Resumen del fallo de la Corte de La Haya

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RESUMEN DEL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA*
Disputa Marítima (Perú v. Chile)
Resumen del Fallo del 27 de enero de 2014
Cronología del procedimiento (párrafos
1-15)
La Corte recuerda que el 16 de enero de 2008,
la República de Perú (de aquí en adelante
“Perú”) presentó ante la Secretaría de la Corte
una Aplicación para entablar procedimientos
legales contra la República de Chile (de aquí en
adelante “Chile”) en relación con una disputa
concerniente, por un lado, “al límite de la frontera
entre las zonas marítimas de los dos Estados en
el Océano Pacífico, comenzando con el punto
llamado Concordia en la costa … el punto final
de la frontera de tierra establecido conforme
al Tratado… del 3 de junio de 1929” y, por otro
lado, el reconocimiento en favor de Perú de
una “zona marítima ubicada dentro de las 200
millas náuticas de la costa de Perú” y que debería
pertenecerle, “pero que Chile considera como
parte de alta mar.”
I. GEOGRAFÍA (párrafo 16)
La zona dentro de la cual se realizará la
delimitación solicitada está ubicada en el Océano
Pacífico. En esa región, la costa peruana se sitúa
en una orientación noroeste desde el punto
inicial de la frontera terrestre entre las Partes
en la costa del Pacífico y la costa de Chile, en
general, se sitúa en una orientación norte-sur.
(Véase el bosquejo cartográfico Nº 1: Contexto
Geográfico).
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
(párrafos 17-21)
Habiendo recordado brevemente los
hechos históricos relevantes, la Corte observa
específicamente que la frontera terrestre
entre Perú y Chile fue fijada en el Tratado
de Lima de 1929. Además advierte que en
1947 ambas Partes declararon unilateralmente
ciertos derechos marítimos que se extienden
a 200 millas náuticas de sus costas (de aquí
en adelante los instrumentos relevantes se
llamarán colectivamente “las Proclamaciones
de 1947”). A continuación, la Corte recuerda
que en los años siguientes Chile, Ecuador y Perú
negociaron doce instrumentos a los cuales las
Partes del presente caso hacen referencia. Cuatro
de ellos, entre los cuales la Declaración sobre
Zona Marítima, referida como la Declaración
de Santiago, fue adoptada en agosto de 1952
durante la Conferencia sobre la Explotación
y Conservación de las Riquezas Marítimas
del Pacífico Sur. Otros seis instrumentos –
incluyendo la Convención Complementaria a la
* Versión traducida no oficial.
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Declaración de Santiago, el Acuerdo relacionado
con las Medidas de Supervisión y Control de
las Zonas Marítimas de los Países Firmantes y
el Acuerdo Relacionado con una Zona Especial
Fronteriza Marítima – fueron adoptados en
Lima en diciembre de 1954. Y por último, dos
acuerdos relacionados con el funcionamiento
de la Comisión Permanente para el Pacífico Sur
que fueron firmados en Quito en mayo de 1967.
III. POSICIONES DE LAS PARTES
(párrafos 22-23)
La Corte recuerda que en el presente caso Perú y
Chile han adoptado posiciones fundamentalmente
diferentes. Perú sostiene que no existe un acuerdo
sobre la frontera marítima entre los dos países y
solicita que la Corte diseñe una línea fronteriza
usando el método equidistante para lograr
un resultado equitativo. Por su parte, Chile
mantiene que la Declaración de Santiago de 1952
establece una frontera marítima internacional
a través del paralelo de latitud que pasa por el
punto inicial de la frontera terrestre entre Perú
y Chile y se extiende a un mínimo de 200 millas
náuticas. Por lo cual, de acuerdo a lo anterior, Chile
solicita que la Corte confirme la línea fronteriza.
(Véase el bosquejo cartográfico No. 2: Líneas
fronterizas marítimas según lo que Perú y Chile
respectivamente reclaman).
Además Perú indica que, más allá del punto
donde termina la frontera marítima común,
está autorizado a ejercer derechos exclusivos
de soberanía sobre la zona marítima ubicada a
una distancia de 200 millas náuticas desde sus
líneas de base. (Esta zona marítma se presenta
en el bosquejo cartográfico Nº 2 con color azul
más oscuro). Chile responde que Perú no tiene
derechos a ninguna zona marítima que se
extienda al sur del paralelo de latitud a través
del cual, como mantiene Chile, solo existe la
frontera marítima internacional.
IV. DE SI EXISTE UN ACUERDO DE
FRONTERA MARÍTIMA (párrafos. 24-151)
Para poder resolver la disputa, primero la Corte
debe determinar si existe un acuerdo de frontera
marítima, como sostiene Chile.
1. Las Proclamaciones de Chile y Perú de
1947 (párrafos 25-44)
La Corte comenzó por examinar las
Proclamaciones de 1947, en las cuales Chile
y Perú unilateralmente proclamaron ciertos
derechos marítimos que se extienden a 200 millas
náuticas desde sus respectivas costas. Teniendo
en cuenta que las Partes están de acuerdo en
que las Proclamaciones de 1947 en sí mismas no
establecen una frontera marítima internacional, la
Corte considera estas Proclamaciones solamente
con el propósito de determinar si esos documentos
representan evidencia de un acuerdo entre las
Partes en lo que se refiere a una futura frontera
marítima entre ellas. La Corte observa que el
lenguaje de las Proclamaciones de 1947, así como su
sentido provisional, impide una interpretación que
ellas reflejan un acuerdo compartido entre las Partes
en relación a la delimitación marítima. Al mismo
tiempo, la Corte advierte que las Proclamaciones
de 1947 contienen afirmaciones similares sobre sus
derechos y la jurisdicción en las zonas marítimas,
dando lugar a la necesidad de establecer en el
futuro los límites laterales de esas zonas.
2. La Declaración de Santiago de 1952
(párrafos 45-70)
Al recurrir a la Declaración de Santiago de
1952, la Corte advierte que ya no se impugna
que este instrumento represente un tratado
internacional. La tarea de la Corte es determinar si
este instrumento establece una frontera marítima
entre las Partes. Para llevar a cabo esta tarea, la
Corte aplica las reglas de interpretación reconocida
en el derecho internacional consuetudinario,
como se establece en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados. Primero,
la Corte considera el significado común que
se le da a los términos en el contexto de la
Declaración de Santiago de 1952. Advierte que
la Declaración no hace referencia específica a la
delimitación de las fronteras marítimas de las
zonas generadas por las costas continentales
de los Estados de las Partes. Sin embargo, la
Corte advierte que la Declaración de Santiago
contiene ciertos elementos que son relevantes
para determinar la delimitación marítima. Pero,
habiendo examinado los párrafos relevantes de
la Declaración, la Corte concluye que estos no
van más allá que a establecer el acuerdo entre
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las Partes en relación a los límites entre cierta
zona marítima insular y aquellas zonas generadas
por las costas continentales que son contiguas
a esas zonas marítimas insulares.
Luego la Corte considera el objeto y el propósito
de la Declaración de Santiago de 1952, observando
que el Preámbulo se enfoca en la conservación y
protección de los recursos naturales de las Partes
con el objetivo de un desarrollo económico, en
sus zonas marítimas.
La Corte agrega que, en principio, no
necesita recurrir a otros medios adicionales de
interpretación, como los travaux préparatoires
[trabajos preparatorios] de la Declaración de
Santiago de 1952 y de las circunstancias de sus
conclusiones, para determinar el significado de
esa Declaración. No obstante, como en otros
casos, ha considerado el material relevante, lo
que confirma la interpretación anterior de la
Declaración.
Sin embargo, la Corte advierte que varios
elementos, como la proposición chilena original
presentada a la Conferencia de 1952 (que parece
tratar de efectuar una delimitación general de
las zonas marítimas a través de líneas laterales),
y el uso del paralelo como el límite de la zona
marítima de una isla de un Estado ubicado a
menos de 200 millas náuticas de la zona marítima
general de otro Estado, sugiriendo que podría
haber habido cierto acuerdo compartido entre
los Estados de las Partes de una naturaleza más
general en relación a sus fronteras marítimas.
La Corte concluye que, contrario al documento
presentado por Chile, la Declaración de Santiago
de 1952 no establece una frontera marítima lateral
entre Perú y Chile a través de la línea de latitud
que sigue la dirección hacia el Océano Pacífico
desde el punto final de su frontera terrestre.
3. Los diferentes Acuerdos de 1954 (párrafos
71-95)
A continuación, la Corte considera los acuerdos
adoptados por Perú y Chile en 1954, y que Chile
invoca para apoyar su afirmación que el paralelo
de latitud constituye la frontera marítima.
Entre los Acuerdos de 1954, Chile destaca,
especialmente, la Convención Complementaria
a la Declaración de Santiago de 1952, el Acuerdo
relacionado con las Medidas de Supervisión y
Control de las Zonas Marítimas de los Países
Firmantes y el Acuerdo de la Zona Especial
Fronteriza Marítima. La Corte advierte que el
enfoque común de la proposición de la Convención
Complementaria era el principal instrumento
utilizado por Chile, Ecuador y Perú cuando se
preparaban para la reunión de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur y la Conferencia
Inter-Estatal de Lima, en los meses finales de
1954. Dado los desafíos propuestos por varios
Estados a la Declaración de Santiago de 1952, el
propósito primario de la Convención era que Chile,
Ecuador y Perú mantuvieran, especialmente contra
los grandes poderes marítimos, su demanda de
soberanía y jurisdicción, declarada en conjunto
en 1952, a una distancia mínima de 200 millas
náuticas de sus costas. Además, la Declaración
estaba destinada a ayudar a preparar su defensa
común de la demanda contra las protestas de
aquellos Estados. Sin embargo, desde el punto
de vista de la Corte, no se concluye que el
“propósito primario” fuera el único propósito o
incluso que el propósito primario determinara
el único resultado de las reuniones de 1954 y
de la Conferencia Inter-Estatal.
Además, Chile solicita respaldo de otro de
los Acuerdos de 1954, el Acuerdo relacionado
con las Medidas de Supervisión y Control de
las Zonas Marítimas de los Países Firmantes. Sin
embargo, la Corte concluye que ese documento
no proporciona ninguna indicación sobre la
ubicación o naturaleza de las fronteras de las
zonas.
A continuación, la Corte se vuelca hacia el
Acuerdo de Zona Especial Fronteriza Marítima,
firmado por Chile, Ecuador y Perú y que establece
una zona de tolerancia, que comienza a una
distancia de 12 millas náuticas de la costa, “de
10 millas náuticas a cada lado del paralelo que
constituye la frontera marítima”. La designación
de tal zona tenía la intención de beneficiar a
embarcaciones pequeñas y no bien equipadas
y así evitar “fricción entre los países afectados”
como resultado de violaciones inadvertidas
de la frontera marítima por parte de aquellas
embarcaciones. Primero, la Corte advierte que
no hay nada en los términos de dicho Acuerdo
que pudiera limitarlo a la frontera marítima entre
Ecuador y Perú. Además, observa que la demora
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de Chile en ratificar el Acuerdo y presentarlo
para ser registrado no tiene importancia en su
alcance y efecto. Una vez ratificado por Chile, el
Acuerdo fue vinculante.
Por último, la Corte establece que, a pesar
de los términos operativos y el propósito del
Acuerdo de Zona Especial Fronteriza Marítima
son limitados y específicos, este no es un asunto
que se deba considerar en este momento. En
cambio, la Corte se enfoca en un asunto central,
es decir, la existencia de una frontera marítima.
Sobre este asunto, la Corte advierte que los
términos del Acuerdo de Zona Especial Fronteriza
Marítima, específicamente el Artículo 1, leído
en conjunto con los párrafos preliminares, son
claros: reconocen en un acuerdo internacional
vinculante que ya existe una frontera marítima.
Sin embargo, la Corte observa que el Acuerdo de
Zona Especial Fronteriza Marítima no indica cuándo
y por qué medios se estableció esa frontera. Por lo
tanto, la Corte considera que el reconocimiento
expreso de las Partes de la existencia de una frontera
marítima solo puede reflejar un acuerdo tácito al
cual llegaron con anterioridad. En relación a esto, la
Corte recuerda, como ya ha sido mencionado, que
ciertos elementos de las Proclamaciones de 1947
y de la Declaración de Santiado de 1952 sugieren
un paulatino entendimiento entre las Partes en
relación a su frontera marítima. En un caso anterior,
la Corte reconoce que “el establecimiento de una
frontera marítima permanente es un asunto de
suma importancia”, subrayó que la “evidencia
de un acuerdo legal tácito debe ser vinculante”
(Disputa Territorial y Marítima entre Nicaragua
y Honduras en el Mar Caribe. Véase (Nicaragua
v. Honduras), Fallo, C.I.J. Informes 2007 (II), pág.
735, pár. 253). En el caso actual, la Corte tiene en
su poder un Acuerdo que estipula claramente
que la frontera marítima existía entre las Partes
a través del paralelo. En este sentido, el Acuerdo
de 1954 es decisivo. Ese Acuerdo concretiza el
acuerdo tácito.
Además, la Corte observa que el Acuerdo de
Zona Especial Fronteriza Marítima no ofrece
ninguna indicación sobre la naturaleza de la
frontera marítima. Tampoco indica su extensión,
excepto que su provisión deja en claro que la
frontera marítima se extiende más allá de las
12 millas náuticas de la costa.
Luego la Corte recuerda que las Partes también
se refirieron, en este contexto, a una Opinión
preparada en 1964 en la cual Raúl Bazán Dávila,
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
examina la cuestión de si existe algún acuerdo
específico de delimitación marítima entre los dos
Estados. La Corte considera que no hay nada en
la Opinión preparada por el Señor Bazán, como
respuesta a la solicitud de la Dirección Chilena
de Fronteras en relación a la “delimitación de la
frontera entre los territorios marítimos chileno
y peruano,” o el hecho de que en primer lugar
se haya solicitado tal Opinión, que lleve a alterar
su conclusión, es decir, que en 1954 las Partes
habían reconocido que ya existía una frontera
marítima acordada.
4. Las actas de faro de 1968-1969 (párrafos
96-99)
A continuación la Corte examina las actas que
firmaron las Partes en 1968-1969 para construir
cada una de ellas un faro, “en el punto donde
la frontera común llega al mar, cerca del Hito
número uno”. La Corte opina que el propósito
y la amplitud geográfica de estos acuerdos eran
limitados, como bien lo reconocen las Partes.
Además, la Corte observa que el registro del
proceso que llevó a las actas y a la construcción
de los faros no hace referencia a ningún acuerdo
de delimitación pre-existente. Sin embargo, lo
que es importante, desde el punto de vista de
la Corte, es que las actas procedieron basadas
en la frontera marítima que ya existía a través
del paralelo más allá de las 12 millas náuticas.
Junto con el Acuerdo de Zona Especial Fronteriza
Marítima, las actas reconocen este hecho. Además,
como en el Acuerdo, no se indica la extensión y
la naturaleza de la frontera marítima.
5. La naturaleza de la frontera marítima
acordada (párrafos 100-102)
Habiendo declarado que las Partes reconocen
la existencia de una frontera marítima, la Corte
debe determinar su naturaleza, es decir, si es una
frontera marítima única aplicable a la columna
de agua, al fondo marino o a su sub-suelo, o a
una frontera aplicable solamente a una columna
de agua. La Corte destaca que el acuerdo tácito,
que había sido reconocido en el Acuerdo de
Zona Especial Fronteriza Marítima debería ser
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entendido en el contexto de las Proclamaciones
de 1947 y de la Declaración de Santiago de
1952. Advierte que estos instrumentos expresan
demandas sobre el fondo marino y sobre las
aguas sobre el fondo marino y que, en relación a
esto, las Partes no hicieron distinción, cuando se
firmaron los acuerdos (o posteriormente), entre
esos espacios. Por lo tanto, la Corte concluye que
la frontera es una frontera multiuso.
6. La extensión de la frontera marítima
acordada (párrafos 103-151)
Luego la Corte determina la extensión de la
frontera marítima acordada. Para realizar esto,
examina cada una de las prácticas de las Partes,
a comienzo y a mediados de los años 1950, así
como en el contexto amplio, incluyendo los
desarrollos del derecho del mar en esa época.
Además, evalúa otros elementos de la práctica,
en su mayoría posteriores a 1954.
Comenzando con el potencial y la actividad
pesquera, la Corte recuerda que el propósito del
Acuerdo de la Zona Especial Fronteriza Marítima
es limitado y específico: se refiere a la frontera
marítima existente para un propósito específico,
es decir, establecer una zona de tolerancia
para la actividad pesquera que llevan a cabo
embarcaciones pequeñas. Por lo tanto, se debe
considerar que la frontera marítima cuya existencia
reconoce, a través del paralelo, necesariamente
se extiende al menos a una distancia hasta la
cual, en el momento de revisarla, se realizaba
esa actividad.
En ese contexto, la Corte observa que la
información referida por las Partes muestra
que las especies que se pescaban a comienzos
de 1950 se encontraban dentro de un rango de
60 millas náuticas de la costa. Además, observa
la orientación de la costa en esta región, y
la ubicación de los puertos relevantes más
importantes de las Partes en esa época.
La Corte recuerda que el propósito del
Acuerdo de Zona Especial Fronteriza Marítima
era establecer una zona de tolerancia a través
del paralelo para las pequeñas embarcaciones
de pescadores que no estaban bien equipadas.
Las embarcaciones que zarpaban desde Arica
(un puerto chileno situado a solo 15 km al sur
del límite exterior de la frontera terrestre) para
pescar las especies mencionadas anteriormente,
en una dirección oeste-nor-oeste, con un rango
de 60 millas náuticas de la costa, que está ubicada
esencialmente en dirección norte a sur en este
punto, no cruzarían el paralelo más allá de un
punto ubicado a aproximadamente 57 millas
náuticas desde el punto inicial de la frontera
marítima. La orientación de la costa se vuelca
marcadamente hacia el noroeste en esta zona
(véase los bosquejos cartográficos Nos. 1 y 2),
de modo que, en el lado peruano, los botes de
pescadores que zarpaban desde Ilo (un puerto
situado a 120 km noroeste del límite exterior
de la frontera marítima), en una dirección suroeste,
para pescar en el rango de esas mismas
especies podrían cruzar el paralelo de latitud en
un punto de hasta 100 millas náuticas desde el
punto inicial de la frontera marítima.
La Corte establece que no considera de gran
importancia el conocimiento de las Partes de la
probable o posible dimensión de los recursos
marinos hasta las 200 millas náuticas como
tampoco la extensión de la pesca en años
posteriores. Los datos sobre la pesca indican
que la principal actividad marítma a comienzos
de los años 1950 era realizada por pequeñas
embarcaciones, como aquellas mencionadas en
el Acuerdo de Zona Especial Fronteriza Marítima
y que también se beneficiarían con las actas de
1968-1969 relacionadas con los faros.
Además, la Corte recuerda que la naturaleza
multiuso de la frontera marítima significa que la
evidencia relacionada con la actividad pesquera,
en sí misma, no puede ser determinante de
la extensión de esa frontera. No obstante, la
actividad pesquera proporciona algún respaldo
al punto de vista de las Partes, en el momento
en que éstas reconocen la existencia de una
frontera marítima acordada entre ellas, pero
es poco probable que consideraran que esta
frontera se extendiera hasta el límite de las 200
millas náuticas.
Luego la Corte se traslada del contexto regional
específico al contexto más amplio que existía
en los años 1950, en el momento en que las
Partes reconocieron la existencia de una frontera
marítima. Ese contexto está proporcionado
por la práctica del Estado, y por los estudios
similares y propuestas que emanan de la Comisión
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de Derecho Internacional y la reacción de los
Estados o grupos de Estados a esas propuestas
relacionadas con el establecimiento de zonas
marítimas ubicadas más allá del mar territorial y,
la delimitación de esas zonas. La Corte advierte
que, durante el período en consideración, la
propuesta relacionada con los derechos de un
Estado sobre sus aguas está cercana a la aceptación
internacional general que era de 6 millas náuticas
de mar territorial con una zona de pesca adicional
de 6 millas náuticas y alguna reserva sobre los
derechos de pesca establecidos. Como la Corte
ha advertido anteriormente, en este período el
concepto de una zona económica exclusiva de
200 millas náuticas era “aún lejana” (Maritime
Delimitation in the Black Sea [Delimitación
Marítima en el Mar Negro] (Romania v. Ukraine)
[Rumania v. Ucrania], Judgment, I.C.J. Reports
2009, p. 87, para. 70 [Fallo C.I.J. Informes 2009,
pág. 87, pár. 70]), ya que su aceptación general
en la práctica y en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM)
se llevó a cabo como 30 años más tarde. Además,
la Corte recuerda que, como respuesta a una
pregunta de uno de los Miembros de la Corte,
ambas partes reconocieron que las demandas
que realizaron en la Declaración de Santiago de
1952 no corresponden al Derecho Internacional
de la época y que no podrían haber sido aplicadas
a terceros, al menos inicialmente.
Basándose en las actividades pesqueras de
las Partes en la época, que se realizaban hasta
una distancia de aproximadamente 60 millas
náuticas de los puertos principales de la zona, la
práctica relevante de otros Estados y el trabajo
de la Comisión de Derecho Internacional sobre
el Derecho del Mar, la Corte considera que la
evidencia a su disposición no le permite concluir
que la frontera marítima acordada a través del
paralelo se extienda más allá de 80 millas náuticas
de su punto inicial.
En vista de esta conclusión tentativa, la Corte
examina elementos adicionales de práctica,
en su mayor parte posteriores a 1954, que
podrían ser relevantes al asunto de la extensión
de la frontera marítima acordada. Primero,
la Corte utiliza la práctica legal de las Partes
antes de examinar el Protocolo de Acceso de
1955 a la Declaración de Santiago de 1952 y las
actividades de implementación, relacionadas
con las embarcaciones de terceros Estados al
igual que aquellas de Perú y Chile. Luego la
Corte analiza las actas de faros de 1968-1969 y
el registro de las negociaciones llevadas a cabo
entre Chile y Bolivia en 1975-1976 relacionadas
con la propuesta de un intercambio de territorio
que proporcionaría a Bolivia con un “corredor
hacia el mar” y una zona marítima adyacente.
Además, la Corte considera las posiciones de las
Partes en la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, un memorando
enviado por Bákula, Embajador Peruano, al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el
23 de mayo de 1986, en el cual se solicitaba “la
delimitación formal y definitiva de los espacios
marinos” y la práctica de las Partes después de
1986.
La Corte considera que los elementos que ha
revisado no la llevan a cambiar su conclusión
tentativa anterior. Por lo tanto, basada en una
evaluación de la totalidad de la evidencia relevante
que le fue presentada, la Corte concluye que la
frontera marítima acordada entre las Partes se
extiende a una distancia de 80 millas náuticas
a través del paralelo desde su punto inicial.
V. EL PUNTO INICIAL DE LA FRONTERA
MARÍTIMA ACORDADA (párrafos 152-176)
Habiendo concluido que ya existe una frontera
marítima entre las Partes, la Corte debe identificar
la ubicación del punto inicial de esta frontera.
La Corte recuerda que ambas Partes acordaron
que la frontera terrestre entre ellas fue fijada
y delimitada hace más de 80 años de acuerdo
con el Artículo 2 del Tratado de Lima de 1929,
en el cual se específica que “la frontera entre
los territorios de Chile y Perú… comenzará en
un punto de la costa que se llamará ‘Concordia’,
ubicado a diez kilómetros al norte del puente
sobre el río Lluta”. Además, la Corte recuerda
que, de acuerdo con el Artículo 3 del Tratado
de Lima de 1929, la frontera fue establecida por
una Comisión Mixta, siendo el primer marcador
a través de la demarcación física de la frontera
terrestre el Hito Nº1. Sin embargo, las Partes
no están de acuerdo con la ubicación exacta
del Punto Concordia. Perú mantiene que el
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Hito Nº1 no tenía la intención de marcar el
comienzo de la frontera terrestre acordada,
Chile declara que este marcador es el punto
inicial de la frontera terrestre. A este respecto,
la Corte observa que un número considerable
de argumentos presentados por las Partes
tiene relación con un asunto que claramente
no ha sido presentado a la Corte, es decir, la
ubicación del punto inicial de la frontera terrestre
identificado como “Concordia” en el Artículo 2
del Tratado de Lima de 1929. Recuerda que su
tarea es determinar si las Partes han acordado
un punto inicial de su frontera marítima y, que
su jurisdicción para tratar con el asunto de la
frontera marítima no es impugnada.
Para determinar el punto inicial de la frontera
marítima, la Corte considera el registro del
proceso que llevó a las actas de faro de 1968-1969
y cierta evidencia cartográfica presentada por
las Partes, así como la evidencia presentada en
relación con la pesca y otras prácticas marítimas
en la región. Al considerar que los últimos dos
elementos no son relevantes en el asunto, la
Corte se centra en las actas de faro de 1968-1969.
La Corte opina que la frontera marítima que las
Partes tenían la intención de marcar con las
actas de faro estaba constituida por el paralelo
que pasa a través del Hito Nº 1 y, advierte que
posteriormente ambas Partes construyeron los
faros como había sido acordado, demostrando
con eso que el paralelo pasa a través del Hito
Nº1. Por lo tanto, las actas de faro de 1968-
1969 sirven como evidencia convincente que
la frontera marítima acordada sigue la línea del
paralelo a través del Hito Nº1.
Señalando que no se ha solicitado a la Corte
tomar una posición sobre la ubicación del Punto
Concordia, donde comienza la frontera terrestre
entre las Partes, la Corte advierte que podría ser
posible que el punto mencionado anteriormente
no coincida con el punto inicial de la frontera
marítima, como se definió recientemente. Sin
embargo, la Corte observa que tal situación podría
ser el resultado de los acuerdos entre las Partes.
La Corte concluye que el punto inicial de la
frontera marítima entre las Partes es la intersección
del paralelo de latitud que pasa a través del Hito
Nº1 con la línea de bajamar.
VI. EL CURSO DE LA FRONTERA
MARÍTIMA DESDE EL PUNTO A (párrafos
177-195)
Habiendo concluido que existe una frontera
marítima única entre las Partes, y que tal frontera
comienza en la intersección del paralelo de
latitud que pasa por el Hito Nº1 con la línea de
bajamar, y que continúa a través del paralelo
(hasta el Punto A) hasta 80 millas náuticas, la
Corte se vuelca ha determinar el curso de la
frontera marítima desde ese punto en adelante.
La Corte procede sobre la base de las provisiones
de los Artículo 74, párrafo 1 y, Artículo 83, párrafo 1,
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CNUDM), que, como se reconoce,
refleja el Derecho Internacional Consuetudinario
(Maritime Delimitation and Territorial Questions
between Qatar and Bahrain [Delimitación Marítima
y Cuestiones Territoriales] (Qatar v. Bahrain) [Qatar
v. Bahrein], Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001,
p. 91, p. 167; [Admisibilidad, Fallo, Informes de la
C.I.J. 2001, pág. 91, pár.167] Territorial and Maritime
Dispute [Disputa territorial y marítima] (Nicaragua
v. Colombia), Fallo, Informes C.I.J. 2012 (II), pág.
674, pár. 139). Los textos de estas provisiones son
idénticos, la única diferencia es que el Artículo
74 se refiere a la zona económica exclusiva y el
Artículo 83 a la plataforma continental. Señalan
lo siguiente:
“La delimitación de la zona económica exclusiva
[plataforma continental] entre Estados con costas
opuestas o adyacentes será afectada por un
acuerdo basado en el Derecho Internacional,
como se menciona en el Artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, para lograr
una solución equitativa.”
La Corte recuerda que la metodología que
utiliza habitualmente para buscar una solución
equitativa involucra tres etapas. En la primera, la
Corte construye una línea provisional equidistante,
a no ser que existan razones importantes para
evitar esto. En la segunda etapa, la Corte considera
si existen circunstancias relevantes que requieran
un ajuste a esa línea para lograr un resultado
equitativo. En la tercera etapa, la Corte lleva a
cabo un análisis de desproporcionalidad, en el
cual evalúa si el efecto de la línea, como ha sido
ajustada, es tal que las porciones respectivas de
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las Partes en la zona relevante son marcadamente
desproporcionadas a la longitud de sus relevantes
costas (Maritime Delimitation in the Black Sea
[Delimitación Marítima en el Mar Negro] (Romania
v. Ukraine) [Rumania v. Ucrania], Fallo C.I.J.
Informes 2009, páginas 101-103, párrafos. 115-
122 [Fallo C.I.J Informes 2009]; Territorial and
Maritime Dispute [Disputa Territorial y Marítima]
(Nicaragua v. Colombia), Fallo, C.I.J. Informes
2012 (II), pág. 695-696, pár. 190-193].
En el caso actual, la delimitación de la zona
marítima debe comenzar en el punto final de
la frontera marítima acordada que la Corte ha
determinado es de 80 millas náuticas de longitud
(Punto A). Al referirse a su jurisprudencia, la
Corte explica que, en la práctica, un número
de delimitaciones comienza, no en la línea de
bajamar sino en un punto más hacia el mar,
como resultado de un acuerdo pre-existente
entre las partes. Sin embargo, la situación que la
Corte debe enfrentar aquí es poco usual ya que
el punto inicial para la delimitación en este caso
está más allá de la costa: 80 millas náuticas del
punto más cercano en la costa chilena y más o
menos 45 millas náuticas del punto más cercano
de la costa peruana.
A continuación, la Corte procede con el
primer paso en su metodología habitual y
construye una línea provisional equidistante
que comienza en la frontera marítima existente
(Punto A). Con el objeto de construir tal línea,
primero la Corte selecciona puntos de base
apropiados. Dada la ubicación del Punto A
a una distancia de 80 millas náuticas de la
costa a través del paralelo, el punto de base
más cercano a la costa chilena está situado
cerca del punto inicial de la frontera marítima
entre Chile y Perú, y en la costa peruana en
un punto en el cual el arco de un círculo de
radio 80 millas náuticas desde el Punto A
intersecta la costa peruana. Para el propósito
de la construcción de una línea provisional
equidistante, solo esos puntos en la costa
peruana que están a más de 80 millas náuticas
del Punto A pueden hacerse corresponder
con puntos a una distancia equivalente en la
costa chilena. El arco del círculo indicado en
el bosquejo cartográfico Nº3 es utilizado para
identificar el primer punto de base peruano. Los
puntos de base adicionales para la construcción
de la línea provisional equidistante han sido
seleccionados como los puntos costeros más
hacia el mar “ubicados cercanos a la zona que
se debe delimitar “(Maritime Delimitation in
the Black Sea [Delimitación Marítima en el
Mar Negro] (Romania v. Ukraine) [Rumania
v. Ucrania, Fallo C.I.J. Informes 2009, pág.
101, pár. 117]. Estos puntos de base están
ubicados al noroeste del punto de base inicial
en la costa peruana y al sur del punto de base
inicial en la costa chilena. No existen puntos
en la costa peruana que estén ubicados al sureste
del punto inicial de la costa que puedan
corresponder con puntos en la costa chilena,
ya que todos están ubicados a menos de 80
millas náuticas del Punto A (Véase el bosquejo
cartográfico Nº3: Construcción de la línea
provisional equidistante).
De este modo, la línea provisional equidistante
construida tiene una dirección general sur-oeste,
casi como una línea recta, lo que refleja el carácter
uniforme de ambas costas, hasta que alcanza el
límite de 200 millas náuticas medidas desde las
líneas de base chilenas (Punto B). Desde este
punto hacia el mar, las proyecciones de las 200
millas náuticas de las costas de las Partes ya no
se superponen.
Antes de continuar con la aplicación de la
metodología habitual, la Corte recuerda que,
en su segunda presentación, Perú le solicitó
determinar y declaró que, más allá del punto
donde termina la frontera marítima, Perú está
autorizado a ejercer derechos soberanos sobre la
zona marítima ubicada a 200 millas náuticas de
sus líneas de base (esta solicitud tiene relación
con la zona marcada con azul oscuro en el
bosquejo cartográfico Nº2). Como respuesta,
Chile sostiene que en la Declaración de Santiago
de 1952 se establece un límite lateral único,
actual o futuro, para todas las zonas marítimas
de los Estados de las Partes, mencionando la
referencia en el párrafo II de la Declaración a
“una distancia mínima de 200 millas náuticas”.
Dado que la Corte ha concluido que la línea
de frontera acordada a través del paralelo de
latitud termina a una distancia de 80 millas
de la costa, no existen fundamentos para el
argumento chileno. Además, ya que la Corte
ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Resumen del Fallo de la Corte de La Haya
34
ha decidido que procederá con la delimitación
de los derechos marítimos de las Partes que se
superponen al construir una línea equidistante,
la segunda presentación de Perú ha llegado a
ser irrelevante y por lo tanto la Corte no necesita
realizar un fallo en este sentido.
Volviendo a la aplicación de su metodología
habitual, la Corte recuerda que, más hacia el mar
del punto B, ya no se superponen los derechos
marítimos de las Partes en los límites de 200
millas náuticas delimitados sobre la base de
equidistancia. Advierte que, desde el Punto B,
los derechos marítimos chilenos sobre el límite
de las 200 millas náuticas siguen una dirección
general hacia el sur. El segmento final de la frontera
marítima prosigue desde el Punto B al Punto C,
donde se intersectan los derechos marítimos de
las Partes en el límite de las 200 millas náuticas.
La Corte debe entonces determinar, en la
segunda etapa de su metodología habitual, si
existen circunstancias relevantes que signifiquen
realizar un ajuste en la línea provisional
equidistante, con el propósito, se debería siempre
recordar, de lograr un resultado equitativo.
En el caso actual, la línea equidistante evita
cualquier amputación excesiva de las proyecciones
marítimas de ambos Estados y no parecen no
existir circunstancias relevantes en el registro
presentado a la Corte. En consecuencia, no existen
fundamentos para ajustar la línea provisional
equidistante.
La próxima y tercera etapa es determinar
si la línea provisional equidistante trazada
desde el Punto A produce un resultado que
es significativamente desproporcionado
en términos de la longitud de las costas
relevantes y la división de la zona relevante. El
propósito es evaluar la naturaleza equitativa
del resultado.
Como destacó anteriormente la Corte, la
existencia de una línea acordada que se extiende
por 80 millas náuticas a través del paralelo de
latitud le presenta una situación poco usual.
La existencia de esta línea podría hacer difícil,
y quizás imposible, el cálculo de la longitud
de las costas relevantes y de la extensión
del área relevante, si se utilizara la fórmula
matemática habitual de las proporciones. La
Corte recuerda que en algunas circunstancias
en el pasado, debido a las dificultades que
aparecen de las circunstancias del caso, no
ha realizado esos cálculos. Más recientemente
advirtió que, en esta última etapa del proceso
de delimitación, el cálculo no pretende ser
preciso y es aproximado; “el objeto de la
delimitación es lograr una delimitación que
sea equitativa, no una división de las zonas
marítimas “(Maritime Delimitation in the Black
Sea [Delimitación Marítima en el Mar Negro]
(Romania v. Ukraine) [Rumania v. Ucrania, Fallo
C.I.J. Informes 2009, pág. 100, pár. 111]. En
tales casos, la Corte se involucra en una amplia
evaluación de la desproporcionalidad. Dadas
las circunstancias poco usuales del caso actual,
la Corte emprende aquí el mismo enfoque y
concluye que no existe una desproporción
significativa evidente, que podría poner en
cuestion la naturaleza equitativa de la línea
provisional equidistante.
Según esto, la Corte concluye que la frontera
marítima entre las dos Partes desde el Punto
A sigue a través de una línea equidistante al
Punto B, y luego continúa a través del límite
de las 200 millas náuticas medido desde la
base de referencia chilena al Punto C (Véase el
bosquejo cartográfico Nº4: Curso de la frontera
marítima).
VII. CONCLUSIÓN (párrafos 196-197)
La Corte concluye que la frontera marítima
entre las Partes comienza en la intersección
del paralelo de latitud que pasa a través del
Hito Nº1 con la línea bajamar, y se extiende a
80 millas náuticas a través de este paralelo de
latitud hasta el Punto A. Desde este punto, la
frontera marítima sigue la línea equidistante
hasta el Punto B, y luego sigue el límite de las
200 millas náuticas medidas desde las líneas de
base chilenas hasta el Punto C.
Dadas las circunstancias del caso, la Corte ha
definido el curso de la frontera marítima entre las
Partes sin determinar las coordenadas geográficas
precisas. Además, las Partes en sus presentaciones
finales no han solicitado a la Corte determinar
estas coordenadas. La Corte espera que las Partes
determinen estas coordenadas de acuerdo al Fallo,
con la voluntad de buena vecindad.
REVISMAR 1 /2014 35
VIII. CLÁUSULA OPERATIVA (párrafo 198)
LA CORTE,
(1) Por quince votos contra uno,
Decide que el punto inicial de la frontera
marítima única que delimita las respectivas
zonas marítimas entre la República de Perú y la
República de Chile es la interseccción del paralelo
de latitud que pasa a través del Hito Nº 1 con la
línea de bajamar;
VOTOS A FAVOR: Presidente Tomka; VicePresidente
Sepúlveda-Amor; Jueces Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Sebutinde,
Bhandari; Jueces ad hoc Guillaume, Orrego
Vicuña;
VOTOS EN CONTRA: Juez Gaja;
(2) Por quince votos contra uno,
Decide que el segmento inicial de la frontera
marítima única sigue la dirección del paralelo de
latitud que pasa por el Hito Nº 1 hacia el oeste;
VOTOS A FAVOR: Presidente Tomka; VicePresidente
Sepúlveda-Amor; Jueces Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaja, Bhandari;
Jueces ad hoc Guillaume, Orrego Vicuña;
VOTOS EN CONTRA: Jueza Sebutinde;
(3) Por diez votos contra seis,
Decide que este segmento inicial continúa hasta
un punto (Punto A) ubicado a una distancia de
80 millas náuticas del punto inicial de la frontera
marítima única;
VOTOS A FAVOR: Vice-Presidente SepúlvedaAmor;
Jueces Owada, Abraham, Keith, Bennouna,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Donoghue;
Juez ad hoc Guillaume;
VOTOS EN CONTRA: Presidente Tomka; Jueces
Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Juez ad hoc
Orrego Vicuña;
(4) Por diez votos contra seis,
Decide que desde el punto A, la frontera
marítima debería continuar en dirección suroeste
a través de la línea equidistante de las
costas de la República de Perú y de la República
de Chile, cuando se mide desde ese punto, hasta
la intersección (en el Punto B) con el límite de las
200 millas náuticas medidas desde las líneas de
base desde las cuales se mide el mar territorial
de la República de Chile. Desde el Punto B, la
frontera marítima única continuará en dirección
sur a través del límite hasta llegar al punto de
intersección (Punto C) del límite de las 200 millas
náuticas medidas desde las líneas de base desde
las cuales se miden los mares territoriales de la
República de Perú y de la República de Chile,
respectivamente;
VOTOS A FAVOR: Vice-Presidente SepúlvedaAmor;
Jueces Owada, Abraham, Keith, Bennouna,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Donoghue;
Juez ad hoc Guillaume;
VOTOS EN CONTRA: Presidente Tomka; Jueces
Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Juez ad hoc
Orrego Vicuña;
(5) Por quince votos contra uno,
Decide que por las razones dadas en el párrafo
189 [del mismo Fallo], la Corte no necesita entregar
una decisión sobre la segunda presentación de
la República de Perú.
VOTOS A FAVOR: Presidente Tomka; VicePresidente
Sepúlveda-Amor; Jueces Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde,
Bhandari; Jueces ad hoc Guillaume;
VOTOS EN CONTRA: Juez ad hoc Orrego Vicuña.
El Presidente TOMKA y el Vice-Presidente
SEPÚLVEDA-AMOR añaden declaraciones sobre
el Fallo de la Corte; el Juez OWADA añade una
opinion separada sobre el Fallo de la Corte; el
Juez SKOTNIKOV añade una declaración al Fallo
de la Corte; los Jueces XUE, GAJA, BHANDARI
y el Juez ad hoc ORREGO VICUÑA añaden una
opinión común en la cual disienten con el Fallo
de la Corte; los Jueces DONOGHUE y GAJA
añaden declaraciones sobre el Fallo de la Corte;
la Jueza SEBUTINDE añade una opinión en la
cual disiente con el Fallo de la Corte; el Juez ad
hoc GUILLAUME añade una declaración sobre el
Fallo de la Corte; el Juez ad hoc ORREGO VICUÑA
añade una opinión, en parte a favor y en parte
en contra del Fallo de la Corte.
ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Resumen del Fallo de la Corte de La Haya
36
Apéndice 1 al Resumen 2014/1
Declaración del Presidente Tomka
El Presidente Tomka acepta el fallo de la Corte en
lo que se refiere a que la frontera marítima única
entre Perú y Chile comienza en la intersección
del paralelo de latitud que pasa por el Hito Nº1
con la línea bajamar. Además, está de acuerdo
que la frontera marítma única sigue la dirección
del paralelo de latitud. Sin embargo, no está de
acuerdo con sus colegas cuando decidieron que
la frontera acordada termina a una distancia
de 80 millas náuticas desde su punto inicial. En
consecuencia, no puede apoyar la decisión de
la Corte cuando diseñó la frontera marítima de
novo a partir de ese punto.
El Presidente Tomka comienza por señalar
que en el Acuerdo de 1954 Relacionado con la
Zona Especial Fronteriza Marítima, las Partes no
establecieron una frontera marítima entre ellas,
pero claramente reconocieron que tal frontera
ya existía. No considera relevante la práctica de
las Partes, según este Acuerdo, para determinar
la extensión de la frontera marítima, y considera
que tal frontera se extiende a una distancia
correspondiente que las Partes han mantenido en
sus demandas de zonas marítimas, es decir, 200
millas náuticas. El Fallo de la Corte concluye que
la zona marítima especial establecida según el
Acuerdo de 1954 representa una distancia de 80
millas náuticas de la costa. Sin embargo, mientras
las Partes establecieron los límites este, sur y
norte en esta zona, expresamente decidieron no
establecer el límite oeste. Concluye que se tenía
la intención de que esta zona se extendiera hacia
el mar a través del paralelo hasta el límite de los
derechos marítimos exigidos por las Partes.
El Presidente Tomka considera que el texto
y la negociación histórica de la Declaración de
Santiago de 1952, así como las acciones domésticas
de las Partes al formular demandas marítimas,
apoyan la conclusión de que la frontera marítima
acordada se extendía a 200 millas náuticas.
Además, considera que se podría concluir de
las discusiones que se realizaron durante la
Conferencia de Lima en 1954, que las Partes
acordaron confirmar que la Declaración de 1952
fue adoptada en el entender que el paralelo que
comienza cuando la frontera terrestre alcanza
el mar constituye la línea que divide sus zonas
marítimas. El borrador y los travaux préparatoires
[trabajos preparatorios] del Acuerdo de 1954
sobre la Zona Especial apoyan la existencia de
esta frontera marítima, mientras que la Resolución
Suprema de Perú de 1955 también supone que
la línea fronteriza debería seguir la dirección
del paralelo.
Como conclusión, el Presidente Tomka considera
que las Partes estimaban que la Declaración
de 1952 resolvió asuntos relacionados con la
delimitación de sus zonas marítimas. Considera
la Declaración no como la verdadera fuente
jurídica del acuerdo, sino como evidencia del
reconocimiento de tales acuerdos por las Partes. Así
como la Declaración no establecía expresamente
que el paralelo era la frontera entre las Partes,
el Presidente Tomka considera que las Minutas
de la Conferencia de Lima de 1954 y el Acuerdo
resultante sobre la Zona Especial deben ser
considerados para su interpretación. El Párrafo
IV de la Declaración supone la existencia de una
frontera marítima general, y las Partes parecen
haber tratado este asunto como indiscutible.
Más importante todavía, los representantes de
las Partes están de acuerdo y declaran que el
asunto de la delimitación lateral de sus zonas
de 200 millas náuticas declaradas fue resuelto
y que el Acuerdo de 1954 sobre la Zona Especial
confirma la existencia de una frontera a través
del paralelo.
Además, el Presidente Tomka señala que, en
su opinión, parte de la evidencia presentada a
la Corte, en particular en lo que se refiere a la
Corriente de Humboldt, implica que la frontera
se extiende mucho más allá de la distancia de
80 millas náuticas.
Al disentir con las conclusiones de la Corte
que acordaron la distancia de 80 millas náuticas
desde el punto inicial, y en consecuencia con las
conclusiones de la continuación de la frontera desde
ese punto, el Presidente Tomka quiere dejar en
claro que no cuestiona la metodología empleada
por la Corte al construir la continuación de la línea
fronteriza, sino que cuestiona la distancia desde
la cual comienza la frontera en el paralelo.
Para concluir, el Presidente Tomka, observa
que dado que la decisión de la Corte debe ser
respetada, está de acuerdo con que la Corte no
REVISMAR 1 /2014 37
necesita fallar sobre la presentación de Perú en
relación al “triángulo exterior,” siendo esta zona
parte de la zona económica exclusiva y plataforma
continental de Perú. En su opinión, este podría
haber sido el resultado incluso si la frontera
marítima acordada se hubiera extendido a una
distancia de 200 millas náuticas de la costa.
Declaración del Vice-Presidente SepúlvedaAmor
En su declaración, el Vice-Presidente SepúlvedaAmor
expresa importantes salvedades en relación
al razonamiento de la Corte al apoyar la existencia
de un acuerdo tácito sobre la delimitación
marítima.
El Vice-Presidente Sepúlveda-Amor acepta
que, en circunstancias apropiadas, la frontera
marítima podría estar basada en un acuerdo
tácito. Sin embargo, rechaza que el Acuerdo
de Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954
(Acuerdo de 1954) demuestra la existencia de
tal acuerdo en términos convincentes.
Para el Vice-Presidente Sepúlveda-Amor, la
indagación sobre la posible existencia de un
acuerdo tácito sobre la delimitación marítima
debería haber llevado a la Corte a realizar un
análisis sistemático y riguroso de la conducta
de las Partes mucho más allá de los términos
del Acuerdo de 1954, ya que es solo a través
del escrutinio de años de práctica del Estado
que una frontera marítima acordada podría
ser discernida. Por el contrario, lamenta, que el
análisis de la conducta del Estado se mantiene
subdesarrollado y periférico a los argumentos
de la Corte cuando debería estar al centro del
razonamiento.
Sepúlveda-Amor teme que el enfoque adoptado
por la Corte podría ser interpretado como un
retroceso del riguroso estándar de evidencia
formulada en el caso Territorial and Maritime
Dispute between Nicaragua and Honduras in
the Caribbean Sea [Disputa Territorial y Marítima
entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe]
(Nicaragua v. Honduras) para la instauración de
una frontera marítima permanente.
Sin embargo, el Fallo no debería ser interpretado
de esta forma, ya que no está basado en una
jurisprudencia diferente a la realizada previamente
por la Corte.
Opinión separada del Juez Owada
En su opinión separada, el Juez Owada señala
que, aunque ha aceptado las conclusiones
contenidas en los párrafos operativos del Fallo,
no puede asociarse completamente con el
razonamiento que llevó a la Corte a su conclusión
en relación a la delimitación concreta de una
frontera marítima única entre Perú y Chile.
El Juez Owada confirma el rechazo del Fallo a
la posición de Chile que los derechos de las zonas
marítimas respectivas de Chile y Perú habían
sido delimitadas completamente y, además,
apoya el rechazo del Fallo a la posición de Perú
de que las zonas marítimas entre Chile y Perú
nunca han sido delimitadas por un acuerdo u
otro instrumento. Sin embargo, el Juez Owada
señala que tiene importantes salvedades sobre
la conclusión de la Corte que el Acuerdo de 1954
Relacionado con la Zona Especial Fronteriza
Marítima (“Acuerdo de 1954”) demuestra que las
Partes reconocieron la existencia de un acuerdo
entre ellas que delimita las zonas de sus respectivos
derechos marítimos a través del paralelo de
latitud que pasa por el Hito Nº1. En la opinión
del Juez Owada, para llegar a esta conclusión
el Fallo tiene que establecer (1) que ha habido
nuevos hechos jurídicos (actos/omisiones) por
parte de las Partes que crean jurídicamente tal
acuerdo, y (2) que esta frontera se extiende solo
a una distancia de 80 millas náuticas, más allá de
las cuales no existe ninguna frontera marítima
delimitada que sea aceptada por las Partes. El
Juez Owada sostiene que el Fallo actual parece
no haber substanciado estos puntos con el apoyo
de evidencia suficientemente convincente.
El Juez Owada no está de acuerdo con la
conclusión del Fallo que el lenguaje del Acuerdo
de 1954 es “claro” al reconocer que una frontera
marítima ya existe. El Juez Owada no se puede
imaginar cómo las provisiones del Acuerdo de 1954
podrían considerarse tan “claras” para justificar
esta conclusión. El Juez Owada señala que las
palabras cruciales del Artículo 1 del Acuerdo
de 1954 establecen que “una zona especial
se establece aquí… que se extiende hasta una
distancia de 10 millas náuticas a cada lado del
paralelo lo que constituye la frontera marítima
entre los dos países” (Subrayado añadido). El
Juez Owada señala que este lenguaje, en su
ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Resumen del Fallo de la Corte de La Haya
38
significado básico, no garantiza, como tal y sin
evidencia adicional, la existencia de un acuerdo
tácito que establezca tal frontera para todos
los propósitos entre las Partes. El Juez Owada
recuerda que anteriormente la Corte señaló que
en el caso de la Territorial and Maritime Dispute
[Disputa Territorial y Marítima] (Nicaragua v.
Colombia) “[la] evidencia de un acuerdo legal
tácito debe ser convincente. La instauración
de una frontera marítima permanente es un
asunto de suma importancia y no se presume
un acuerdo fácilmente”. (Subrayado añadido). El
Juez Owada opina que este estándar riguroso
no ha sido logrado en el caso actual.
En relación a los travaux préparatoires [trabajos
preparatorios] del Acuerdo de 1954, el Juez
Owada señala que el Acuerdo de 1954 tenía su
origen en un documento conjunto presentado
por los delegados de Ecuador y Perú y se refería
a la creación de una zona neutral a cada lado
“del paralelo que pasa a través del punto en la
costa que señala la frontera entre los dos países”
(Subrayado añadido). El Juez Owada sostiene
que este lenguaje sugiere que las personas que
redactaron el borrador estaban indicando la
frontera terrestre entre los dos países afectados.
El Juez Owada señala además que el lenguaje
fue corregido a su forma actual a instancia del
delegado ecuatoriano a la Conferencia sobre
la Explotación y Conservación de las Riquezas
Marítimas en el Pacífico Sur, quien propuso que
“el concepto, ya declarado en Santiago, que el
paralelo que comienza en el punto inicial de
la frontera en la costa constituye la frontera
marítima entre los países vecinos firmantes,
sea incorporado a este artículo”. Según el Juez
Owada, esto indica que el lenguaje del Artículo
1 del Acuerdo de 1954 fue escrito para reflejar
la percepción del delegado de Ecuador que
lo que él proponía no era más que lo que ya
se había “declarado en Santiago” en 1952. Sin
embargo, el Juez Owada señala que, como
concluyó correctamente el Fallo, la Declaración
de Santiago de 1952 no había declarado que el
paralelo que comienza en el punto fronterizo
en la costa constituía una frontera marítima.
El Juez Owada agrega que, de la misma forma,
las actas de faros de 1968-1969 no proporcionan
evidencia “convincente” de la existencia de un
acuerdo tácito que establezca una frontera
marítima multiuso. Según el Juez Owada, estas
actas no son más que un seguimiento lógico
del Acuerdo de 1954 y no agregan nada más (o
menos) a lo que el Acuerdo de 1954 prescribe (o
deja de prescribir) sobre la naturaleza del paralelo
como una línea de demarcación marítima.
En consecuencia, el Juez Owada sostiene que,
en su opinión, el Fallo no ha demostrado que el
acuerdo tácito entre las Partes sobre una frontera
marítima multiuso que se extiende a través del
paralelo llegó a existir sobre la base de acciones
u omisiones legales de las Partes después de la
Declaración de Santiago de 1952, pero antes del
Acuerdo de 1954.
El Juez Owada también plantea la cuestion
de hasta dónde se debería extender la frontera
marítima señalada. Observa que si, como asume
el Fallo, las Partes han llegado a aceptar el paralelo
de latitud como la línea fronteriza marítima
definitiva multiuso, entonces no debería haber
ninguna razón para pensar que esta línea termine
a una distancia de 80 millas náuticas desde el
punto inicial, y no extenderse a un máximo de
200 millas náuticas. El Juez Owada sostiene que
el Fallo reconoce que “la naturaleza multiuso de
la frontera marítima… significa que la evidencia
relacionada con la actividad pesquera, en sí misma,
no puede ser determinante de la extención de
tal frontera.”
Si, por el contrario, uno comenzara con la premisa
que esta frontera debería terminar en un punto
ubicado a menos de 200 millas náuticas por la
razón de que la situación real en tierra relacionada
con las verdaderas actividades pesqueras solo
se extendían hasta cierto punto, entonces,
señala el Juez Owada, la razón fundamental para
depender en esa distancia debe estar basada
en la naturaleza legal de la línea, no como una
frontera marítima multiuso, sino como una línea
con propósitos específicos para crear un régimen
regulatorio para la actividad pesquera. Según
el Juez Owada, el Fallo no puede escapar este
dilema creado por su propio razonamiento, en la
medida en que el Fallo esté basado en la presunta
(pero no demostrada) existencia de un acuerdo
tácito de una frontera marítima permanente.
El Juez Owada escribe que en vez de basar
el razonamiento de la existencia de una línea
REVISMAR 1 /2014 39
de demarcación en el reconocimiento de un
acuerdo tácito de una frontera marítima de
naturaleza multiuso, el Fallo debería basarse en
un razonamiento legal levemente modificado,
de la siguiente forma:
(1) La Corte debería rechazar, como lo
hace el Fallo actual, la afirmación de Chile que
el Acuerdo de Santiago de 1952 constituye un
acuerdo para reconocer y aceptar una línea
fronteriza marítima a través del paralelo de
latitud.
(2) La práctica de los Estados involucrados
en el campo del ejercicio de jurisdicción nacional
del mar, especialmente, en lo relacionado con la
actividad pesquera de Chile y Perú en la región,
que gradualmente emerge en los años de la
Declaración de Santiago y posteriores, como
se muestra en el Acuerdo de 1954 y en las actas
de faros de 1968-1969, demuestra la aparición
gradual de un entendimiento tácito entre las
Partes de aceptar una delimitación jurisdiccional
de la zona de competencia nacional en el mar a
través de la línea de latitud, específicamente con
el propósito de regular las actividades pesqueras.
Esta aceptación de la zonificación de áreas
marítimas se desarrolló de facto específicamente
en la dirección lateral para incluir áreas de mar
que pertenecen a cada una de las Partes para
las actividades pesqueras. El proceso de esta
aceptación tácita a través de la práctica del
Estado se desarrolló aparentemente sin tener
la forma de un acuerdo, tácito o expreso, entre
las Partes, y llegó a estar reflejado en la forma de
una delimitación de facto de la frontera marítima
a través de las costas de Perú y Chile.
(3) No es posible o necesario identificar
cuándo y cómo esta aceptación tácita se
transformó en una disposición normativa que las
Partes llegaron a reconocer como que constituyen
una delimitación legal de sus respectivas zonas
de derechos marítimos.
(4) De este modo, el Acuerdo de 1954 no
puede ser considerado un acuerdo que de novo
creara una nueva zona fronteriza marítima, como
tampoco el Acuerdo de 1954 pretende reconocer
la existencia de un acuerdo tácito de delimitación
de la zona marítima que pudiera haber definido
categóricamente los límites multiuso de la
jurisdicción marítima de las Partes.
(5) Sin embargo, el Acuerdo de 1954 ha
tenido un importante significado jurídico en
el proceso de consolidación del derecho legal
basado en la aceptación tácita a través de la
práctica.
(6) Dado que esta aceptación tácita estaba
basada en su origen en la práctica del Estado
en su época, está así limitada a la extensión de
las verdaderas actividades pesqueras llevadas a
cabo por los pescadores de la costa de los dos
Estados involucrados. La distancia precisa en
el mar a la cual la zona de mar que pertenece
a los dos Estados fue delimitada entre ellos
debería ser determinada ante todo según estas
actividades pesqueras. Tomando en cuenta el
patrón predominante de las actividades pesqueras
de Perú y Chile en el periodo relevante, el límite
geográfico razonable en el cual se presume que
estas actividades han estado operando podría
estar dentro de una distancia de 50 millas náuticas
de las respectivas costas de Perú y Chile. Cuando
la distancia de la costa se traduce en longitud
de la línea del paralelo de latitud, esta línea
corresponde a alrededor de 80 millas náuticas
desde el punto donde el mar intersecta la frontera
terrestre entre Perú y Chile.
Por lo tanto, el Juez Owada está dispuesto a
aceptar las 80 millas náuticas como la longitud
de la línea del paralelo que fue trazada desde
el punto inicial donde la frontera terrestre entre
los dos países intersecta el mar, como refleja
fielmente la realidad de la práctica del Estado,
ante todo las actividades pesqueras de aquella
época en la región.
El Juez Owada agrega que, basado en este
análisis, el argumento a partir de la consideración
de la ubicación equitativa de la completa zona de
mar en disputa entre los dos Estados contendores
no debería tener lugar en la consideración del
problema en la Corte sobre qué extensión debería
tener esta línea del paralelo de latitud.
Declaración del Juez Skotnikov
El Juez Skotnikov votó a favor de las
conclusiones de la Corte presentadas en la
claúsula operativa. Sin embargo, no está de
acuerdo con la forma en que la Corte trató el
asunto de la extensión de la frontera marítima
entre Perú y Chile.
ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Resumen del Fallo de la Corte de La Haya
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El Juez Skotnikov respalda la conclusión de la
Corte que, antes de la firma del Acuerdo de la
Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, había
un acuerdo tácito entre las Partes relacionado
con la frontera marítima entre ellas a través
del paralelo que pasa por el punto en el cual
la frontera terrestre llega al mar. Concuerda
que el Acuerdo de la Zona Especial Fronteriza
Marítima de 1954, que reconoce la existencia
de un acuerdo tácito, dejó cierta incertidumbre
sobre la extensión precisa de la frontera marítima.
En su opinión, la Corte podría haber abordado
este tema de la misma forma en que resolvió el
asunto de si la frontera marítima es de naturaleza
multiuso, es decir, dentro del contexto de las
Proclamaciones de 1947 y de la Declaración de
Santiago de 1952. El Juez Skotnikov lamenta que
la Corte haya considerado en cambio el asunto
de la extensión de la frontera marítima fuera de
este contexto.
El Juez Skotnikov no está convencido con
el argumento de la Corte que el estado de
aceptación general internacional que concierne
los derechos marítimos del Estado durante los
años 1950 indique que era poco probable que
las Partes hubieran establecido su frontera
marítima a una distancia de 200 millas náuticas.
Sostiene que las Proclamaciones de 1947 y la
Declaración de Santiago de 1952 demuestran
que las Partes estaban preparadas a realizar
demandas marítimas que no tuvieran amplia
aceptación internacional en la época.
El Juez Skotnikov tampoco está convencido
con el tratamiento por parte de la Corte de las
diferentes prácticas, tales como las actividades
pesqueras y de aplicación de la ley, como el
determinante más importante de la extensión
de la frontera marítima acordada. No comprende
cómo la extensión de una frontera marítima
multiuso puede ser determinada por la capacidad
de extracción y de aplicación de la ley de las
Partes en la época cuando se firmó el Acuerdo
de 1954, en el que solo se reconoció la frontera
marítima existente.
Aun si se siguiera el razonamiento adoptado
por la Corte, el Juez Skotnikov señala que la
determinación de la cantidad de 80 millas
náuticas como la extensión de la frontera
marítima acordada parece no ser respaldada por
la evidencia que la Corte considera relevante.
Una parte de tal evidencia respalda una frontera
marítima acordada de al menos 100 millas
náuticas.
Sin embargo, el Juez Skotnikov concluye que
dada la falta de claridad habitualmente deseada
en el tratamiento de las Partes de la extensión de
la frontera marítima acordada, ha sido posible
para él votar con la mayoría a favor del tercer
párrafo operativo.
Opiniones disidentes conjuntas de los
Jueces Xue, Gaja, Bhandari y del Juez ad hoc
Orrego Vicuña
En sus opiniones disidentes conjuntas,
los Jueces Xue, Gaja, Bhandari y el Juez ad
hoc Orrego Vicuña toman la posición que el
texto del párrafo IV de la Declaración sobre
la Zona Marítima (Declaración de Santiago)
implica que el paralelo que pasa a través del
punto donde la frontera terreste alcanza el
mar representa la frontera lateral entre las
zonas marítimas de las Partes generada por
sus costas continentales. Basándose en las
demandas marítimas de las Partes como se
establece en la Declaración de Santiago, esta
frontera se extiende a 200 millas náuticas.
Otros acuerdos posteriores entre las Partes
confirman esta interpretación de la Declaración
de Santiago, especialmente el Acuerdo de 1954
relacionado con la Zona Especial Fronteriza
Marítima (Acuerdo de 1954), el Protocolo de
Adhesión a la Declaración de Santiago sobre
la “Zona Marítima” (el Protocolo de 1955) y
el acta de 1968 entre Perú y Chile sobre la
instalación de faros (Acta de 1968).
Primero, los cuatro jueces señalan que la
Declaración de Santiago es un Tratado y que ha
sido aceptado como tal por las Partes. El Párrafo
IV de la Declaración establece:
“En el caso de islas territoriales, la zona de 200
millas náuticas debería aplicarse a la totalidad
de la costa de la isla o grupos de islas. Si una
isla o grupo de islas perteneciente a uno de los
países firmantes de la declaración está situada
a menos de 200 millas náuticas de la zona
marítima general que pertenece a otro de los
países, la zona marítima de la isla o grupo de
islas debería estar limitada por el paralelo en el
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punto donde la frontera terrestre de los Estados
afectados alcanza el mar.”
Los jueces advierten que según el Párrafo IV el
criterio para delimitar una zona marítima general
de otra no ha sido explícitamente establecido. Sin
embargo, cuando en el Párrafo IV se refiere a una
isla o grupo de islas a una distancia de menos de
200 millas náuticas de la zona marítima general
de otro Estado, implica que algún criterio ha
sido aceptado para delimitar la zona marítima
general porque de lo contrario sería imposible
saber si una isla o grupo de islas está situado
a menos de 200 millas náuticas de esa zona.
Al recordar la regla fundamental de la
interpretación de tratados que cada término de
un tratado debería recibir un significado y efecto
según el objetivo y el propósito del tratado, los
jueces recalcan que las frases en este párrafo se
refieren a “la zona marítima general que pertenece
a otro de esos países” y al determinar que la zona
marítima de las islas “debería estar limitada por el
paralelo en el punto donde la frontera terrestre de
los Estados concernientes alcanza el mar” tiene
un vínculo directo con los derechos de las islas así
como con las fronteras laterales entre las zonas
marítimas generales de las partes.
Además, los jueces encuentran respaldo para
su conclusión en las Minutas del Comité de
Asuntos Jurídicos de la Conferencia de Santiago,
que registró el entendimiento entre las partes
a la Declaración de Santiaago que el paralelo
respectivo desde el punto donde las fronteras de
los países toca o alcanza el mar debería marcar
la frontera lateral entre las zonas marítimas de
los tres Estados.
Por otra parte, en la opinión de los jueces, dado
que las partes proclamaron públicamente que
cada uno poseía soberanía y jurisdicción exclusiva
sobre el mar en las costas continentales de sus
respectivos países a una distancia mínima de
200 millas náuticas de sus costas, y que ellos
proporcionaron explícitamente en la Declaración
de Santiago que las islas frente a sus costas podrían
tener derecho a zonas marítimas de 200 millas
náuticas, no resulta convincente para llegar a la
conclusión, que ellos pudieran haber llegado a
un acuerdo tácito de que su frontera marítima de
la costa podría tener una extensión de solo 80
millas náuticas, lo que es claramente contrario
a la posición de las Partes como se establece en
la Declaración de Santiago.
En lo que se refiere al argumento de Perú que
su zona marítima relevante fue definida sobre
la base del método “arcos de círculos,” los jueces
revisaron la legislación doméstica promulgada
en la época por las Partes de la Conferencia de
Santiago, y concluyeron que ambos Estados
emplearon el método “tracé parallèle” [trazado
paralelo] para determinar el alcance de sus
respectivas zonas marítimas. Los jueces señalan
además que aun suponiendo que, en la época,
Perú de hecho hubiera tenido en mente el
método de los arcos de círculo, debería haber
enfrentado inmediatamente la situación de la
superposición entre su demanda y la de Chile en
lo que se refiere a las zonas marítimas generales.
No existe ningún documento en los registros de
la Corte que muestre que este asunto fue previsto
en la Conferencia de Santiago. Considerando
toda la evidencia, los jueces señalan que Perú
no presentó este asunto hasta 1986 y expresó el
método de los arcos de círculo solamente en su
Ley sobre las Líneas de Base, de 2005.
Los jueces reconocen que en 1952 se le dio
menos atención al asunto de la delimitación entre
los Estados adyacentes que a la confirmación de la
posición de las 200 millas náuticas ante esos Estados
que eran hostiles a tales demandas, y que cuando
Perú firmó la Declaración de Santiago, no podría
haber previsto que el desarrollo futuro de la ley del
mar le significaría que el método tracé parallèle
sería desfavorable para el país. Sin embargo, ese
es un asunto separado. Los Jueces recalcan que
lo que la Corte tiene que decidir en este caso es si
(o no) Perú y Chile llegaron a un acuerdo sobre la
frontera marítima en la Declaración de Santiago. Los
jueces señalan además que mientras las demandas
de las partes a la Declaración de Santiago por una
zona marítima de 200 millas náuticas podrían
difícilmente tener fundamento en el derecho
internacional consuetudinario de la época en que
fueron presentados, una delimitación podría ser
acordada por los tres Estados aun en relación a sus
derechos potenciales. Se puede argumentar que
esto fue realizado por la Declaración de Santiago.
En relación a los acuerdos posteriores, primero
los jueces se refieren al Acuerdo de 1954 que
constituye una parte integral y complentaria a
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la Declaración de Santiago. Según el Acuerdo
de 1954, las partes establecieron una zona de
tolerancia especial a cada lado de la frontera
marítima entre los Estados adyacentes en la cual
no serían castigadas las transgresiones inocentes
e inadvertidas de pequeñas embarcaciones de
pescadores artesanales.
Desde el punto de vista de los jueces, para
establecer tal zona de tolerancia debe existir
entre las partes, como pre-requisito, una frontera
marítima. Al identificar la frontera marítima entre
las partes, el párrafo 1 del Acuerdo de 1954 se
refiere explícitamente a “el paralelo que constituye
la frontera marítima entre los dos países”. El artículo
definido “el” antes de la palabra “paralelo” indica la
pre-existencia de una línea acordada por las partes.
El único acuerdo relevante de las zonas marítimas
que existía entre las partes antes de 1954 era la
Declaración de Santiago. Dado el contexto del
Acuerdo de 1954, el paralelo referido no puede
ser otra línea que el paralelo a través del punto
final de la frontera terrestre, es decir, el paralelo
identificado en la Declaración de Santiago.
Los jueces observan que el Acuerdo de 1954
tiene un propósito algo limitado, solamente apunta
a los incidentes inocentes e inadvertidos causados
por embarcaciones pequeñas. No proporciona
detalles sobre dónde y en relación a qué
actividades pesqueras las embarcaciones mayores
de cada Estado podrían operar. Lógicamente,
naves diferentes a las embarcaciones pequeñas
a las que se refiere el Acuerdo podrían pescar
mucho más allá de esta zona especial. Por otra
parte, las actividades realizadas por las partes
para hacer cumplir la ley no se limitaban a la zona
de tolerancia. En el contexto de la Declaración
de Santiago, las partes no tenían la intención
de usar las actividades pesqueras de pequeñas
embarcaciones como un factor pertinente para
la determinación de la extensión de su frontera
marítima. Si ese hubiera sido el caso, habrían
restringido considerablemente la capacidad de
pesca potencial de las partes con la desventaja a
sus esfuerzos de preservar los recursos pesqueros
dentro de sus 200 millas náuticas, y de este modo
contradiciendo el objeto y propósito verdadero
de la Declaración de Santiago.
Por lo tanto, los jueces consideran que, dado
el objeto y propósito del Acuerdo de 1954,
es cuestionable para la mayoría de la Corte
interpretar el Acuerdo de 1954 como para
limitar la frontera marítima a la extensión de
las actividades pesqueras costeras de 1954
(que se asume eran 80 millas náuticas). En la
opinión de los jueces, el Acuerdo de 1954 indica
que las partes no solamente han delimitado la
frontera lateral de sus zonas marítimas que se
extiende a 200 millas náuticas, sino que también
intentaban manternerla. Al establecer la zona
especial, cada parte se comprometió a respectar
la frontera lateral, que solo fue confirmada más
que determinada por las partes en el Acuerdo
de 1954.
Segundo, los jueces consideran el Protocolo
de 1955. Señalan que cuando la Declaración
de Santiago fue abierta a otros Estados
Latinoamericanos, las partes reiteraron en el
Protocolo los principios básicos de la Declaración
de Santiago, pero omitieron el Párrafo IV de la
Declaración de Santiago. Según los jueces, el
contenido del Protocolo muestra que al momento
de la conclusión de la Declaración de Santiago,
sin importar su preocupación principal de las
demandas de las 200 millas marítimas, las partes
tenían en mente la delimitación marítima, si
bien como un asunto menos significativo. Esto
ilustra que las partes no previeron ninguna
regla general aplicable a la delimitación y que el
párrafo IV era una cláusula de contexto específico,
aplicable solamente a las partes de la Declaración
de Santiago. Los jueces agregan que, como
instrumento legal adoptado por las partes
después del Acuerdo de 1954, aun cuando no
entró en vigor, este Protocolo representa una
importante fuente de evidencia que refuta
cualquier acuerdo tácito entre Perú y Chile que
sus fronteras marítimas podrían extenderse
solamente hasta las 80 millas náuticas y no las
200 millas náuticas a través del paralelo que
pasa por el punto donde la frontera terrestre
alcanza el mar.
Por último, los jueces se volcaron sobre las
actas de 1968, según las cuales Perú y Chile
acordaron instalar dos faros en la costa de modo
de “concretar el paralelo de la frontera marítima
que se origina en el Hito número uno (Nº 1)”.
Los jueces opinan que la instalación de los dos
faros fue aparentemente diseñada para hacer
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cumplir la delimitación entre las Partes. Aun
cuando fue hecho por un propósito limitado, tal
actividad confirma además que el paralelo en el
punto donde la frontera terrestre de los Estados
afectados alcanza el mar constituye la frontera
lateral entre Perú y Chile. Los jueces opinan que,
consistente con la posición de las Partes tomada
en Santiago, la frontera concretada por los faros
debería extenderse a 200 millas náuticas.
Declaración del Juez Donoghue
En una declaración, el Juez Donoghue señala
que ninguno de los casos presentados por las
Partes convenció a la Corte. Por el contrario, la
Corte concluyó que existe “evidencia convincente”
de un acuerdo tácito de una frontera marítima
que se extiende a través del paralelo que
cruza el Hito Nº1, cumpliendo con la norma
que la Corte había articulado anteriormente
en Territorial and Maritime Dispute between
Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea
[Disputa territorial y Marítima entre Nicaragua
y Honduras en el Mar Caribe]. Sin embargo,
el Juez Donoghue observa que las Partes no
abordaron la existencia o los términos de tal
acuerdo, y no presentaron evidencia centrada
específicamente en la extensión de tal frontera.
Las Partes tampoco abordaron la posibilidad de
que el segmento inicial de la frontera marítima
haya sido acordado por las Partes, dejando que
el resto de la frontera fuera delimitado sobre la
base del derecho internacional consuetudinario.
De este modo, la Corte abordó estos asuntos sin
el beneficio de la opinión de las Partes. El caso
sirve para recordar los enfoques de procedimiento
que pueden ofrecer ventajas cuando asuntos
importantes no han sido abordados de lleno
por las partes, tales como solicitar que las partes
presenten información o evidencia legal adicional,
o entregar una decisión provisional o parcial.
Declaración del Juez Gaja
Como se explica en las opiniones disidentes
conjuntas, la delimitación marítima entre Chile
y Perú según la Declaración de Santiago sigue la
dirección del paralelo a través del punto donde la
frontera terrestre alcanza el mar. El Artículo 2 del
Tratado de Lima de 1929 determina el punto inicial
de la frontera terrestre en la costa que está ubicado
a 10 km al norte del puente sobre el río Lluta. En
1930 la Comisión Mixta bilateral competente para
la demarcación recibió instrucciones de trazar un
arco con radio 10 km desde tal puente y tomar
como el punto inicial de la frontera terrestre la
intersección de tal arco con la costa. A pesar de
que, por razones prácticas, las Partes han utilizado
posteriormente un marcador ubicado cerca de tal
punto con el propósito de identificar la frontera
marítima, no existe evidencia que hayan llegado
a un acuerdo para adoptar otro punto inicial que
no sea el punto mencionado en la Declaración
de Santiago.
Opinión disidente de la Jueza Sebutinde
En su opinión disidente la Jueza Sebutinde
expresa su desacuerdo con las conclusiones de
la Corte en relación a los méritos de la disputa
contenidos en los puntos 2, 3 y 4 del párrafo
operativo del Fallo. Particularmente, la Jueza
Sebutinde rechaza la conclusión de la Corte que
una frontera marítima multiuso ya existe entre las
Partes a través del paralelo de latitud que pasa
por el Hito Nº 1 sobre la base de un acuerdo tácito
entre las Partes. En su opinión, esta conclusión no
se ajusta al estándar riguroso de prueba que la
Corte misma ha establecido en el caso de Nicaragua
v. Honduras al establecer una frontera marítima
permanente en el derecho internacional basada en
un acuerdo tácito. En particular, la Jueza Sebutinde
no encuentra la evidencia “convincente”, de lo que
la Corte concluye como el acuerdo tácito entre
las Partes. Por el contrario, ella considera que la
evidencia presentada ante la Corte no permite
una conclusión sólida como fue la intención de las
Partes según la Declaración de Santiago de 1952 o
el Acuerdo de 1954 para establecer tal frontera.
A este respecto, la Jueza Sebutinde señala
que la práctica de las Partes (contemporánea
con y posterior a los acuerdos de 1952/1954)
indica que su intención en la época de la
conclusión de los acuerdos de 1952/1954 fue
proporcionar reglas para compartir los recursos
comunes y proteger tales recursos de terceros
o de partes no-estatales, y no llevar a cabo la
delimitación marítima. Al reconocer que ciertos
documentos y/o eventos que eran considerados
por la Corte podría decirse que reflejan hasta
cierto punto el entendimiento compartido de
la Partes de que había una “frontera marítima”
entre ellas a través del paralelo de latitud, la
Jueza Sebutinde señala que existen otros que
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podrían igualmente señalarse para demostrar
la ausencia de tal acuerdo. Además, aun esos
ejemplos potencialmente “confirmatorios”
no prueban sin ambigüedades que las Partes
estaban actuando (o dejando de actuar) en
el supuesto que esta línea constituye una
frontera marítima multiuso y definitiva que
delimita todos los posibles derechos marítimos
de las Partes.
De la misma forma, la Jueza Sebutinde considera
que la evidencia presentada por las partes no
respalda la conclusión de la Corte que la “frontera
marítima acordada se extiende a través del
paralelo de latitud” hasta una distancia de 80
millas náuticas en el mar.
Según esto, la Jueza Sebutinde considera
que la Corte debería haber determinado la
totalidad de la línea fronteriza entre las Partes
de novo, al aplicar su método de delimitación
bien establecido de tres etapas para lograr un
resultado equitativo.
Declaración del Juez ad hoc Guillaume
1. El Juez ad hoc Guillaume concuerda con
la decisión de la Corte y comparte el enfoque
que fue adoptado por ésta. Señala, en particular,
que Chile no ha demostrado que la frontera que
proviene del acuerdo tácito entre las Partes se
extiende más allá de 60 a 80 millas náuticas de
la costa. Desde la perspectiva del Juez ad hoc
Guillaume, la última cantidad marca el límite
extremo de la frontera según el acuerdo y es
en esas circunstancias que él concuerda con el
párrafo 3 de la parte operativa del Fallo.
2. El Juez ad hoc Guillaume explica además
que él tambien ha aceptado la solución adoptada
por la Corte en relación al punto inicial de la
frontera marítima. Señala que esta solución
necesariamente se deduce del lenguaje de las
actas de 1968-1969. Sin embargo, agrega que
de ninguna manera prejuzga “la ubicación del
punto inicial de la frontera terrestre identificado
como ‘Concordia’ en el Artículo 2 del Tratado de
Lima de 1929”, que no es asunto que la Corte
deba determinar (Fallo, párrafo 163). Las Partes
no concuerdan sobre la ubicación de tal punto
y por su parte el Juez ad hoc Guillaume tiende
a creer que el punto no está ubicado en el Hito
Nº1, sino en un punto tierra adentro, pero “en el
punto de intersección entre el Océano Pacífico y
un arco de radio 10 km que tiene su centro en el
puente sobre el río Lluta” (véase las “instrucciones
conjuntas” de las Partes de abril 1930, Fallo
párrafo 154). En consecuencia, la costa entre el
punto inicial de la frontera marítima y el Punto
Concordia cae bajo la soberanía de Perú, mientras
que el mar pertenece a Chile. Sin embargo, esa
situación no es sin precedentes, como lo señaló
Chile en las audiencias (CR 2012/31, pp. 35-38);
concierne solo algunos metros de costa, y se
puede esperar que no dará lugar a ninguna
dificultad.
Opinión separada, en parte a favor y en
parte en contra del Juez ad hoc Orrego Vicuña
El Juez ad hoc Orrego Vicuña presenta, además
de la opinión disidente de los Jueces Xue, Gaja
y Bhandari, una opinión separada, que en parte
explica esos aspectos del Fallo con los que
concuerda y en parte señala los asuntos con los
que disiente. Entre los primeros, existe un punto
inicial de la delimitación marítima, establecida
en el punto en el cual el paralelo que pasa por
el Hito Nº 1 intersecta la línea de bajamar. Hasta
cierto punto, se asume la misma importancia al
reconocimiento del paralelo como un criterio para
efectuar la delimitación marítima. El punto de
vista concurrente del Juez ad hoc Orrego Vicuña
advierte además la importancia de reconocer
la existencia de una frontera marítima única, y
asigna especial significado al hecho que la Corte
observa que la afirmación de Perú en lo que se
refiere al Dominio Marítimo es aplicable de manera
consistente con la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. Como
consecuencia de esta afirmación, las naves que
lleven bandera de cualquier nación tendrán ahora
libertad completa de navegación y sobrevuelo
más allá de las 12 millas náuticas territoriales
reconocidas según el derecho internacional.
El Juez ad hoc Orrego Vicuña disiente con el
hecho que el Fallo establece un punto final del
paralelo utilizado para efectuar la delimitación
marítima a una distancia de 80 millas náuticas,
una decisión que no encuentra respaldo en
el derecho aplicable como se establece en las
declaraciones Presidenciales de 1947, en la
Declaración de Santiago de 1952 y en el Acuerdo
de 1954 sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima,
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como tampoco en las prácticas de Perú y Chile.
El efecto combinado de la línea equidistante que
el Fallo sigue desde el punto final del paralelo, y
el área del “triángulo exterior,” cuando se agrega
a los derechos marítimos de Perú resulta en
una asignación desproporcionada de las áreas
marítimas de cada Parte. Las posibilidades de
un acceso negociado de las embarcaciones
chilenas a los recursos que resulten de una zona
económica exclusiva como se prevé en el Artículo
62, párrafo 2 de la Convención sobre el Derecho
del Mar podría tener efectos mitigantes sobre
este resultado desproporcionado. El disidente
advierte también al concluir que el rol que la Corte
asigna a la equidad de la delimitación marítima
es contrario al significado de “equidad” según el
derecho internacional, que está expresamente
proporcionado según tal Convención.
ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Resumen del Fallo de la Corte de La Haya
Apéndice 2 al Resumen 2014/1
• Bosquejo cartográfico No.1: Contexto Geográfico
• Bosquejo cartográfico No.2: Líneas fronterizas marítimas según lo que Perú y Chile
respectivamente reclaman
• Bosquejo cartográfico No.3: Construcción de la línea provisional equidistante
• Bosquejo cartográfico No.4: Curso de la frontera marítima

 

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