A 85 años del motín naval chileno de 1931

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En la historia de la Marina durante el siglo XX hay un hecho en particular del cual poco se habla, pero que, sin lugar a dudas, marcó un hito en los anales de la institución y del país. Este fue el motín naval de 1931, sobre el cual el autor efectuó una investigación en archivos de procesos judiciales y administrativos, se analiza el contexto histórico mundial y nacional en que sucedieron los hechos y se deducen las lecciones aprendidas.

El 1 de septiembre de 2016 se cumplieron ochenta y cinco años desde el desencadenamiento del más grave motín que haya afectado a la Armada de Chile en su bicentenaria historia.

En estas ocho décadas mucho se ha escrito sobre ese episodio, en base principalmente a lo que publicó la prensa en esos días y a los recuerdos de algunos pocos protagonistas, ya que la mayoría prefirió guardar silencio sobre este ingrato episodio. Por otra parte, una importante fuente, como son los procesos administrativos y judiciales y otros documentos oficiales, han permanecido en custodia en bóvedas institucionales y se ha tenido acceso a ellos solamente en forma parcial.

La inaccesibilidad a estas importantes fuentes constituye el origen de numerosas leyendas que circulan sobre slgunos aspectos de ese motín naval, acontecimiento que también ha sido usado para probar tesis políticas o asimilar los acontecimientos originados en la bahía de Coquimbo con parecidos actos que dieron inicio a
revoluciones en otros continentes. La prodigiosa fertilidad de la mente humana para acomodar los hechos a las conveniencias personales o ideológicas, ha jugado un papel importante en las creaciones antedichas.

Por lo señalado, este autor concede especial importancia a las declaraciones contenidas en los procesos, en especial, cuando son más cercanos a aquellos días, antes que el acomodo de los dichos haya comenzado a deformar la verdad, a veces inconscientemente. También se le ha dado importancia a las fuentes británicas y estadounidenses por ser menos parciales y por estar originadas en la presencia de asesores navales dentro de la estructura orgánica de la Armada de Chile.

Este artículo ha sido escrito con el ánimo de establecer lo más verazmente posible lo sucedido basándose en el análisis de los treinta y seis tomos que contienen los expedientes de los procesos que se siguieron en diversas
ciudades para establecer la comisión de faltas a la disciplina y delitos. También, a la luz de estosantecedentes, se ha sometido a análisis crítico la bibliografía, incluyendo buena parte de la prensa de la época.

Se ha tratado especialmente de desentrañar temas como el origen remoto de motín, incluyendo la participación de elementos comunistas; la actuación del cuerpo de oficiales a favor y en contra de los sediciosos; la justicia de los procesos; las medidas posteriores a los hechos.

El contexto histórico

El motín naval chileno de 1931 está inserto en grandes cambios políticos y sociales ocurridos en el mundo y en  Chile, pese a su menor contacto relativo con el exterior. Entre ellos, pueden mencionarse los surgidos con motivo de la Revolución Rusa, al término de la Primera Guerra Mundial y la reacción en su contra, evidenciada por los nacionalismos, pudiendo citarse el fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán. Es la época en que también comienzan a aparecer los movimientos socialcristianos.

La dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera en España (12 de agosto de 1923 al 27 de enero 1930) fue un suceso que conmovió a Chile, por ser más cercano espiritual y geográficamente que Rusia, Italia o Alemania.

En nuestro país, el cambio social más notable fue el ascenso de la clase media, la mesocracia, y el descenso político de los grupos dominantes que habían gobernado Chile sin contrapesos, incluyendo el período del parlamentarismo más acentuado (1891-1925).

El 23 de diciembre de 1920 se inició el mandato presidencial de Arturo Alessandri Palma que es el último del período parlamentarista bajo el imperio de la Constitución de 1833 (varias veces reformada durante su centenaria vigencia). El Mandatario trató de impulsar las reformas políticas anheladas por la mesocracia pero se encontró con una fuerte oposición en el Congreso y en otras instancias. Al agudizarse la lucha política y no conseguir los  resultados que esperaba, comenzó estimular a los militares para que impulsaran las reformas. En septiembre de 1924 los oficiales jóvenes de la guarnición militar de Santiago iniciaron su abierta intervención en los asuntos públicos. Pronto, el proceso se escapó del control del gobernante, debiendo entregar su cargo. Asumió una Junta de Gobierno (al margen de la Constitución) y el Mandatario salió al extranjero con permiso constitucional.

Los oficiales de baja graduación del Ejército se organizaron en una Junta Militar, contactaron a sus pares de la Armada y comenzaron a presionar al Gobierno para hacer las reformas anheladas. Desde las sombras actuaba el mayor Carlos Ibáñez del Campo conduciendo este movimiento.

La Junta de Gobierno tenía una inspiración mucho más conservadora que la Junta Militar y Naval y esto provocó una pugna de poder. El problema se dilucidó en enero de 1925 cuando la Junta de Gobierno fue depuesta,  asumiendo otra con participación de civiles afines con los ideales de los oficiales. Ésta, paradojalmente, impulsó el regreso de Arturo Alessandri a su cargo, hecho que se concretó en marzo. El Mandatario dedicó los meses del invierno a la elaboración, aprobación y promulgación de una nueva Constitución presidencialista y nuevamente
se alejó de su cargo, a fines de septiembre, al comprobar, una vez más, que el movimiento militar había cobrado una dinámica propia que no le era posible dominar. Poco después, se llamó a elecciones y los partidos políticos lograron ponerse de acuerdo en un candidato transaccional que triunfó y asumió la conducción del país bajo el imperio de la nueva Constitución. Pero el hecho de que ésta hubiese entrado en vigencia no aseguraba que su espíritu hubiese
sido asimilado por los diferentes actores políticos y muy pronto el Presidente Emiliano Figueroa Larraín debió aceptar que el teniente coronel Ibáñez fuese dominando la escena política desde cargos ministeriales en que fue nombrado por el propio Mandatario. A comienzos de 1927, la influencia militar era ya indesmentible y por eso el Presidente decidió alejarse del cargo, entregándolo al coronel Ibáñez hasta que éste fue elegido en propiedad, en comicios donde prácticamente no tuvo contendores.

En la Armada había prevalecido un sentimiento más conservador, particularmente en el alto mando y entre los oficiales ejecutivos, durante las presidencias de Alessandri y Figueroa. En cambio, los oficiales más jóvenes, en especial los ingenieros, contadores y médicos, eran más partidarios de las reformas. Ibáñez se percató de esto y exacerbó el desagrado de los oficiales ingenieros, especialmente por la situación desmedrada en que se encontraban frente a los ejecutivos (fenómeno que ocurría también en otros países).

La gente de mar se abstuvo de participar directamente en los acontecimientos de la época. Paralelamente, numerosos grupos de inspiración marxista, en sus vertientes leninista y anarquista, se encontraban en proceso de organización en Chile e influían en el mundo del trabajo, particularmente en lo que actualmente es la región del Biobío, en el Norte salitrero y en las grandes ciudades, disputando su preeminencia con un incipiente movimiento socialcristiano. Uno de los objetivos de Ibáñez, como político, fue precisamente intentar armonizar los anhelos
del trabajo y el capital, con lo cual chocó con los grupos de inspiración marxista. Sus reformas a la legislación laboral y de bienestar, iniciadas en los dos períodos presidenciales anteriores, le valió el apoyo de los sectores mesocráticos, al menos inicialmente.

En 1925 hubo graves desórdenes y actos de indisciplina en el Arsenal, hoy ASMAR (T), repartición naval que tenía una dotación compuesta de oficiales y gente de mar y de una mayoría de personal civil de la categoría de obreros de planta y a contrata.

Desde que el coronel Ibáñez asumió la primera magistratura, realizó importantes reformas en
la Armada. Nombró como Ministro de Marina a Carlos Frödden Lorenzen, un capitán de fragata en servicio activo, en la medianía del escalafón. Esto precipitó la renuncia de varios almirantes y modificó profundamente la organización de la institución establecida por el almirante Jorge Montt Álvarez en 1898, suprimiendo el cargo de Director General de la Armada. A partir de mayo de 1927, el mando y la administración de la Armada recayeron en la autoridad política, que era el Ministro de Marina por delegación del Presidente. También se establecieron diversos cambios que mejoraron la situación de los oficiales ingenieros (unificación de la Escuela de
Ingenieros con la Escuela Naval, modificación de la denominación de los grados, etc.)

El gobierno de quien pronto ascendería a general, adoptó importantes medidas de modernización y potenciamiento del Poder Naval. Envió al acorazado Latorre a Gran Bretaña para una completa reforma de sus sistemas de armas e ingeniería, concretó la construcción de los seis destructores de la clase Serrano, ordenó y concretó la construcción de tres submarinos de la clase O, con su buque madre Araucano, más dos petroleros (Maipo y Rancagua) y otras unidades auxiliares. Asimismo, adquirió importantes medios aeronavales capaces de operar desde la catapulta del acorazado y aeronaves anfibias de patrullaje y bombardeo de última tecnología. Toda esta actividad determinó la presencia de un considerable número de oficiales y gente de mar en Europa, especialmente en Gran Bretaña, lo que
tendrá consecuencias para el tema que nos ocupa, porque observaron síntomas de indisciplina y agitación social en los puertos británicos. Durante la estadía del Latorre en Devonport, trabajadores del astillero que después se comprobó que eran miembros del Partido Comunista, ejecutaron parte de las transformaciones. Sin embargo no se
han encontrado evidencias de contactos con la reducida dotación chilena en las investigaciones de los motines iniciados casi simultáneamente en Coquimbo e Invergordon.

Paralelamente, el gobierno emprendió un costoso programa de obras públicas y modernizaciones en otros sectores, para lo cual se fue endeudando externamente en forma considerable. La crisis mundial, desencadenada en 1929 con el dramático colapso de la bolsa de Nueva York del 24 de octubre de ese año, repercutió fuertemente en Chile con
un vertical descenso en los precios y por ende, en la producción del salitre, principal producto de exportación que ya estaba en estado crítico por la aparición del producto sintético, al término del primer conflicto mundial.

Un gobierno, que además era acusado de ilegitimidad de origen y de ejercicio, no podía sobrevivir en dichas condiciones y así lo comprendió el general Ibáñez, renunciando el 26 de julio de 1931, después de un período de
desórdenes callejeros en Santiago y Valparaíso. Se dirigió al exterior, sucediéndolo Juan Esteban Montero Rodríguez, de acuerdo a la Constitución. Al haber sido designado posteriormente como candidato a las elecciones que debían realizarse de acuerdo a la ley fundamental, entregó la primera magistratura temporalmente al Ministro
del Interior, Manuel Trucco Franzani.

En este contexto de inestabilidad, se desató el Motín Naval de 1931 en la madrugada del 1 de septiembre.

Los motines son parte de la historia naval en todas las épocas y en muchos países. En el contexto sudamericano del siglo XX, además del ya nombrado, se pueden mencionar los que afectaron a la Marina de Brasil en 1910 y 1919 y
a la Marina de Guerra de Perú en 1932.

En el mismo período, pero en otros continentes, están los ejemplos de la Marina Imperial Rusa donde se amotinó el acorazado Potemkin en Odessa (Mar Negro) en 1905 y en la naciente Marina Soviética, donde sucedió lo mismo con
la base naval de Kronstadt (Báltico) en 1917. La Armada Imperial Alemana sufrió tal vez el motín más importante del siglo, por su extensión y consecuencias, afectando a su Flota de Alta Mar fondeada en la Base de Wilhemshaven el 29 de octubre de 1918 (unos meses antes que las dotaciones chilenas recibieron en dicho país cuatro escampavías para llevarlos a Inglaterra y luego a Chile). Más cercano en el tiempo con el caso chileno, son los motines que sufrió la Real Armada de Gran Bretaña en el HMS Lucia, fondeado, al igual que acorazado Latorre, en Devonport el 4 de enero de 1931 y el que afectó a la Flota del Atlántico en Invergordon el 15 y 16 de septiembre de 1931, apenas había terminado el motín chileno.

Los hechos

  • En Coquimbo

A fines de agosto de 1931 se encontraron en Coquimbo dos fuerzas navales independientes entre sí, la Escuadra de Evoluciones (buque insignia el crucero acorazado O´Higgins) y la Escuadra de Instrucción (acorazado Latorre).
La primera que incluía cuatro destructores acababa de llegar de ejercicios y la segunda, que navegaba menos por los problemas económicos de la época, permanecía prácticamente desde marzo en esas aguas y estaba compuesta de
tres destructores.

El gobierno que sucedió al del general Ibáñez, agobiado por los problemas económicos, resolvió establecer una reducción en los sueldos del sector público de un 12% para las remuneraciones menores de $250 y de 30% para las superiores. Los descuentos constituirían un préstamo al Estado. Se aclaró después que no habría reducción para
las remuneraciones inferiores a $ 250.

Dicha noticia se conoció parcialmente en los buques a través de la prensa en la semana que terminó el viernes 28 de agosto. Hizo recordar una reducción anterior del 10% y a la dotación del Latorre, en particular, la disminución de su asignación por permanencia en el extranjero, cuando estuvo en Inglaterra siendo modernizado (entre el 15 de mayo de 1929 y el 12 de abril de 1931). Sin embargo, una mayor atención a los detalles habría revelado que la  iniciativa del Ministro de Hacienda de 1931 prácticamente no afectaba a nadie en la Armada, dado el bajo nivel de las remuneraciones.

Algunas evidencias señalan que durante el fin de semana (sábado 29 y domingo 30 de agosto de 1931) hubo reuniones subrepticias a bordo y en tierra. Prevalecían los asistentes del grado de cabo y los del acorazado en  particular. En ellas, se acordó ejercer diferentes acciones de presión para lograr la derogación de la medida. Los rumores de estas acciones llegaron al comandante de este buque y comodoro de dicha fuerza (Alberto Hozven Azola), a través del suboficial secretario (Ernesto González Brión) y del segundo comandante (capitán de fragata Alberto Obrecht Herrera) quien las había recibido, a su vez, de parte del oficial ingeniero. Alguna gente de mar escuchó comentarios en el muelle, pero muy pocos o casi ninguno dio cuenta.

El comodoro resolvió entonces citar a una formación en la toldilla del buque insignia a la dotación completa del buque y a una delegación de veinte hombres de los buques subordinados, encabezada por el respectivo comandante, a realizarse el 31 de agosto a las 13:45 horas. En dicha formación, el comodoro leyó una alocución redactada por él y dactilografiada por el suboficial secretario. En forma enérgica calificó duramente a los que habían emprendido
acciones reñidas con la disciplina, adjetivándolos de anti patriotas e instando a las dotaciones a aceptar la reducción de sueldos, en atención a la situación en que se encontraba el país.

Cuando se ordenó la retirada, el tradicional ¡Viva Chile! fue pronunciado en forma muy reticente por la mayor parte de la gente de mar.

Dada la situación observada, el comodoro ordenó al segundo comandante, que era al mismo tiempo su Jefe del Estado Mayor, que fuese personalmente a informar lo obrado al Comandante en Jefe de la Escuadra de Evoluciones. En el mismo acto ordenó que se entregara armamento de uso personal a todos los oficiales. Estas dos disposiciones fueron cumplidas deficientemente, según se pudo comprobar. El comodoro debió reiterar la orden de informar
a la otra Escuadra. La entrega de armas cortas a los oficiales del Latorre se cumplió a medias por cuanto no había pistolas o revólveres para todos y, lo que es más grave, no se le entregó una al oficial de guardia. Nada se hizo respecto del armamento mayor ni del menor que se encontraba en los armeros ubicados en el sector de habitabilidad de oficiales, ni por controlar las comunicaciones.

El oficial de guardia recibió órdenes de pasar rondas frecuentes, lo que se cumplió a través de los guardiamarinas de entrepuente que, sin embargo, no se percataron de dos reuniones clandestinas que se realizaron en la tarde y en
la noche del 31 de agosto para comentar lo ocurrido en la formación realizada en la tarde y adoptar una resolución. En la última, se resolvió tomar los buques y enviar una lista de peticiones al gobierno. Esta resolución se difundió al resto de los buques de las escuadras de Instrucción y de Evoluciones por intermedio de personal que iba a presenciar o participar en una competencia de box que se efectuó en la toldilla del O´Higgins, mientras los oficiales de ese buque participaban en un evento social con civiles en la cámara que finalizó a las 21:00 horas.

En la tarde del 31 de agosto hubo franco para el escaso número de oficiales y gente de mar de ambas Escuadras que tenían a sus esposas en la zona. Los comandantes en jefe y los comandantes y segundos comandantes de los dos buques insignia y casi la totalidad del resto de los oficiales fueron sorprendidos por el motín mientras pernoctaban a bordo. Otra gente de mar, que también bajó a tierra, regresó a medianoche a los buques.

Como se dijo antes, el motín se desencadenó en la madrugada del 1 de septiembre de 1931.El guardiamarina que se desempeñaba como oficial de guardia del Latorre de 00:00 a 04:00,pasó tres rondas generales por los entrepuentes
sin notar nada en particular. Entregó su guardia a un sargento 1° buzo y, poco después de las 04:00 horas, cuando se retiraba a su camarote, vio a gente armada con fusiles y bayonetas caladas, siendo rodeado y apresado. Luego llegó una comisión a registrar los lugares de habitabilidad de los oficiales en busca de armas de fuego después de apresarlos mientras dormían.

El comodoro Hozven despertó con el ruido y fue capturado a la salida de su cámara. Intentó disuadir a los amotinados e incluso hizo uso de su pistola, pero los tiros no salieron. Uno de  los amotinados disparó un tiro que no dio en blanco. Más tarde, durante las investigaciones, Hozven trataría de probar, infructuosamente, que su arma había sido saboteada, creando sospechas en contra del oficial artillero que nunca pudieron ser confirmadas. Por su parte, este oficial declaró que el Comodoro no era muy hábil en el manejo de armas cortas por haber sufrido un accidente previo que limitaba el uso de uno de sus brazos. La evaluación del fiscal sobre este asunto es que:

La actitud asumida por el comodoro Hozven, al ser apresado en el camarote, fue enérgica, valiente y decidida pues, de no haberle fallado el arma, según lo expresa en su declaración, junto a él habrían
perecido varios de los insurrectos, actitud que en circunstancias extremas como ésta, retrata su verdadero carácter y temple.

Como contrapartida, puede argumentarse que, inicialmente, Hozven podría haber dado muerte y herido a algunos de sus apresadores y esta actitud podría haberlos amedrentado, deteniendo el motín. Pero también es posible que, dada la superioridad numérica de sus atacantes, el resultado del empleo de la fuerza hubiese ocasionado también su baja y podría haber conducido a la radicalización del conflicto.

Hozven cumplió, aunque tardíamente, con el deber de emplear todos los medios a su alcance para evitar el motín. De lo contrario, habría incurrido en los delitos establecidos en los artículos 274 y 299 del Código de Justicia Militar
vigente en la época, que castigan a quienes no se oponen activamente a una sedición o motín.

Casi todos los oficiales fueron detenidos en sus camarotes, donde se encontraban durmiendo; algunos contaban con armas pero no las usaron por diferentes razones; la mayoría porque no las tenían preparadas y por estar  adormecidos cuando fueron atacados sorpresivamente. Unos pocos dijeron que el asunto no ameritaba provocar
muertes. Por otro lado, el reducido número de oficiales de éste y otros buques que dormían en tierra, fueron  apresados en la mañana siguiente, cuando regresaron a sus unidades, sabiendo que existía un motín a bordo.

Entretanto, el guardiamarina que se desempañaba como Oficial de Guardia de 00:00 a 04:00 en el O´Higgins, se limitó a permanecer en cubierta y delegar la función de pasar ronda en un sargento que posteriormente fue acusado de ser uno de los cabecillas del movimiento. Cuando otro oficial, que se estaba preparando para relevarlo vio que el personal estaba retirando fusiles desde sus calzos, corrió a avisarle al Comandante en Jefe Escuadra Activa. El guardiamarina fue a su camarote donde tomó la espada y con esta arma, de uso más bien ceremonial, trató de imponerse frente a los sublevados, que lo recibieron con una descarga de fusilería, hiriéndolo levemente en una pierna. El almirante no tenía arma de fuego personal y trató que el personal volviese a la normalidad, usando su autoridad moral, pero no lo consiguió. Fue incomunicado en su camarote con centinela a la vista. El comandante
del crucero acorazado O´Higgins, capitán de navío Héctor Díaz Aburto, también se encontraba durmiendo en su camarote. No se defendió del apresamiento con la pistola que tenía en su poder, por no tener el cargador colocado
y porque, en un primer momento, salió con presteza de su camarote a cerciorarse de lo que ocurría. Una vez que preparó su arma, decidió no emplearla porque nadie lo atacó y porque no había oficiales armados que lo acompañasen. Ya se habían escuchado disparos de armas cortas en el castillo y la toldilla.

Los oficiales de este buque, en su mayoría, fueron apresados por personal armado, mientras dormían o cuando salían a investigar lo que estaba sucediendo. No poseían armas y además, fueron disuadidos mediante disparos de fusil.

Habiendo sido ganado el control de los dos buques insignia, el paso siguiente de los amotinados fue propagar la sedición al resto de las unidades fondeadas en Coquimbo.

Algunos de los destructores fueron tomados por sus tripulaciones (Orella, Lynch, Videla), mientras que en otros (Serrano, Aldea, Riquelme, Hyatt) fue necesario el apoyo de los sediciosos del Latorre y del O’Higgins para que se iniciara el motín.

En el primer grupo, había una mayoría de buques de la Escuadra de Instrucción (Orella y Lynch) mientras que en el segundo, los pertenecientes a la Escuadra Activa o de Evoluciones eran mayoritarios (Aldea, Riquelme y Hyatt). Esto hace pensar que la actitud rebelde era más fuerte en la Escuadra que tenía al Latorre como buque insignia.

En los destructores del primer grupo (Orella, Lynch y Videla), el motín se inició casi simultáneamente con los buques insignia. Los oficiales fueron sorprendidos durmiendo en sus camarotes por gente armada, siendo apresados de inmediato, excepto los comandantes y segundos comandantes del Lynch y del Videla que pernoctaban en tierra.

Una vez obtenido el control de los buques, los amotinados comenzaron a organizarse. Por lo general, nombraban o elegían un comité de aproximadamente seis hombres de diferentes grados y especialidades. En muchas unidades
formaba parte de este cuerpo colegiado, el suboficial más antiguo quien, en algunos casos, asumía el mando del buque. En el Latorre, este comité fue ampliado y se transformó en lo que los sediciosos denominaron Estado Mayor de las Tripulaciones, que pronto comenzó a dominar y a impartir órdenes al resto de los buques de las dos Escuadras y a los que llegaron más tarde de Talcahuano. El contraalmirante Edgardo von Schröeders Sarratea observó desde su primer contacto con los amotinados (que será explicado más adelante), que el suboficial escribiente González presidía las deliberaciones y opina que, en realidad, quienes lo dominaban, eran dos cabos despenseros. Ellos habrían sido los verdaderos cabecillas y los que, en cierto modo, se apropiaron del movimiento gestado entre los cabos y marineros artilleros en los días anteriores.

Cuando los buques debieron moverse de sus fondeaderos, en los días siguientes, fueron gobernados por suboficiales y aún por sargentos y cabos.

El 1 de septiembre fue empleado por los amotinados para organizarse en la forma ya vista, con el fin de hacer su primer planteamiento en un pliego de peticiones o proclama y enviar comisiones a los diferentes buques para obtener la adhesión de los oficiales, mediante la firma del documento. El autógrafo estampado imprudentemente por algunos dio lugar a que algunas personas y cierta prensa afirmaran posteriormente que la oficialidad de la Armada estaba de acuerdo con el motín. Más tarde, los firmantes explicarían esta actuación impropia diciendo que fueron forzados a adherir. Esto tiene un matiz de verosimilitud, ya que la firma era requerida por personal armado, muchas veces del Latorre o del O´Higgins, con vagas promesas que serían liberados si firmaban, lo que no se cumplió.

El envío de comisiones al resto de las unidades tuvo resultados variables. Los dos Comandantes en Jefe y sus respectivos Jefes de Estado Mayor se negaron a firmar. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los comandantes de unidades, pero en algunos buques firmaron casi todos los oficiales después del comandante. En otros, hubo oficiales que concurrieron con su autógrafo y otros no. Los que firmaron, argumentarían después que lo hicieron a sabiendas que era un acto jurídicamente nulo porque se encontraban presos y presionados por personal armado. Otros dirían, ante los tribunales, que lo hicieron para ganarse la confianza de los amotinados y recuperar el mando.

Entretanto, el Gobernador Marítimo de Coquimbo, que era un oficial naval en retiro, observó algunos síntomas extraños en la bahía en la mañana de ese 1 de septiembre, pero nada hizo en concreto por dar cuenta a sus  superiores o a sus pares locales, aunque en su informe dice haber mandado un telegrama en clave al Ministerio de Marina que no ha sido encontrado en la investigación que sustenta este artículo.

Ese mismo día, a las 16:55, el Ministro de Marina, contraalmirante Calixto Rogers Cea, recibió un mensaje radial conteniendo la primera proclama de los amotinados. Para el Gobierno, esta fue la primera noticia concreta del motín y esto es una prueba de la actuación poco diligente de las autoridades de Coquimbo. El documento pedía, en síntesis:

  • No aplicar reducciones a los ingresos.
  • Extraditar a los responsables de la situación económica con el fin juzgarlos.
  • Cesar el ambiente hostil contra las FFAA.
  • Mantener las dos escuadras en Coquimbo.

El comunicado requería contestar las demandas en un plazo de cuarenta y ocho horas. Además, declaraba que los tripulantes no emplearían las armas contra el pueblo y que no estaban influenciados por anarquistas.

Ante esta realidad, el Ministro citó de inmediato a una reunión de la Junta Consultiva de la Marina (nombre eufemístico para el Consejo Naval derogado por Ibáñez) compuesta por el alto mando naval residente en Santiago.
Este organismo colegiado fue partidario, en un comienzo, de aplicar un castigo ejemplar pero luego el debate se centró en los siguientes puntos:

  • No empeñarse en una acción militar precipitada sin conocer la lealtad y eficacia de las fuerzas propias y de las amigas, ya que un fracaso inicial tendría irremediables consecuencias.
  • Recomendar echar a pique los buques sublevados solamente como último recurso por la importancia de estos para la defensa de Chile.
  • Como conclusión, debía usarse inicialmente la diplomacia antes que la fuerza. El análisis anterior es un resumen de la apreciación de la situación que el contraalmirante von Schröeders (asistente a dicha reunión)
    incluyó en un libro.

Entre las 17:30 y las 18:30 horas, las autoridades del Ministerio de Marina comenzaron a informar por teléfono a los Comandantes en Jefe de los Apostaderos Navales Valparaíso y Talcahuano de lo que había ocurrido en Coquimbo.

Las deliberaciones del Gobierno con las autoridades navales durante la tarde y la noche del 1 de septiembre, llevaron a adoptar un curso de acción conciliatorio y para ello nombraron al contraalmirante von Schröeders como delegado del Ejecutivo con el propósito de buscar una solución al motín, quien debía reunirse en Coquimbo con los que dirigían el movimiento. Durante ese 1 de septiembre los amotinados también estuvieron deliberando porque el Gobierno recibió a medianoche una segunda proclama con peticiones de carácter más político, tales como:

– Suspensión del pago de la deuda externa.
– Reforma agraria.
– Medidas para la creación de empleos.
– Rebajas en las tasas de captación de capitales superiores a $ 10 mil en los empréstitos voluntarios al fisco.

El documento también incluía otras demandas de tipo “gremial”:

– Cierre de las escuelas matrices por economías,
– Uniformes gratis.
– Mejoras en la ración de víveres.
– Retiro con pensión a los 20 años y voluntario a los 15.
– Mejoras en los ascensos.
– Retrotraer el impuesto a la renta al 31 de julio.
– Reincorporar al comandante del Solar.

Ni González ni uno de los cabos despenseros se han referido al tema de la radicalización que se advierte entre la primera y la segunda proclama (o en otras) en sus respectivos libros ni en sus declaraciones ante los Consejos de Guerra o en artículos de prensa. Tampoco señalan quienes fueron los redactores, excepto en la primera, donde
Manuel Astica Fuentes, uno de los despenseros, reconoce su participación, lo que es confirmado por González.  Nadie se adjudica la autoría de la segunda proclama, que es la más radical. La participación de Astica en la primera, indica cierta desenvoltura, probablemente originada en su pasado de dirigente sindical y esto llevó a algunos a formular la hipótesis de una inspiración comunista. Astica era de tendencia socialcristiana en los años anteriores al motín. Ingresó al Partido Comunista de Chile (PCCh) con posterioridad a estos hechos.

El contraalmirante von Schröeders era un prestigioso oficial que había desempeñado todos los puestos de mando a flote y en tierra compatibles con el grado. También había sido Ministro de Marina en las postrimerías la presidencia de Ibáñez. Para cumplir la misión que le encomendó el Gobierno de Trucco, viajó por vía aérea a Coquimbo el 2 de septiembre. Había sido instruido de reunirse con los amotinados solamente en tierra. Los sediciosos respondieron
solicitando que el delegado concurriese al Latorre, ofreciendo todas las facilidades de acceso y dando garantías sobre el respeto de todas las prerrogativas protocolares correspondientes a su cargo y rango. El almirante, comprendiendo que no llegaría a nada si no se levantaba la restricción gubernamental, comenzó por tratar de obtenerla por vía telegráfica y telefónica y así se perdió todo el resto de ese día.

Al día siguiente, 3 de septiembre, se conoció la noticia que el Vicepresidente Trucco había aceptado la renuncia del gabinete y nombrado, entre otros, al capitán de navío en retiro Enrique Spoerer Jardel en el Ministerio de Marina y al general Carlos Vergara Montero en el de Guerra. A este último, se le otorgaron facultades de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. También se nombró a Arturo Prat Carvajal como Ministro de Hacienda. El gobierno hizo
saber al almirante von Schröeders que estaba autorizado para ir al Latorre y, además, que el nuevo Ministro de Hacienda había dispuesto el pago de los sueldos de agosto en igual forma que en julio, es decir, sin la reducción (o préstamo forzoso) que había sido la causa aparente del movimiento sedicioso.

La primera reunión del Delegado del Gobierno y su comitiva con el Estado Mayor de las Tripulaciones se realizó en el Latorre el 3 de septiembre. Después de cuatro horas y media, se había logrado un clima de armonía propicio para llegar a un arreglo, pero la situación cambió dramáticamente cuando comenzaron a llegar mensajes de adhesión desde el Apostadero Naval de Talcahuano, la Escuela de Telecomunicaciones de Viña del Mar y la Base Aérea de Quintero, que también se habían sublevado. Pese a esto, los amotinados ampliaron en veinticuatro horas el plazo inicial dado al gobierno en sus proclamas.

En la segunda reunión en el Latorre, los amotinados ampliaron sus peticiones a que no hubiese sumarios ni  represalias. Además, agregaron una cláusula que dificultaría enormemente la posibilidad de acuerdo. Exigían que el acta de avenimiento se firmara solamente cuando llegaran los buques amotinados de Talcahuano, que ya habían iniciado su desplazamiento a Coquimbo. Von Schröeders advirtió al gobierno que evaluaba esta última exigencia como una maniobra.

En Santiago, entretanto, se temía por la suerte de los oficiales. Esta fue una de las razones para adoptar una actitud conciliatoria inicialmente, sin hacer uso de la fuerza. Las conversaciones del almirante von Schröeders permitieron abrigar esperanzas que no les ocurriría nada grave. Sin embargo, como se verá, la política de flexibilidad del Gobierno fue variando con el tiempo.

Las tratativas del contraalmirante von Schröeders llegaron a un punto decisivo el 4 de septiembre. Todo ese día se empleó en discutir el proyecto de acta del Estado Mayor de las Tripulaciones y que había sido influenciado por el Delegado como para pensar que sería aceptable para el Gobierno. Una vez elevado a Santiago, fue modificado sustancialmente, tal vez porque el Gobierno había adoptado, por aquel entonces, la decisión de emplear la fuerza. Cuando el almirante recibió en Coquimbo el documento del Ejecutivo, pensó que no sería aceptado por los sublevados. No se equivocó, porque el Estado Mayor de las Tripulaciones no aceptó, finalmente el documento, sabiendo que al día siguiente llegaban los buques sublevados provenientes de Talcahuano. El acta redactada en
la capital solamente se comprometía a estudiar las medidas.

Las reuniones a bordo del Latorre terminaron a la medianoche del 4 de septiembre. La principal razón del fracaso de esta gestión fue que el Gobierno no se comprometió a solucionar los asuntos que eran motivo de quejas, excepto el de anular la llamada rebaja de sueldos del mes en curso. Los amotinados aportaron su cuota de intransigencia al sentirse fortalecidos por la adhesión en los apostaderos de Valparaíso y Talcahuano.

El Delegado del Gobierno regresó a Santiago el día 5, dando cuenta de su gestión e informando que había observado síntomas de quiebre entre los amotinados por los contactos que tuvo con algunos sargentos y suboficiales que actuaron al margen del Estado Mayor de las Tripulaciones y por informaciones que le trajo el capellán del Latorre y un oficial paraguayo que se encontraba inicialmente en uno de los destructores.

La gestión del almirante von Schröeders fue positiva, en el sentido de haber estado a punto de lograr un acuerdo, el que se frustró por intransigencia de las partes. Su presencia en el Latorre y en Coquimbo, permitió que el Gobierno
mejorara su apreciación de la situación, a través de los mensajes escritos y telefónicos enviados desde el puerto donde se había originado el motín y del informe final presentado a su llegada a Santiago.

El relato sobre los suceso en dicho puerto quedará en suspenso para examinar lo ocurrido en los apostaderos navales de Talcahuano y Valparaíso a partir del 3 de septiembre que, como se dijo, fue el día en que se produjo el
motín en ellos.

  • En Talcahuano

El Apostadero Naval de Talcahuano era la principal base de la Armada y contaba con varias reparticiones logísticas, escuelas y buques subordinados, a lo que se sumaba la dependencia de unidades en reserva o en reparaciones. Además, prestaba los servicios de base a los submarinos, buques que sólo dependían del apostadero en lo guarnicional, ya que, como todas las fuerzas navales, la flotilla recibía órdenes directamente del Ministro de Marina.

El Comandante en Jefe del Apostadero Naval era el contraalmirante Roberto Chappuzeau Cienfuegos. Cuando recibió la información oficial del motín, el 1 de septiembre por la tarde, citó a una reunión inmediata de  comandantes de buques y jefes de reparticiones con el fin de difundir el hecho y adoptar las primeras medidas.
En ella, se resolvió que cada comandante hablaría a la tripulación al día siguiente, explicando lo sucedido y llamando a mantener la disciplina.

Inicialmente, el contraalmirante Chappuzeau sugirió al Comandante de la Flotilla de Submarinos, capitán de navío Luis Muñoz Valdés, que zarpara con sus submarinos y buque madre, pero éste no lo consideró conveniente para no despertar una actitud adversa en las tripulaciones, que él apreciaba como leales hasta ese momento. Además, consideraba que, como medida previa, debía hacer recalar los submarinos, que se encontraban en ejercicios, para embarcar la munición y los conos de combate con el propósito quedar en condiciones de cumplir misiones contra las escuadras sublevadas.

Los comandantes de buques y reparticiones informaron a sus tripulaciones en la forma acordada, pero en el cazatorpedero Condell de la Escuadra Activa, que se encontraba en reparaciones en Talcahuano, ocurrió un hecho
singular durante la formación presidida por el Comandante de la unidad. El segundo comandante la describe como una presentación formalmente muy poco adecuada de parte de su superior.

Cabe resaltar que el Condell pertenecía a una de las dos escuadras que estaban en Coquimbo y que uno de sus tripulantes, el guardián 2° Manuel Neira Neira, había recibido una carta firmada por un tripulante de apellido Mellado quien, desde uno de los buques de Coquimbo, le comunicaba la fecha de comienzo del motín si la petición de anular la reducción de sueldos no era aceptada. Mellado agregaba el comentario de que exista un acuerdo, entre las tripulaciones de ambas Escuadras, para dar el golpe “en forma enérgica.” El autor de esta carta también dice que
similares comunicaciones fueron enviadas a los submarinos y buques de superficie que tenían a Talcahuano como puerto base, demostrando que existió la voluntad de coordinar las acciones entre los organizadores en Coquimbo y los buques que estaban en la base sureña.

A media mañana del 2 de septiembre, los comandantes concurrieron nuevamente a la oficina del almirante Chappuzeau y reportaron el resultado de las formaciones donde informaron a sus dotaciones sobre los sucesos de Coquimbo. En general, apreciaron tranquilidad y disciplina y por eso se resolvió enviar un mensaje de adhesión al Ministro de Marina. Adicionalmente, el almirante ordenó a los comandantes consultar a las tripulaciones, antes de las 14:30, sobre el envío de un telegrama dirigido a los amotinados instándolos a reflexionar sobre lo sucedido y volver a la disciplina:

Jefes, oficiales, suboficiales y tripulaciones dependientes del Apostadero Naval de Talcahuano invitan a las tripulaciones de la Escuadra a reflexionar sobre el paso que han dado y que coloca en triste situación a la Armada Nacional ante la opinión del país y del mundo entero por su falta de patriotismo y de  disciplina, provocando con su actitud momentos difíciles para la nación en esta hora de prueba que exige de todo chileno el mayor sacrificio colectivo. Nuestra Marina, desde su nacimiento, ha dado muestras al  país y al mundo de su heroísmo y disciplina y no es posible aceptar que en un momento de ofuscación se pretenda borrar un siglo de gloriosas tradiciones.

Este proyecto de telegrama desencadenó un proceso deliberativo que culminó en actos de franca indisciplina en esta base y en sus unidades navales y de Artillería de Costa. El almirante Chappuzeau dice que resolvió la controvertida
medida porque así “se podría conocer más a fondo, si podía existir alguna connivencia entre la Escuadra y la gente del Apostadero” y que esta idea contó con el apoyo de todos los comandantes.

En el Fuerte Borgoño, el comandante del Grupo de Artillería de Costa, reunió al personal para analizar el texto del proyecto de telegrama y uno de los artilleros le dijo que no dispararían contra sus compañeros de la Escuadra. La conclusión de dicho comandante, es que el personal no estaba de acuerdo con la forma en que se desarrollaron
los hechos en Coquimbo pero sí con el fondo. Concurrió enseguida a dar cuenta al almirante.

Los restantes comandantes informaron y opinaron en términos similares, reportando que existía un ánimo contrario a la disciplina en las dotaciones.

Esa misma tarde, el Comandante en Jefe del Apostadero ordenó dar franco al personal, dejando a los oficiales acuartelados para reforzar las guardias. Esto se hizo también para dispersar a la gente de mar con el fin de permitir que los oficiales retiraran los cerrojos y la munición, guardando este material en un lugar seguro.

A continuación, dos ejemplos de cómo se ejecutaron estas últimas órdenes. En el crucero Blanco, los cerrojos solamente se quitaron después de oírse los primeros tiros en la madrugada del 3 de septiembre. En la Escuela de Máquinas, la única medida preventiva que se adoptó fue guardar la munición en la caja de fondos de la contaduría.

Esa misma tarde, la Fuerza de Submarinos informó que el buque madre Araucano y los submarinos se alistaban para zarpar en señal de apoyo al Gobierno.

Al jefe de servicio para la noche del 2 al 3 de septiembre se le ordenó mantener una estricta vigilancia. Se le informó además que en la Escuela de Artillería Naval y en la Batería Rodríguez, próxima a la dársena de submarinos, quedaría aposentada una compañía de infantería de la Artillería de Costa que había sido trasladada desde su cuartel ubicado en la parte alta del Apostadero.

El almirante Chappuzeau tenía dudas sobre la lealtad de este personal por los sucesos que habían ocurrido en el Fuerte Borgoño de este mismo cuerpo, según se dijo más atrás. También tenía dudas si en el Ejército se mantendría la disciplina y por eso no solicitó la colaboración de esa institución que contaba con varias unidades en la cercana ciudad de Concepción.

Esa noche, un artillero de costa que estaba de guardia en la entrada al Arsenal de Marina (hoy ASMAR-Talcahuano) escuchó a varios miembros de la dotación de los submarinos que esa noche se iban a sublevar para zarpar hacia Coquimbo. Cuando dio señales de ir a dar cuenta a sus superiores, fue retenido por los submarinistas. Más tarde, amedrentado, continuó en su puesto por donde pasó el también el sargento 1º señalero Orlando Robles Osses diciendo que el proyector iba a alumbrar desde el horizonte hacia arriba por tres veces e iban a venir las  tripulaciones del Condell, Uribe y Chacabuco a tomarse el Araucano.

En los días anteriores al motín, se había efectuado a lo menos una reunión del sargento Robles con gente de mar en una casa particular en Talcahuano en que se planificó lo que se haría en los próximos días. También hubo otras reuniones para este mismo fin donde participó personal de gente de mar de los diversos buques.

Al finalizar el 2 de septiembre el comandante del Araucano regresó a su buque después de estar reunido con el almirante Chappuzaeau y el resto de los comandantes. En ese momento se estaban realizando los preparativos para zarpar y los oficiales se encontraban armados.

Entretanto, en el destructor Condell, el personal se estaba levantando y armando sin mediar orden alguna. Los oficiales salieron a cubierta armados. Tres guardiamarinas quisieron hacer uso de sus pistolas, pero el comandante del buque se los impidió por considerar un sacrificio inútil contra la gran cantidad de amotinados. También intentó disuadirlos, pero el personal bajó a tierra, dirigiéndose hacia el Araucano.

Poco después, el oficial de guardia de la Escuela de Máquinas, ubicada en las proximidades de donde se encontraba acoderado el Araucano, dentro de la dársena, fue despertado por un cabo que le informó que los alumnos se estaban levantando. Al salir de su dormitorio, sin su pistola, fue apresado por cuatro hombres armados.

El personal amotinado del Condell subió al Araucano, solicitando la entrega de la unidad. En cubierta, el  comandante de este buque, acompañado de algunos oficiales enfrentó a los sublevados y los disuadió de su acción,
desarmándolos y enviándolos a tierra. Un guardiamarina del Condell, vio al personal de su unidad en la toldilla del buque madre y subió a ayudar a desarmarlos. Observó, además, que transportaban munición en las cartucheras y
además en maletas, lo que es un indicio de que iban preparados para la acción.

Una vez en tierra, el personal que intentó tomarse el Araucano inició el regreso al Condell y, al pasar frente a la Escuela de Máquinas, alguien los persuadió de reiniciar la acción, reaprovisionándolos de armas y municiones
(lo que prueba la inefectividad de las medidas precautorias adoptadas por la dirección de este establecimiento). El grupo insubordinado del Condell, en conjunto ahora con los sublevados de esta escuela (aproximadamente doscientos en total) comenzó a disparar contra el buque madre de submarinos con el fin de detener los preparativos de zarpe. El comandante ordenó contestar el fuego con dos ametralladoras Lewis que había dispuesto traer previamente desde los submarinos. Estas armas no funcionaron por haber sido saboteadas. Entonces, los oficiales del buque comenzaron a contestar el fuego con sus pistolas. Entretanto, el personal del Araucano intentaba llegar a cubierta por la escotilla de popa, siendo contenido por un oficial. No se produjeron heridos en este desordenado tiroteo.

El comandante Muñoz Valdés bajó al entrepuente de proa, donde estaba formado el personal de su buque, con el propósito de conminarlo a permanecer leal. Preguntó si lo respaldaban y nadie contestó. Entonces, salió de la fila el
sargento 1° señalero Robles, quien obtuvo un no de todo el personal a la pregunta que había hecho el comandante. Poco más tarde, este sargento se convertiría en el líder de los buques que se hicieron a la mar desde Talcahuano, aunque ya venía desarrollando actividades conspirativas según se señaló más atrás. En ese momento, le avisaron al comandante Muñoz Valdés que el almirante Chappuzeau había llegado a bordo. El tiroteo había cesado por un momento y detrás del almirante había subido numeroso personal rebelde.

La compañía de Artillería de Costa, que había llegado a las proximidades del Araucano y de la Escuela de Máquinas, se había desplegado, tomando posiciones. Su comandante vio y escuchó el accionar del almirante a bordo del buque madre de submarinos. Decidió enviar a su segundo a decirle que esperaba sus órdenes y permaneció diez minutos en esa actitud. Este último oficial llegó hasta el portalón del Araucano donde encontró al Jefe del Estado Mayor del Apostadero y le informó su misión. La respuesta que recibió fue que la tropa de Artillería de Costa podía retirarse
porque ya ha cesado la refriega y el almirante estaba parlamentando con los amotinados.

El personal sublevado, que se encontraba en la cubierta, respondió al almirante con insultos e insolencias. Uno de ellos dijo:

Los oficiales antes hicieron la Revolución sin consultar a las tripulaciones por sus ideales; ahora somos las tripulaciones las que lo hacemos por los nuestros y tenemos que plegarnos a nuestros compañeros de
la Escuadra antes de las 04:00.

Otros oradores enrostraron a los oficiales indiferencia y despreocupación. Los amotinados decían que su único interés era irse con el Araucano a Coquimbo, a unirse con los sublevados de la Escuadra. Uno de ellos expresó que los oficiales debían acompañar a la tripulación. El almirante resolvió que esto último sería vergonzoso y les
respondió que la misma libertad que ellos pedían para irse al Norte también la tenían los oficiales para quedarse. Probablemente, Chappuzeau temía que los oficiales fuesen hechos prisioneros, como sucedió en Coquimbo.

El almirante decidió retirarse del Araucano a su oficina, con el fin de intercambiar ideas con los demás comandantes y comunicar lo ocurrido al Ministerio. Basó su decisión en que consideraba que la situación estaba dominada por los subversivos. Al descender, y como ya lo había hecho su Jefe de Estado Mayor, mandó decir al comandante de la compañía que se retirara con su tropa a su cuartel. Pocos días después, dicho comandante diría al Fiscal Administrativo:

Tengo el convencimiento absoluto que si el Almirante me ordena atacar a los rebeldes, se habría tenido el más completo éxito, pues los tenía envueltos, en el desorden, apiñados y sin dirección ninguna; mi tropa esperaba una sola orden para proceder con toda decisión.

Los oficiales de todos los buques comenzaron a abandonarlos, algunas veces, apremiados por los amotinados o, en otros casos, siguiendo la conducta de los superiores. La mayoría se dirigió a Concepción para presentarse a la Guarnición Militar.

En las reparticiones terrestres sucedió algo similar.

Se constituyó enseguida un comité de gente de mar para dirigir la rebelión en el Apostadero Naval. Sus miembros eran un maquinista radiotelegrafista de la radioestación, un preceptor10 del crucero Prat, un maquinista mayor del Williams, un calderero de la maestranza, un armero del Subdepartamento de Artillería, un sargento torpedista del Subdepartamento de Submarinos, un obrero y un maquinista del Arsenal y un preceptor de la Escuela de Torpedos, demostrando que los amotinados deseaban un liderazgo representativo de las diversas unidades y reparticiones. Este comité no llegará al final de la sublevación, debido a que cuando comenzó la reacción del Gobierno hubo disensos entre los amotinados que condujeron a cambios en su composición.

Resumiendo, todos los buques que estaban en Talcahuano y las reparticiones del Apostadero Naval quedaron en poder de los amotinados ese 3 de septiembre, quedando así consumado el motín en esa base.

  • En Valparaíso

Esta ciudad había vivido días de conmoción durante la caída del Presidente Ibáñez, unas pocas semanas antes del motín. Valparaíso superaba a Talcahuano en importancia política, población y desarrollo comercial e industrial.
También era la sede de algunas reparticiones navales dispersas por la ciudad y por la vecina Viña del Mar. En Quintero, existía una Base Aérea que perteneció a la Armada hasta 1930, pasando a integrar la Fuerza Aérea a  contar del 21 de marzo de ese año.

El primer indicio de indisciplina ocurrió cuando recaló el petrolero Rancagua proveniente de Coquimbo desde donde había zarpado el 31 de agosto. Durante la navegación, el personal había hecho presente al comandante, en términos respetuosos, la necesidad de pagar los sueldos sin rebajas y este asunto fue planteado por escrito al Comandante en Jefe del Apostadero Naval, que era el contraalmirante Francisco Nieto del Río, el 1 de septiembre.

Cuando este almirante recibió la noticia del comienzo del motín en Coquimbo, dispuso el acuartelamiento de las reparticiones, lo que se cumplió de acuerdo al plan de defensa de la base.

Al día siguiente, los comandantes de buques y reparticiones dieron cuenta que sus tripulaciones permanecían fieles y que condenaban la actitud de los amotinados de Coquimbo. Hasta el día 2, nada hacía presagiar actitudes reñidas con la disciplina en las unidades y reparticiones de la Armada y menos del Ejército y Fuerza Aérea, pese a que la ciudad estaba plenamente informada de los sucesos de Coquimbo y diversos gremios se habían declarado en paro. Esta tranquilidad aparente cambiaría dramáticamente al día siguiente.

Al mediodía del 3 de septiembre, el almirante Nieto ordenó llenar con agua los estanques del Rancagua con el fin de inutilizar las 300 toneladas de petróleo que tenía a bordo y evitar su zarpe, ya que su comandante, le había dado
cuenta de sus dudas respecto de la lealtad de la tripulación. El Almirante también ordenó sacar una pieza vital del remolcador Galvarino con el fin de impedir sus movimientos. El comandante del petrolero, además, ordenó desconectar las antenas de los equipos de telecomunicaciones y llevar el armamento menor al departamento de  oficiales.

También se advirtieron los primeros síntomas de insubordinación en la Escuela de Telecomunicaciones (ubicada en el edifico que hoy ocupa la Dirección General del Personal) cuando la gente de mar envió un mensaje radial de adhesión al Latorre sin autorización del Director, capitán de fragata Emilio Merino Lemus, el 3 de septiembre. Éste hizo cuanto pudo por mantener la disciplina, reuniendo a los suboficiales, sargentos y grumetes (alumnos) para exhortarlos al cumplimiento del deber y la lealtad. A pesar de algunas manifestaciones auspiciosas, esa misma tarde el personal se mostró en franca rebelión.

La Radio Estación Naval de Las Salinas estaba en las proximidades de la mencionada escuela y era una dependencia de ésta. El Sub Departamento de Telecomunicaciones, que pertenecía al Arsenal Naval, también se encontraba en las inmediaciones. Ambas reparticiones adhirieron al motín, especialmente, la Radio Estación, que era
operada por personal de planta de la Escuela.

Como medida de precaución, la superioridad envió dos tenientes, alumnos del curso de telecomunicaciones, a hacerse cargo de la Radio Estación Naval de Playa Ancha cuyo jefe era uno de los asesores del Estado Mayor del
Apostadero (cumplía estas funciones en forma colateral). Los mencionados oficiales lograron mantener la disciplina, excepto que, desde allí, se transmitió un mensaje de adhesión moral al Latorre, mediante el engaño de hacer creer que estaba autorizado por el Jefe del Estado Mayor del Apostadero y por el jefe de dicha repartición.

Cuando el personal de la Escuela de Telecomunicaciones adhirió al movimiento, el 3 de septiembre a las 14:00 horas mediante dicho mensaje, el almirante Nieto, junto con informar de inmediato a Santiago, solicitó el envío de un regimiento para ocupar este establecimiento, pues no se podía contar con la lealtad de la tropa de Valparaíso. El Gobierno había considerado esta idea en el Consejo de Gabinete pero había resuelto no tomar ninguna medida de fuerza que pudiese interferir con la misión mediadora que en esos instantes desempeñaba el almirante von Schröeders en Coquimbo. Esta resolución fue comunicada al Director de la Escuela de Telecomunicaciones, recomendándosele mantener la situación en forma pacífica y obrar con tacto.

La sublevación del personal de esta escuela se concretó cuando una compañía de alumnos regresaba de una práctica de infantería. En el momento que se ordenó devolver el armamento, parte de este personal se dirigió a un grupo de
suboficiales que había preparado la sedición. Debido a esto, el subdirector del establecimiento dispuso que los oficiales se retiraran del recinto pero el Director permaneció dentro de él.

En el Cuartel Silva Palma N° 1, en Playa Ancha, la disciplina se mantuvo gracias a la presencia de una compañía de Artillería de Costa.

La tripulación del petrolero Rancagua adhirió al movimiento de las dotaciones de los buques en Coquimbo enviando un mensaje por intermedio de la Radio Estación de Las Salinas en la noche del 3 de septiembre. Pocas horas antes, la Base Aérea de Quintero también había adherido al motín. El almirante Nieto solicitó nuevamente un
regimiento de Santiago para ocupar militarmente dicha repartición aérea, rogando, una vez más, que se adoptase esa medida de inmediato, pues la situación se hacía cada vez más difícil. Entretanto, el comandante del Arsenal Naval, hizo fracasar el intento del personal amotinado de la Escuela de Telecomunicaciones de entregar un mensaje por mano al petrolero Rancagua que estaba atracado en las inmediaciones de esta repartición y en el que se ordenaba, de parte de los amotinados de Coquimbo, dirigirse a ese puerto. Para esto, desarmó a dos tripulantes de
dicha escuela que llegaron a su repartición y los condujo detenidos a la Comandancia en Jefe del Apostadero.

Los amotinados de Coquimbo destacaron al destructor Aldea para navegar hasta Valparaíso con el fin de reunirse con los buques que venían de Talcahuano. Ante un requerimiento de los amotinados de la Base Aérea de Quintero,
ordenaron a este buque hacer presencia en el área, sin comprometerse en alguna acción, para evitar dañar el avance logrado en las negociaciones con el almirante von Schröeders. También recibieron una solicitud de apoyo de los amotinados de la Escuela de Telecomunicaciones, pero no accedieron a enviar este u otro destructor para no dispersar sus fuerzas.

El personal del petrolero Rancagua se mostró francamente hostil, desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Cuando el Comandante en Jefe del Apostadero Naval conoció ésta situación, solicitó tropa para ocupar el buque, lo que fue denegado por haber órdenes de Santiago de no hacer uso de la fuerza. El comandante de este buque reunió entonces a los tripulantes y los autorizó para bajar a tierra con permiso, el 4 de septiembre, lo que no aceptaron.

En la tarde de ese 4 de septiembre, la Radio Estación de Playa Ancha recibió un mensaje firmado por varios  suboficiales del Regimiento Maipo que comunicaban la adhesión al motín. El Comandante en Jefe del Apostadero ordenó no cursarlo, entregando el documento al comandante de dicha unidad. Ante esa evidencia, el Ejército  determinó ocupar su cuartel con tropa de la Escuela de Infantería de San Bernardo y trasladar los sublevados a otra guarnición en buses y camiones, operación que se realizó el 6 de septiembre. Al ejecutarse esta última acción y por una descoordinación, se produjo un tiroteo entre los cadetes de la Escuela Naval y el personal militar encargado de la seguridad de los vehículos, cuando pasaban por las inmediaciones de dicho establecimiento. Afortunadamente nadie resultó herido. Durante algún tiempo, circuló la leyenda que habría habido un intento de asaltar este  establecimiento, pero los hechos reales son los narrados.

Como se explicó anteriormente, un nuevo gabinete asumió sus funciones en Santiago e inició las negociaciones con los amotinados de Coquimbo por intermedio del almirante von Schröeders el 3 de septiembre. Al mismo tiempo,
el general Carlos Vergara Montero fue nombrado Ministro de Guerra con poderes como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien comenzó a adoptar medidas ante la posibilidad que fracasaran las negociaciones con los sediciosos. La necesidad de estas acciones, que incluían el uso de la fuerza, se hizo más evidente en la tarde del 4 de septiembre, cuando se apreció que el motín podría extenderse al Ejército, debido a los sucesos del Regimiento  Maipo y por otros síntomas que se observaron en la Guarnición Militar de Concepción.

A la medianoche del 4 de septiembre, cuando el motín aún estaba en desarrollo en los buques y reparticiones de Talcahuano, se conoció el fracaso de las negociaciones que se realizaban en Coquimbo. Esta ruptura y la posible extensión de la sedición al resto de las Fuerzas Armadas, llevó al Gobierno a inclinarse por el empleo de la fuerza que, junto a otros factores, fue lo que llevó a la derrota de los amotinados en los días siguientes.

El término del motín

Las acciones dispuestas por el Gobierno comenzaron en la madrugada del 5 de septiembre en Valparaíso. A las 04:00 horas los Carabineros habían ocupado el Cuartel Silva Palma. Cuatro horas más tarde, el Regimiento Andino hizo lo mismo en la Escuela de Telecomunicaciones. Cuarenta minutos después, el Regimiento Coraceros realizó similar operación en la Base Aérea de Quintero. No hubo enfrentamientos. El 4 de septiembre los sublevados de Talcahuano comunicaron a los de Coquimbo que contaban con “la adhesión completa de elementos civilistas de Concepción y Talcahuano.”

Los amotinados, que estaban en total control del Apostadero Naval de Talcahuano, habían designado como jefe de las fuerzas a un condestable que sabía que en cualquier momento podría producirse un ataque del Ejército. Ante
esta situación, comenzaron a producirse disensos dentro de los amotinados. Algunos pensaban resistir el intento del Gobierno de recuperar el apostadero mediante el empleo de tropas del Ejército, pero otros no estaban de acuerdo con participar en enfrentamientos y esto provocó sucesivos cambios en el mando de los sediciosos.

En las comunicaciones enviadas desde Talcahuano a Coquimbo, en la madrugada del 5 de septiembre, se advierte que los sediciososde dicho apostadero estaban conscientes de que serían atacados y por eso adoptaban medidas de defensa de última hora y en forma bastante desorganizada. El Estado Mayor de las Tripulaciones les respondió diciendo que: “no puede continuar negociando mientras Gobierno no acepte reformas completa y favorablemente. En caso de violencia con Apostadero nos decidiremos a adoptar medidas recíprocas.”12 Poco después, intentó tranquilizarlos, diciéndoles que no debían temer un ataque por las negociaciones en curso, lo que no corresponde a la realidad porque, pocas horas antes, von Schröeders les había notificado que regresaba a Santiago, al fracasar el intento de acuerdo.

Un capitán de fragata, que no estaba al tanto de que debía presentarse al Ejército en Concepción y que permaneció toda la noche en su casa dentro del Apostadero, fue despertado el 5 de septiembre por la sirena del dique y pudo ver la llegada de un tren: “lleno de individuos civiles en los cuales pude notar que había muchos que nada tenían de obreros del dique y todos los cuales corrieron en distintas direcciones volviendo enseguida armados de rifles y carabinas”. Al mismo tiempo, unos 50 hombres, que pertenecían a la Escuela de Torpedos que estaban decididos a combatir, se presentaron al comité que dirigía la sublevación y fueron destinados al sector de la cancha de tenis,  ubicada a la entrada del Apostadero.

A continuación, se examinará lo que sucedió en las fuerzas gubernamentales. Apenas pasada la medianoche del 4 al 5 de septiembre, la mayor parte de los oficiales del Apostadero Naval se presentaron en los regimientos de  Concepción y solicitaron su incorporación a las unidades que asaltarían la base. El general Guillermo Novoa  Sepúlveda, Comandante en Jefe de la División de Ejército que tenía su cuartel general en dicha ciudad, los integró formando una compañía que quedó a cargo del comandante del Araucano, capitán de fragata Luis Muñoz Valdés. Todos los marinos comenzaron a cargar armas como soldados de infantería. Otros oficiales fueron destinados al Estado Mayor y a las unidades militares, con el fin de asesorar, guiar y combatir. El general había reunido en los días previos las siguientes fuerzas en Concepción: regimientos de infantería Chacabuco y O´Higgins (traído de
Chillán), regimiento de artillería Silva Renard y regimientos de caballería Guías y Húsares (este último desplazado desde Angol). La idea de maniobra era tomar primero el fuerte El Morro, para que el regimiento Silva Renard, con
algunos oficiales de marina, pudiese emplear su artillería contra el Apostadero Naval, ubicado inmediatamente al Norte. Enseguida, el ataque principal se haría a través de alturas de la península de Tumbes con la compañía de oficiales de la Armada y el regimiento Chacabuco. El resto de las unidades militares, atacarían por la Puerta de
los Leones, excepto el regimiento de Caballería Húsares, que avanzaría por el camino que recorre la parte alta de la península de Tumbes.

El general Novoa notificó a los amotinados sus intenciones a primera hora del 5 de septiembre y les comunicó que, de no ser obedecido, los hará responsables de todas las consecuencias.

Las intenciones sobre el uso de la fuerza eran claras de parte del Gobierno y los sublevados de Talcahuano informaron al Latorre que las fuerzas militares no aceptaban otra actitud que la rendición incondicional. No obstante, el Estado Mayor de las Tripulaciones aún creía estar en una posición de fuerza, por cuanto instó a los amotinados de dicho Apostadero a resistir, actuando insensatamente. A continuación, emplazó al Gobierno a no realizar movimientos de tropas y formuló una velada amenaza de empleo de la fuerza contra La Serena.

Hubo varios intentos de conciliación, estando las tropas desplegadas y se concedieron sucesivos aplazamientos, hasta que el regimiento Chacabuco tomó el fuerte El Morro (ubicado en Talcahuano, fuera del Apostadero), sin resistencia, a las 14:30 horas. Se instaló además, en ese mismo fuerte, una batería del regimiento Silva Renard. 15
minutos después, los cañones comenzaron a disparar contra objetivos terrestres y navales. El principal blanco era el destructor Riveros. Fue la unidad amotinada que desplegó la mayor actividad y movilidad y que, después de ser
averiada significativamente, se retiró hacia la isla Quiriquina. En este lugar se embarcaron algunos fugitivos. Posteriormente, se fue a la isla Mocha a cargo de un sargento torpedista. Recaló el 6 de septiembre con cuatro muertos que sepultar y dieciocho heridos, producto del combate del día anterior.

Entretanto, en la base sureña, había evidencias de desorganización entre los amotinados. Hubo cambios de última hora en el comité que dirigía la insurrección. Las acciones de mayor violencia en Talcahuano se desarrollaron entre las 16:00 y las 18:00 horas, según los mensajes de la Radio Estación de ese apostadero. Estando dicha repartición bajo el control de los amotinados, continuó informando a los buques en Coquimbo de las acciones que se iban sucediendo, hasta que fue capturada.

El regimiento Chacabuco, que había tomado el fuerte El Morro, dejó en esa posición una batería del regimiento Silva Renard y avanzó hacia el Apostadero Naval. La compañía de oficiales de la Armada ascendió por el camino hacia la península de Tumbes, apoyada por dicha unidad militar y tomó posiciones detrás del edificio de la  Comandancia en Jefe. Al tratar de atacar, recibió fuego de ametralladoras y fusileros desde un bosque que cubría la ladera del cerro, a espaldas de dicho edificio. También recibió fuego de la batería Rodríguez y de una batería ferroviaria emplazada en Punta Gálvez, ambas ubicadas en las proximidades de la entrada al Arsenal Naval.

A pesar de la activa defensa de los amotinados ya descrita, esa compañía logró avanzar hasta las proximidades de la Comandancia en Jefe. Ahí su comandante, el capitán de fragata Luís Muñoz Valdés, conminó a viva voz a los jefes
del comité, para que los rebeldes desalojaran la Escuela y el Sub Departamento de Artillería, que estaban en las inmediaciones. Se dispuso que el personal rebelde se concentrara en la cancha de tenis, orden que comenzó a ser obedecida. Desde los techos de dichas reparticiones y desde el cercano casino de oficiales del Apostadero se reinició el fuego pero fue acallado poco después. Dicho comandante ordenó enseguida abrir la Puerta de los Leones (entrada principal al Apostadero desde la ciudad de Talcahuano) y despejar la Escuela y el Sub Departamento de Artillería, para permitir la entrada de las restantes fuerzas militares. Se apresó al preceptor Pedro Pacheco, que dirigía a los insurrectos hasta ese momento, y se le conminó a avisar al resto de las reparticiones y buques que debía cesar toda
resistencia, debiendo concentrarse el personal rendido en la cancha de tenis.

Enseguida, las fuerzas gubernamentales comenzaron a avanzar hacia el interior del Apostadero sin encontrar resistencia. La caballería se desplazó por la península de Tumbes hasta ocupar los cuarteles y fuertes de la Artillería
de Costa. Sin embargo, algunos rebeldes armados dispersos en ese espacio geográfico protagonizaron tiroteos en los días siguientes hasta que fueron capturados.

El Director de la Escuela de Torpedos informó, inmediatamente después de los hechos, su apreciación sobre el  empleo de la artillería por parte de los rebeldes. Reportó que además de la batería Ferroviaria, compuesta por dos cañones de 120 mm, dispararon los siguientes buques: acorazado Prat, cuatro cañones de 120 mm.; crucero protegido Chacabuco, dos de 120 mm y uno de 200 mm; destructores Condell, Williams y Uribe, todos los cañones. Informó además que el tiro fue muy malo, porque el alza no correspondía a la carga de proyección, cayendo todos los disparos largos. Como los amotinados pusieron cargas de demolición frente a las rejasde la Puerta de los Leones, fue necesario retirarlas por internodio de un teniente de la Escuela de Torpedos.

El mismo informe señala que los buques rebeldes sufrieron los efectos de los disparos realizados por los cañones emplazados en la Gobernación Marítima por las fuerzas gubernamentales. Además, algunos disparos que se  hicieron contra la batería Ferroviaria de los rebeldes, cayeron sobre el techo del Hospital Naval, afortunadamente
sin provocar víctimas.

Las bajas que se produjeron en estos hechos no fueron numerosas, tomando en consideración los efectivos que se enfrentaron y las armas empleadas. Hubo seis muertos y dos heridos entre los efectivos del Ejército que recuperaron el Apostadero Naval y 17 muertos y 32 heridos entre los amotinados, según lo señalado en el parte del
general Novoa (cifra que incluye los del Riveros). Es posible que estas bajas hayan aumentado en los días siguientes con los heridos que fallecieron. Asimismo, esta fuente dice que se tomaron prisioneros a 1.010 insurrectos el día 5, más 620 entre los días 6 y 7. A este grupo deben sumarse aquellos que tomaron el control del AraucanoBlanco y submarinos y que, terminado el motín, arribaron en estos buques a Valparaíso donde fueron apresados. Así se llega a un total de 3.200 prisioneros, lo cual da una idea de la magnitud de la insurrección en el Apostadero Naval. Los
mil capturados el día 5 eran, indudablemente, los sublevados más activos que quedaron en tierra, porque fueron los que dispararon más enérgicamente cañones y armas cortas por varias horas. El resto, había navegado hacia Coquimbo en algunos buques amotinados, lo que también revela un alto grado de participación. Hay que tener presente que la Armada tenía en la época una dotación total de 8.600 gente de mar (de filiación blanca o de armas y de filiación azul o de los servicios). Aparentemente, en esta cifra no están considerados los obreros de arsenal, que
aparecen mencionados en muchos documentos sin especificarse si eran a contrata o de planta. La reacción del Estado Mayor de las Tripulaciones a bordo del Latorre en Coquimbo se manifestó en un mensaje dirigido al Gobierno después de conocer el ataque a Talcahuano. Con muy poco realismo, el autor de este mensaje advierte:

damos plazo hasta las 24 horas de hoy para que cesen las hostilidades en Talcahuano, la movilización de aviones y el retiro de la orden de (no) entregar víveres’…‘En caso contrario procederemos en igual forma con los oficiales que tenemos en nuestro poder.

En realidad, el único factor de fuerza eran los oficiales que estaban a bordo como rehenes, pero a esa hora de la noche (21:30 hrs. del día 5) el Gobierno era dueño absoluto de la situación en Santiago, Valparaíso y Talcahuano.

Pocas horas después, el Gobierno respondió con el siguiente mensaje, firmado por el vicepresidente Trucco y todo su gabinete:

Habiéndose agotado todos los medios conciliadores y comenzado las operaciones de fuerza, el Gobierno
exige ahora la rendición incondicional, desembarcando inmediatamente las tripulaciones desarmadas y sometiéndose a las órdenes del Comandante de la Plaza. Si así lo hicieren, el Gobierno atenuará el rigor de las sanciones; de otro modo, aplicará la ley marcial en todas sus fuerzas. Gobierno concede a ustedes
una hora de plazo para contestar’…. ‘caso contrario procederá conforme medidas indicadas.

Las noticias de los sucesos en Talcahuano y Valparaíso del 5 de septiembre produjeron desánimo en una parte importante de los amotinados a bordo de los buques surtos en Coquimbo. La falta de víveres y combustible también los afectó, aunque estas deficiencias logísticas fueron mitigadas mediante un acto de piratería, tomando vituallas del vapor Flora, un buque mercante de cabotaje que abastecía los puertos del norte. También se empleó el trasvasije
de combustible entre las unidades, demostrando que los amotinados eran capaces de resolver y ejecutar algunas operaciones para solucionar los problemas que se iban presentando.

La dura resolución del Gobierno de emplear la fuerza, produjo enardecimiento en unos pocos sublevados, lo que se evidenció en la amenaza de disparar contra La Serena y Coquimbo y de actuar contra los oficiales prisioneros.

La participación más clara de los comunistas de Coquimbo ocurrió a partir del quiebre de las conversaciones entre el almirante von Schröeders y los sublevados. El Gobernador Marítimo dice que en la noche del 5 de septiembre se observaron algunos amotinados vestidos de civil concurriendo al domicilio de connotados comunistas locales en
el pasaje Virgilio. Asimismo, señala que hicieron desembarcar una compañía de 60 hombres armados y una comisión que fue a hablar con él, amenazando que no responderían de la seguridad de La Serena y Coquimbo, ni tampoco por la de los oficiales que estaban encerrados a bordo. El Gobernador respondió con el ultimátum del
gobierno y dijo que ya estaban todas las medidasadoptadas en contra de ellos.

Otra reacción de los amotinados en Coquimbo contra el ultimátum del Gobierno fue zarpar con todos los buques con el fin de reunirse con los que arribaban desde Talcahuano y enviar el siguiente mensaje:

Declamamos ante la conciencia del país…. las tripulaciones, al ver la intransigencia antipatriótica del Gobierno, y al considerar que el único remedio para la situación es el cambio de régimen social, hemos
decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpa junto con nosotros una comisión de obreros que representa el sentir del proletariado de la nación, de la Federación Obrera y del Partido Comunista. La lucha civil a que nos ha inducido el Gobierno se transforma desde este momento en una revolución  social.

Esta es la más clara mención de los amotinados al comunismo y a sus aspiraciones de inducir cambios  revolucionarios, como en sediciones ocurridas en otros países. Esto ocurre en algunos pocos motines, como lo señalan quienes han elaborado una teoría sobre este tipo de movimientos. Pero en el caso chileno, no pasó de una amenaza porque, en esa época, el Partido Comunista, no tenía la fuerza ni una organización capaz de llevar a cabo un proceso de este tipo por las medidas adoptadas en su contra por el gobierno del general Ibáñez.

El mensaje con contenido revolucionario citado más arriba, consigna también los nombres de los firmantes de los diferentes buques y los representantes de la Federación Obrera y del  Partido Comunista, Domingo Solar R., Luis Jofré Barraza y Tobías Solar. Domingo Solar era el autor de artículos en el diario La Semana Comunista que  publicaba en Coquimbo la Federación Obrera de Chile. Uno de los artículos de esta publicación, titulado ‘La Revolución Social’ fue incluido a contar de Marzo de 1925 y se refiere a la indisciplina y otros hechos sucedidos en Talcahuano durante ese año. Esto indica que la preocupación comunista por los asuntos navales venía desde el convulsionado período 1924-1925 y que la oportunidad de influir en esta materia ocurrió durante el motín de 1931.
Un diario de La Serena publicó días después del motín lo siguiente: “A bordo de uno de los buques rendidos en Valparaíso fueron encontrados dos comunistas de Coquimbo apellidados Rojas y del Solar, los que contribuyeron con sus prédicas a mantener la sumisión de la marinería a los jefes revoltosos.”16 Lo relatado es todo lo que se ha
encontrado sobre la actividad de civiles comunistas en los buques amotinados.

Asumiendo que fuese totalmente verídica la información periodística ya citada, los comunistas que habrían llegado a Valparaíso en los buques no fueron detenidos ni interrogados por las fuerzas gubernamentales que tomaron el control ni por los fiscales que iniciaron la investigación de los hechos y esto evidenciaría falta de diligencia de las autoridades de la época.

Junto con la salida a la mar del día 6 de septiembre ya relatada, hubo una amenaza directa en un mensaje dirigido por los sediciosos de Coquimbo al Gobierno: “Si a las 14:00 de hoy domingo no se rinden incondicionalmente las
fuerzas militares de La Serena que se encuentran escondidas, destruiré la ciudad.”

Los tripulantes más sensatos, que eran la mayoría, desobedecieron las órdenes impartidas para cometer esas atrocidades contra dos ciudades indefensas y contra los oficiales prisioneros. Sin embargo, ejecutaron unos pocos actos más simbólicos que efectivos cuando los buques salieron a la mar a las 07:00 horas del 6 de septiembre y dispararon en dirección del aeródromo donde suponían que se encontraban los aviones del Gobierno, que en realidad estaban en Ovalle, lejos del alcance de los cañones de la Escuadra. Esta acción ocurrió a las 10:00 horas y
dispararon el Latorre, O´Higgins y Blanco.

El comienzo de la derrota final de los buques amotinados se produjo a partir de la amenaza de bombardear las indefensas ciudades de La Serena y Coquimbo, junto con lo señalado en párrafos anteriores sobre la presencia a bordo de comunistas y los problemas logísticos. El conjunto de estos hechos inició los desacuerdos entre los sediciosos. Tal vez esta sea la causa del envío de un mensaje algo más conciliador: “A pedido de las damas de Coquimbo, se suspendió el bombardeo Serena, reservándome retribuir sangrientos sucesos de Talcahuano.” Poco más atrás en este artículo, se consignan objetivamente las bajas producidas en dicho enfrentamiento, el que difícilmente podría calificarse de sangriento, tenida en cuenta las fuerzas que se enfrentaron, las armas usadas y la duración del combate en Talcahuano.

El 6 de septiembre a las 17:25 horas y después de varios vuelos de reconocimiento realizados al mediodía, se  produjo en Coquimbo el bombardeo aéreo de las unidades navales por parte de una formación heterogénea de 21 aviones, que volaron a una altura relativamente baja y desde una dirección favorable para que el sol entorpeciera
la puntería de los buques y favoreciera la propia. Los buques se defendieron con su artillería antiaérea por control local manual y aquellos que carecían de ese tipo de armamento, lo hicieron con armas cortas (por ejemplo, el  crucero Blanco y los submarinos). Estos últimos se sumergían y afloraban para evitar las bombas y disparar alternadamente. La defensa fue al menos entusiasta y varios aviones resultaron averiados en el temerario ataque. Tanto es así que uno de ellos debió hacer un aterrizaje de emergencia en una playa. No obstante, ninguna de las bombas dio en blanco. Los aviones se perdieron de vista a las 18:00 horas.

Al día siguiente, el capitán de corbeta cirujano Eduardo Grove Vallejos, que permaneció en tierra en Coquimbo durante el bombardeo, informó al Gobierno sobre las bajas causadas por el combate. Uno de los tripulantes del submarino H4 Quidora resultó muerto y otro herido.

El bombardeo aéreo y esta respuesta del Gobierno, trajo como consecuencia una disminución considerable del entusiasmo por mantener vivo el motín. Otro aspecto que mermó la voluntad de algunos sediciosos fue el ver que
el movimiento comenzaba a recibir influencia comunista. El primer resultado concreto de esta desmoralización, fue la liberación del Comandante en Jefe de la Escuadra Activa, contraalmirante Abel Campos, y algunos comandantes de destructores con el fin de que pudieran asistir a una reunión con el Estado Mayor de las Tripulaciones a  desarrollarse en el Latorre. Este almirante supo que la idea de los amotinados era pedir que intercediera ante al Gobierno. Accedió después de haber consultado por escrito el parecer de los oficiales del O´Higgins, que era su buque insignia. En la reunión con los amotinados, asistieron los comandantes del Orella, SerranoLynch y el Segundo comandante del acorazado. El almirante Campos, después de asistir a esta reunión, resolvió mediar, para lo cual envió un mensaje al Gobierno informando la situación en ese momento. También aceptó ir a Santiago  acompañado por el comandante del destructor Serrano. Dijo que su idea era exponer la gravedad de la situación, interponer sus buenos oficios para el cese de hostilidades y llegar a un arreglo. Asimismo, informar al Gobierno y recomendar medidas para someter a los sublevados y salvar los buques, pues se temía un nuevo y más certero
ataque aéreo. A su llegada a la capital, tomó conocimiento que el Gobierno respaldaba las acciones de fuerza dirigidas por el Ministro de Guerra, general Carlos Vergara, y su oferta de mediación no encontró eco alguno.

Como consecuencia del bombardeo, en la noche del 6 de septiembre, los comandantes y oficiales de algunos  destructores comenzaron a recuperar el control de los buques y a aprestarse para salir de Coquimbo durante la noche.

Los buques que aún se mantenían en rebeldía eran el Latorre, el O’Higgins y cuatro destructores, más las unidades que habían llegado de Talcahuano (Blanco, Araucano y submarinos). Estos se hicieron a la mar, obedeciendo lo
ordenado desde el acorazado, pero después de las 07:00 horas del lunes 7 de septiembre, la tripulación del acorazado, dejó en libertad al segundo comandante, para asumir el control del buque. Una de sus primeras acciones fue comunicar al Ministerio de Marina que había sido liberado cuando los amotinados interceptaron un mensaje del Gobierno ordenando suspender un nuevo ataque aéreo. Enseguida, ordenó sacar de sus camarotes a los oficiales de comunicaciones y navegación, con el objeto que atendieran sus respectivas obligaciones y, a las 13:30 horas,  teniendo la situación más controlada, ordenó restituir en sus puestos a todos los oficiales, procediendo con la colaboración de estos, al desarme de la gente. También dispuso la vigilancia de las santabárbaras, ordenando su
inundación, ya que fue informado que elementos insurgentes pretendían hacer volar el buque. Sin embargo, no liberó al comandante del buque (y a la vez Comandante en Jefe de Escuadra de Instrucción) comodoro Hozven, como un resguardo para la seguridad de éste, según declararía después. La situación del buque fue incierta hasta el momento de fondear en Quintero al día siguiente.

Los destructores al mando de sus comandantes se desplazaron independientemente hacia Valparaíso, donde comenzaron a recalar el 8 de septiembre. Ese mismo día el Latorre arribó a Quintero y su comandante fue liberado. Así terminó definitivamente la sedición en este buque capital, después de casi treinta horas de la azarosa navegación ya descrita y con la novedad del suicidio del preceptor Juan Bautista Araya Riveros, que había participado  destacadamente en el motín. En el crucero O´Higgins, el comandante y sus oficiales fueron repuestos durante la navegación iniciada en la madrugada del 7 de septiembre, fondeando en Coquimbo nuevamente por falta de combustible para ir hasta Valparaíso. El crucero Blanco, zarpó también de regreso y comunicó su rendición a las 15:30 horas de ese mismo día, solicitando instrucciones para recalar a Valparaíso o a su puerto base. El Araucano hizo lo mismo a las 21:30 horas, comunicando además su preocupación por los submarinos ThomsonSimpson que se habían sumergido al avistar los aviones enviados por el Gobierno. Finalmente, estos submarinos afloraron y se entregaron a las autoridades competentes.

El Blanco, Araucano y los submarinos, es decir la flotilla que zarpó amotinada desde Talcahuano el 3 de  septiembre, recaló el día 8 en Valparaíso y puertos cercanos (con algunas unidades rezagadas), al mando de los sediciosos, ya que los oficiales, recordemos, habían quedado en Talcahuano. Finalmente, estos buques regresaron
a su puerto base en los días siguientes.

Como consecuencia de los hechos, se designaron nuevos Comandantes en Jefe y comandantes de buques y reparticiones donde había ocurrido el motín, para lo cual se eligieron oficiales que estaban en reparticiones donde no hubo rebelión.

Paralelamente a los procesos penales, que se iniciaron a cargo de fiscales navales, comenzaron a incoarse  Investigaciones Sumarias Administrativas.

Solamente 12 meses después del motín, el Apostadero Naval de Talcahuano volvió totalmente a la normalidad en el sentido de haberse agotado las investigaciones, notificado las sentencias, normalizado el nombramiento de comandantes en propiedad y terminado el proceso de separación administrativa de personal implicado, con sus correspondientes apelaciones. Las fuerzas navales quedaron reducidas a una flotilla de destructores y otra de submarinos. Los restantes buques quedaron fondeados en Talcahuano con dotaciones reducidas.

En Valparaíso, el motín afectó solamente a la Escuela de Telecomunicaciones, parcialmente al Cuartel Silva Palma y a un buque, el petrolero Rancagua, volviendo la normalidad más rápidamente que en Talcahuano.

No obstante, la ciudad fue conmovida, por ser el puerto base de las escuadras donde se inició la sublevación, el área que recibió a los buques que se fueron entregando al final del motín y la región donde funcionaron la mayoría de los
consejos de guerra (y los más importantes).

En primer término, tropas de Ejército leales al Gobierno no sólo ocuparon las unidades y reparticiones de la Armada. También lo hicieron respecto del regimiento Maipo y de la Base Aérea de Quintero, que también se habían sublevado. Asimismo, las fuerzas militares se hicieron cargo de la seguridad de los buques que fueron recalando,
con excepción del O´Higgins que quedó en Coquimbo y fue ocupado temporalmente y sin resistencia, por tropa del regimiento de La Serena.

Las indagaciones de los fiscales navales condujeron a la formación de Consejos de Guerra en La Serena, para juzgar a los tripulantes del O´Higgins, en San Felipe, para los del Latorre y en Valparaíso, para el resto de los buques y las
reparticiones terrestres de este Apostadero. Lo mismo sucedió en Valparaíso, respecto del personal de la Base Aérea de Quintero y en San Bernardo para el personal del regimiento Maipo. En Talcahuano, se juzgó al personal de las reparticiones y de los buques amotinados en ese puerto. Ante la presión de la opinión pública, también se hizo comparecer a los oficiales a un Consejo de Guerra que se realizó en la Escuela de Telecomunicaciones en Viña del Mar (Las Salinas).

Después de escuchar las acusaciones de los fiscales, las declaraciones de los inculpados y de los testigos y los alegatos de los abogados defensores, los consejos de guerra para gente de mar, mencionados más arriba,  condenaron en primera instancia a 126 hombres, cifra que corresponde al 1,5 % del total de la época que era de 8.326. Cada proceso fue desarrollado a lo largo de una semana aproximadamente y esta celeridad explica las omisiones y defectos que se hacen evidentes al leer sus actas. Las duras sentencias aplicadas por estos tribunales navales de tiempo de guerra, condenando a pena de muerte a algunos y a elevados períodos de prisión al resto, dentro del inestable clima político e institucional que vivía Chile, determinó que el gobierno interino de la época comenzara por postergar la aplicación de las ejecuciones, previstas inicialmente para el 18 de septiembre de 1931. La suspensión evolucionó de una manera muy curiosa. El almirante von Schröeders escribiría en 1932:

Esos tripulantes que echaron sobre la inmaculada tradición de la marina un imperdonable baldón, fueron indultados por el gobierno del Vicepresidente Trucco; el del Presidente Montero los dejó en
libertad; el régimen socialista de don Carlos Dávila les facilitó el balcón de la Moneda para que dirigieran la palabra al pueblo; el del señor Oyanedel les dio pensión de retiro a los expulsados y el gobierno constitucional que se inició en diciembre de 193219 la decretó hasta para los condenados y aún concedió al jefe de los amotinados, el preceptor González, un importante cargo público.

Las primeras indagaciones, dentro de las investigaciones sumarias administrativas y las causas judiciales, revelaron que la participación del personal en el motín había sido bastante masiva, tanto en los buques como en las  reparticiones. A esto se sumó la fuerte impresión producida por los acontecimientos en la sociedad de la época y, muy especialmente, en el Gobierno. Existía la percepción que no todos los participantes recibirían una sanción,
dada las formalidades de los procesos judiciales y los breves plazos otorgados para terminarlos. En consecuencia, el Gobierno dictó la Orden Ministerial N° 64 del 22 de septiembre de 1931, usando las facultades temporales  entregadas al general Vergara como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El propósito fue crear tribunales
administrativos en cada unidad y repartición de las tres instituciones. La finalidad era clasificar al personal de gente de mar y equivalente, en cuatro listas. La primera sería integrada por el personal que debía ser expulsado, ya sea por
haber sido condenado por los Consejos de Guerra o por apreciación del tribunal administrativo. La segunda,  incluiría al personal que debía ser licenciado por dos años cesando en sus funciones durante este lapso. La tercera, incluiría el personal que sería licenciado con derecho a pensión o jubilación y la cuarta, al personal sobre quien no había cargos administrativos. Los tribunales estuvieron integrados por los segundos comandantes y un par de oficiales de cada buque y repartición. Actuaron mediante indagaciones rápidas, consistentes en tomar declaraciones a testigos e inculpados, para preparar las listas señaladas que, debidamente visadas por el comandante de la unidad o repartición, eran elevadas a la Dirección del Personal, junto con los antecedentes reglamentarios para aplicar
las sanciones administrativas. Hubo apelaciones elevadas a dicha dirección, pero muy pocas fueron aceptadas, por lo cual, las siguientes cifras globales para toda la Armada pueden tomarse como las finales:

La Armada de la época tenía una dotación de 8.326 gente de mar, por lo cual los poco más de dos mil afectados por sentencias de tribunales o por medidas administrativas alcanza al 23%.

Como resultado de los procesos antes señalados, que culminaron con las decisiones que fue tomando la Dirección del Personal, una considerable cantidad de gente de mar salió de la Armada. Esto creó un grave problema social, ya
que a la gran cesantía y miseria existente debido a la recesión mundial, se sumó esta gente y su grupo familiar. En los meses siguientes, hubo nuevas apelaciones y amargas quejas de los afectados en contra la Armada.

Paralelamente, la prensa de todas las orientaciones comenzó a publicar lo tratado en las sesiones de los consejos de guerra, que eran públicas, junto a declaraciones de los procesados que eran entrevistados en las pausas de las
audiencias o en los lugares de reclusión. Pasada la angustia inicial de ver a dos Escuadras fuera del control de sus mandos y a una importante base naval en manos de los sediciosos, la opinión pública se fue volcando en contra de la Armada y, en especial de sus oficiales. Los procesados lograron instalar la idea que los oficiales habían simpatizado con la petición inicial de eliminar la reducción de los sueldos. De ser cierta esta sospecha, se configuraría el delito de no oponerse a la sedición o motín, conducta que es sancionada por el Código de Justicia Militar. A esto se sumó la
presión ejercida por diversos partidos políticos y la gran inestabilidad de los gobiernos del período 1931-1932. Todos estos factores impulsaron la determinación de investigar la actuación de los oficiales, mediante procesos  desarrollados en tribunales navales y militares de tiempo de guerra.

El Fiscal del tribunal que sesionó en la Escuela de Telecomunicaciones ubicada en Las Salinas, Viña del Mar, para juzgar a los oficiales de las dos escuadras y para los dependientes del Apostadero Naval de Valparaíso, acusó a veintiséis, de los cuales dos resultaron condenados, sin perjuicio que a un gran número se les aplicó diversas sanciones administrativas, entre ellas, la expulsión y el llamado a retiro.

En Talcahuano, prácticamente los 300 oficiales dependientes del Apostadero Naval y de la Flotilla de Submarinos comparecieron ante un tribunal administrativo o ante un Consejo de Guerra (o a ambos). El Fiscal Naval acusó a cuatro oficiales de haber cometido delitos sancionados por el Código de Justicia Militar y en el caso de otros 30, solicitó sanciones administrativas y esto afectó a prácticamente a todos los que ejercían el mando de buques y reparticiones. Además, también fueron sancionados otros oficiales por faltas a la disciplina.

Resumiendo: La Armada contaba en la época con 637 oficiales en todos sus escalafones. Solamente 6 (1%)  recibieron condenas de primera instancia y aproximadamente 200 (30%) recibieron sanciones administrativas tales como la expulsión, el llamado a retiro, la disponibilidad por algunos meses u otros castigos menores. Todos los
comandantes de buque fueron relevados de sus mandos y lo mismo ocurrió con los jefes de diversas reparticiones. Igual suerte corrieron los comandantes en jefe de las dos escuadras y el del Apostadero de Talcahuano, que se  fueron a retiro a los pocos meses de la sedición.

Las condenas a gente de mar fueron por los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar para los que promuevan, organicen o participen en motines y la alta penalidad aplicada fue por el Estado de Excepción dictado
un par de días después de la iniciación de la sedición. Algunos oficiales fueron acusados de acuerdo al artículo N°274 del citado código por estimar que no emplearon todos los medios al alcance para contener el delito de sedición y por la manifiesta negligencia para combatirlo, especialmente en Talcahuano. Los de los buques de Coquimbo, por haber firmado las proclamas de los sediciosos, agregando comentarios propios y por no actuar con celo para cumplir sus deberes de comandantes, frente a los hechos que se estaban presentando.

La extremada premura con que se realizó todo el proceso destinado a sancionar a los amotinados (el referido a la gente de mar del Latorre duró solamente cinco días), la severidad de las penas aplicadas y el gran número de afectados, llevó a los sucesivos gobiernos a dictar medidas con el fin de atenuar o incluso eliminar las penas para
la gente de mar.

En cuanto a los oficiales condenados en primera instancia, sus apelaciones a tribunales superiores fueron aceptadas y algunos continuaron la carrera naval por un período relativamente corto. Respecto de las sanciones  administrativas aplicadas directamente, ya las hemos visto. Además, por decisión del Consejo Naval, en el proceso anual de calificaciones, se llamó a retiro a algunos oficiales que no habían sido sancionados administrativamente
y no se les dio mando de buque durante 1932 a todos aquellos que estuvieron implicados en los sucesos de alguna manera.

Una interpretación de los hechos

Los hechos resumidos más atrás y descritos detalladamente en la tesis que sustenta este artículo permiten concluir que la participación activa de oficiales navales en política fue una de las causas del Motín Naval de 1931. El estudio de estas fuentes también permite narrar los hechos con propiedad, desechando leyendas infundadas pero útiles para sustentar intereses políticos. El estudio de esos años demuestra la negativa influencia de dos caudillos políticos de la década de los veinte en la Armada, aspecto que ha sido poco tratado por la historiografía. Hay evidencias sustantivas que señalan que Alessandri o sus partidarios, se reunieron con oficiales y probablemente con suboficiales del acorazado Latorre, mientras este buque permanecía en Devonport, con el fin de organizar una revuelta contra Ibáñez (Presidente en ese período) cuando este emblemático buque regresara a Chile. Tampoco Ibáñez vaciló en manipular el mando de la Armada o en atraer a grupos insatisfechos, dentro de esta institución,
como eran los ingenieros, con el fin de lograr sus objetivos políticos. En pocas palabras, ambos políticos debilitaron sustancialmente la disciplina. Ciertamente que el motín fue un efecto no deseado por ambos. Sorprendentemente, ocurrió cuando estos dos caudillos se encontraban alejados del poder. Como resultado, la población chilena, y la
Armada en particular, sufrieron los efectos de las extraviadas acciones de estos dos importantes personajes.

Siguiendo las perspectivas de Elihu Rose y las de Christopher Bell y Bruce Elleman quienes han desarrollado estudios teóricos sobre este tema, los hechos sucedidos en Chile en la primera semana de septiembre de 1931
pueden definirse claramente como un motín, debido a que ocurrieron todas las fases que se dan en este tipo de acontecimientos. El evento catalítico fue una reducción de sueldos muy mal difundida por el Gobierno.

Asimismo, concurrieron los requisitos para calificar los hechos de motín naval o de promoción de intereses. Sin embargo, se observaron hechos que tienen también algunas características de motín político, siguiendo con el criterio de estos autores, porque además de buscar una mejoría a sus problemas, los participantes trataron de  influir sobre las autoridades nacionales para realizar cambios políticos, como comienza a vislumbrarse desde el segundo comunicado dirigido al Gobierno.

Contrariamente a lo sostenido por algunos autores como Patricio Manns, el motín no tuvo por finalidad la toma del poder o la producción de cambios revolucionarios de largo plazo. Hay solamente una frase en las proclamas  emitidas por los amotinados indicando que perseguían una revolución social y ésta fue emitida después de haber recibido el ultimátum del Gobierno, notificando que emplearía la fuerza. Esta advertencia gubernamental radicalizó a los amotinados más exaltados, llevándolos a declarar que emprenderían actos revolucionarios. Pero en esa etapa, ya carecían de los medios para concretar sus amenazas y muy pocos tripulantes estaban dispuestos a seguirlos.

El fuerte impacto emocional y la cobertura que el motín recibió en la prensa, influyó la política y el Gobierno de Montero fue acusado de maltratar a los amotinados que se encontraban detenidos. Otra reacción indirecta, fue el notorio crecimiento del socialismo marxista no adherido al comunismo internacional (diversos grupos socialistas). La tercera consecuencia indirecta, fue en el partido Conservador, donde apareció, entre sus militantes más jóvenes, una tendencia social cristiana contraria al liberalismo económico y profundamente anticomunista. Más adelante, este grupo juvenil daría origen al partido Demócrata Cristiano, de gran influencia política y electoral.

Los participantes, en su mayoría, fueron procesados penalmente y condenados por el delito de sedición o motín tipificado en el Código de Justicia Militar. Las penas se mantuvieron a firme en los tribunales superiores, aunque fueron conmutadas en algunos casos (la totalidad de las penas de muerte, por ejemplo). A los pocos días de
haberse dictado las sentencias, Arturo Alessandri Palma se convirtió en el primer político en pedir una amnistía para los condenados, en medio de su campaña por obtener, nuevamente, la Presidencia de la República en 1931 (meta política que no logró). Más adelante, cuando finalmente alcanzó la primera magistratura, a fines de 1932, nombró al suboficial Ernesto González Brión para asumir varios cargos públicos. Hacia 1935, el Comité  internacional de la Internacional Comunista (COMINTERN) estaba dando pleno apoyo a la política de “Frente Popular” que incluía, en el caso chileno, la colaboración entre alessandristas y comunistas. La generosidad de Alessandri con González, lleva a pensar que la relación privilegiada entre ambos podría haberse iniciado durante la
estadía del Latorre en Devonport, cuando dicho político era un exiliado en Europa que conspiraba para derribar el gobierno de Ibáñez. Pero no es igualmente plausible que, en esa misma época, los comunistas apoyaran una acción de este tipo, porque se encontraba vigente la política adoptada por el sexto congreso del COMINTERN, en 1928, llamada de “clase contra clase” que impedía acciones conjuntas entre el PCCh y otros partidos o grupos. Este último argumento (sumado a otros antecedentes expuestos en la tesis ya citada) permite desechar la idea de una  participación comunista en el origen del motín. En 1932 y posteriormente, ocurrió un cambio importante. Apareció la amenaza del fascismo para el comunismo y este último partido emprendió acciones a favor de los condenados por el motín, actuando, en este sentido, de acuerdo con los alessandristas y socialistas, estando próxima a adoptarse la política del “Frente Popular” por parte del COMINTERN, que permitía acciones conjuntas con partidos que no estuviesen afilados a esta organización internacional.

¿Por qué entonces algunos autores insisten el denominar a este suceso en la vida chilena como Revolución? ¿Por qué hasta hoy, 85 años después, en el lenguaje común se sigue usando dicha palabra para caracterizar los hechos?

Una de las razones para lo anterior son las similitudes que algunos creen ver entre la Escuadra amotinada en Coquimbo y la sublevación del acorazado Potemkin, divulgado masivamente por la película de Sergei Einseinstein rodada en 1925 con el fin de exaltar la revolución bolchevique. Robert Zabrosky al analizar profundamente las connotaciones simbólicas del mencionado buque señala:

El caso de este acorazado ruso ha sido mantenido vivo en la memoria moderna por cineastas, poetas, artistas y compositores…Los historiadores occidentales han tratado el motín del Potemkin como un incidente aislado, que no merece un examen más profundo. Por contraste, el motín ha sido ampliamente
documentados y celebrado por la historiografía soviética.

Otro célebre hecho con amplia cobertura, que es utilizado para exaltar el espíritu de la Revolución Rusa, es el caso del crucero Aurora, una unidad también sobreviviente de la batalla de Tsushima. La tripulación del buque se negó a
zarpar el 25 de octubre de 1917, disparando un tiro de cañón que dio inicio al asalto del Palacio de Invierno en San Petersburgo y al comienzo de la llamada Revolución de Octubre. Olga Ulianova escribe:

La Revolución Rusa fue ampliamente difundida en Chile y el entusiasmo que despertó entre los miembros del Partido Obrero Socialista los llevó a pedir su incorporación a la Tercera Internacional
Comunista, transformándose en el PCCh en 1922.

Varios autores, como Manns, usan el motín de 1931 para crear el ethos del comunismo chileno. Al hacer esto, los autores de izquierda (como el ya citado) están empleando, según Eric Hosbawn, la “historia como una forma de legitimar acciones y como una base para dar coherencia a un grupo.”25 La primera edición del libro de Manns tiene una portada muy semejante a los afiches de la película mencionada más atrás, en que la imagen de los cañones del Latorre bien podrían ser los del acorazado Potemkin. Olga Ulianova señala:

El peso de los símbolos de la época influye en su denominación con la exótica palabra de soviets, de la misma manera que el movimiento en la Armada fuera bautizado por algunos medios como El Potemkin chileno.

El escritor comunista Luis Enrique Délano, en un artículo publicado en el diario del partido con motivo del  reestreno de “El Acorazado Potemkin” en 1961, señala que esta película se exhibía en Santiago en los años treinta y destaca la importancia de este film para los intelectuales izquierdistas. El reestreno de 1961 se hizo en los días en que se desarrollaban actos de indisciplina en la Escuela de Ingeniería de la Armada que dieron lugar a un proceso por sedición o motín. El PCCh usaba, ese año, argumentos similares a los empleados respecto de los amotinados que fueron sentenciados treinta años antes por el mismo tipo de delito. El diario El Siglo era ampliamente usado en esta nueva campaña. Los partidos políticos de orientación marxista, dentro de la política chilena, eran muy
importantes en esa época. En ese mismo año, el PCCH y el Partido Socialista, más otros grupos políticos aliados habían aumentado el porcentaje de votos en las consecutivas elecciones, llegando al 21% en las presidenciales de este año. Pensaban que no era imposible elegir un presidente en el futuro, cuando se iba configurando una distribución de electores en tres tercios. Este objetivo fue alcanzado por Salvador Allende Gossens en 1970 con el 36,3% de los votos.

Al cumplirse treinta años del motín, el diario comunista El Siglo publicó un artículo conmemorativo de una página entera, firmado por Manuel Astica, que está además dentro del contexto del motín de la Escuela de Ingeniería
Naval citado más atrás. En su párrafo final señala:

Si la insurrección de la tripulación de la Armada, de la que tuve la honra de participar como secretario de su Estado Mayor, fue abatida, en cambio el movimiento de la clase trabajadora encontró en él un estímulo ejemplar para construir su unidad de lucha y combatividad de clase para construir una
sociedad más humana y más justa.

El autor de este artículo concluye, después de la investigación realizada, que la conducta del PCCh y sus escritores y periodistas, a través del tiempo, evidencia un uso del motín para crear un ethos izquierdista, a pesar de que los
antecedentes encontrados demuestran que este partido no fue el organizador de la sedición.

Debido a que el motín naval de 1931 sirvió como una herramienta de propaganda, puede entenderse por qué ha sido objeto de exageraciones e interpretaciones sin fundamento. Los participantes en la sedición no intentaban iniciar una revolución. Su propósito era convencer a las autoridades de eliminar la impopular medida de reducir los  sueldos en una época de seria crisis económica. El Gobierno y las autoridades navales cumplieron mal con su deber de informar al personal afectado sobre los alcances y aplicabilidad de las reducciones, provocando temor y profunda incertidumbre en las tripulaciones. En este clima, una de las opciones era un acto de indisciplina colectiva de parte del personal de menor rango. Posiblemente, hubo una minoría de tripulantes que explotó esos temores para lograr fines revolucionarios. Pero los hechos prueban que no eran una mayoría y que la rebelión no condujo a una revolución.

En el caso chileno, lo que sucedió realmente fue que el PCCh y el Buró Sudamericano de la Internacional Comunista (BSIC) estimaron que el país pasaba por una creciente crisis política y social, entre julio de 1931 y octubre de 1932, que llevaría a una revolución. Asimismo, apreciaron similitudes entre el motín naval chileno y la rebelión del crucero Aurora en 1917. Mas, estos dos eventos son superficialmente parecidos. Los resultados de las elecciones de 1932, comparados con las del año anterior, demuestran una detención en el crecimiento del electorado comunista. Al parecer, la revolución soñada por los miembros de este partido no era un evento esperable en el corto plazo y este camino debió ser pronto abandonado. Más tarde, tanto el partido Socialista como el Comunista, se unieron en un Gobierno democrático de centro izquierda en el período 1938-1946, cuando este último partido adhería a la política de ‘Frente Popular’, abandonando las aspiraciones revolucionarias anteriores, al menos por un tiempo.

Los sectores conservadores de la sociedad chilena de los años treinta vieron una clara influencia comunista en el motín naval de 1931. Su prensa y escritores, señalaban consistentemente que la rebelión fue iniciada por los comunistas y que algunos de sus líderes eran miembros de este partido antes de la sedición. Las fuentes demuestran que esto no es así. La creencia conservadora sobre la participación comunista fue reforzada por el hecho que sucesivos gobiernos llevaron a la realidad medidas a favor de los amotinados, con el fin de mitigar o aún para dejar
sin efecto las condenas, cediendo a una campaña magnificada por el PCCh. Para los conservadores, la campaña comunista era una demostración que ellos eran los instigadores del motín y que en estos esfuerzos, eran apoyados por personas como el Ministro de Defensa Marmaduque Grove Vallejos a quien los conservadores consideraban
un comunista. Pero ya se dijo que quien inició esta campaña fue Alessandri. Otro factor que dio lugar a la sospecha de participación comunista, fue el ingreso de algunos amotinados a partidos de izquierda, incluyendo el PCCh. Pero esta última acción fue el resultado de la política de este partido de reclutar nuevos miembros para el futuro, miembros que podían influenciar al personal de las fuerzas armadas, si la situación evolucionaba hacia una revolución. Las fuentes demuestran que adhirieron al PCCh después del motín y no antes.

El hecho de que el motín se propagara desde Coquimbo hacia bases distantes, llevó a algunas personas a pensar que fue el producto de una cuidadosa planificación. La investigación que sustenta este artículo no permite aceptar esta idea. Si hubo una confabulación previa a la rebelión, ésta fue muy mal estructurada y algunas acciones fueron realmente improvisadas. El alzamiento se propagó muy rápidamente por una razón muy alejada de la buena planificación. El Latorre tenía un avanzado sistema de comunicaciones (instalado en Devonport) que permitió una
rápida propagación de instrucciones y consignas. Por este motivo, las autoridades no pudieron detener el envío de manifiestos, por parte de los rebeldes de Coquimbo, a sus partidarios en los apostaderos navales de Valparaíso y Talcahuano. Un mejor control de las estaciones de radio de la Armada en tierra podría haber negado el uso de este medio por parte de los amotinados.

Otra característica de este motín, que no confirma una planificación cuidadosa, es el diferente tratamiento dado a los oficiales de parte de los rebeldes. En los buques fondeados en Coquimbo, fueron apresados y encerrados en
sus camarotes. En cambio, en Talcahuano, los oficiales abandonaron sus unidades después de imponerse de la actitud del Comandante en Jefe del Apostadero quién, con posterioridad a un vano intento de convencer al personal
rebelde de obedecer órdenes, entregó el buque madre de submarinos Araucano. Los rebeldes no adoptaron acción alguna para retener a los oficiales en los buques que se hicieron enseguida a la mar, en demanda de Coquimbo. En los establecimientos terrestres de Talcahuano y Valparaíso (en un caso), los oficiales dejaron sus cargos sin  posición de los amotinados. La forma en que los rebeldes manejaron el destino de los oficiales, demuestra que no habían coordinado una estructura de mando ni una forma de actuar, lo que fue duramente criticado por el BSIC después de los acontecimientos, señalando que el PCCh no tenía influencia previa alguna sobre los que organizaron la subversión.

La rebelión ocurrida en la Armada de Chile en 1931, culminó un período de insubordinaciones en las fuerzas armadas que comenzó en 1924, cuando oficiales militares y navales asumieron un rol de liderazgo político,  mediante el golpe que derribó el régimen parlamentarista. Aunque los marinos estuvieron menos involucrados que
los militares en estos hechos, de todas maneras participaron en política durante un largo período. Su comportamiento se asemejó más al de los políticos o miembros de sindicatos, que al de oficiales de una institución armada. En ese agitado período, hubo peticiones colectivas, envío de telegramas de apoyo o de rechazo, reuniones
dedicadas al análisis político, cabildeo a favor de la nominación de determinadas autoridades y acciones de otro tipo. Esto valida, en parte, el argumento del personal de menor rango, en el sentido que ellos siguieron el mal ejemplo sentado por los oficiales.

La tesis en que está basado este artículo cubre dicho asunto en detalle, con el fin de sustentar las conclusiones anteriores, mediante el uso de fuentes publicadas e inéditas, escritas por testigos de ese período y por la Embajada
Británica que, hasta ahora, no han sido usados con este fin. La investigación realizada comprueba que los dichos de los amotinados, en el sentido que siguieron el mal ejemplo de los oficiales, tienen asidero, además de ser una excusa para evitar sentencias más severas, cuando fueron juzgados por sus delitos y faltas. Las alusiones a los factores políticos en el origen del motín (como por ejemplo la participación del PCCh) no deben restar importancia al mal estado disciplinario que afectaba a las fuerzas armadas al final del Gobierno de Ibáñez, como una de las causas de la sedición.

La Armada de Chile no ha sufrido posteriormente un acto de indisciplina semejante al de 1931. Los motines, al decir de Bell y Elleman, son un tipo de indisciplina colectiva causada por muy malas condiciones de vida o por bajos niveles de educación, como sucedía hace ochenta años en Chile y en otras partes. El autor piensa que es poco probable que un fenómeno similar pueda ocurrir, mientras persista un Estado con instituciones sólidas, dentro de la normalidad constitucional, donde las quejas puedan manejarse por conductos normales.

No obstante, debe tomarse en cuenta que las sociedades cambian y que pueden ocurrir nuevos conflictos o formas diferentes de manifestarlos, existiendo características del comportamiento social que son permanentes, como la ira resultante de una reducción salarial o de otros beneficios, agravada con una divulgación inadecuada.

Debido a estas últimas consideraciones, el estudio de los motines, como el de 1931, puede ser iluminador para políticos y líderes navales, aunque hubiesen sucedido en un pasado distante, cuando Chile estaba sometido a condiciones políticas y sociales muy diferentes.

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