Historia y Análisis Jurídico de los Estados de Excepción Constitucional en Chile. El Rol de las FF.AA.

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Introducción.
El Estado al igual que el hombre,
está expuesto durante su vida
a enfrentarse a enfermedades.
El Estado sufre contratiempos, vive
momentos excepcionales y crisis de
diversa índole1
. Así, los ordenamientos
fundamentales no han estado ajenos a
esta situación; por ello, la mayoría de
las constituciones modernas prevén
algunas de las enfermedades del cuerpo
político y sus remedios. Frente a ciertas
anormalidades o alteraciones y según
sea su gravedad, se contemplan procedimientos,
como los llamados regímenes
de emergencia2
.
Para comprender, previamente es
necesario conocer. Es por ello, que para
entender el rol fundamental que prestan
las FF.AA. en las catástrofes naturales
así declaradas por el Gobierno como
Estado de Catástrofe, es indispensable
remontarse a los antecedentes jurídicos
e históricos de los Estados de Excepción
Constitucional.
– Definición del Concepto de Estado
de Excepción.
El concepto de excepción ha sido vinculado
al de soberanía en una célebre
definición del jurista alemán Carl Schmitt,
según la cual “soberano es quien
* Capitán de Corbeta. JT.
1.- Los recientes acontecimientos que azotaron nuestro territorio nacional, evidentemente generaron una nueva perspectiva de
los procedimientos existentes tendientes a superar y controlar tales circunstancias; pero también manifestaron en toda su
rudeza las naturales falencias que posee todo organismo colectivo ante eventos inesperados de grandes proporciones. Mucho
se podrá decir e investigar sobre los hechos acaecidos el 27 de febrero recién pasado. Lo cierto es que el presente artículo no
se referirá a ello. Pero resulta innegable que existe para este tipo de catástrofes que afectan a toda una Nación (o al menos
a una gran parte de ella), un ordenamiento jurídico plenamente vigente y consagrado constitucionalmente, que incluso no
escaparía a esta premisa.
2.- Pfeffer Urquiaga, Emilio. Estados de Excepción Constitucional y Reforma Constitucional. Ius et Praxis Vol. 8, Nº 1, Talca, 2002:
Versión On-line ISSN 0718-0012. En este sentido, ver también Verdugo M., Mario y García B., Ana María. Manual de Derecho
Político. Ed. Jurídica de Chile 1997. Tomo I. Pág. 387.
Los acontecimientos que azotaron Chile, generaron una nueva perspectiva de los
procedimientos existentes tendientes a controlar tales circunstancias y sus consecuencias.
También manifestaron en toda su rudeza las naturales falencias que posee todo organismo
colectivo ante eventos inesperados de grandes proporciones. Resulta innegable que existe
para este tipo de catástrofes un ordenamiento jurídico plenamente vigente y consagrado
constitucionalmente. Suele decirse que la norma jurídica es hija de la historia y por ello se
le puede entender y obtener lecciones para el futuro. El presente artículo revisa el origen
histórico de la Institución de los Estados de Excepción y el análisis legal de los cuerpos
normativos que la informan y aplican, especialmente en el rol de las FF.AA. en esta
materia.
Eduardo Ricci Burgos*
HISTORIA Y ANÁLISIS
JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
EN CHILE.
EL ROL DE LAS FF.AA.
AUTOR ARTÍCULO
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Eduardo Ricci Burgos
decide sobre el estado de excepción”.
Así pues, el estado de excepción no es
cualquier prerrogativa desacostumbrada
ni una medida policíaca de emergencia.
La excepción implica la suspensión
del entero ordenamiento vigente, por
exigencias naturales de autoconservación.
No es una anarquía, ya que el
poder político subsiste y es la fuente de
las órdenes a que hacen referencia las
estructuras y funciones públicas, evidentemente
dentro de un marco regulatorio
que lo define y en general que delimita
su accionar; pero el Derecho queda suspendido
frente al derecho de intentar
sobrevivir.
– Origen Histórico de los Estados de
Excepción.
Para remontarse al origen de lo que
la doctrina ha venido denominando Estados
de Excepción Constitucional, desembocará
inevitablemente en la institución
de la Dictadura de la Roma republicana.
Y no porque antes de los dictadores
romanos no se hayan suscitado situaciones
de peligro en los antiguos Imperios
de Egipto, China, India, Persia y otros
que recoge la historia, sino porque los
estudios más acabados y consistentes
llegados hasta nosotros versan acerca
de este especial mecanismo político
ideado por los romanos3
.
Así pues, en el mundo antiguo y
hasta el siglo XX, el Estado reaccionaba
en forma muy enérgica para afrontar
una crisis, sin preocuparse mayormente
de los derechos individuales. Desde
mediados del pasado siglo comienza, en
cambio, a mirarse la regulación de los
estados de excepción no sólo como una
atribución, al gobierno, de potestades
extraordinarias en situaciones extraordinarias,
sino también como un riguroso
freno a los excesos del poder, en resguardo
de las personas.
Tres caracteres emparentan a la dictadura
republicana de la antigua Roma
con los modernos estados de excepción.
Ambos sólo procedían en situaciones
de grave riesgo para la vida o la
salud del Estado4
, por lo que tenían una
duración limitada, generalmente a seis
meses, sin perjuicio de caducar anticipadamente
si el peligro había sido subsanado5
y ambas poseían una regulación
jurídico – política: la entrega al dictador
de un poder individual, absoluto e inapelable,
en el caso de Roma; la atribución
al gobierno de facultades excepcionales,
pero sujetas a control, en el derecho
constitucional que hoy nos rige6
.
La gran diferencia radicaba en que en
Roma, todos los derechos, incluso el de
la vida, quedaban suspendidos durante
la dictadura. En cambio, actualmente,
por consideración a la dignidad de la
persona, sólo ciertos derechos pueden
suspenderse o restringirse y las medidas
que adopta la autoridad, excepto su
calificación, son susceptibles de control
jurisdiccional.
– Los Estados de Excepción
Constitucional en la República de Chile.
Se puede decir que en Chile, ha ocurrido
un hecho curioso en esta materia.
En los ciento cuarenta años que abarcó
la vigencia de nuestras dos primeras
grandes constituciones7
la regulación
3.- Ríos Álvarez, Lautaro. Los Estados de Excepción Constitucional en Chile. Ius et Praxis Vol. 8, Nº 1. Talca. 2002. versión On-line
ISSN 0718-0012. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122002000100014&script=sci_arttext#nota1. Adicionalmente, este
autor agrega que “Dictador” deriva de “dictare”, en el sentido de mandar. El dictador era un depositario individual y provisional
de todo el poder, destinado a resolver una amenaza grave como una guerra, un conato de revolución o una sublevación.
Ordinariamente su mandato duraba 6 meses: pero era cuestión de honor, en la República, que el dictador cumpliera su cometido
antes de vencer ese plazo y resignara su poder.
4.- En Roma, según Bodino, en su obra “Los Seis Libros de la República”, Libro I, Cap. VIII, Editorial C.E.C., Madrid, 1992, págs. 267 y
siguientes, señala que procedía en casos de guerra, sedición, sublevaciones o reforma del Estado.
5.- Ejemplar es el caso del General romano Lucio Quincio Cincinato (419 a.C.) quien, nombrado por el Senado para liberar un
destacamento romano entrampado por los ecuos, los venció en 6 días y, al punto, se despojó de su poder retornando a sus
labores de agricultor.
6.- Ríos Álvarez, Lautaro. Obra citada.
7.- La de 1833 y la de 1925.
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HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
jurídica de los Estados de Excepción
Constitucional se preocupó más de
la preservación del orden público y la
seguridad del Estado que de los derechos
fundamentales, que quedaron en
un relativo desamparo8
.
Es la Constitución del 80 la que, en
definitiva, regula en un párrafo especial,
el necesario equilibrio que en un Estado
de Derecho debe existir entre las prerrogativas
extraordinarias que se conceden
a la autoridad en estos estados y
el grado de restricción que, durante su
vigencia, pueden sufrir los derechos de
las personas9
. Con todo, es necesario
señalar que el virtuosismo jurídico que
pudo encerrar esta notable regulación,
fue abruptamente empañado por la Disposición
24a Transitoria y por el sometimiento
literal rendido a ella por el Poder
Judicial10.
Señalaremos a continuación, a grandes
rasgos, los caracteres de esta institución
en las Constituciones de 1828, de
1833, de 1925 y en la Constitución original
de 1980 y su versión actual.
– Bajo la
Constitución de
1828,
Primeramente,
en nuestro
país ya desde
el Reglamento
Constitucional de
1812 se observó
la tendencia a
dar al Poder Ejecutivo
facultades
suficientes
para enfrentar las
emergencias producidas
en la vida nacional11, pero sólo a
contar de la Carta de 1828, aparecen orgánica
y sistemáticamente reguladas estas
circunstancias especiales. Así pues, en esta
Carta sólo se regularon dos situaciones de
emergencia, referidos a ataques armados
desde el exterior y a casos de conmoción
interior, cuya ocurrencia autorizaba al Presidente
para adoptar, discrecionalmente,
las medidas adecuadas. El Art. 83, numeral
12, facultaba al Ejecutivo para: “En
8.- Ríos Álvarez, Lautaro. Obra citada.
9.- Pfeffer Urquiaga, Emilio. Obra citada. A juicio del Profesor Pfeffer, es la primera vez en Chile que una Constitución le dedica
un párrafo especial a la regulación sistemática de los “estados de excepción”. Contemplada en la norma original entre
los artículos 39 a 41 inclusive. Así se convino deliberadamente por la Comisión Redactora de la Constitución de 1980, pues
al desarrollar pormenorizadamente y con carácter reglamentario esta materia en la misma Carta Fundamental se evita
que el legislador pueda incursionar en posteriores reglamentaciones restringiendo o suspendiendo los derechos y garantías
fundamentales que en ella se aseguran. La primera particularidad que se advierte, aparte de lo novedoso del epígrafe con
que se inicia el párrafo “Estados de Excepción Constitucional”, dice relación con que este es el único caso en el texto de la
Constitución en que la remisión al legislador de ley orgánica no tiene carácter obligatorio, sino facultativo, (este comentario
vale para la norma original). En efecto, el entonces artículo 41 Nº 9 señalaba que “una ley orgánica constitucional “podrá”
regular los estados de excepción y facultar al Presidente de la República para ejercer por sí o por otras autoridades las atribuciones
señaladas precedentemente. En lo que atañe a las situaciones de excepción, que son las causales que permiten
declarar los estados de excepción correspondientes, se estimó no era aconsejable definirlas en la Constitución. El mismo
criterio se mantuvo en la ley orgánica constitucional. Se argumentó que siendo dichas situaciones propias del orden político,
definirlas implicaba precisar, ya con carácter jurídico, conceptos políticos, de modo que decisiones de Gobierno podrían ser
susceptibles de revisión por la vía jurisdiccional. Además, que como se estaba tratando de regular imprevistos, era imposible
prever cuáles podrían ser los acontecimientos que originarían la anormalidad, y ello con el gran riesgo de que algunas situaciones
no fueran consultadas, lo que dejaría en la indefensión a la autoridad para enfrentarlas con los instrumentos que le
concede el respectivo régimen.
10.- En este sentido, ver nuestro artículo “La Seguridad Nacional y los derechos públicos subjetivos – Alcances a la Disposición 24a.
Transitoria”, en la Rev. de Ciencias Sociales, Univ. de Valparaíso, Nº 18-19, Edeval, 1981. Págs. 155 y sigtes. Sobre la materia,
dicha disposición señalaba que “Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 39 y siguientes sobre estados de excepción que
contempla esta Constitución, si durante el período a que se refiere la disposición XIIIª transitoria se produjeren actos de violencia
destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así lo
declarará y tendrá, por 6 meses renovables, las siguientes facultades: a) arrestar a personas hasta por el plazo de 5 días, en sus
propias casas o en lugares que no sean cárceles. Si se produjeren actos terroristas de graves consecuencias, dicho plazo podrá
extenderlo hasta por 15 días más; b) Restringir el derecho de reunión y la libertad de información, esta última sólo en cuanto a
la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones; c) Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que
propaguen las doctrinas a que alude el Art. 8º de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas
de tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz interior,
y d) Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta por
un plazo no superior a 3 meses. Las facultades contempladas … las ejercerá el Presidente de la República, mediante decreto
supremo firmado por el Ministro del Interior,… Las medidas que se adopten en virtud de esta disposición no serán susceptibles
de recurso alguno, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las dispuso”.
11.- Pfeffer Urquiaga, Emilio. Obra citada. Estas eran el Reglamento Constitucional de 1812 (Artículo 26) y la Constitución de 1822
(artículo 21).
Constitución de 1828.
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Eduardo Ricci Burgos
caso de ataque exterior o conmoción interior,
graves e imprevistos, tomar medidas
prontas de seguridad, dando cuentas al
Congreso, o en su receso, a la Comisión
Permanente, de lo ejecutado y sus motivos,
estando a su resolución”. Cabe agregar
que esta Constitución no contempló el
estado de sitio.
– Los Estados de Excepción
Constitucional bajo
la Carta de 1833.
Es preciso distinguir
dos períodos: el
de la Constitución original,
hasta 1874; y la
situación posterior a
la reforma de ese año.
Bajo la Constitución
original, existieron
dos Estados de
Excepción Constitucional,
a saber:
• La concesión
al Presidente de “facultades
extraordinarias”.
Atribución del Congreso, conforme al
Art. 36 Nº 6, el que debía siempre señalar
expresamente las facultades concedidas y
otorgadas por ley, debiendo fijar el plazo de
duración de dicha ley.
• El estado de sitio.
El Art. 82 Nº 20 lo regulaba señalando
que: “Son atribuciones especiales del Presidente:
20a. Declarar en estado de sitio uno
o varios puntos de la República en caso de
ataque exterior, con acuerdo del Consejo
de Estado, i por un determinado tiempo; en
caso de conmoción interior, la declaración
de hallarse uno o varios puntos en estado de
sitio, corresponde al Congreso; pero si éste
no se hallare reunido, puede el Presidente
hacerla con acuerdo del Consejo de Estado,
por un determinado tiempo. Si a la reunión
del Congreso no hubiere espirado el término
señalado, la declaración que ha hecho el Presidente
de la República, se tendrá por una
proposición de lei”. Conforme al texto del Art.
161, “Declarado algún punto de la República
en estado de sitio, se suspende el imperio
de la Constitución en el territorio comprendido
en la declaración”.
Esto, significaba que la
declaración simple del
estado de sitio facultaba
al Presidente para
legislar por decreto,
juzgar, condenar, imponer
penas y suspender
el ejercicio de todas las
libertades públicas; no
divisándose en esta
disposición, ninguna
fórmula ni excepción
preservadora de los
derechos fundamentales,
en todo caso comprensible, en atención a
la data de dicha Carta Fundamental.
Ahora bien, continuaba diciendo el Art.
161, “pero durante esta suspensión (del imperio
de la Constitución), y en el caso que usase
el Presidente de la República de facultades
extraordinarias especiales, concedidas por el
Congreso, no podrá la autoridad pública condenar
por si, ni aplicar penas. Las medidas que
tomase en estos casos contra las personas, no
pueden exceder de un arresto, o traslación a
cualquier punto de la República”12.
Caso especial resulta la Ley del 31 de
enero de 1837 que señaló: “El Congreso
Nacional declara en estado de sitio el territorio
de la República por el tiempo que
durare la actual guerra con el Perú, y queda
en consecuencia autorizado el Presidente
12.- Sin perjuicio de recordar que la ley otorgante debía señalar expresamente qué facultades se concedían y su lapso preciso,
es obvio concluir que tales facultades, que alteraban la normalidad constitucional con desmedro de las libertades públicas,
sólo debían concederse previo requerimiento del Presidente y, de ningún modo, anticipándose a su petición. No ocurrió así
en varias ocasiones y, por el contrario, a veces se concedieron facultades especiales – incluso de legislar – mediante leyes
ordinarias: Lo que hizo decir, a don Manuel Antonio Tocornal: “El Poder Legislativo no es delegable bajo la forma de facultades
extraordinarias especiales, sino en circunstancias extraordinarias especiales y cuando así lo exija la conservación del orden
público. La delegación del Poder Legislativo en fuerza de cualquiera otra razón, es inconstitucional”, (Boletín de Sesiones,
Cámara de Diputados de fecha 23 de julio de 1857).
Manuscrito original de la Constitución de 1833.
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HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
de la República para usar de todo el Poder
Público que su prudencia hallare necesario
para regir el Estado, sin otra limitación que
la de no poder condenar por si, ni aplicar
penas, debiendo emanar estos actos de los
tribunales establecidos, o que en adelante
estableciere el mismo Presidente”13.
Los excesos e irregularidades cometidos
al amparo de estas normas concitaron
la voluntad de los partidos políticos
para modificarlas, intento que se materializó
en la ley de reforma de 24 de octubre
de 187414.
– Los Estados de Excepción
Constitucional bajo la Carta reformada
en 1874.
• El estado de Asamblea.
La citada Ley de 1874 elevó por primera
vez al rango constitucional
una institución militar contenida en
el Título LIX de la Ordenanza General
del Ejército de 1839 que se había
prestado para numerosos abusos y
ocasionando una severa representación
hecha por la Corte Suprema de
Justicia al Ejecutivo, poco antes de
la Ley de Reforma, el 30 de abril de
1872, reclamando que “La Ordenanza
del Ejército no puede entenderse sino
con sujeción a los preceptos constitucionales…;
y es totalmente inconciliable
con el régimen de la Constitución
la existencia de un poder… que legisle,
establezca penas y las aplique por sí
mismo”15. De donde puede colegirse
que, fuera y en contra de la Constitución,
rigió en Chile desde 1839, el
estado de asamblea por la sola disposición
de un Comandante en Jefe, con
poderes absolutos en el territorio o
“paraje de asamblea”. Es por ello, que
con justa razón, puede decirse que
este es el antecedente histórico necesario
para entender la Ley de Reforma
de 1874, en cuanto ésta reemplazó el
Nº 7 del Art. 95 por el siguiente: “Son
atribuciones del Consejo de Estado:
7a.: Prestar su acuerdo para declarar
en estado de asamblea una o más
provincias invadidas o amenazadas
en caso de guerra extranjera”.
De esta manera se puso bajo el poder
del Presidente la declaración de un
estado de excepción de tanta importancia,
al mismo tiempo que se limitó
su procedencia a la situación de
guerra exterior y al hecho de hallarse
durante su curso una o más provincias
invadidas o amenazadas. Lo
curioso es que el Constituyente, en su
prisa por constitucionalizar una situación
conflictiva, no cuidó de agregar
la facultad correlativa entre las atribuciones
del Presidente a quien, se
presume, debía el Consejo de Estado
“prestar su acuerdo”.
• Respecto a las “facultades extraordinarias”
que pasaron a denominarse
“leyes excepcionales” la reforma
estableció principios y limitaciones
a la restricción de ciertos derechos,
13.- A juicio del Profesor Lautaro Navarro, en su obra citada, esta ley violó de diversas maneras la Constitución: (a) al conceder
facultades exorbitantes (“todo el Poder Público”) sin especificarlas; (b) al otorgarlas por tiempo indeterminado (mientras durare
la guerra); (c) al abandonar todo el poder a la discrecionalidad del Presidente; (d) al permitirle crear nuevos tribunales, lo que
sólo procedía por ley; y, en fin (e) al delegarle, implícitamente, facultades legislativas en todas las materias, las que el Ejecutivo
utilizó con profusión durante los años 1837 y 1838 (las denominadas “Leyes Marianas” de don Mariano Egaña), sin que ellas
tuvieran relación alguna con la seguridad del Estado.
14.- En este sentido, ver Roldán, Alcibiades, Elementos de Derecho Constitucional Chileno, U. de Chile, 1914, págs. 336 a 339.
15.- Ríos Álvarez, Lautaro. Obra citada. Este mismo autor, agrega que el oficio de la Corte Suprema concluía: “1º, que los bandos
de un General en Jefe en paraje de asamblea no pueden comprender a los individuos que no pertenezcan a este ejército
o que no lo siga; 2º, que la jurisdicción de los jueces ordinarios sobre las personas a quienes la Ordenanza no sujeta al fuero
de guerra, no puede ser alterada ni menoscabada por dichos bandos; y 3º que las penas señaladas por la misma ordenanza
para los delitos que ella define, no pueden tampoco ser modificadas en virtud de esas disposiciones”. El Ministro de la Guerra,
por oficio de fecha 4 de mayo de 1872, por orden del Presidente, contestaba: “Desde que este Código (La Ordenanza del
Ejército) fue promulgado (1839), se ha entendido por todos que las facultades de un General en Jefe en paraje de asamblea
son absolutas; que en sus bandos puede imponer toda clase de penas; y que a éstas se encuentran sujetos todos los individuos
a quienes dichos bandos comprenden” Agregaba que ésta ha sido la constante inteligencia que han dado a la Ordenanza
los Generales en Jefe, los tribunales civiles y militares y “todos los gobiernos que se han sucedido desde 1839 hasta la fecha”.
No obstante, el Ministro de Guerra concluía hallando la razón a la Corte Suprema, expresándole a su Presidente que ello “ha
guiado el criterio del Gobierno a aceptar como justas y perfectamente constitucionales las tres conclusiones a que V.E. arriba
en la nota que contesto…”.
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Eduardo Ricci Burgos
que se proyectan hasta el día de hoy.
El nuevo texto del Art. 27 Nº 6 decía
así: “Son atribuciones exclusivas del
Congreso: 6a Dictar leyes excepcionales
y de duración transitoria que no
podrá exceder de un año, para restringir
la libertad personal y la libertad
de imprenta, y para suspender
o restringir el ejercicio de la libertad
de reunión, cuando lo reclamare la
necesidad imperiosa de la defensa
del Estado, de la conservación del
régimen constitucional o de la paz
interior. Si dichas leyes señalaren
penas, su aplicación se hará siempre
por los tribunales establecidos. Fuera
de los casos prescritos en este inciso,
ninguna ley podrá dictarse para suspender
o restringir las libertades o
derechos que asegura el artículo 10”.
Como puede advertirse, la reforma
introdujo diversos requisitos que atañen:
➢ A las causales o motivos que las justifican:
(a) La necesidad imperiosa de
la defensa del Estado; (b) la conservación
del régimen constitucional: o (c)
la conservación de la paz interior.
➢ A su vigencia: son leyes “de duración transitoria,
que no podrá exceder de un año”.
➢ A sus efectos jurídicos: Sólo pueden
permitir la suspensión o restricción de
determinados derechos, entre ellos el
de Habbeas Corpus sin que, fuera de
los casos previstos en la disposición,
pudiera dictarse ninguna ley suspensiva
o restrictiva de los derechos
constitucionales del artículo 10 recientemente
citado. En todo caso la aplicación
de las penas quedaría bajo el
imperio de los tribunales establecidos.
• Estado de Sitio.
La disposición del Art. 82 Nº 20 de la
Carta original mantuvo su texto inalterable
en el mismo numeral del Art.
73 de la Constitución reformada. En
cambio, el tenor dictatorial (en el sentido
romano) del Art. 161, que regulaba
sus efectos y suspendía el imperio de la
Constitución en el territorio así declarado,
experimentó drásticas limitaciones
al uso del poder. El texto del nuevo
Art.152 pasó a decir así: “Cuando uno
o varios puntos de la República fueren
declarados en estado de sitio, en conformidad
en lo dispuesto en la parte
20a del Art. 73, por semejante declaración
sólo se concede al Presidente de
la República las siguientes facultades:
1a La de arrestar a las personas en sus
propias casas o en lugares que no sean
cárceles ni otros que estén destinados
a la detención o prisión de reos comunes;
2a La de trasladar a las personas
de un departamento a otro de la República
dentro del continente y en un área
comprendida entre el puerto de Caldera
al norte y la provincia de Llanquihue
al sur. Las medidas que tome el Presidente
de la República en virtud del sitio,
no tendrán más duración que la de
éste, sin que por ellas, se puedan violar
las garantías constitucionales concedidas
a los Senadores y Diputados”.
– Los Estados de Excepción
Constitucional en la Constitución de
1925.
• Los Estados de Excepción Constitucional
Originarios de la Carta del 25.
Estos estados son substancialmente
los mismos establecidos en virtud de la
ley de reforma constitucional que acabamos
de reseñar. Fueron aprobados,
en su nuevo contexto, sin discrepancias
de fondo pero con certeras observaciones
formales, según consta en las
actas oficiales respectivas. Su redacción
corresponde, a una reproducción
de los textos reformados de la Carta en
1833 y a la refundición de algunos de
ellos16.
16.- Ríos Álvarez, Lautaro. Obra citada.
TÍTULO
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HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
➢ Estado de Asamblea.
El Constituyente de 1925 se cuidó de
subsanar la notoria omisión de la Ley
de Reforma de 1874, de la siguiente
manera: “Art. 72.- Son atribuciones
especiales del Presidente: 17. Declarar
en estado de asamblea una o más
provincias invadidas o amenazadas
en caso de guerra extranjera,…”.
Esta atribución era exclusiva del Presidente
quien podía ejercitarla autónomamente,
sin acuerdo previo del
Consejo de Estado ya que éste había
dejado de existir. En cuanto a su
duración, dependerá del curso de los
hechos, es decir, desaparecerá dicho
estado cuando se derogue el respectivo
decreto o, aun sin derogación
formal, desde que termine la guerra
que lo ha motivado, o cese la invasión
o la amenaza que lo justificaba17.
Con todo, no fueron precisadas las
facultades de las que se investía al
Presidente ni las restricciones que
podían sufrir los derechos fundamentales
en esta contingencia. En cuanto
a las atribuciones de los Generales en
Jefe o Comandantes Superiores, en
su caso, ellas estaban reguladas en el
Código de Justicia Militar.
➢ El Estado de Sitio.
Continuaba diciendo el Art. 72 Nº 17,
que eran atribuciones especiales del
Presidente declarar “en estado de
sitio, uno o varios puntos de la República
en caso de ataque exterior”. La
declaración de estado de sitio era una
facultad autónoma y exclusiva del
Presidente. La duración de éste era
indefinida, debiendo suponerse que
había de cesar junto con el motivo
que lo había justificado.
No ocurría lo mismo en el evento de
acaecer una conmoción interior, en el
cual la declaración de estado de sitio
correspondía al Congreso; no obstante,
había que distinguir si el Congreso
estaba reunido o si no lo estaba;
caso, este último, en que el Presidente
de la República podía hacerlo por un
tiempo determinado, lo que suscitó
encontradas interpretaciones y conflictos
entre éste y el Congreso18.
➢ Leyes excepcionales o de facultades
especiales.
Contempladas en el Art. 44 Nº 13, definitorio
del dominio mínimo legal en la
Carta del 25, y su contenido era idéntico
al del Art. 27 Nº 6º de la Constitución
de 1833 luego de la reforma de
1874. Dicha disposición señalaba que
“Sólo en virtud de una ley se puede:
Nº 13: Restringir la libertad personal y
la de imprenta, o suspender o restringir
el ejercicio del derecho de reunión,
cuando lo reclamare la necesidad imperiosa
de la defensa del Estado, de la
conservación del régimen constitucional
o de la paz interior, y sólo por períodos
que no podrán exceder de seis
meses. Si estas leyes señalaren penas,
su aplicación se hará siempre por los
Tribunales establecidos. Fuera de los
casos prescritos en este número, ninguna
ley podrá dictarse para suspender
o restringir las libertades o derechos
que la Constitución asegura”.
Se da lectura a la nueva Constitución, el 18 de septiembre de 1925.
17.- Ver Silva Bascuñán, Alejandro, Primer Tratado de Derecho Constitucional, Ed. Jurídica de Chile, Stgo., 1963, t. II, pp. 340 – 43.
18.- Para la historia de estas vicisitudes, en especial, la crisis de 1954 y su correcta solución recomendamos la lectura del Profesor
Alejandro Silva Bascuñán, Obra citada. Tomo II. Págs. 345 a 359.
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• Regímenes Legales de emergencia
establecidos al margen de la
Constitución de 1925.
El Art. 44 Nº 13 de la Carta original del
25, expresaba la clara voluntad del Constituyente
en el sentido que, fuera de los
casos de leyes excepcionales que debían
ceñirse al riguroso marco previsto por la
Constitución, ninguna ley podría dictarse
para suspender o restringir las libertades
o derechos que la Constitución aseguraba.
No obstante esta garantía general con que
la Constitución quiso asegurar la plena
vigencia de tales derechos y libertades, se
fueron dictando, en el curso
de los años, diversas leyes
que crearon otros tantos
Estados de Excepción Constitucional
que terminaron
por desarticular el sistema
establecido en la misma19.
– Los Estados de
Excepción Constitucional
en la Constitución de 1980.
En una enérgica reacción
al caos existente en
esta materia a causa de
la indebida proliferación
de los “estados de emergencia”,
el Constituyente
redujo a cuatro las situaciones de crisis
que hacen procedentes los respectivos
estados de excepción y puso el debido
énfasis en que sólo bajo su vigencia y
por ninguna otra causa o motivo pueden
verse afectados los derechos y garantías
que la Constitución aseguraba.
– Principios generales que rigen los
Estados de Excepción Constitucional.
• Sometimiento a un riguroso “numerus
clausus”: No pueden ser más (ni pueden
ser otros) que los cuatro que contempla
el Art. 39 de la Constitución20. En
ninguna otra circunstancia puede ser
afectado el ejercicio de los derechos y
garantías que la Constitución asegura.
La ley tampoco puede crear ningún otro
estado excepcional restrictivo de tales
derechos y garantías.
• Sólo pueden declararse en las situaciones
precisas que los hacen viables21.
Así, la ocurrencia de una
situación de excepción, se
estima que sólo habilita pero
no obliga al Presidente a
declarar el Estado de Excepción
Constitucional correspondiente,
por cuanto como
se ha visto, la forma verbal
rectora de todos ellos es la
expresión “declarará”22. Por
ello, no debe confundirse
las “situaciones de excepción”
que son circunstancias
de hecho conformadoras de
crisis o de riesgo de crisis
para el Estado, con los “estados
de excepción constitucional”, que
son estatutos jurídicos que entran a
regir una vez que ellos son declarados y
en su virtud. Esto es, el ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales
no puede ser afectado por el solo acaecimiento
de una situación de excep19.-
Tal es el caso de la ley Nº 7.200 de 1943, cuyo Art. 23 autorizó al Presidente de la República para declarar Zonas de Emergencia, “en
los casos de peligro de ataque exterior o de invasión o de actos de sabotaje contra la seguridad nacional, casos en los cuales se
podrá aplicar las disposiciones del Nº 13 del Art. 44 y 17 del Art. 72 de la Constitución contra las personas u organizaciones que realicen
actividades de tal naturaleza”. El D.F.L. Nº 34/2245 (D.O. 27-XI-1942) que lo reglamentó, excedió el marco legal y las limitaciones constitucionales.
La Ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado, de 1958; su Título VII estableció, con carácter permanente, los “Estados de
Emergencia”, cuya declaración incumbe al Presidente de la República y procede en caso de guerra, de ataque exterior o de invasión
… sea que el ataque se haya producido o existan motivos graves para pensar que se producirá”. A estas leyes, hay que agregar la Ley
Nº 9.261 de 1948; la Ley Nº 12.042, de 1956; la Ley 16.282 de 1965 modificada por el D.F.L. Nº 1 de Interior, de 1971, entre otras.
20.- A saber: el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe.
21.- En situación de guerra externa, el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional, podrá declarar todo o
parte del territorio nacional en estado de asamblea (Art. 40). En situaciones de guerra interna o conmoción interior, el Presidente
de la República, con acuerdo del Congreso, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio (Art.
40). En situaciones de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad nacional el Presidente de la República,
podrá declarar las zonas afectadas por dichas circunstancias, declarando las partes del territorio nacional en estado de
emergencia (Art. 42). Por último, en situaciones de calamidad pública, el Presidente de la República podrá declarar la zona
afectada, u otra que lo requiera a consecuencia de ella, en estado de catástrofe (Art. 41).
22.- Incluso en su redacción original, estos estados de excepción señalaban que el Presidente “podrá” declararlos.
TÍTULO
revismar 3/2010 227
HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
ción, sino solo podrá afectarse a raíz
de la declaración de uno de los estados
de excepción que se denominan, describen,
y regulan en los artículos 40 y
siguientes de nuestra Constitución.
• Por cuanto sólo determinadas circunstancias
de hecho habilitan para
decretarlos, los Estados de Excepción
Constitucional debieran cesar cuando
desaparecen tales circunstancias; o,
dicho de otra manera, éstos sólo deben
durar mientras subsista la situación
excepcional que motivó su declaración.
Si bien este principio de transitoriedad
no aparece claramente recogido en el
texto constitucional vigente, la Ley Orgánica
Constitucional sobre la materia23, se
encarga de precisar en su artículo 1º24.
• Las medidas que se adopten durante
estos estados no podrán, bajo ninguna
circunstancia, prolongarse más
allá de la vigencia de los mismos25.
• Las medidas suspensivas o restrictivas de
determinados derechos o garantías son
de derecho estricto, por su propia naturaleza
y en virtud del sentido del artículo
39 de la Carta Fundamental. Así, ellas no
pueden exceder los límites y condiciones
estrictas impuestas por la Constitución
y su Ley Orgánica Constitucional (LOC)
sobre la materia, a la acción del Ejecutivo.
• Son indemnizables, tanto las requisiciones
que se practiquen como los
daños derivados de las limitaciones
que se impongan al derecho de propiedad
cuando signifiquen la privación
a su titular, de alguno de los
atributos o facultades esenciales del
dominio y con ello se cause daño26.
• Por último, existe el principio de la
impugnabilidad, por vía judicial, de
tales medidas, por cuanto: “Los tribunales
de justicia no podrán calificar
los fundamentos ni las circunstancias
de hecho invocados por la autoridad
para decretar los estados de excepción,
sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 39. No obstante, respecto
de las medidas particulares que afecten
derechos constitucionales, siempre
existirá la garantía de recurrir ante
las autoridades judiciales a través de
los recursos que corresponda”27.
Conforme la norma transcrita,
importa precisar lo siguiente:
• A diferencia de la normativa original,
la actual redacción dada en el año
200528, tanto los recursos de amparo
y protección proceden sin otras limitaciones
que las propias de estos recursos,
como en general de cualquier otro
tipo de acción jurisdiccional ante los
tribunales de justicia por parte de los
afectados en el ejercicio de sus derechos.
Es cierto que su interposición no
suspende los efectos de las medidas
decretadas; pero ello es sin perjuicio
de lo que en definitiva resuelvan los
tribunales al pronunciarse sobre tales
recursos o acciones. De esta manera,
la ilegalidad o arbitrariedad en que
pudiera incurrir la autoridad al decretarlas,
quedan bajo control judicial.
• Los tribunales no pueden calificar los
motivos o fundamentos de hecho de
las medidas que adopte. No pueden,
pues, entrar a pronunciarse sobre su
suficiencia, su oportunidad o su congruencia.
Pero de la prohibición se
desprende que los motivos deben
existir; pues no se concibe la acción
de calificar algo inexistente29.
23.- Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, de fecha 14 de junio de 1985.
24.- Al señalar que “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede
ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella
establece.
25.- Art. 44 inciso final de la Constitución de 1980.
26.- Art. 45 inciso final de la Constitución de 1980.
27.- Art. 45 de la Constitución de 1980.
28.- Mediante la Ley 20.050.
29.- El motivo es un elemento esencial del acto administrativo y resulta exigible tratándose de actos restrictivos de derechos fundamentales.
De tal manera, la falta de motivo o el motivo inexistente vicia de nulidad la medida de la autoridad y el juez así debe
declararlo, privándola de todo efecto jurídico.
AUTOR ARTÍCULO
228 revismar 3/2010
Eduardo Ricci Burgos
– Requisitos de los Estados de
Excepción Constitucional.
De acuerdo a su naturaleza y gravedad,
cada Estado de Excepción requiere o
exige requisitos diferentes para su declaración
y tiene una duración determinada.
• Estado de Asamblea y Estado de Sitio.
El estado de asamblea30, en caso de
guerra exterior, y el estado de sitio, en
caso de guerra interna31 o grave conmoción
interior, lo declarará el Presidente,
con acuerdo del Congreso Nacional. La
declaración deberá determinar las zonas
afectadas por el estado de excepción
correspondiente. El Congreso, dentro del
plazo de 5 días contado desde la fecha en
que el Ejecutivo someta la declaración de
estado de asamblea o de sitio a su consideración,
deberá pronunciarse aceptando
o rechazando la proposición, sin
que pueda introducirle modificaciones. Si
el Congreso no se pronunciara dentro de
dicho plazo, se entenderá que aprueba la
proposición del Presidente. Sin embargo,
éste podrá aplicar el estado de asamblea
o de sitio de inmediato mientras el Congreso
se pronuncia sobre la declaración,
pero en este último estado sólo podrá restringir
el ejercicio del derecho de reunión.
Las medidas que adopte el Ejecutivo en
tanto no se reúna el Congreso, podrán ser
objeto de revisión por los tribunales de justicia,
sin que sea aplicable, lo dispuesto en
el artículo 45. La declaración de estado de
sitio sólo podrá hacerse por un plazo de 15
días, sin perjuicio de que el Presidente de
la República solicite su prórroga. El estado
de asamblea mantendrá su vigencia por
el tiempo que se extienda la situación de
guerra exterior, salvo que el Ejecutivo disponga
su suspensión con anterioridad.
Conforme al artículo 2º de la LOC de
los Estados de Excepción, declarado el
estado de asamblea, las facultades conferidas
al Presidente de la República podrán
ser delegadas, total o parcialmente, en los
Comandantes en Jefe de las Unidades de
las FF.AA. que él designe, con excepción de
las de prohibir el ingreso al país a determinadas
personas o de expulsarlas del territorio.
Por su parte, y durante el estado de
sitio, las facultades conferidas al Presidente
podrán ser delegadas, total o parcialmente,
en los Intendentes, Gobernadores o jefes
de la Defensa Nacional que él designe32.
• Estado de Catástrofe.
El estado de catástrofe, en caso de
calamidad pública33, lo declarará el Presidente,
determinando la zona afectada por
la misma. Éste estará obligado a informar
al Congreso Nacional de las medidas
adoptadas en virtud del estado de catás30.-
Hubo acuerdo por parte de la Comisión Redactora de la Constitución para darle la denominación “Estado de Asamblea”,
porque era inconveniente, psicológicamente, que el país apareciera declarando el Estado de Guerra cuando muchas veces
ésta no se ha producido todavía, pero hay, naturalmente, situaciones de tal peligrosidad que aconsejan adoptar decisiones
y otorgar las atribuciones al Presidente de la República para el evento de producirse el enfrentamiento. Sin duda que son
diversas las circunstancias que se consideraron dentro de la expresión “situación de guerra”, y aunque sobre ellas no hubo un
acuerdo oficial, se dijo que quedarían comprendidos el ataque exterior, enfrentamientos armados, peligro de invasión, guerra
entre terceros estados que puedan comprometer la integridad nacional o poner en peligro la soberanía, enfrentamiento con
fuerzas irregulares extranjeras, sea que vengan o no hacia el país, con patrocinio o no de un estado extranjero, y la obligación
inmediata para el país signatario del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de ponerse en beligerancia
inmediata aunque ello no implique necesariamente entrar en estado de agresión ni el de guerra propiamente dicho.
31.- La guerra interna es un concepto que no se halla definido en la Constitución ni en la ley, y que es de reciente data (Decreto
Ley Nº 640, de 1974). El Profesor Emilio Pfeffer estima que habrá guerra interna ante una situación de grave enfrentamiento entre
sectores de la comunidad nacional, que luchan por la consecución del poder o por determinadas reivindicaciones al margen
de la legalidad. Se dijo que en principio había conmoción interior no sólo al enfrentarse fuerzas rebeldes o sediciosas con la
fuerza pública, sino también al ocurrir acciones, amenazas o presiones de tal naturaleza que puedan trastornar significativamente
el orden institucional o económico.
32.- Adicionalmente, declarado el estado de asamblea o el de sitio por causa de guerra interna y nombrado el Comandante en
Jefe de un Ejército para operar contra el enemigo extranjero o contra fuerzas rebeldes o sediciosas organizadas militarmente,
cesará la competencia de los tribunales militares en tiempo de paz y comenzará la de los tribunales militares en tiempo de
guerra, en todo el territorio declarado en estado de asamblea o de sitio.
33.- La Comisión de Estudio de Leyes Orgánicas Constitucionales, en su sesión 27, de 19 de julio de 1983, de la Junta de Gobierno,
entendió por “calamidad pública” aquellos fenómenos que por causas naturales o humanas produzcan o puedan producir
grave daño a la población o a la seguridad nacional. No se quiso limitar el origen de la calamidad pública a causas únicamente
naturales, pues era perfectamente posible la existencia de ellas derivadas de acciones humanas; como la provocación
de una peste por obra de elementos químicos, biológicos o bacteriológicos; por efectos de un bloqueo económico; si se envenena
el agua de una población o si se hace volar una represa. Tomado de Pfeffer Urquiaga, Emilio. Obra citada.
TÍTULO
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HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
trofe. El Congreso podrá dejar sin efecto
la declaración transcurridos 180 días
desde ésta si las razones que la motivaron
hubieran cesado en forma absoluta. Con
todo, el Presidente sólo podrá declarar el
estado de catástrofe por un período superior
a un año con acuerdo del Congreso.
El referido acuerdo
se tramitará en la
forma establecida en
el inciso 2º del artículo
40. Declarado
el estado de catástrofe,
las zonas respectivas
quedarán
bajo la dependencia
inmediata del Jefe
de la Defensa Nacional
que designe el
Presidente. Éste asumirá
la dirección y
supervigilancia de su
jurisdicción con las
atribuciones y deberes
que la ley señale.
En este sentido,
la LOC en comento
señala en su artículo
4º que declarado el
estado de emergencia,
las facultades conferidas al Presidente
de la República podrán ser delegadas,
total o parcialmente, en los jefes de la
Defensa Nacional que él designe.
Durante el estado de catástrofe, el jefe
de la Defensa Nacional que se designe
tendrá los deberes y atribuciones del Art.
7 de la LOC de los Estados de Excepción34.
• Estado de Emergencia.
El estado de emergencia35, en caso
de grave alteración del orden público o
de grave daño para
la seguridad de la
Nación, lo declarará
el Presidente, determinando
las zonas
afectadas por dichas
circunstancias. El
estado de emergencia
no podrá
extenderse por más
de 15 días, sin perjuicio
de que éste
pueda prorrogarlo
por igual período.
Sin embargo, para
sucesivas prórrogas,
el Presidente
requerirá siempre
del acuerdo del
Congreso Nacional.
El referido acuerdo
se tramitará en la
forma establecida
en el inciso segundo
del artículo 40 de la Constitución. Declarado
el estado de emergencia, las zonas
respectivas quedarán bajo la dependencia
inmediata del Jefe de la Defensa
Nacional que designe el Presidente. Éste
asumirá la dirección y supervigilancia
34.- 1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción, esto es a) Asumir el mando
de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia,
para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya
dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas
bajo su jurisdicción; b) Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; c)
Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;
2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la
atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes; 3) Determinar la distribución o
utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;
4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; 5) Impartir directamente instrucciones
a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo
propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; 6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones
necesarias para dar tranquilidad a la población; 7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del
orden en la zona, y 8) Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal.
35.- Conforme lo señala Emilio Pfeffer en su obra citada, la “emergencia” es un concepto genérico, y que con él se busca englobar
una amplia posibilidad de imprevistos. Las emergencias, como lo expresó la Comisión Redactora de la Constitución de 1980, no se
fundan solamente en causas políticas, sino que muchas veces son el resultado de causales económicas, de fenómenos sociales,
científicos, técnicos, etc. El objeto, entonces, de este estado de excepción, es que la autoridad cuente, ante una emergencia, con
los instrumentos jurídicos idóneos para enfrentarla. Lo anterior explicaría la amplitud de las causales que autorizan decretarlo; a)
grave alteración del orden público y b) o de grave daño para la seguridad de la Nación, sea por causa del origen interno o externo.
230 revismar 3/2010
Eduardo Ricci Burgos
de su jurisdicción con las atribuciones y
deberes que la ley señale. El Presidente
estará obligado a informar al Congreso
Nacional de las medidas adoptadas en
virtud del estado de emergencia.
En este sentido, la LOC en comento
señala en su artículo 4º que declarado
el estado de emergencia, las facultades
conferidas al Presidente podrán ser delegadas,
total o parcialmente, en los jefes
de la Defensa Nacional que él designe.
Durante el estado de emergencia, el
jefe de la Defensa Nacional que se designe
tendrá los deberes y atribuciones del Art. 5
de la LOC de Estados de Excepción36.
– Derechos susceptibles de afectarse
en cada Estado de Excepción
Constitucional.
• Por la declaración del estado de
asamblea, el Presidente queda facultado
para suspender o restringir:
a) La libertad personal, b) El derecho de
reunión y c) La libertad de trabajo; d)
Podrá, también, restringir el ejercicio del
derecho de asociación, interceptar, abrir
o registrar documentos y toda clase de
comunicaciones, disponer requisiciones
de bienes y establecer limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad.
• Por la declaración de estado de sitio,
el Presidente podrá restringir:
a) La libertad de locomoción y b) Arrestar
a las personas en sus propias moradas
o en lugares que la ley determine y que
no sean cárceles ni estén destinados a la
detención o prisión de reos comunes; c)
Podrá, además, suspender o restringir el
ejercicio del derecho de reunión.
• Por la declaración del estado de catástrofe,
el Presidente podrá restringir:
a) La libertad de locomoción y b) La
libertad de reunión; podrá, asimismo,
c) disponer requisiciones de bienes,
establecer limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad y adoptar todas
las medidas extraordinarias de carácter
administrativo que sean necesarias
para el pronto restablecimiento de la
normalidad en la zona afectada37.
• Por la declaración del estado de emergencia,
el Presidente podrá restringir:
a) La libertad de locomoción y b) La
libertad de reunión.
Es menester precisar que la propia
Constitución de 1980 utiliza los verbos
“suspender” y “restringir” al referirse a
las medidas de afectación de los derechos
fundamentales que la declaración
de cada estado de excepción autoriza. A
este respecto, la LOC en comento señala
en su artículo 12 que se entiende que
se suspende una garantía constitucional
cuando temporalmente se impide
del todo su ejercicio durante la vigencia
de un estado de excepción constitucional.
Asimismo, se entiende que se
restringe una garantía constitucional
cuando, durante la vigencia de un estado
36.- 1) Asumir el mando de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia,
para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya
dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo
su jurisdicción; 2) Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; 3) Autorizar la celebración
de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno; 4) Controlar
la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; 5) Dictar medidas para la protección
de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros; 6) Impartir todas las instrucciones
para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona, y 7) Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal.
37.- Conforme a la LOC sobre los Estados de Excepción, en los casos en que se dispusieren requisiciones de bienes o establecieren
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, habrá lugar a la indemnización de perjuicios en contra del Fisco, siempre
que los mismos sean directos. La interposición de dicha acción no suspenderá, en caso alguno, la respectiva medida (artículo
17). La autoridad al hacer una requisición practicará un inventario detallado de los bienes, dejando constancia del estado en
que se encuentren. Copia de este inventario deberá entregarse dentro de 48 horas a quien tuviere el o los bienes en su poder
al momento de efectuar la requisición. En el caso de las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad, bastará que
la autoridad notifique al afectado, dejándole copia del documento que dispuso la respectiva limitación (artículo 18). El monto
de la indemnización y su forma de pago serán determinados de común acuerdo entre la autoridad que ordenó la requisición
y el afectado por la medida. Este acuerdo deberá ser, en todo caso, aprobado por la autoridad de Gobierno Interior correspondiente
al lugar donde se practicó, dentro del plazo de 10 días de adoptado. A falta de acuerdo, el afectado podrá recurrir,
dentro del plazo de 30 días, ante el Juez de Letras en lo Civil competente. El Tribunal dará a esta presentación una tramitación
incidental, fijando en su sentencia el monto definitivo de la indemnización que corresponda, la que deberá ser pagada en
dinero efectivo y al contado (artículo 19). La acción indemnizatoria prescribirá en el plazo de un año, contado desde la fecha
de término del estado de excepción (artículo 20); y las expensas de conservación y aprovechamiento de los bienes requisados
o que fueren objeto de alguna limitación del dominio será siempre de cargo fiscal (artículo 21).
revismar 3/2010 231
* * *
HISTORIA Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
de excepción, se limita su ejercicio en el
fondo o en la forma38.
– Procedimiento para declarar los
Estados de Emergencia Constitucional.
Los estados de excepción se declararán
mediante Decreto Supremo (DS) firmado
por el Presidente de la República y los
Ministros del Interior y de Defensa Nacional,
y comenzarán a regir desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficial. Los estados
de asamblea y de catástrofe podrán
declararse por un plazo máximo de 90 días,
pero el Presidente podrá solicitar nuevamente
su prórroga o su nueva declaración
si subsisten las circunstancias que lo motivan.
Los estados de sitio y emergencia se
declararán y prorrogarán en la forma que
establecen las normas constitucionales pertinentes.
El decreto que declare el estado
de sitio con el acuerdo del Congreso Nacional
deberá publicarse dentro del plazo de
3 días, contado desde la fecha del acuerdo
aprobatorio, o bien contado desde el vencimiento
del plazo de 10 días que señala el
artículo 40, de la Constitución, si no hubiere
habido pronunciamiento del Congreso.
Adicionalmente, el artículo 9° de la
LOC dispone que el Presidente delegará
las facultades que le correspondan y ejercerá
sus atribuciones mediante DS, exento
del trámite de toma de razón. Las atribuciones
del Presidente podrán ejercerse
de la misma forma, exento del trámite de
toma de razón firmado por el Ministro del
Interior bajo la fórmula “Por Orden del
Presidente de la República”. Tratándose
de las atribuciones correspondientes al
estado de asamblea se requerirá además
la firma del Ministro de Defensa.
A su vez, las facultades que el Presidente
delegue en las autoridades que señala esta
ley serán ejercidas, dentro de la respectiva
jurisdicción, mediante la dictación de resoluciones,
órdenes o instrucciones exentas
del trámite de toma de razón. Tratándose de
Comandantes en Jefe o jefes de la Defensa
Nacional, éstos podrán dictar, además, los
bandos que estimaren convenientes39.
Finalmente, la LOC aclara en su artículo
11 que todas las medidas que se
adopten en los estados de excepción
deberán ser difundidas o comunicadas,
en la forma que la autoridad determine.
Pero en ningún caso esta difusión podrá
implicar una discriminación entre medios
de comunicación del mismo género.
– Conclusiones.
• El derecho y el Poder Público aún en
situaciones de anormalidad se encuentra
sujeto a algunas limitaciones en aras de
una sana convivencia social. Si se habla
de estados de excepción, este es un derecho
de excepción destinado a regir en
situaciones de anormalidad política, económica
o social, nacional o internacional,
y cuyo efecto incide, principalmente, en
ampliar las facultades de la autoridad política
y administrativa para restringir, limitar
o suspender los derechos individuales o
sociales, para la búsqueda del pronto restablecimiento
de la normalidad.
• La Constitución de 1980 es la primera
que le dedica un párrafo especial a la
regulación sistemática de los “estados
de excepción”, evitando con ello
que el Legislador y el Ejecutivo pueda
incursionar en posteriores reglamentaciones
restringiendo o suspendiendo
los derechos y garantías fundamentales
que en ella se aseguran.
• Históricamente y en la actualidad, las
FF.AA. han jugado y seguirán jugando
un rol vital y preponderante en el desarrollo
de los estados de excepción que
la Constitución establece, especialmente
en el control y reestablecimiento
del orden interno de la República ante
situaciones extraordinarias.

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