Me encontraba en el supermercado tratando de alcanzar unas galletas desde una de las góndolas, cuando divisé al lado mío una joven madre que sacaba un paquete de chocolates quien abriéndolo rápidamente se lo pasaba a su pequeño hijo, quien se encontraba sentado dentro del carro. Esta conducta tan común en nuestros supermercados, me hizo pensar si la señora al momento de llegar a la caja pasaría el paquete vacío a la cajera a fin de pagar lo consumido. Reconozco que mi curiosidad me hizo colocar mi carro inmediatamente detrás al de la señora mientras esperábamos lentamente nuestro turno en la fila para proceder al pago. Una vez que la cajera había terminado de marcar todos los productos de mi antecesora, preguntó a la mujer por un paquete o envoltorio vacío que había dentro del carro, a lo que la joven mamá, de manera muy sorprendida, indicó no tener la más mínima idea, quejándose además que los carros últimamente estaban muy sucios y llenos de papeles en su interior. Pasaron algunos segundos y después de haber pagado mis galletas, me aventuré cual improvisado detective a revisar el citado envoltorio en el que podía distinguirse claramente, sobre el código de barras, que se trataba de un paquete de chocolates y bastante barato, por lo demás. Sin querer miré a la cajera y ella subió los hombros en un claro gesto de impotencia y desazón.

Estas actitudes seguramente las encontramos por cientos en el Chile de hoy en un fin de semana cualquiera, las que lamentablemente se entremezclan con los rutinarios casos de tratar de evadir el pago en el transantiago, de escabullirse por entremedio de los lectores de tarjetas del Metro, el tratar de no cumplir una restricción vehicular o simplemente con la acción de botar basura desde un auto en movimiento, lo que claramente nos da cuenta que todavía hay profundidades abisales que sortear en términos de alcanzar buenas prácticas ciudadanas; sin embargo, si nos enfocamos en aquel niño que recibió los chocolates como regalo de su madre; ¿quién nos dice que en ese niño no se ha legitimado una actitud que a la postre y como profesional, lo lleve a buscar otras alternativas para un mejor pasar mediante el ejercicio de prácticas reñidas con la ley, como los bullados casos de colusión del papel confort, de las farmacias y de evasión tributaria, que han salido a la luz pública en los últimos años?

Es evidente que los hechos de colusión indicados y, casi recientemente, los muy lamentables y particulares casos ocurridos en instituciones castrenses y de orden, referidos mayormente a situaciones de lavado de dinero, cohecho y delito tributario, así como desviación de fondos públicos para fines particulares, nos hace reflexionar sobre los atributos que deben experimentar nuestras unidades y reparticiones y en general las instituciones públicas, para evitar la ocurrencia de situaciones como las descritas, en que las citadas malas prácticas no sólo aumentan la desconfianza ciudadana en estas organizaciones; sino también, reduce su legitimidad y como país, se afecta negativamente los índices de gobernanza pública en el contexto internacional.

Por todo lo anterior y desde una perspectiva basada en la observación e inclusive de sentido común, fundada en una simple formación cívica escolar de hace ya más de cuarenta y tantos años, estimo que aquellas instituciones que se muestran comprometidas con las buenas prácticas, eludiendo la corrupción y abrazando la probidad, experimentan, al menos, los siguientes siete atributos o principios:

Sitúan la ética y moral como ejes centrales en sus códigos de conducta

Practicar la ética y moral como ejes centrales en los códigos de conducta en una organización es fundamental, no solo para entender lo bueno de lo malo, o el enmarcarse dentro de comportamientos sociales mayormente aceptados por la sociedad; sino que, a mi juicio, representan aspectos básicos para poder comprender y practicar de manera profunda los conceptos de integridad, probidad y cero tolerancia a la corrupción.

Ética y moral cultivan las virtudes, refuerzan el carácter, orientan la manera de actuar, enmarcan la forma de manejarse en sociedad y establecen límites de aquello permisible y de lo prohibido. Una sólida formación ética y moral hace que una
persona no tenga dudas para pasar el envoltorio vacío de chocolates para su pago en la caja de un supermercado.

Así, aquellas instituciones comprometidas con estos conceptos entienden la necesidad de profundizar estas materias desde los procesos formativos más básicos de las personas, para luego continuar su desarrollo en las diferentes etapas profesionales posteriores.

Ética y moral son la base de las decisiones corporativas que se amparan en valores y principios, alejándose de aquellas tendencias ilegales, de elusiones contractuales o mecanismos tributarios evasivos que buscan, en muchos casos,
sobrepasar los límites permisibles para lograr mayores márgenes de ganancias, muchas veces a costa de aquellos que solo miran con impotencia y desazón este reñido actuar, tal como la cajera en el ejemplo introductorio de estas líneas.

En síntesis, situar la ética y moral como base conductual es un sello que distingue de manera clara e inequívoca a las personas, generando confianza y empatía en sus relaciones humanas y que permite que avancen de manera franca y sin distanciamiento hacia el logro de metas comunes, o simplemente para crecer de manera armónica y con identidad propia en una sociedad madura y preparada para enfrentar el futuro.

Orientan su quehacer bajo un enfoque basado en la eficacia, eficiencia y economicidad de sus operaciones

En nuestro aprendizaje y desarrollo profesional nos hemos topado con estos tres conceptos en innumerables ocasiones; y no necesitamos adentrarnos demasiado en libros, referencias interminables y complejos textos para entender que eficacia nos infiere sobre alcanzar el logro de metas u objetivos; eficiencia la de maximizar o ampliar la obtención de bienes y servicios con los recursos que se tienen disponibles, mientras que economicidad nos induce a tratar de minimizar los costos manteniendo la calidad, oportunidad y cantidad requerida.

Cuando las organizaciones fiscales orientan su quehacer basándose en estos principios, no solo tratan de alcanzar sus objetivos, con oportunidad y de la mejor forma económica, sino también están cumpliendo lo que la propia ley dispone. Efectivamente, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado de Chile, es clara en su artículo 3° al indicar en una de sus partes que “la administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia…,” reforzando además en su artículo 5° que “la autoridad y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.” Es más, es tajante al indicar en su artículo 64° que se vulnera “el principio de probidad administrativa el contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad.” De igual forma existe amplia jurisprudencia mediante varios dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) que indica que los organismos públicos deben actuar bajo principios de economicidad.

Las instituciones que cultivan estos conceptos de eficacia, eficiencia y economicidad no solo les permite hacer un mejor uso de los recursos, lo que se reflejará finalmente en una mejor gestión de sus propias operaciones, sino que podrán alcanzar con mayor éxito las políticas públicas y por añadidura gozarán de una mejor confianza ciudadana, al responder con mayor pertinencia las necesidades comunes, legitimándose su propio quehacer institucional.

Así, las organizaciones que orientan su actuar bajo estos tres enunciados, al momento de adquirir un bien o servicio, no solo revisan que dicho bien les permitirá alcanzar las metas que se han trazado, y que dicha adquisición es el máximo bien que pueden adquirir con los recursos asignados o disponibles, sino también han resuelto la adquisición de ese bien porque
representa la mejor opción precio–calidad, dentro de la oportunidad y en la cantidad requerida.

Luchan contra la corrupción

En el punto anterior nos adentramos en el veril de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, el que a mi juicio no es más que el reflejo o la respuesta natural de la sociedad cuando estima o percibe que esa institución está dando respuesta o cubriendo sus necesidades. Por otra parte, no se necesita ser un estudioso o acudir a bibliotecas especializadas para comprender que la confianza entre dos partes, genera especiales relaciones que permite construir y avanzar de manera armónica, eficaz y conjunta hacia proyectos de desarrollo de mutuo interés. Luego, estimo que para una sociedad cualquiera, la confianza contribuye significativamente y genera especiales condiciones para crecer y avanzar de manera integral hacia la búsqueda del bien común.

Sin embargo, tampoco es un misterio que, para el caso público, es la corrupción el principal flagelo que vulnera y corroe la confianza en las instituciones fiscales y es por este motivo, entre otros, que reviste la importancia en combatirla.

Aquellas instituciones que luchan contra la corrupción, y sobre todo públicas, no sólo son mejor percibidas por la ciudadanía al ser más creíbles en su quehacer; sino que además dan cuenta de su adhesión a códigos de conducta basados en la ética y moral, generando especiales condiciones para la inversión nacional y extranjera, contribuyendo así al mejor crecimiento económico y prestigio internacional del país.

Impulsan la probidad y buenas prácticas

Conforme a la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, el principio de probidad en Chile consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.” Como podemos observar, el cumplimiento de este  principio no reviste problema alguno, por el contario, es de una simpleza tal que cuesta entender que se cometan faltas a la probidad, lo que hace pensar que es difícil el incurrir en errores administrativos que conlleven este tipo de faltas, sino es porque lamentablemente detrás hay más intencionalidad y dolo que accidente involuntario.

Así, aquellas instituciones que impulsan la probidad y buenas prácticas, no solo adhieren a los códigos de conducta amparados en la ética y moral ya descritos, o a un desempeño honesto primando el interés general por sobre otros; sino también, practican los conceptos de eficacia, eficiencia y economicidad; abrazan el trabajo de calidad, innovador y  sustentable basados en una clara planificación estratégica, a la vez que incorporan en su organización estructuras especiales para un mejor control interno a fin de asegurar el buen uso de los recursos y que faciliten a la postre el alcanzar los propios objetivos que la organización se ha planteado.

Desarrollan oportunos procesos de rendición de cuenta y accesos a información pública

En párrafos precedentes comentábamos lo importante de la confianza ciudadana, y así como explicábamos lo nefasto que representa la corrupción para mantener esa confianza en lo público; los procesos de rendición de cuenta y accesos a información pública (que son parte del concepto de transparencia) son, por el contrario, elementos esenciales para generar adhesión, satisfacción y reconocimiento al quehacer de una institución. Efectivamente, si revisamos el sitio web del Consejo para la Transparencia, veremos que uno de los mayores atributos que genera confianza ciudadana es la trasparencia, la cual es entendida e imaginada por el ciudadano común, como aquellas instituciones públicas que dan muestras de honestidad, donde existe acceso a la información pública, así como un debido proceso de rendición de cuentas. Aseguran el  umplimiento de leyes, reglamentos y normativa institucional En el ámbito del derecho público administrativo, las instituciones fiscales deben adecuar su quehacer en lo que específicamente las leyes indican, a diferencia del sector privado, que puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Por lo tanto, y dado que hemos tratado los temas de lucha  contra la corrupción, probidad y transparencia y los positivos efectos que su práctica genera en la ciudadanía, es fundamental asegurar que las instituciones públicas se enmarquen de manera irrestricta en el cumplimiento de las leyes y de sus propios reglamentos y directivas subsidiarias.

Así, las instituciones que propenden el asegurar el cumplimiento de leyes y normativas de su organización, establecen adecuados procesos de control interno, así como la implementación de unidades especializadas en esta materia, a fin de verificar no solo la aplicación de correctos procedimientos, por ejemplo para la adquisición de un bien o servicio, sino también para identificar si se han aplicado correctamente los principios de eficacia, eficiencia y economicidad en la compra de dicho bien.

También, el asegurar el cumplimiento de leyes y normativas, hace que las instituciones públicas tengan un especial celo por un oportuno y contundente proceso de rendición de cuentas, que informará a la postre de los recursos invertidos, facilitando su trazabilidad en términos de gestión y revisión externa, así como aportando significativamente a la transparencia del país.

Siguen un permanente proceso de mejora continua

En rigor, la calidad de un servicio está dada por la aceptación y satisfacción de quien adquiere ese servicio, y en este contexto las instituciones públicas serán evaluadas en su calidad en la medida que quien recibe ese servicio lo aprecie  como tal. En general, las instituciones que siguen un permanente proceso de mejora continua, no solo siguen depuradas instancias de planificación y determinación de objetivos y estrategias, sino también, analizan los resultados obtenidos y ajustan sus programas e iniciativas para satisfacer la demanda o necesidades de quien ha solicitado o adquirido ese servicio.

Es por este motivo que no basta que las instituciones públicas promulguen e implementen medidas para el fomento de la probidad, rendición de cuenta, buenas prácticas o estrategias específicas para la lucha contra la corrupción, sino que también es necesario la permanente revisión y análisis de los resultados obtenidos de estos programas a fin de incorporar oportunamente los cambios necesarios y avanzar de manera pertinente hacia los objetivos institucionales y en sintonía con las políticas públicas.

Así, hemos revisado de manera sucinta siete conceptos o atributos que a mi juicio son esenciales para aquellas instituciones comprometidas con las buenas prácticas, que eluden la corrupción e impulsan la probidad. Ahora bien, los invito a revisar nuevamente cada concepto vertido en este artículo de opinión y si tomamos la letra inicial de cada principio, la cual se ha destacado en azul y a un mayor tamaño, observaremos que al juntarlas ordenadamente, podemos formar la palabra: S Ó L I D A S.

En consecuencia, las instituciones públicas al situar la ética y moral como eje conductual de su organización; practicar los conceptos de eficacia, eficiencia y economicidad; luchar contra la corrupción, a la vez de propiciar la probidad y buenas prácticas; desarrollando eficientes procesos de rendición de cuentas y acceso a información pública; así como asegurando el debido cumplimiento de leyes y normas institucionales, bajo un dedicado y permanente proceso de mejora continua, simplemente podemos concluir que lo que se requiere son instituciones esencialmente SÓLIDAS, las que con este actuar podrán contribuir de manera significativa a la gobernanza de nuestro país.