militares, para consensuar los grandes temas deficitarios de la relación cívico-militar. Esto bajo la conducción del gobierno, con una plataforma ecuménica de consenso y con docencia republicana.
Ante la pregunta: ¿Qué sucedería si la clase política no recapacita a tiempo y ese tipo de tareas no se emprende? La respuesta es que, dado que la supremacía del poder civil y la subordinación del poder militar cuelgan de un hilo cultural y no de la convicción ciudadana, podría producirse un estancamiento en el empate; o bien un desplazamiento gradual del control civil del poder militar al control militar del control civil. Y esto, sin ruido de sables ni quebrazón de leyes y hasta sin necesidad de un pronunciamiento. Sería otro de los procesos inéditos que suele producir Chile.
Surge entonces otra pregunta: ¿Cómo operaría ese desplazamiento de terciopelo, propio de la hipótesis anterior? Como respuesta tentativa Rodríguez Elizondo, consecuente con la intervención militar de nuevo tipo que ya comentamos, ofrece una hipótesis faseada en siete etapas, en que la politicidad pública de los militares va gradualmente incrementándose, hasta que instalan su hegemonía sin ningún trauma.
El libro termina con una suerte de ayuda memoria, que es un resumen de lo tratado, en la forma de un Decálogo, más varios anexos que complementan o apoyan lo analizado.
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Año CXXXIX, Volumen 142, Número 1002
Septiembre - Octubre 2024
ÚLTIMA EDICIÓN
Septiembre - Octubre 2024
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