La muerte de George Floyd ha desatado las mayores protestas en Estados Unidos de los últimos 52 años. Las manifestaciones se han extendido por más de 140 ciudades teniendo como causa el racismo y la violencia policial, y han dado pie a violentos disturbios y saqueos que ni siquiera el toque de queda, decretado en 40 ciudades, ha permitido contener. En 23 Estados se ha movilizado a la Guardia Nacional (La tercera, editorial 02/06/20). La mayoría de las protestas comenzaron de forma pacífica, y varias se mantuvieron así. Pero en una gran cantidad de casos los manifestantes se enfrentaron con la policía, incendiaron automóviles, destrozaron propiedades o saquearon tiendas, lo que llevó a activar la Guardia Nacional en varios Estados. (BBC mundo, 02 de junio) Esta ola de protestas que vive Estados Unidos, que registra en su mayoría altos grados de violencia observados en las imágenes entregadas por la prensa y redes sociales, más que un tema a nivel interno del país nos permite señalar que hay un nuevo patrón en las manifestaciones de los últimos años en todo el mundo, que deja en evidencia la falta de conocimiento del ejercicio de la participación ciudadana en las democracias representativas. Si hacemos memoria a corto plazo, Hong Kong el año pasado vivió siete meses de protestas antigubernamentales, que comenzaron como pacíficas y terminaron siendo cada vez más violentas; que tenían como causa el proyecto de ley de extradición a China, el cual fue posteriormente retirado. Inglaterra tuvo, el año 2011, una serie de manifestaciones que terminaron en disturbios por la muerte de un presunto delincuente Mark Duggan, joven de raza negra de 29 años, en un tiroteo con la policía durante una operación contra las armas de fuego en la comunidad afrocaribeña. En Francia el 2018 surgieron los chalecos amarillos, con bloqueos de carreteras y una serie de graves incidentes en rechazo al alza del precio de los combustibles. En octubre del año pasado Ecuador vivió una serie de manifestaciones por el plan de austeridad presentado por el gobierno que, entre otras medidas, incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes desde hace cuatro décadas. Y nuestro país que, en la misma fecha, se inicia una serie de manifestaciones con altos grados de violencia por el aumento de $30 en el valor del pasaje del metro, donde agrupaciones de estudiantes secundarios se organizaron para realizar evasiones masivas, incitando a saltarse las barreras del transporte subterráneo, lo que se tradujo en multitudinarias manifestaciones pacíficas sobre problemáticas, sociales, económicas y políticas de nuestro país, que mutaron en saqueos y graves actos de violencia.  Para algunos analistas George Floyd no fue la causa, fue más bien la gota que colmó el vaso, al igual que en el caso chileno y demás países que han vivido este descontento social. Lo interesante a destacar, más que el hecho que desencadena las manifestaciones ya sea racial, política, económica o social, es el patrón que establecen dichas manifestaciones. En primer lugar, el factor de generación espontánea a partir de un hecho puntual que da origen a amplias temáticas de reivindicaciones con alta carga emocional, en el ámbito de lo que se consideran derechos, lo que permite una identificación de gran parte de la ciudadanía desde el concepto de lo justo e injusto, la sensación de carencia que se traduce en una aversión o malestar, en gran parte de la población. En segundo lugar, no presentan interlocutores o liderazgos definidos ni objetivos políticos claros a conseguir mediante las manifestaciones. Las redes sociales pasan a ser el medio de información y propaganda del mensaje, mediante videos e imágenes, nuevamente con alta carga emotiva, desacreditando a los medios de prensa formales. En tercer lugar, el concepto de represión por parte de Estado es utilizado ampliamente por parte de los manifestantes, desacreditando el rol de las policías para la contención del orden público, intentado restarle toda legitimidad. Señalando que están en todo su derecho a manifestarse, pero con una mínima comprensión del concepto de estado de derecho, que tiene como base el monopolio de la violencia legítima para resguardar el orden y las libertades públicas de todos sus ciudadanos, el concepto de derecho pasa a ser utilizado unidireccionalmente solo para los que apoyan su causa, de una manera de dueños de la verdad y de sus reivindicaciones, utilizando hábilmente teorías o frases descontextualizadas de estas. Palabras como fascismo, dictador, opresor, entre otras. Se crea una imagen que los disturbios y saqueos son espontáneos y producidos por las policías que actúan ante la multitud como un todo, pero queda en evidencia que existe un alto grado de organización entre los participantes de dichos actos vandálicos. El profesor Clifford Stott, experto en comportamiento de multitudes y vigilancia del orden público en la Universidad de Keele, señala que “principalmente el saqueo es una expresión de poder donde participan actores con diferentes motivaciones, incluidas personas en situación de pobreza y delincuentes organizados.” Lo anterior se vincula con la transmisión del mensaje y el origen de las protestas, por lo tanto, los saqueos y actos vandálicos son dirigidos hacia lugares o elementos considerados como representantes del malestar. La gran mayoría de las opiniones y notas de prensa hacen alusión a que las protestas de los últimos tiempos son producto de la desigualdad estructural existente en el mundo que, sumada a la crisis provocada por la pandemia, ha dejado en evidencia las problemáticas más graves de los diferentes Estados del mundo y que Estados Unidos no es la excepción. La solución pasaría por el poder de diálogo que puedan tener los políticos. A dichos argumentos nace la siguiente pregunta, ¿cómo negociar con un actor invisible? Al no existir liderazgos u objetivos políticos a conseguir, por parte de los manifestantes, se termina negociando con actores que se atribuyen dichos liderazgos, pero que no son los que dirigen las manifestaciones, por lo tanto, no son representativos, así todas las negociaciones o concesiones realizadas no terminan con las protestas o focos de violencia. Entonces ¿qué deben hacer los gobiernos para finalizar la escalada de manifestaciones y violencia, para resguardar el orden y la seguridad pública y el buen funcionamiento del estado de derecho? ¿acceder a todas las demandas? ¿cuál es el límite? No olvidemos que somos seres humanos, con necesidades infinitas, y que la satisfacción inmediata de una necesidad genera una nueva, y si la forma de conseguir dicha satisfacción aprendida solo es la violencia, esta seguirá arraigándose en nuestros Estados y viviremos en un permanente estado de naturaleza, habiendo retrocedido años luz de los principios y valores de convivir en una sociedad democrática. La violencia de las manifestaciones está ligada a la falta compresión del concepto de estado de derecho y participación ciudadana, lo que ha llevado a la ciudadanía a una concepción de libertades desde lo básico y más visceral de la naturaleza humana, que se contrapone a los derechos y principios que pretenden defender o reivindicar.